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¿Venezuela y México, conflicto en puerta?
En donde piensan erigir un nuevo “Polo de Poder” controlado por Venezuela?
¿El presente del país en manos de corruptos?
La migración sigue creciendo…la corrupción la sigue impulsando




Reynaldo Castro Melgarejo
26 de noviembre de 2007


Los recientes conflictos internacionales del presidente de Venezuela tienen su origen en distintas razones que marcan diferentes contradicciones. Por un lado, el presidente Hugo Chávez reclama a los representantes del gobierno español las intervenciones en su contra en un fallido golpe de estado, según Chávez, orquestado desde la embajada española en años recientes. En el actual conflicto surgido con el gobierno de Colombia, aparece la figura de Chávez exigiendo reconocimiento a su permanencia como negociador de un conflicto interno colombiano, en el cual el presidente Álvaro Uribe, desautoriza la participación del mismo Chávez por dudar que actúe con la imparcialidad que valora conveniente para lograr la paz y no un escalamiento del conflicto.

Pero la visión intervencionista del presidente de Venezuela Hugo Chávez en contra de México, aparece muy precisa en documentos oficiales que a continuación les comento.

La preocupación del mexicano Ricardo Medina Macías sobre la posible intromisión del gobierno de Hugo Chávez en México debe interesarnos a todos. Después de confirmar en la red de Internet las fuentes de información que refiere, creo interesante que quede registro en este modesto espacio y para la posible difusión en todos los niveles de gobierno y regiones del país, de que el conflicto entre Venezuela y Colombia, puede alcanzar a México. Veamos qué antecedentes existen:

El Presidente de Venezuela Hugo Chávez en su documento llamado “LÍNEAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA NACIÓN 2007-2013”, firmado y fechado en Caracas, Venezuela en Septiembre de 2007, que puede consultarse en http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias-view/shareFile/lineas_generales_de_la_nacion.pdf, va más lejos de lo que creemos en su decisión de intervenir en la política mexicana.

Veamos. En el apartado llamado “Áreas de Interés Geoestratégicas”, se afirma que: “Son zonas geográficas definidas de acuerdo al interés estratégico nacional, tomando en consideración las características, el nivel de las relaciones y la afinidad política existente, con la finalidad de orientar la política exterior venezolana en función de la construcción de nuevos polos de poder”.

“i. América Latina y el Caribe. Se propone la consecución de los siguientes objetivos:

i. Participar en la construcción del nuevo MERCOSUR hacia la conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, sobre la base de evaluación, revisión y reorientación de los contenidos de la integración.

ii. Consolidación del eje de liderazgo Cuba –Venezuela -Bolivia para impulsar el ALBA como alternativa a ALCA y a los TLC.

iii. Fortalecer el esquema de integración suramericana, a través de la Comunidad Suramericana de Naciones, ampliando y consolidando las relaciones políticas, económicas y culturales en general con el Caribe. Entre los aportes del país para la cooperación y la complementación, están las experiencias transitadas en el combate a la pobreza y la inclusión social.

iv. Fortalecer los movimientos alternativos en Centroamérica y México en la búsqueda del desprendimiento del dominio imperial.

v. Neutralizar la acción del imperio fortaleciendo la solidaridad y la opinión pública de los movimientos sociales organizados.

vi. Fortalecer la alianza Venezuela, Suramérica y el Caribe.”



Esto nos dice don Ricardo Medina Macías:

“Habiendo tantos defensores vehementes de la soberanía de México, me pregunto por qué nadie ha dicho una palabra respecto del propósito explícito del gobierno de Hugo Chávez —plasmado en su plan de desarrollo 2007-2013— de “fortalecer los movimientos alternativos en Centroamérica y México en la búsqueda del desprendimiento del dominio imperial”. Aquí, en China o en Venezuela eso se llama injerencia. Y hasta donde me quedé, la Constitución y las leyes mexicanas son enfáticas: condenamos y no permitimos la intromisión de gobiernos extranjeros en nuestra política interna. Pero nadie dice nada, nadie hace nada… estamos muy ocupados —envueltos en la bandera nacional— buscando cómo prohibimos la inversión extranjera en telefonía fija, cómo controlamos los contenidos políticos en los medios de comunicación, cómo evitamos la entrada de maíz extranjero más barato, cómo protegemos a industrias y productores ineficientes y abusivos de la “perniciosa” competencia y de los “peligros” de la globalización, cómo ideamos trabas a la apertura comercial…

Lo leí en la columna de Andrés Oppenheimer y no lo podía creer. Pero es cierto. Es un documento oficial del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Es el equivalente venezolano al Plan Nacional de Desarrollo de México. Se llama “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013” y puede leerse en el sitio oficial del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información: http://www.minci.gob.ve , está fechado en Caracas, septiembre de 2007, y está firmado por el “Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías”. Se divide en siete grandes “directrices”: 1. Nueva Ética Socialista, 2. La Suprema Felicidad Social, 3. Democracia Protagónica y Revolucionaria, 4. Modelo Productivo Socialista, 5. Nueva Geopolítica Nacional, 6. Venezuela, Potencia Energética Mundial y 7. Nueva Geopolítica Internacional.

En esa última directriz, que se propone crear “nuevos polos de poder que representen el quiebre de la hegemonía unipolar”, entran los buenos propósitos de Hugo Chávez para México y dice así: “Fortalecer los movimientos alternativos en Centroamérica y México en la búsqueda del desprendimiento del dominio imperial”. ¿Qué parte de ese propósito imperialista e intervencionista no entendieron nuestros vehementes defensores de la soberanía para que se las explique?

Hasta aquí el comentario de don Ricardo Medina Macías.

Inevitablemente estaremos atentos a las reacciones de gobernantes y Legisladores federales principalmente, sin descartar posibles pronunciamientos de gobernantes y legisladores locales.

¿El presente del país en manos de corruptos?

La afirmación del presidente Calderón de que: “El futuro del país no quedará en manos de criminales”, al encabezar la ceremonia con motivo de la entrega de condecoraciones de perseverancia, mérito deportivo y ascensos a elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, el pasado 20 de los corrientes, motiva a reflexionar que para llevar a cabo tal propósito, es obligado, arrancar al país en el presente, de las manos de los corruptos.

En un comunicado de prensa la organización no gubernamental FUNDAR, informa que El Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria tiene como objetivos el análisis y evaluación del grado de transparencia en los procesos presupuestarios en organizaciones en países de América Latina, bajo la premisa de que esto permitirá el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la consolidación del Estado de derecho y la articulación de canales efectivos de comunicación y retroalimentación entre la sociedad y sus gobernantes.

En 2007 participaron 15 organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas en diez países de la región: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.

El citado informe del pasado 21 de noviembre se presentó simultáneamente en 10 países el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2007. En esta evaluación, México disminuyó su calificación respecto de 2005, ubicándose en 50 puntos. Se ubica así a la zaga de los países con mejores prácticas, en cuarto lugar entre los nueve países evaluados, detrás de Guatemala, Perú y Costa Rica.

En México, a pesar de que el marco legal es prácticamente el mismo o ha mejorado, la confianza declina. Los aspectos críticos son la ausencia de mecanismos para promover la participación ciudadana, la falta de contrapeso del poder Legislativo en las decisiones de modificación del presupuesto durante el ejercicio –especialmente a la luz del elevado monto de ingresos excedentes, que han permitido al Ejecutivo federal contar con cientos de miles de millones adicionales y una creciente falta de confianza en el órgano de control interno (la Secretaría de la Función Pública), que se puede explicar en parte por la falta de acciones concretas de combate a la corrupción y en parte por el limitado marco legal con el que opera, y el hecho de que sus facultades legales de sanción directa son limitadas.

Los tres países en los que se realiza el ejercicio por primera vez están mal o muy mal evaluados: Venezuela con 33 puntos, Ecuador 40 y Bolivia 42. Destaca especialmente Venezuela, por estar tan lejos del resto de los países, y de la media. Colombia con 38 puntos, es el segundo país peor evaluado, tras registrar una caída de 20 puntos.

Costa Rica, en contraste, obtuvo 67 puntos en la calificación general, obteniendo así la única calificación aprobatoria. Guatemala, a pesar de haber subido también 7 puntos, sólo llega a los 50. Nicaragua y Perú se mantienen estables.

“La ciudadanía no confía en sus procesos presupuestarios, y a cuatro ediciones del estudio las brechas entre países persisten” comentó Jorge Romero León, Director Ejecutivo de Fundar, organización civil que ha coordinado el estudio desde su primera edición en 2001. Señaló que “hay países en los que no hay indicios de cambio, o bien persiste la desconfianza. Ello sugiere la falta de voluntad política por parte de los gobiernos con las calificaciones más bajas para llevar a cabo acciones estructurales e institucionales concretas encaminadas a abrir los procesos presupuestarios.”

Según el estudio los principales retos de estos países son: abrir más espacios para la participación ciudadana en el establecimiento de prioridades y en el reflejo de éstas en los presupuestos; mejorar las condiciones de control presupuestario, ya que en general las contralorías internas son percibidas como organismos poco confiables en la mayor parte de los países (contrasta la persistente mejor evaluación de los órganos de control externo); ampliar el detalle y mejorar la calidad de la información presupuestaria, y garantizar que ésta se presente de manera oportuna.

Las áreas más transparentes a nivel regional son la presentación de supuestos macroeconómicos en el proyecto de presupuesto del Ejecutivo; las atribuciones del Poder Legislativo en la aprobación del presupuesto; y la capacidad de incidencia del legislativo en los cambios realizados durante el ejercicio de recursos. A pesar de ello, es de destacar que las calificaciones en la mayor parte de los países son consistentemente reprobatorias.

En México, en especial, destaca la confianza en la Auditoría Superior de la Federación, que registró un avance positivo de 17 puntos porcentuales con relación al año 2005. Cabe observar que el responsable de esta dependencia, Arturo González de Aragón, ha sido cuestionado por tener conflicto de intereses en el desempeño de su trabajo y ha quedado en entredicho en distintos momentos y casos especiales de investigación. En contraste, la confianza en la Secretaría de la Función Pública registró un decremento de 10 puntos porcentuales y falta que se actualice la evaluación en el primer año de gobierno en el cual ya lleva dos titulares, sin grandes logros.

La evaluación de las leyes de acceso a la información, en función de su aportación a las condiciones de transparencia presupuestaria, va de 14 a 43 por ciento. Esto quiere decir que las leyes de acceso a la información no bastan para mejorar la valoración de las condiciones de transparencia presupuestaria, ya sea porque no garantizan acceso oportuno, o bien porque no establecen por sí solas, donde existen, mejores condiciones de sanción ni incentivos para promover la participación o mejorar los procesos de control. En México la evaluación de la ley de acceso es de 37 por ciento.

A propósito de la corrupción en PEMEX y la referencia que se hace del Senador Juan Bueno Torio, el destacado comentarista de El Universal Roberto Rock L. nos comparte, en su columna “Expedientes abiertos” del pasado 19 de noviembre de 2007


“El tesoro de la familia”


Nadie en Petróleos Mexicanos sabe quién acuñó la frase. Se le atribuye al ex director Raúl Muñoz Leos, pero éste niega su autoría. Sin embargo, “El tesoro de la familia” fue la figura creada para aludir a la construcción de un patrimonio clandestino de la familia Fox, alimentado por la asignación de contratos a empresas cercanas a Los Pinos.

Datos aportados a este espacio permiten confirmar que el eje más evidente de esta operación en Pemex fue el actual senador panista Juan Bueno Torio, designado en enero de 2003 director de Pemex Refinación por órdenes presidenciales, transmitidas a Muñoz Leos por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Ramón Muñoz.

Bueno Torio fue removido a finales de 2005, cuando tanto el entonces director de Pemex, Luis Ramírez Corzo, como los secretarios de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y de la Función Pública, Eduardo Romero, exhibieron a Fox pruebas contundentes, que eventualmente habían sido verificadas por el entonces director del Cisen y actual procurador de la República, Eduardo Medina Mora. Bueno Torio fue arropado después por el PAN y tuvo bajo perfil durante meses, hasta que fue lanzado como candidato a senador por Veracruz, cargo que detenta actualmente.

Pero datos en control de esta columna revelan que la nómina de los constructores del “tesoro de la familia” incluyó a los abogados Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia; a miembros de la familia Fox, como José Luis Fox, e incluso a parientes de Lilian de la Concha, primera esposa del ex presidente Vicente Fox.

Un recuento al que se tuvo acceso de la agenda personal desahogada por el ex director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, da cuenta de que José Luis Fox se reunió en privado con aquél al menos en seis ocasiones distintas, presumiblemente para promover negocios diversos. Fuentes cercanas a Muñoz Leos confirmaron estas reuniones y que durante las mismas se habló de negocios, pero aseguraron que de las mismas no se derivó ningún tipo de acuerdo concreto.

José Luis Salas Cacho, un político-empresario de larga trayectoria en el PAN —quien dice haber sido el “cerebro” de la campaña foxista en el 2000—, aparente conexión entre los capitales regiomontanos y la asignación de negocios desde el gobierno, aprovechó a conciencia un modesto cargo de asesor externo de la Dirección General de Pemex para sostener reuniones privadas, girar órdenes, presionar e incluso amenazar a funcionarios altos y medios en la paraestatal.

Salas Cacho es hoy miembro del Consejo de Administración de la empresa naviera TMM, propiedad de la familia Serrano, una corporación que ha sido capaz de extender su influencia entre apellidos claves tanto del PRI como del PAN. En este último caso es público el acercamiento durante el pasado sexenio con Marta Sahagún, con José Luis Fox y su esposa, Luz María Lozano Fuentes.

Un reporte obtenido por solicitud de acceso a la información revela que Pemex Refinación otorgó a TMM, entre 2000 y 2007, contratos por más de 219 millones de dólares; los más cuantiosos, durante la gestión de Bueno Torio. En ese mismo periodo, la compañía PMI obtuvo contratos por apenas 128 millones de dólares, pese a ser filial de Pemex mismo.

Funcionarios de la entidad y empresarios competidores de TMM dieron testimonio a este espacio sobre cómo Diego Fernández de Cevallos ejerció presiones para que dicha compañía recibiera más contratos e incluso que licitaciones perdidas fueran canceladas para ser reasignadas en favor de la primera.

Otra empresa privilegiada fue Mexlub, producto de una singular sociedad en la que Pemex tiene 49% y su socio, el señor Salvador Martínez Garza, posee 51%, lo que le da derecho a controlar la administración de la compañía, un virtual monopolio en la distribución de lubricantes en las gasolineras de todo el país.

En 2005, al iniciarse el último tramo de la administración foxista y con Luis Ramírez Corzo en la dirección de la paraestatal se inicia un proceso judicial en contra de Mexlub, por presunta administración fraudulenta, pues nunca ha presentado cuentas del manejo de la supuesta sociedad. Una docena de demandas fueron a dar a los juzgados. Bueno Torio; el entonces secretario de Energía, Fernando Canales Clariond; abogados como Antonio Lozano Gracia, y al menos uno de los empresarios favoritos del régimen, se ofrecieron como intermediarios en busca de una solución amistosa, imposible de lograr salvo componenda de por medio. El sexenio terminó sin arreglo, y al parecer así sigue.

Información disponible arroja evidencias de que Bueno Torio no sólo fue un leal colaborador de estas causas, sino que también vio por los suyos.

Quien conversa con directivos o con líderes gremiales de Pemex se topa pronto con dos escándalos ligados entre sí. El primero habla de una concesión otorgada por Bueno Torio al señor Juan Antonio Beltrán Mata para la distribución de lubricantes en el noreste del país, específicamente en Tamaulipas. Su socio es el señor Luis Bueno Torio, hermano de nuestro personaje de hoy.

Singularmente, en Tamaulipas, y precisamente en Tampico, autoridades federales y de Pemex investigan desde hace años el tráfico ilegal de combustibles, incluso adulterados. En la paraestatal se asegura que con Bueno Torio se logró desviar la atención hacia la supuesta “ordeña” de ductos, cuando el robo real de combustibles se basa en el nulo control de los volúmenes que las refinerías entregan a las 77 terminales de almacenamiento en todo el país.

El señor Beltrán Mata, quien preside una organización de distribuidores de lubricantes, demandó a Pemex por 288 millones de pesos, en un caso donde la contraparte era la oficina de Bueno Torio. ¿Quién cree usted que ganó el juicio? Adivinó.

Esta historia exhibe mucho mayor calado, y ameritará nuevos acercamientos. Quede hasta ahí por ahora, como un expediente abierto.



La migración sigue creciendo…la corrupción la sigue impulsando

Mientras tanto, el destino de millones de mexicanos de ambos géneros, estará en emigrar a otros países como lo reconoce el Consejo Nacional de Población (CONAPO) organismo del gobierno federal mexicano que reconoce que: “continuará medio millón de mexicanos migrando a EU anualmente”.

Dicho flujo se mantendrá en los próximos 15 años, señaló Elena Zúñiga, al anunciar la puesta en marcha del Observatorio de la Migración Internacional. México. El Consejo Nacional de Población aseguró este domingo que durante los próximos 15 años se mantendrá el nivel actual de medio millón de mexicanos emigrando anualmente hacia Estados Unidos en busca de trabajo.

Las cifras oficiales señalan que, hasta 2005, el número de mexicanos residentes en el país vecino superaba los 11 millones, o sea, casi el 10 por ciento de la población total de la nación y el 3.7 por ciento de la estadounidense.

La secretaria general del Consejo, Elena Zúñiga, destacó esos datos al hablar en la reunión de enlace con las entidades federativas vinculadas con el tema, donde se anunció la puesta en marcha de un Observatorio de la Migración Internacional.

Durante las últimas semanas, la represión contra los emigrantes por parte de las autoridades estadounidenses constituyó preocupación de todo el país ante las denuncias de los encarcelamientos y atropellos contra mexicanos indocumentados.

De acuerdo con una investigación realizada por la Universidad Veracruzana, se descubrió que gran parte de la alta migración de cortadores de caña que se registra en Veracruz es debido a la corrupción en el manejo de los apoyos económicos.

El coordinador del proyecto del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Carlos Garrido, reveló que la corrupción de autoridades estatales y federales es el principal detonante de la migración de agricultores del sector cañero.

Parte de la investigación se basó en la realización de más de 2 mil encuestas en las regiones cañeras de del norte (Martínez de la Torre, Tempoal), centro (Córdoba, Yanga, Potrero, Cuitláhuac), zona costera (Cardel, Úrsulo Galván, Actopan) y zona sur (Cosamaloapan, Carrillo Puerto, Chacaltianguis), donde se generan más de 100 mil empleos directos y más de 50 mil indirectos.

Según los primeros resultados del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial 2007, este problema se presenta en municipios con actividades eminentemente rurales, entre ellos los cañeros. De acuerdo con del Consejo Nacional de Población (Conapo), cada año se tiene una migración de 70 mil veracruzanos que se concentran en Chicago, Los Ángeles, Austin, Houston y Nueva York.


¿Habrá conflicto entre Venezuela y México?
¿La corrupción en el pasado, en el presente y en el futuro, seguirá dominando la política en México?
¿La emigración seguirá creciendo por la corrupción dominante?

VEREMOS…

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· Pendientes de FCH, la Mediocridad y la corrupción
· Está estancada la lucha anticorrupción en México



Reynaldo Castro Melgarejo
19 de noviembre de 2007



· Pendientes de FCH, la Mediocridad y la corrupción

La mediocridad y la corrupción existentes en México y el sistema de gobierno en sus tres niveles no está en duda; está a la vista cada día más y en el caso de las inundaciones en Tabasco y Chiapas, debemos tomar precauciones y prevenir antes de lamentar las peores consecuencias en otras regiones del país.

Dos notas de Alejandro Vázquez Cervantes en el periódico La Crónica del pasado 15 de noviembre, nos ayudan amables lectoras y lectores a formarnos una opinión más apoyada en la investigación y aportaciones de expertos en materia Hidráulica, hagamos a un lado las perversiones que abusan del poder y se aprovechan de las desgracias para obtener beneficios políticos, sin importar siglas partidistas, que en todos los partidos políticos existen estas intenciones y/o ambiciones.

“Culpan al gobierno federal por el descuido”

“El sociólogo de la UNAM José Luís Gómez explicó que el Estado tiene responsabilidad por el descuido que hubo en obras públicas en el estado de Tabasco en “por lo menos tres sexenios”. Reconoció que si no se pudo evitar—por la orografía propia de la entidad— al menos se debió atenuar “de manera significativa”. Comentó que la magnitud de los hechos fue tal que quizá pudo haber desbordado las obras realizadas.
“Se requerirán formas de solidaridad para la reconstrucción más bien de tipo precario para los habitantes de las planicies. Es un proceso que durará de uno a dos años. Depende mucho de la capacidad que el gobierno tenga de implantar la ayuda en profundidad…aunque el gobierno que tenemos es muy desentendido de los problemas sociales. Y le interesa tener la imagen que ayuda…pero si ayuda o no ya será otra cosa”.
— ¿Se pudo evitar la tragedia?
—Se pudo atenuar y atenuar de manera significativa. Se necesita de respuesta rápidas por parte del Estado para tener acopios y lugares de atención de la población, de tal manera que cuando se pronostiquen lluvias de estas magnitudes pueda haber respuestas en términos de previsión social Ahora, si el gobierno no aprende es lógico que la gente mantenga resentimiento y en un futuro lo exprese políticamente de manera distinta.
Por un lado —agregó— están la orografía y la existencia de ríos es muy importante por lo cual, efectivamente, era necesario planear la construcción de diques de los ríos puesto que las planicies se ven inmediatamente afectadas y se convierten en verdaderos pantanos. Entonces sí hay, evidentemente, un descuido de obra pública de por lo menos tres sexenios, lo que implica responsabilidades civiles. No hicieron estas obras pese a que tenían antecedentes. Ahora, la magnitud de los hechos pues tiene un origen natural…quizá también pudiera haber desbordado las obras realizadas.
Al respecto, Jorge Escandón, responsable del área de cambio climático de la organización ambientalista Grennpeace, dijo que “las autoridades no hicieron un trabajo adecuado a pesar de experiencias previas y de estudios que advertían del peligro de una gran inundación. En el contexto del cambio climático, que produce fenómenos naturales cada vez más extremos, es claro que en Tabasco no se hizo lo adecuado”, insistió. Deberán pasar al menos 100 días para que las aguas se retiren ya que las lluvias recibidas en Tabasco superaron con creces los promedios históricos”.


“Corrupción e ignorancia (mediocridad) causaron tragedia en Tabasco”: expertos


“Conclusión. La falta de mantenimiento en presas fue una de las causas, dicen investigadores”.

“Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) coincidieron en que hubo errores, corrupción e ignorancia fueron las causantes de la gran inundación en Tabasco, pero además señalaron que cuando termine la inundación habrá problemas de epidemias como paludismo, dengue clásico y hemorrágico, cólera y hepatitis infecciosa así como trastornos emocionales con ideas “suicidas”… y desintegración familiar.
“Lo que ocasionó las inundaciones en Tabasco fue la política energética que privilegia la generación de energía mediante las nuevas plantas de ciclo combinado”, aseguró Alfredo Hernández, ingeniero químico petrolero egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Aseguró que la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, privilegiaron el criterio de los negociantes, de las empresas extranjeras que producen electricidad en las presas, entre ellas la de Peñitas en lugar de prevenir los daños que ocasionarían a los habitantes de Tabasco.
El especialista explicó que desde el momento en que Peñitas baje su nivel crítico, su política de operación deberá asimilar al máximo la generación de la hidroeléctrica al Sistema Nacional “y no seguir privilegiando a los productores privados extranjeros con sus plantas de ciclo combinado y energía cara”.
En la medida—agregó— que esas presas no se hubieran tenido en puntos de saturación, en esa medida hubiéramos podido controlar las descargas adicionales, y por lo menos hubieran dado la voz de alarma con anticipación suficiente para no verse obligados a descargar grandes volúmenes en un sólo momento y haber avisado a la gente.
Para Carlos Gay, director del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México (CCA-UNAM), “es producto de la construcción del riesgo: es una zona baja, donde se debió controlar el desarrollo humano. Se va a inundar más. Se parece a lo que esperaríamos en términos de un clima con un ciclo hidrológico más intenso”.
Descartó la idea de que el fenómeno se debe al cambio climático. Y advirtió: “Tabasco va a volver a inundarse….a Chiapas se lo llevó Stan y está ocurriendo nuevamente; son zonas pobres, mal planeadas y no hay sistemas de alerta temprana adecuadas; es la combinación perfecta para que pasen estas cosas”.
Para Jorge Zavala Hidalgo, especialista de la UNAM, afirmó que la devastación es producto de “corrupción, mala política de desarrollo e ignorancia de quienes toman decisiones”. Señaló que las afirmaciones del presidente Felipe Calderón son contradictorias, debido a que “si es producto del calentamiento global no hay nada que hacer ni ahora ni en el futuro”.
Indicó que tal declaración es “inaceptable, porque no hay reflexión”, y agregó que si bien ahora fue Tabasco la entidad afectada, los desastres naturales “son un problema nacional que debe ser atendido y analizado no sólo como una política a corto plazo, como ahora pretenden las autoridades federales, sino como parte del desarrollo del país”.

Mientras se encubren a culpables; mientras se omiten procedimientos normativos y legales para deslindar responsabilidades, los tabasqueños rescatan basura comestible por la falta de alimento.”

· En México, si hacen falta contrapesos legales, políticos, económicos y sociales, en las relaciones de Poder

En entrevista concedida al periódico El Tiempo que se edita en Colombia ayer domingo, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, afirma que él no tiene interés en hacerle contrapeso a nadie en Latinoamérica: “no es mi interés hacer contrapeso a nadie en el continente. Ni México ni yo lo necesitamos”.

No obstante que es comprensible la declaración del mandatario mexicano en el contexto latinoamericano, en el contexto interno de nuestro país, esa declaración, sería inaceptable; desde luego que no es el caso, pero motiva a observar que existen añejos pendientes de realizar contrapesos en materia legal, política, económica y social, desde la instancia de mayor responsabilidad en el gobierno mexicano.

Avaro Delgado nos presenta en la Revista Proceso No. 1620, que circula a partir de este domingo una entrevista con Manuel Espino, aún dirigente nacional del Partido Acción Nacional, que más adelante les comparto, cuyas afirmaciones deben interesar a propios y extraños y que inevitablemente, tendrán serios cuestionamientos y repercusiones en la forma de gobernar de Felipe Calderón Hinojosa y sus principales colaboradores.

Otro elemento de este análisis del que inevitablemente se concluye, que el presidente Felipe Calderón Hinojosa, está obligado a impulsar contrapesos en México, es su afirmación temeraria y peligrosa en apenas 35 palabras en un párrafo que los medios de comunicación registran como parte de su discurso al encabezar la conmemoración del décimo aniversario de la creación de la agrupación México Unido Contra la Delincuencia, en donde el mandatario hizo referencia a los operativos de seguridad que iniciaron con su Administración e indicó:

“La importancia de estos operativos no sólo radica en los decomisos, sino que implica romper las redes del crimen organizado porque así es como podemos minar la estructura de la criminalidad que representa una amenaza para la sociedad”; … y he aquí el párrafo en mención, cuando agregó:

“Hemos constatado cómo se entrelaza el crimen que sufre el ciudadano, con el crimen que cuenta con estructuras de complicidad y protección policíaca y política, es decir, el crimen organizado en sus más altas esferas”.

Esta afirmación no pasó desapercibida en el mundo, menos en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde un enemigo de México y los mexicanos, como Tom Tancredo el congresista republicano quien al participar en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, refiriéndose al gobierno mexicano, afirmó:

“El grado de corrupción dentro del gobierno y del Ejército es tan grande que es difícil determinar dónde termina el gobierno y dónde comienzan los cárteles”.

Tancredo habló durante el debate en el Comité sobre la “Iniciativa Mérida”, el plan según el cual el gobierno de Estados Unidos pretende aportar 1.400 millones de dólares en dinero y equipamiento a México en tres años para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Es utópico pensar que podemos avanzar con una agenda de esta naturaleza con un gobierno que parece estar corrupto desde el policía en la calle hasta el más alto nivel”, sentenció.

El representante republicano Tom Tancredo, días antes, recomendó al presidente mexicano Felipe Calderón que critique menos la política migratoria de Estados Unidos y se ocupe más de crear oportunidades para los mexicanos en su país.

Señaló que Calderón debería concentrarse en “eliminar la corrupción endémica de México para poder algún día generar la misma grandeza y las mismas oportunidades'’ que uno encuentra en Estados Unidos.

Menos puede Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de México, evadir o ignorar las afirmaciones de expertos de la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a que. “Desde el gobierno de Vicente Fox se estancó la lucha anticorrupción”, publicadas en La Jornada y otros medios nacionales y locales el pasado 15 de noviembre, expresadas durante el foro Prácticas internacionales en materia de combate a la impunidad y la corrupción, organizado por el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.

En la misma reunión, estudiosos sobre el tema de la corrupción y diputados federales del PRD, afirmaron que las ligas de la Secretaría de la Función Pública con el poder político impiden su adecuado desempeño.

En la nota de Alfredo Méndez, de La Jornada se precisa:

“Desde el gobierno de Fox se estancó la lucha anticorrupción, afirman expertos
“Existen buenas intenciones, pero no se cumple la Convención de Mérida, señalan especialistas de la ONU”
“El fenómeno no puede entenderse sin la impunidad: diputados”

“La corrupción en México no puede entenderse sin la impunidad, y las autoridades que deben prevenir, investigar y sancionar estas prácticas no han hecho más que “obstruir la aplicación de la justicia”, señalaron los diputados Claudia Cruz, Elías Cárdenas y Víctor Valencia. Afirmaron que mientras no haya una reforma integral de Estado seguirán repitiéndose los “abusos de poder”, como ocurrió en el caso de Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún, o en el de los hermanos Bribiesca, quienes con su madre y el ex presidente enfrentan acusaciones por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

El cáncer de la corrupción que afecta al Estado mexicano llevó a los legisladores a exponer ayer sus preocupaciones durante el foro Prácticas internacionales en materia de combate a la impunidad y la corrupción, organizado por el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.

Ahí, los especialistas Eduardo Buscaglia, asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de corrupción y delincuencia organizada; el fiscal español Carlos Castresana, consejero de la oficina de la propia ONU contra la droga, y André Cuisset, ex comandante de la Policía Nacional Francesa, escucharon a los diputados que encabezan las comisiones para investigar presuntos actos de corrupción de Fox y su familia.

De los tres investigadores y asesores internacionales, Buscaglia puso el dedo en la llaga: “Teniendo en cuenta que (en México) existen muchas imputaciones, acusaciones, no se observa que los poderes públicos estén actuando; permítanme ser aún menos diplomático: según las estadísticas anuales de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se puede observar que hay una total parálisis en la lucha contra la corrupción administrativa desde que ejerció el poder el ahora ex presidente Vicente Fox; estamos hablando de 2000 y 2001.

“Es una arquitectura institucional (la contraloría administrativa) que se diseñó bien, pero no se está desempeñando adecuadamente debido a factores políticos. Entonces, hablamos de que no existe una agencia anticorrupción independiente y autónoma (del Poder Ejecutivo), razón por la cual se explica que la SFP, que debería tener un rol catalizador en este ángulo, está obviamente ligada al poder político y se ha paralizado”, puntualizó.

El problema fundamental de México que no le permite superar la corrupción, a diferencia de lo que ha ocurrido en Colombia en los 10 años recientes –coincidieron Buscaglia Castresana y Cuisset–, es que está lleno de “buenas intenciones”, pero no cumple al ciento por ciento con todas las cláusulas de la convención de la ONU contra la corrupción o Convención de Mérida.

“Nos llama poderosamente la atención que muchas veces estos instrumentos jurídicos internacionales son ratificados, deberían estar incluidos en la legislación secundaria, pero me encuentro que después de haber realizado un estudio entre 2006 y este año, México ha promulgado 46 por ciento de las cláusulas de la convención anticorrupción y sólo ha implementado 23 por ciento de las mismas.

“Hablamos de que México tiene muchos pendientes en materia del combate a la corrupción que entran en el 77 por ciento de estas cláusulas que todavía no se están cumpliendo”, refirió Buscaglia.

Esta afirmación de que la lucha anticorrupción está estancada en México es otro pendiente para FCH y los contrapesos a que está obligado a impulsar desde su gobierno.

La Entrevista a Manuel Espino, publicada en proceso en el número 1620 que circula desde este domingo está llena de afirmaciones que más que demostrar una división al interior del PAN, confirman que la cultura del reparto predomina en medio de la mediocridad imperante en la administración pública, que es otro gran compromiso de Felipe Calderón Hinojosa de erradicar en su gobierno.

“Desde Los Pinos, la estrategia del trueque”: Manuel Espino.

Después de 12 elecciones estatales, Manuel Espino tiene claro que funcionarios federales tienen “arreglos” con el PRI para intercambiar las derrotas panistas por votos en el Congreso que favorezcan las reformas que le interesan a Felipe Calderón. Gente como el jefe de la oficina presidencial, Juan Camilo Mouriño, y el estratega de la guerra sucia Jorge Manzanera, estarían entre los responsables de ese trueque.

Luego de un negro año electoral, con sucesivas derrotas en los procesos estatales -a excepción de Baja California y Tlaxcala-, Manuel Espino deja la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN) al tiempo que hace una denuncia pública insólita: el contubernio entre operadores de la Presidencia de la República y gobernadores priistas, entre ellos el poblano Mario Marín y el oaxaqueño Ulises Ruiz.
“Hay oscuras negociaciones. Aunque se han hecho en lo oscurito, se advierte dónde han sido esa negociaciones”, acusa Espino en entrevista, e identifica a subordinados de Felipe Calderón, encabezados por Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia, como operadores del acuerdo para tolerar elecciones de Estado a cambio de aprobar reformas legislativas.
Así ocurrió en Durango, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas, cuyos gobernadores priístas “restablecieron el autoritarismo de Estado a nivel de entidades federativas” con la tolerancia y aun el auxilio del gobierno de Calderón, quien busca apoyo en el Congreso para sus reformas.
– ¿Usted, como presidente del PAN, está al tanto de esos arreglos?
– ¡No!
– ¿Se han hecho a espaldas del PAN?
– ¡Claro! Yo no he participado en un arreglijo de esos. Jamás me prestaría a un arreglo ni cambiaría las posibilidades de éxito del partido que yo presido, por las posibilidades de un proyecto de reforma. ¡No se vale canjear una reforma, por muy importante que ésta sea, por el éxito del partido! ¡Esa no puede ser moneda de cambio!
Después de que decidió no buscar la reelección “para no legitimar” la “inminente” llegada de Germán Martínez como su sucesor, Espino subraya: “Las cosas están de tal manera que en los Estados se opera en paralelo (al PAN) y llega el momento en que se hace valer el poder del poder, valga la redundancia. Y entonces hay actores que no voltean a ver al dirigente estatal ni al candidato local, que dejan que hagan su luchita, porque los acuerdos se toman en otro lado”.
En entrevista, el mediodía del martes 13, Espino inscribe también a Michoacán, gobernada por el perredista Lázaro Cárdenas Batel, en los “arreglijos” de los allegados a Calderón que no actuaron a favor del PAN, como lo denunció él mismo en mayo, tras la derrota en la elección por la gubernatura de Yucatán.
“Me encontré con la desagradable sorpresa de que quienes operaron nuestra campaña en Yucatán estaban también operando en ese Estado”, revela Espino.
– ¿Jorge Manzanera y Antonio Solá?
– No, Solá no. Manzanera sí. Solá está en España apoyando al Partido Popular. Pero me encontré con municipios donde suponía, por el papel, que ya teníamos una estructura que ellos habían armado para operar el día de la elección, pero en la práctica no estaba pasando nada.
“Y entonces uno se pregunta: ¿Y los 25 millones de pesos que pedí de préstamo, quién los usó? ¿Los uso él (Manzanera), como los usaron en su momento en otras partes el recurso que les mandamos, y se ponían en manos de ellos? ¿Para qué? ¿Para operar a favor de quién o en contra de quién?”

Marín y Ulises, impunes
Y aunque el PAN obtuvo muchos triunfos de diputados y alcaldes en Michoacán, Espino acusa a Manzanera y sus operadores, todos allegados a Mouriño y Germán Martínez, de entorpecer las acciones de su partido:
“Yo no puedo, con estos resultados en Michoacán, decir que algo falló, pero esa gente no estaba de nuestro lado. No sé de qué lado estaban, ni sé qué estaban operando ni las estrategias diseñadas por quién, pero la estrategia del PAN era para ganar”.
Igual ocurrió en la elección de Puebla: El PRI ganó 25 de 26 distritos y arrasó con la mayoría de las presidencias municipales, cuando Espino afirma que el PAN esperaba “una gran cosecha” después de los triunfos del 2006 y con el descrédito del gobernador Mario Marín.
Y asegura que funcionarios federales, que se niega a identificar con su nombre, prohibieron a los panistas usar el desprestigio de Marín para hacer campaña. “Hubo momentos en los que nuestra gente se desesperaba de nuestros candidatos que, a la hora del debate, cuando querían esgrimir como argumento la debilidad institucional del gobierno, el descrédito particular del gobernador, había llamadas telefónicas para decir: ‘Hey, por ahí no’”.
– Pero usted mismo fue a Puebla a dar esa instrucción.
– Yo dije que no íbamos a usarlo como bandera, porque no era nuestra estrategia fundamental. Pero eso no quiere decir que no aprovechemos el debilitamiento institucional que tiene el gobierno y su propio gobernador. No, él no tiene que ser bandera, pero había peticiones directas a nuestra dirigencia, a los candidatos, que no era por ahí.
Y, además, Marín fue el que encabezó el operativo de Estado en las elecciones, lo mismo que hizo el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, donde el PAN fue aplastado electoralmente, en medio de la acción de bandas del crimen organizado.
“El que no quiera reconocer que en Tamaulipas tenemos un problema serio de crimen organizado está ajeno a la realidad. Y en esas condiciones fuimos a una contienda en la que no se vio la acción del Estado, digámoslo así, para poner orden”.
Y en tanto que es facultad de Calderón combatir el crimen organizado, Espino puntualiza: “No sólo estamos ante los adversarios políticos, sino que da la impresión de que nuestros adversarios reciben una ayuda adicional que esperaríamos fuera, en todo caso, no una ayuda al partido como tal, sino que, por lo menos en Tamaulipas, hubiera una acción contundente para replegar el crimen organizado para que no se den lecturas de que probablemente se metió hasta dinero del crimen organizado en campañas”.

Mouriño, el operador
Espino, quien concluirá su encargo partidista el sábado 8 de diciembre, insiste: “La dirigencia nacional y las dirigencias estatales del PAN no están metidas en ningún arreglijo ni en ningún cochupo. Yo no quiero hacer expresiones para que digan que evado mi responsabilidad, pero no pudimos contener a nuestros adversarios y tampoco pudimos contener a quienes les ayudaron”.
Se trata, insiste, de “factores externos” que se han impuesto a las estrategias diseñadas por el CEN y en las dirigencias estatales: “En el pasado esto era suficiente para ganar. Ahora hay una fuerza que antes no jugaba en nuestra contra y ahora está jugando en nuestra contra”.
– ¿Es la fuerza del poder presidencial?
– No, yo jamás culparía a Calderón de esto.
– Pero sí a sus subordinados...
– Yo se lo comenté alguna vez a él. Le dije: “...hay gente a la que le está ganando la ambición de poder”. Pero de ninguna manera pensaría que está involucrado. Son personas que están viendo por su proyecto personal a corto plazo, que están acumulando poder dentro del partido, pero con este tipo de consecuencias.
– ¿Qué le respondió Calderón?
– El me dijo: “Eso hay que revisarlo, porque no podemos permitir que haya funcionarios públicos que estén operando cosas en el partido, perjudicando al partido”. No está en esa idea de a ver cómo le hacemos para controlar al partido, y menos para que el partido pierda.
– ¿Entonces no lo obedecen sus subordinados?
– No lo sé, pero es un asunto que hay que revisar. Como presidente del PAN asumo la responsabilidad que me toca, que no es toda, de estos resultados en Puebla o en Tamaulipas. Los de Tlaxcala son muy exitosos, los de Michoacán son muy exitosos.
– Insisto: ¿O están desobedeciendo a Calderón, si dio la instrucción de no intervenir, o no puede ni controlar a su grupo cercano?
– Yo no sé, yo no quiero especular. Yo tengo claro que hay personas ahí (en Los Pinos) que han obrado de manera indebida. Que van y se meten en los procesos internos del PAN para influir en la designación de candidaturas y, ya en las campañas, se meten por la puerta de atrás o por la rendija que encontraron abierta.
“Yo jamás autorizaría que Jorge Manzanera se vaya a cuidar una campaña estatal. Pero alguien lo puso ahí y lo puso ahí muy a pesar de la dirigencia estatal, que no fue tomada en cuenta para muchas cosas”.
– Pero Manzanera no se maneja solo...
– No sé a quién le haga caso, no sé quién lo manda.
– ¿Mouriño?
– Lo puedo suponer.
– Y Mouriño no actúa por su cuenta, sino por los canjes que le interesan a Calderón...
– Es que no sé quién esté operando esas cosas, pero la lectura inmediata es: ¿Aquí hay un canje o qué? Porque ¿cómo se explican cosas como las de Oaxaca, la de Puebla? Es verdaderamente inaudito.
Espino también alude a la defensa que de Manlio Fabio Beltrones hizo el senador panista Federico Döring, allegado a Calderón, del vínculo con el narcotráfico que le imputó el ex presidente Vicente Fox: “¿Cómo se explica que haya voces tan identificadas con el PAN avalando y hasta defendiendo a Beltrones? ¡A mí una vez me mandaron a darle la pelea a Sonora!”.
– Fue Calderón en 1996...
– Sí. Lo que me decía era que aguas, porque esto y aquello, y ten cuidado por esto y esto. ¿Eso ya cambió o qué pasó? Sí se generan muchas dudas.
Espino, quien publicó dos artículos en El Universal sobre las formas en que altos servidores públicos del PAN actúan “al viejo estilo del PRI”, se niega a identificar por su nombre a todos los colaboradores de Calderón que intervienen indebidamente en tareas partidistas.
“Se necesita ser muy bobo para no darse cuenta quiénes son. Yo no tengo por qué decirlo. ¿Qué gano con eso? ¿Resuelvo algo? ¿Corrijo algo? Cuando lo he dicho ha salido contraproducente, porque hay una reacción virulenta que desgasta más. No tiene caso. Yo tengo convicción de esto, tengo certeza moral de esto”
– ¿Pero tiene pruebas?
– Lo que tenga es lo de menos, si tengo o no tengo pruebas. Eso está pasando.
– ¿Qué clase de PAN existe hoy en el país?
– No, no, el PAN está bien y hay un esfuerzo institucional de evitar ese asedio, ese acoso, esa manipulación. La naturaleza del PAN se lo pide y la institución se defiende, pero no es tan fácil a veces ganarle al vendaval.

No voy a legitimar
Y en medio del vendaval, por la permanente riña con la facción que encabeza Calderón, Espino deja el cargo que ocupó durante casi tres años, después de que declinó contender por la reelección ante Martínez Cázares, el transitorio secretario de la Función Pública convertido en “candidato de unidad”.
– Usted decía que no iba a irse por comodidad, ¿cómo es que lo sometieron?
– ¡A mí no me ha sometido nadie!
– Ya entregó la presidencia del PAN...
– La presidencia del PAN no es de mi propiedad. Yo, a diferencia de otros, no tengo una visión copernicana de la militancia: no soy de los que cree que el panismo debe girar en torno de mí.
“Estoy terminando mi gestión con tres meses de adelanto para evitar un mayor desgaste en la relación partido-gobierno que no es, por cierto, atribuible a la falta de apoyo del partido al gobierno. Es más bien atribuible al exceso de injerencia en la vida interna del partido de personas que están en el gobierno”.
Espino reitera que no ha sido aplastado por sus adversarios ni ha pactado impunidad: “Es muy estúpida la lectura, porque a veces me preguntan qué negocié. No negocié ni estoy negociando absolutamente nada”.
– Eso que usted califica de estúpida es la interpretación de la opinocracia...
– Es lamentable tener analistas con opiniones tan superficiales que vea en esa acción una autoderrota o un entreguismo. Al contrario, yo no voy a legitimar algo con lo que no estoy de acuerdo. Hay quienes han leído bien y han dicho: Aquí se está dejando ver lo que en realidad hay.
“Personas que tuvieron la opción de participar dijeron que no, porque el resultado era el esperado. Yendo yo o quien sea, el resultado ya está dicho, aunque vendrán voces que digan que fue una competencia y que fue muy democrática. Pero yo no puedo legitimar”.
Sin embargo, el domingo 11, Martínez Cázares invitó a Espino a su casa de Quiroga, Michoacán, donde comieron carnitas. “Es inminente su llegada a la presidencia del partido en estas circunstancias extraordinarias y lo que hay que hacer es tratar de que su llegada signifique una continuidad a la trayectoria del partido de 1939, y no una salida de cauce”.
Según él, la decisión de no buscar la reelección fue sólo suya y no obedeció al temor por un posible expediente en su contra, como lo han filtrado allegados a Calderón. “Reto al que dice que tengo un expediente negro a que lo enseñe. Si yo tuviera algo de qué preocuparme, ya hubiera huido. No tengo nada que ocultar, absolutamente nada. Y tan no tienen nada que no lo han enseñado”.
– ¿No fue usado el expediente para persuadirlo?
– No, a mí no me asustan con eso. ¡Jamás! No tengo nada de qué preocuparme.
Espino se refugiará en la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA). Al respecto, dice: “¡Espero que allá no me toquen ya, Chihuahua!”

¿Seguirán siendo Contrapesos Pendientes de FCH, a la Mediocridad y la corrupción?
¿Seguirá estancada la lucha anticorrupción en México?

VEREMOS…

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¿Las universidades públicas regresan a los espacios de Poder?
¿Participarán en la toma de decisiones?
Ojala entiendan en las universidades Públicas, que la lucha en contra de la Pobreza, pasa obligada primero, por el Combate Preventivo de la Corrupción desde los municipios.
Observan por primera vez actividad neuronal vinculada a decisiones. UNAM




reynaldocastromelgarejo@hotmail.com






No obstante que la práctica nos demuestra que la definición de quienes han de alcanzar las rectorías en las universidades públicas está en las manos de los gobernantes poderosos en México y en América Latina, o se han convertido en cacicazgos desde los centros universitarios, lo que las hace ver a la mayoría de esas instituciones, a sus rectores y funcionarios, (no por ello dejo de reconocer que existen honrosas excepciones) como verdaderos entes serviles del poder político y económico, proclives al encubrimiento de casos de verdadera opacidad en el uso de los dineros universitarios que son públicos, a la complicidad y en algunos casos extremos muy proclives a la corrupción, la complicidad y la impunidad; el desbordamiento de la corrupción y las complicidades que provocan desgracias a millones de personas, está generando el reclamo de espacios de participación por parte de las universidades públicas para valorar proyectos de gobierno y sus efectos en materia de desigualdad, falta de equidad y el combate a la pobreza. El proceso de elección del nuevo Rector en la UNAM en pleno estará observado por propios y extraños; la opacidad o transparencia en la elección del nuevo Rector será un capital o un pasivo que podremos hacer valer o pagaremos los egresados de esa máxima casa de estudios.



Los espacios de las universidades públicas en los procesos de las decisiones nacionales en el gobierno y las grandes empresas, pueden ser recuperados en el desarrollo de las naciones y el proceso de la toma de decisiones. Las luchas sin sentido entre funcionarios públicos junto con empresarios egresados de universidades privadas en México y en el extranjero, en contra de egresados de universidades públicas, para merecer puestos de nivel en la toma de decisiones en el gobierno, durante los años setentas, dieron como resultado una inevitable marginación y desprecio por los egresados de las universidades públicas en miles de casos; uno de los gremios ejemplo de esta lucha fue el de los economistas, en sus distintas agrupaciones. Hoy los economistas no participan ni remotamente como antes en el diseño de las políticas públicas; si acaso, muchos de ellos, apenas se notan en sus ambiciones de Poder en los gremios estatales y nacionales.



Las pugnas internas por las dirigencias siguen siendo un camino para entronizar a personas con referentes de mayor importancia en sus relaciones de Poder que en sus aportaciones y estudios en la materia de su profesión.



Un hecho reciente en favor de la recuperación de espacios de poder para las universidades públicas, lo registran los pronunciamientos conjuntos en la reciente reunión de La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) en la cual se acordó que las casas de estudio de la región deben combatir la falta de equidad y la pobreza, además de luchar por la erradicación de la desigualdad.



Ojala entiendan en las universidades Públicas, que la lucha en contra de la Pobreza, pasa obligada primero, por el Combate Preventivo de la Corrupción desde los municipios.



Al concluir la 74 sesión ordinaria del consejo ejecutivo y la 16 asamblea general de ese órgano, en Santa Fe de Bogotá, Colombia, los representantes de estas casas de estudios –entre ellas la UNAM– acordaron que deben mantener la convicción de brindar una educación pública, además de que se confirmó la necesidad de consolidar el espacio iberoamericano del conocimiento para impulsar la cooperación e integración de América Latina.


¿Cuantas universidades públicas de México, se incorporarán de membrete a esta convocatoria? ¿Cuántas se incorporarán para impulsar la imagen del gobernador en turno, en una encubierta estrategia de encubrimiento de ineficiencias, corrupción y complicidades? O ¿en apoyo de aspiraciones y ambiciones políticas?



A propósito de la participación de las universidades públicas en asuntos tan trascendentes para los países de América Latina, para combatir la pobreza, la falta de equidad y supuestamente luchar por la erradicación de la desigualdad, el primer asunto delicado esta casi en manos de los universitarios de la UNAM Y de los técnicos del INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, el POLI, En relación a la desgracia en Tabasco, se ha dicho de todo. Pero resulta interesante que el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México unan esfuerzos para realizar una investigación científica conjunta para conocer lo que originó tal precipitación. Sería interesante que esa idea que recorre distintas oficinas públicas, sea impulsada en el Congreso de la Unión.



Unas de las preguntas que deberán tener respuesta sin duda para el país entero es ¿Quién puede regular y controlar el afluente de los ríos de Tabasco?, ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron así y no de otra manera? bien sabemos que solo dos instituciones públicas, la CFE, mediante las plantas hidroeléctricas que tiene en el estado de Chiapas, y la Comisión Nacional del Agua porque es su tarea, cuando la CFE va a desfogar agua en los ríos, avisar a alguien, no nada más lo puede hacer así.



La participación de las universidades públicas en el estudio, investigación y deslinde de responsabilidades debe ser una exigencia de las mismas autoridades universitarias de cada entidad federativa, inicialmente deben sumarse las de Tabasco y Chiapas a sabe e informar a la sociedad de cada estado y municipio la verdad sobre la aplicación correcta de los recursos públicos y los planes de prevención en el manejo de los desastres naturales que ahora afectan vidas y patrimonios, así como los proyectos y su validez en relación a la magnitud de los riesgos que traen los avances del desarrollo en los estados y municipios desde los grandes proyectos de producción de energía eléctrica y otros que ahora no tenemos detectados pero que representan graves riesgos, como los de vivienda en las márgenes de los ríos y cercanías de plantas hidroeléctricas o núcleo-eléctricas como Laguna Verde.



Gerardo Fernández Casanova, colaborador del periódico Por Esto, que se edita en la península de Yucatán y circula en todo el sureste, escribió el pasado jueves, 08 noviembre 2007, en su colaboración titulada “Tabasco anegado. Corrupción a flote” lo siguiente:



“Lamento no poder limitar mi escrito a la expresión de solidaridad por el desastre que sufren los tabasqueños; no puedo dejar pasar la intención de que sea la filantropía quien se aboque al restablecimiento de la normalidad y la recuperación por los daños sufridos. Acepto que el siniestro obedeció, en parte, a causas de orden natural de carácter meteorológico y climático, pero también de orden político por el modelo depredador que produce resultados como los registrados en Tabasco. Sin dejar de manifestar mi solidaridad con los damnificados y hacer la aportación que mis posibilidades permiten, quiero también compartir el sentimiento de agravio y el coraje por la parte humana de las causas del siniestro. Me refiero a dos grandes rubros de causas; uno referido a la no conclusión del plan hidráulico y, el otro, relacionado con la criminal operación del sistema hidroeléctrico. Veamos.

La cuenca del río Usumacinta, que abarca el Norte de Chiapas y la totalidad de Tabasco, constituye una de las más ricas reservas de agua del mundo, capaz de generar energía limpia, producción agropecuaria y justicia social. El plan hidráulico contempló la construcción del sistema de presas de propósito múltiple: generación hidroeléctrica, regulación de las avenidas para la protección contra las inundaciones y aprovechamiento de los excedentes, incluida la construcción de infraestructura de transporte fluvial, todo en el marco de un proyecto integral. El primer propósito se cumplió a cabalidad con las plantas generadoras de Mal Paso, Chicoacén, Angostura y Peñitas, cuya operación también contribuye parcialmente a la regulación de avenidas; lo que quedó pendiente fue el aprovechamiento de los excedentes, lo que hace que el agua, una vez que generó electricidad en su descenso, corra hacia el mar por los ríos de Tabasco sin mayor utilización. El Ing. Leandro Rovirosa, que fue Gobernador de Tabasco y, antes, Secretario de Recursos Hidráulicos, planteó la construcción de un canal intracostero para la derivación del excedente hidráulico que, además de eliminar las inundaciones, crearía un medio de transporte de muy bajo costo susceptible de conectarse hacia Veracruz y Campeche. El proyecto mereció una poco disimulada carcajada para desecharlo y negarle recursos presupuestales, seguramente alentada por el poderoso pulpo camionero y sus patrocinadores de la industria automotriz gringa (léase el mismo libro del transporte ferrocarrilero). Al faltar este tramo del plan, la capacidad regulatoria de los embalses tiene un límite que, al ser rebasado, genera desastres como los que hoy se sufren. En pocas palabras, la región aporta una gran riqueza al país, pero se le niegan los recursos para su aprovechamiento.

El segundo rubro, que califico de verdaderamente criminal, se refiere a la operación del sistema hidroeléctrico. Para no caer en la tentación de irme de oídas, consulté la página de Internet de la Secretaría de Energía, donde encontré la estadística de generación de electricidad en todas sus modalidades. De esta información oficial destaco las siguientes cifras: en el año 2000 las plantas hidroeléctricas generaron 33,075 gwh (gigawatts-hora), cifra que se redujo a 19,753 gwh en 2003; en el mismo lapso la generación por vía termoeléctrica pasó de 125,525 a 117,722 gwh, en tanto que los PEE (productores externos de energía) pasaron de 1,295 a 31,645 gwh en el mismo plazo. De 2004 a 2006 se observa una recuperación de la generación hidroeléctrica hasta 30,305 gwh y una nueva reducción de 13% en los primeros 9 meses de 2007; en tanto que la termoeléctrica continuó su descenso hasta 98,308 gwh y la particular su ascenso hasta 59,428 gwh. Lo que estas cifras dicen claramente es que, por decisión política, la generación de la CFE, incluida la hidroeléctrica que es limpia y de bajo costo, se redujo para dar lugar a la de las empresas particulares, que emplea gas importado y es contribuyente al calentamiento global, lo que es una forma explícita de entrega del patrimonio nacional al extranjero. Pero lo más grave del caso, en lo tocante a la inundación tabasqueña, es que al reducirse la generación en el sistema de presas, particularmente la de La Peñita, se registró una sobre acumulación de agua que obligó a la apertura de las compuertas en paralelo al torrencial aguacero, lo que aportó varios metros al nivel del agua en la planicie; se aduce con razón que, de no haberlo hecho, el riesgo de ruptura de la presa multiplicaría el desastre, pero no se dice que si se hubiese mantenido el ritmo de aprovechamiento eléctrico (turbinación) durante el año, no se habría registrado la excesiva acumulación.

A la luz de la información oficial me queda claro, espero que también a usted, que lo que hoy sufren mis paisanos tabasqueños no es cosa del cambio climático o designio de la naturaleza, sino que se trata de acciones criminales del gobierno neoliberal. Con absoluta desvergüenza el espurio Calderón convoca a la filantropía para rescatar a los damnificados, pide no ver el pasado y no politizar el asunto, como si tratara de un juego de canicas o de un Teletón para construir una falsa imagen de generosidad para quienes medran con la entrega del país. No, de ninguna manera es por ahí la cosa. Se trata de delitos de lesa humanidad, que no admiten perdón ni encubrimientos filantrópicos, sino el más ejemplar castigo.”. Hasta aquí lo escrito por el tabasqueño Gerardo Fernández Casanova.

Ojala de verdad, la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, sea convocada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y ambas instituciones ayuden a despejar y a aclarar la verdad; y de existir culpables, sean castigados, para acabar con especulaciones que pueden generar mayores riesgos de descomposición social en el país, pues de presentarse en otros estados, como es muy posible, las desgracias ocurridas en Tabasco y Chiapas o peores, como puede ser en el Puerto de Veracruz, en Laguna Verde o el Distrito Federal, en Tamaulipas u otras regiones o entidades del país; la credibilidad en el gobierno y sus representantes acabará de agotarse y lo que sigue es el caos y la descomposición social que pueden llevar a la violencia generalizada.


Observan por primera vez actividad neuronal vinculada a decisiones. UNAM

Hablando de la participación en la toma de decisiones, es interesante compartir con ustedes amables lectoras y lectores que un mexicano científico; el Doctor Arnulfo Romo Trujillo, originario de Guadalupe de Ures, Sonora. Nació el 28 de agosto de 1954. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (1978) y doctor en Ciencias (doctorado de Estado) por la Universidad de París (1985). Entre sus numerosas distinciones cuenta con diversos reconocimientos por su trabajo en neurociencias, entre ellos la distinción Universidad Nacional a Jóvenes Académicos de la UNAM, el Premio Miguel Alemán Valdés y el Premio de Ciencia y Tecnología Manuel Noriega Morales que otorga la Organización de Estados Americanos (OEA). Sus investigaciones de frontera forma parte de los Proyectos del Milenió́ financiados por el Banco Mundial, la Fundación Howard Hughes y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) ha logrado alcanzar los mejores resultados en un estudio científico de un equipo de trabajo que él dirige, en el cual observan por primera vez la actividad neuronal vinculada a la toma de decisiones.

Será difícil que la mayoría de los políticos se interesarán en este tema de manera seria, pero sin duda, a nosotros nos servirá para tener cultura respecto sobre el mismo, que es de gran interés en el mundo y que un mexicano ha logrado aportar; su investigación, tal vez sirva en algo para salvarnos de corruptos y malos gobernantes.

Científicos del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, descubren que no existen las categorías cuando se posterga una resolución. En el cerebro, los circuitos de neuronas reprocesan información y pueden cambiar

Por primera vez en el mundo, científicos del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, encabezados por Ranulfo Romo Trujillo, observaron la actividad neuronal relacionada con la toma, cambio o consolidación de las decisiones; es decir, encontraron el sustrato neural de posponer una determinación bajo frases hechas como “piénsalo dos veces” o “dame un poco de tiempo para pensar”.

Por su importancia, la investigación fue dada a conocer en el Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), en el artículo Neural correlates of a postponed decision report, el cual también recibió un comunicado por parte del Howard Hughes Medical Institute (HHMI), que financia buena parte del trabajo del universitario.

Se trata, consideró el renombrado científico, de una observación relevante. “Lo que se aprecia es la memoria de trabajo del cerebro relacionada con las decisiones. Ahí está, y es la primera vez que se percibe directamente tal proceso en la actividad de las neuronas”. Los resultados forman parte de las tesis doctorales de Luís Lemus y Adrián Hernández.

Recordó que su laboratorio se ha dedicado por muchos años a investigar cómo el encéfalo procesa la información sensorial, la memoriza y usa para generar decisiones razonadas. El experimento consistió en que una vez que un animal, en este caso un macaco, ha adquirido la información para tomar una determinación, debe reportarla a través de apretar un botón.

El consenso de la literatura, de investigadores de EU sobre todo, mostraba que tan pronto se alcanza una determinación –basada en el análisis del contenido sensorial-, ésta se vuelve categórica y es consistente: sí o no, para hacer un movimiento en una u otra dirección.

No obstante, Ranulfo Romo Trujillo quiso descubrir qué ocurre si se pide que una vez considerados los datos sensoriales y llegado a una conclusión, no la “informe” de manera inmediata, sino que postergue su reporte. Se busca saber si las decisiones continúan siendo categóricas, si cuando se alcanzan pero se dejan para después, el cerebro guarda un “sí” o un “no” solamente.

Se encontró que no existen tales categorías cuando se postergan. En el cerebro, los circuitos de neuronas siguen reprocesando la información sensorial sobre la cual se basó esa decisión, prosiguen con la memorización, reanalizan o “cocinan” los datos, reveló.

Este mecanismo dinámico podría relacionarse con la consolidación o revisión. “Piénsalo dos veces” quiere decir que muchas de las determinaciones razonadas no son reportadas de forma inmediata, porque no se está seguro de que sean las correctas, de si la respuesta debe ser afirmativa o negativa, agregó.

Para llegar al hallazgo, explicó Ranulfo Romo, se efectuó un experimento consistente en dar información sensorial a los monos mediante dos estímulos. El animal debe prestar atención al primero, guardarlo en la memoria de trabajo, y cuando llega el segundo, comparar ambos, combinarlos y tomar una determinación.

Una vez logrado, debe postergar el reporte de la decisión tomada. Se advirtió que las neuronas del animal se acuerdan de ambos estímulos, haciendo analogías. Van “switcheando” de una condición a otra, continuamente, detalló.

Mientras el animal lo hace, se registró “la actividad de estas células en una zona del cerebro que previamente se había demostrado que se relaciona con la toma de decisiones basadas en la evidencia sensorial” (Hernández, Zainos y Romo, Neuron, 2002). En una región de la corteza cerebral, probablemente interconectada con otros sistemas de neuronas corticales y subcorticales, indicó.

“Es bueno que no se tenga solamente un circuito relacionado con ese proceso. Esta redundancia es importante cuando, por ejemplo, uno tiene un accidente cerebro-vascular. Si se apaga un circuito siguen funcionando los demás”. Su fuerza coordinada maximiza la probabilidad de llegar a una buena resolución, apuntó.

Las neuronas de estos macacos –y las humanas también– se convierten en un “jurado” que evalúa la información aportada por el “fiscal”, el “defensor” o el “inculpado” (los sentidos). Al final, llegan a una conclusión; no obstante, también pueden posponer su “fallo” y repensarlo una y otra vez en la memoria de trabajo, refirió.

Postergar una decisión puede durar segundos, minutos, horas o meses. Eso no quiere decir que los circuitos cerebrales de una persona se queden pensando en ella todo el tiempo, sino que de vez en cuando se saca la información guardada en la memoria para reanalizarla, aclaró.

Este proceso se aprecia de forma clara en la actividad cerebral de los monos. “Aunque hay que guardar las distancias entre el modelo experimental, se cree que son los mismos principios básicos, y eso es lo importante del trabajo”, especificó.

A título personal, refirió Ranulfo Romo, se esperaba “encontrar algo parecido a lo reportado: que las decisiones no son “síes” o “noes”, sino que llevan mucha información asociada con memoria y evidencia sensorial”.

Este trabajo continuará, ahora para conocer todos los circuitos relacionados con este proceso y cuáles son sus diferencias, cómo se enlazan entre sí y cuál es su dinámica, cómo dialogan entre ellos y su impacto sobre el plan motor, concluyó el Doctor Ranulfo Romo Trujillo.

¿Cuántos gobernantes o funcionarios públicos federales, estatales y municipales, están ocultando información y posponiendo decisiones sobre posibles graves riesgos para la población en general?
¿En cuánto tiempo puede alcanzarnos la desgracia en Laguna Verde, o mayores inundaciones en el Puerto de Veracruz?
¿Participarán las universidades públicas en estudios confiables para la sociedad, respecto de los graves riesgos en que nos encontramos?

VEREMOS….


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