La estupidez y las estupideces entre los gobiernos de Bush y Fox.
No se puede pasar de la crisis al desarrollo sin combatir preventivamente la corrupción.
El pasado 29 de diciembre, Milenio Diario y la Jornada reportan que el analista político y conservador Victor David Hanson aseguró en un artículo para la pagina editorial de The Wall Street Journal, el rotativo de mayor circulación de Estados Unidos, que el calificativo de “estúpida” que usó el canciller Luis Ernesto Derbez para describir la iniciativa de construcción del muro, se aplica al gobierno mexicano.
''Las alusiones al muro de Berlín (''vergonzoso, estúpido, xenofóbico'') hechas por agraviados políticos mexicanos -se refiere David Hanson a Fox y a Derbez- tienen una dosis de ironía: los comunistas trataban de mantener a su gente adentro de sus fronteras, no afuera, como el gobierno mexicano. Más vergonzoso todavía: la comparación regresa como un bumerán sobre México, pues éste, no Estados Unidos, se parece a la Alemania comunista, ya que victimiza a su gente hasta el punto de que prefiere irse de su patria a cualquier costo. Si algo debe llamarse estúpido, mal manejado y xenofóbico en la debacle de la migración ilegal es la conducta del gobierno mexicano.''
¿Ineptos y corruptos?: ''El calificativo estúpido -agrega el comentarista del WSJ- caracteriza a un gobierno que está sentado sobre vastas reservas minerales y petroleras, tiene una inmensa costa marítima, un clima templado, es rico en tierras agrícolas y, sin embargo, no puede hacer las reformas políticas y económicas necesarias para alimentar y darle techo a su propio pueblo. La elección de Vicente Fox, el Tratado de Libre Comercio y algunos cambios cosméticos en el sistema bancario y las leyes no han detenido la corrupción ni el éxodo de millones de mexicanos.''
''México recibe de sus braceros entre 10 mil y 15 mil millones de dólares de remesas al año -agrega el autor-, subsidio que no sólo sirve de máscara al fracaso interno, sino se convierte en un gran costo para sus expatriados. Los trabajadores pobres que envían la mitad de sus salarios son forzados a hacer su dinero en Estados Unidos cumpliendo dos exigencias: limitan su estándar de vida aquí y con frecuencia dependen de los gobiernos estatales o municipales para completar sus gastos de habitación, educación, atención médica y alimentación.''
Al respecto, no ha habido respuesta del gobierno mexicano.
En su apartado “El final del túnel” en su columna dinero de La Jornada, Enrrique Galván Ochoa, argumenta:
¿Cómo hemos llegado a este punto, donde los estadounidenses se ven forzados a tomar una solución tan retrógrada como construir un muro y México, como es su costumbre, culpa a su vecino del norte? La respuesta es el enorme tamaño de la población indocumentada -ahora supera los 10 millones de personas- y la inhabilidad o falta de voluntad del gobierno de Washington para sancionar a los patrones que dan empleos y dedicar suficientes recursos para reforzar la frontera. Los números han hecho que el debate vaya más allá del antiguo dicho ''necesitamos mano de obra'' y ''ellos tienen trabajadores'' por algo como ''¿puede Estados Unidos permanecer como nación soberana si no es dueño de sus fronteras?'' Eso dice el escritor del WSJ. Le faltó un dato importante: la razón por la que el foxismo no ha podido crear empleos suficientes y bien pagados dentro del país -única forma de contener el bracerismo- es porque políticos y empresarios del Fondo Bancario para la Protección del Ahorro están saqueando la riqueza petrolera. La primera reforma, para que funcionen las demás, debe ser contra la corrupción y el Fobaproa.
No se puede pasar de la crisis al desarrollo sin combatir preventivamente la corrupción.
El problema central del país es la corrupción, que es causa principal de la situación de crisis que vive México desde hace seis sexenios.
En la transición de un país en crisis a un país con posibilidades de desarrollo, los verdaderos limitantes son las cadenas de complicidades en la corrupción y la impunidad.
En México, empezamos el año 2006, con la creciente urgencia de impulsar el Combate preventivo de la Corrupción en todo el país. Con la creciente urgencia de unir esfuerzos entre la sociedad para hacer contrapeso a la corrupción y la impunidad en el gobierno. Empezamos el 2006, sin verdaderas definiciones por parte de los candidatos a la presidencia de la Republica de todos los partidos para combatir preventivamente la corrupción.
El total agotamiento del modelo de desarrollo económico, que nunca ha sido verdaderamente capitalista o de libre mercado y sí, ha tenido como principal distintivo, la proclividad a la corrupción e impunidad, en los distintos gobiernos durante los últimos seis periodos sexenales, exige verdaderos cambios estructurales. El agotamiento del petróleo en el corto plazo, en un periodo no mayor a 20 años debería de ocupar a los políticos y a la sociedad para cancelar para siempre el sistema de corrupción e impunidad existente en el país, antes de que sea demasiado tarde.
Los gritos pidiendo auxilio a la sociedad, por parte del Procurador General de la República, para combatir el narcotráfico, advirtiendo que es responsabilidad de todos, son una reiteración más de que la corrupción y la impunidad se imponen en el combate a la delincuencia organizada, como en otros tantos sectores de nuestra vida y del gobierno.
El Procurador General de la República afirmó que esta lucha no la puede ganar solo el gobierno o el estado, pues su combate debe darse desde los hogares, las escuelas, con información a la juventud y prevención.
La voz que pide clemencia, expresa su profunda convicción en aceptar que necesita la ayuda de un ser más poderoso o de sus semejantes para resolver un dilema o un problema que le aqueja, por su responsabilidad moral, pública o convicción humanista para mejorar la convivencia en el entorno familiar, de trabajo o social.
Ese es el grito de millones de seres a quienes les urge el apoyo solidario sin la perversidad de la maldita corrupción e impunidad en programas institucionales que deben estar orientados a respetar la dignidad del ser humano y a elevar sus niveles de bienestar. La contaminación electoral de todos los problemas nacionales, tendrá su reflejo en los posibles efectos por segmentos de población y de género.
Los casi tres millones de votantes jóvenes que para las elecciones del 2 de julio próximo irán por primera vez a las urnas, significan casi cinco puntos porcentuales del padrón, suficientes para ganar una elección.
Sin embargo el fracaso de los políticos y gobernantes se expresa en distintos indicadores que crecen de manera alarmante, principalmente la decepción crece más en los jóvenes y las mujeres; dígalo si no son preocupantes las siguientes cifras y datos: La delincuencia femenil aumentó 200% en la última década. En ese lapso, la cifra de mujeres encarceladas por delitos federales pasó de 3,000 a 10,000. El motivo principal de procesamiento es la participación en actividades relacionadas con el narcotráfico.
Los datos provienen de Marcela Briceño, investigadora de la Dirección General de Readaptación Social del Distrito Federal, y coinciden con registros públicos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF). Aun así, el fenómeno todavía no se refleja en la lista de las personas más buscadas por la Procuraduría General de la República, pues en ésta sólo aparecen tres mujeres.
Además de los delitos contra la salud --que acaparan 80% de los casos, actualmente hay mujeres procesadas por pertenecer a organizaciones criminales que se dedican al secuestro, así como por evasión fiscal, fraude o uso indebido de documentos, entre otros motivos. En el rubro del narcotráfico, las estadísticas indican que la mayoría de las acusaciones tienen que ver con la venta y posesión de marihuana, cocaína y heroína.
En 1995, de acuerdo con diversos estudios, en los 450 centros penitenciarios del Distrito Federal y el país, existían 3,000 internas, pero a finales del 2005, la población de mujeres involucradas en hechos delictivos quedó registrada en 10,000. En el estado de Jalisco, se tiene registrado un aumento de 10%, entre 2000 y 2005, de mujeres que son detenidas por su participación en el tráfico de drogas.
La información de Martha Romero, psicóloga del Instituto Nacional de Psiquiatría, quien lleva más de cinco años desarrollando investigaciones y programas de asistencia para mujeres delincuentes, indica que la mayoría de las 213 internas del penal de Santa Marta Acatitla delinquieron por ignorancia, ingenuidad, grado de impulsividad, uso de drogas, ser víctima de violencia e incluso vivir en círculos sociales en los que la delincuencia no es mal vista.
Las investigaciones e informes de la SSPF hablan de un cambio de patrón de iniciación de las mujeres en actividades criminales organizadas. En los años 70, el principal motivo era la pertenencia a círculos sociales entre ellos, la familia, dedicados a la delincuencia, en los que ellas quedaban enganchadas a edad temprana. Actualmente se estima que las relaciones sentimentales con delincuentes son la vía principal para la participación de mujeres en redes criminales.
La falta de transparencia de representantes populares, congresistas o Legisladores empieza desde antes de sus candidaturas.
En el más reciente libro sobre el dinero en la política, dado a conocer a través de su Programa para el Financiamiento Político y Ética Pública, la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (FIES), afirma que México cuenta con un sistema electoral de "bajo" nivel de transparencia y acceso a la información, particularmente en lo que se refiere al origen y destino de los fondos que intervienen en las campañas. Este organismo internacional evalúa la limpieza de los recursos financieros que fluyen en los procesos electorales de 118 países, también brinda apoyo en los procesos democráticos de más de 100 países, determinó que nuestro país, vivirá un proceso electoral del 2006, en el que dominará la falta de transparencia en el financiamiento de las próximas campañas electorales.
En efecto la falta de transparencia en el origen y destino de los recursos para campañas políticas de aspirantes a candidatos y luego ya de quienes resulten candidatos o candidatas a cualquier puesto de elección popular, en el caso de los legisladores es una constante en todos los países y niveles. Situación que se traslada a los tiempos en que ejercen sus funciones como Legisladores o gobernantes.
Recientemente, se han presentado escándalos por la falta de transparencia y corrupción en el comportamiento y administración de recursos por parte de Legisladores federales, en México y en Estados Unidos. En el segundo país, se dio a conocer que meses antes que Randy Cunningham reconociera en público haber quebrantado la ley al aceptar millones de dólares en sobornos de un contratista que tenía negocios con el gobierno, su conducta criminal había quedado expuesta.
En octubre pasado, la agrupación "Citizens for Responsability and Ethics in Washington" (CREW, por sus siglas en inglés) incluyó a Cunningham entre los miembros del Congreso más corruptos, junto a 13 legisladores más.
La subdirectora de CREW, Naomi Seligman, anticipó que "Bob Ney va también a la cárcel", en alusión al congresista republicano por Ohio que apareció al lado de Cunningham en el reporte.
En la lista se incluyeron también a los demócratas Máxime Waters y William Jefferson, así como al líder del Senado, el republicano Bill Frist.
Ney ha figurado de manera prominente en una investigación en torno a las relaciones de varios miembros del Congreso junto a Jack Abramoff, hasta hace poco uno de los más poderosos cabilderos en Washington por sus ligas con influyentes líderes republicanos.
Uno de ellos, Tom Delay, ex líder republicano en la Cámara de Representantes, ha sido señalado como uno de los legisladores más cercanos a Abramoff.
Jack Abramoff enfrenta un proceso judicial en Texas acusado de lavado de dinero, a partir de presuntas violaciones a las leyes que regulan las donaciones políticas.
Esta acusado de haber defraudado más de 50 millones de dólares a tribus de indios bajo la promesa de servicios de cabildeo y relaciones públicas en cuestiones relacionadas con casinos, muchos de los cuales son operados por los indios al amparo de leyes federales.
En México, el periodista, Esteban David Rodríguez, informa sobre un reporte de El Universal, este lunes 2 de enero, en el que se concluye que el Congreso de la Unión ofrece resistencia a la transparencia en general, pero en especial en la relación que mantiene con grupos privados, lo que ha elevado las sospechas de compra de votos legislativos.
Resulta contradictorio que siendo el Congreso el fiscalizador central del aparato de Estado mexicano, el Poder Legislativo muestra una naturaleza refractaria a la rendición de cuentas en general, y particularmente a la transparencia de las relaciones que mantiene con grupos privados, cuya presión para promover los intereses económicos nacionales y foráneos enfrenta el Congreso de manera cotidiana, concluye una investigación de EL UNIVERSAL.
Los vacíos legales de la Ley Orgánica del Congreso y del Reglamento Interior del Congreso General propician actividades inmorales que son perfectamente legales, desde la ambigüedad del destino de recursos -como el Fondo de Apoyo Parlamentario- hasta la utilización de la personalidad legislativa para litigar ante otros poderes.
Asimismo, la recepción de "estímulos persuasivos", que pueden ser paquetes de "turismo inductivo" como con el que recientemente fueron obsequiados algunos legisladores por parte de empresas tabacaleras.
La dificultad para documentar, por su misma naturaleza, el uso de "estímulos persuasivos" o "disuasivos" por entidades del Poder Ejecutivo, por particulares o por empresas de cabildeo para la compra de votos en comisiones legislativas y en el pleno, y el anquilosamiento de los ordenamientos internos del Congreso han subrayado la sospecha sobre el Congreso.
Ya el dictador Porfirio Díaz le indicaba a sus secretarios, cuando un legislador se oponía a alguna iniciativa del Ejecutivo: "Ese gallo quiere máiz". Desde entonces las prácticas de soborno o compra de voluntades se conocieron de manera genérica, en los círculos de poder, como maiceada.
Los sobornos de ITT.- Y aunque existen versiones sobre la recurrencia con que las bancadas de oposición eran maiceadas por el Ejecutivo en tiempos de la hegemonía priísta, sobre todo en la década de los años 60 y principios de los 70, no fue sino hasta el sexenio de José López Portillo cuando salió a la luz un caso en el que efectivamente se corroboraba el soborno a diputados.
En noviembre de 1978, funcionarios de la International Telephone and Telegraph (ITT) admitieron en Washington D.C. haber entregado sobornos tanto a funcionarios de alto rango como a legisladores de nueve países, entre ellos México, de 1970 a 1975.
La revelación causó un gran escándalo y reacción en diversos sectores mexicanos, sobre todo por los oscuros antecedentes de esa compañía telefónica que la ubicaban como un brazo de la CIA, utilizada para asestar el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende en Chile en 1973.
Tras el escándalo, Telmex anunció que se había dirigido a Indetel, empresa con 51% de acciones mexicanas, para notificar que no aceptaría ningún equipo de nueva tecnología suministrado por ITT o cualquiera de sus subsidiarias y que no tramitaría el contrato para compra de equipo a esa compañía previsto para 1980, en tanto la transnacional no explicara si en efecto había efectuado pagos ilegales y a quién y por qué, cosa que, por lo demás, nunca se esclareció (unomásuno, 4-9/XI/1978).
El líder de la Cámara de Diputados era nada menos que el patriarca de Champotón, Carlos Sansores Pérez, dirigente nacional del PRI y luego gobernador de Campeche.
El bono de Aceves Saucedo.-Los tiempos de las grandes privatizaciones fueron propicios para el surgimiento de acusaciones contra el Poder Ejecutivo y aun contra empresas por haber sobornado o intentado sobornar a legisladores, siempre sin pruebas.
Durante un proceso inverso, cuando se hicieron públicas las deudas privadas a través del Fobaproa, resurgieron las denuncias, dice Mario di Costanzo, asesor parlamentario del PRD.
La noche del 11 de diciembre de 1998, fecha de la votación de la iniciativa que creó el Fobaproa-IPAB, me encontraba a unos pasos del entonces secretario de Hacienda, José Ángel Gurría Ordóñez. En aquel entonces yo no era muy identificado entre los legisladores, pues hacía relativamente poco que me había involucrado en el trabajo de asesor parlamentario. A punto de iniciarse la votación, advertí que el diputado priísta Ángel Aceves Saucedo se aproximó al licenciado Gurría y, visiblemente irritado, le increpó, poco más o menos, con las siguientes palabras:
"Oye, secretario, ¿cómo es posible que siendo yo quien más ha trabajado entre los miembros de la comisión, mi bono sea igual al de los demás?"
Se refería a los embutes que recibieron los diputados del PRI y del PAN miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Gurría le respondió, más sereno, que esas eran las instrucciones que había recibido.
"¿Y por qué tendríamos que suponer que aquel bono reclamado por el licenciado Aceves era un embute, y no un bono relacionado con alguna otra cosa, legal, pues? -le preguntamos.
"Por la sencilla razón de que se trataba de una votación muy polémica y en toda la Cámara, en los pasillos, en las comisiones, se sabía que el gobierno estaba comprando votos de los legisladores" -afirma categórico el asesor.
La pasión de Diego.El conflicto de interés en el que constantemente han caído los legisladores-litigantes al representar al Estado mexicano y querellarse legalmente con el mismo, como es el caso de los senadores Diego Fernández de Cevallos y Fauzi Hamdán, es duramente criticado por su correligionaria, la senadora Guadalupe Calderón Hinojosa, quien además denuncia que el ex Jefe Diego también maicea a senadores de la bancada panista:
"Un día ví unos papeles, relacionados con IPAB, y le dije: "´Oye, Diego, yo creo que no deberías...´ Yo le expliqué, de toda la buena fe, mi teoría de la reciprocidad. Y entonces me dijo:
"´Pues entonces dime qué hago, porque mi pasión es el litigio. O legislo o litigo´.
"´Esa es bronca tuya, la mía es decirte que estás usando tus influencias´.
"Sí creo que el abuso de poder que ejerce es en función de la lógica en la que yo te doy y algún día me pagas. Y te doy Canal 40, y te doy juez, y te doy magistrado. A todos les doy, que al cabo me deben. Y entre el maltrato a mis compañeros, y la maiceada a mis compañeros, y la sumisión de mis compañeros, yo les decía: ´¿Por qué no se lo impiden?´ Todo eso me empezó a llenar de enojo. La maiceada es en especie: el que quería un coche grandote, un coche grandote, y el que pide dinero para tal, dinero para tal. Pero bueno, la iniciativa (de ley contra los conflictos de interés) fue parte (del problema con Diego), porque yo creo que si no te acotas y si no asumes: ´Voy a ser legislador´, pues vas a estar cobrando favores. Y no es posible que este Congreso que está tan desacreditado siga maiceando y siga cobrando y pagando intereses". (Derecho de sangre, Grijalbo, 2005).
En la historia reciente del Congreso, muchas han sido las imputaciones de este tipo por parte de diversos bandos partidistas contra legisladores que habrían vendido su voto en el pleno o en comisiones para ponerlo al servicio de intereses concretos, oficiales y privados, de dentro y fuera de los órganos legislativos, en el Congreso federal y cámaras locales, aunque casi siempre sin las pruebas correspondientes. No ha sido distinto en congresos locales.
Viaje ahora, vote después.- Ante la abundancia de evidencias, pero ausencia de pruebas de la debilidad de los legisladores por los sobornos, la opinión pública ha dado en sospechar que los múltiples tours nacionales e internacionales financiados por ciertas empresas a legisladores federales son parte de una subrepticia maiceada en especie.
La sospecha creció una vez que, al finalizar octubre, los tribunos de San Lázaro votaron en contra de un aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al tabaco.
Fue entonces cuando el diputado panista Miguel Ángel Toscano denunció en tribuna que las empresas transnacionales Phillip Morris, British American Tobaco y Japan Tobaco habían prodigado regalos a los 500 diputados y "al menos 20" habían aceptado viajes todo pagado a distintos destinos internacionales. El panista prometió revelar los nombres, pero nunca lo hizo.
Sorprendente la cobertura mediática recibida por Toscano, sobre todo porque la misma denuncia había sido hecha por su tocayo el ex diputado y ex priísta Miguel Ángel Yunes, en enero de 2004, quien entonces condenó el "cabildeo corrupto" de las empresas tabacaleras para dejar sin efecto un impuesto de 20% a sus productos, que en efecto se anuló en el Senado luego de haberse aprobado en San Lázaro.
"Hay senadores corruptos que están recibiendo de los cabilderos recursos para sus actividades de campaña. Así es y hay que denunciarlo. Desafortunadamente, cuando menos hay uno de mi partido (entonces el PRI). Yo diré quién es en su momento".
Como Toscano, Yunes tampoco reveló nombre alguno. Pero puso sobre la mesa de discusiones públicas la legitimidad de los viajes de legisladores a cuenta de las empresas y la situación legal de los cabilderos.
El financiamiento de viajes a legisladores por parte de clanes del dinero interesados en promover sus intereses en alguna legislación es de hecho muy común.
En julio de 2004, Francisco López Mena, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, durante el proceso de cabildeo de una nueva Ley de Juegos y Sorteos que permitiría la operación de casinos, admitió que un grupo de legisladores habían viajado a Baja California, Veracruz, Quintana Roo y Tamaulipas, invitados por los empresarios interesados en esa ley. Otras versiones aseguraban que algunas de estas giras de trabajo habían incluido Las Vegas.
El cabildero Gustavo Almaraz niega que se hayan pagado dichos viajes: "Cuando empezó a cabildearse, hace muchos años, hubo muchas salidas de legisladores, pero con recursos del Congreso. Es correcto si está controlado. Cuando comenzamos a cabildear nosotros, en la 56, el tema es muy delicado, lo evitamos. Que quieren ir a visitar, pues que vayan y allá los atienden, enséñenles el casino por detrás, que paguen ellos sus cuartos, que paguen sus boletos de avión, pueden invitarlos a comer, eso es lo más decente que se puede hacer, pero no pasa de ahí.
"Por ahí los adversarios del tema, ya que va a salir la votación, empiezan a decir: ya maicearon diputados. No hay manera. Si las compañías promotoras o patrocinadoras son americanas (estadounidenses), no lo pueden hacer, pueden caer en un problema y les cancelan sus licencias, no tienen necesidad de andar haciendo tonterías cuando tienen juego en todo el mundo y más en Estados Unidos".
Sin embargo, la práctica de costear viajes a legisladores federales no es exclusiva de las empresas.
De acuerdo con personal técnico de la Cámara de Diputados, la Coordinación General del Puertos, encabezada por el ex legislador Patricio Reyes Roel, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en su interés por la aprobación de otra regulación de las Administradoras Portuarias Integrales (API), ha financiado muchos viajes tan sólo en este año.
Sebastián Calderón Centeno, presidente de la Comisión de Marina; Martín Vidaña Pérez, diputado federal por el distrito de Boca del Río, Veracruz, secretario de la misma comisión; Baruch Barrera Zurita, Sergio Arturo Posadas Lara y Sofía Castro Ríos, diputados de la misma comisión, visitaron en marzo, a cuenta de la SCT, Cartagena, Colombia, y Río de Janeiro, Brasil, "para conocer medidas de seguridad".
Para la segunda semana de noviembre, la misma dependencia federal había invitado a Calderón Centeno y Barrera Zurita, entre otros, a visitar los puertos de Sevilla y Barcelona, en España.
La misma coordinación general de Puertos y Marina Mercante ha financiado viajes de diputados a Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz, Altamira y Ensenada; en otros casos, como en mayo, ha sido la Secretaría de Marina la que ha puesto el avión a los legisladores para visitar Salina Cruz, Acapulco y Lázaro Cárdenas; y en junio, para llevarlos a Tuxpan, Progreso, Ciudad del Carmen y Cozumel.
En el plano local también sucede. El gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, se llevó en mayo a los diputados locales José Huerta Aboytes, Antonio Lemus López, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, y José Durán Villalpando, a Europa. Visitaron Frankfurt, Praga, Barcelona, Valencia y Alemania para traer inversiones y "fomentar empleo en la entidad".
La corrupción limita y cancela el desarrollo y las posibilidades del crecimiento económico en la democracia.
¿Que harán los gobernantes y Legisladores para luchar preventivamente contra la corrupción, antes de que se acaba el petróleo en México?
Veremos…
