Señor Presidente. Me dirijo a usted por este medio, respetuosamente por la investidura de su cargo y con sincera y firme convicción, al ser humano que se expresó en usted al dirigirse a los 300 supuestos líderes de México, el pasado viernes convocados por una revista, cuando les afirmó: que tuvieron "más posibilidades que una niña que ni siquiera llegó a los dos años de edad en la montaña de Guerrero..." O "más oportunidades que un tarahumara en la Barranca del Cobre…O "que una joven en las orillas de Chimalhuacán que ha sido prostituida a sus 13 años en La Merced en la Ciudad de México."
Señor Presidente, sin duda la contundencia de sus dichos se expresa literalmente en miles de gobernantes, legisladores, empresarios y privilegiados mexicanos que no estuvimos en ese evento; principalmente todos sus colaboradores, de ambos géneros.
Señor presidente. Respetuosamente como ciudadano mexicano, quiero expresarle que será una gran decepción para más de 105 millones de mexicanos en nuestro territorio y otros 20 millones más de mujeres y hombres nacidos en nuestra patria que hoy viven o sobreviven en el extranjero, si usted cae en el lugar común de otros privilegiados mexicanos en el presente y en el pasado histórico, la mediocridad. Bien sabe usted que ejemplos sobran. Usted los conoce y los ha criticado, como lo hizo el pasado viernes ante 300 supuestos líderes.
Muy vergonzoso sería si en el trayecto de su gobierno se siguen construyendo fortunas sobre la sangre y sobre el dolor de la mitad de los mexicanos, como usted lo dijo: "Cuántas fortunas se han construido sobre la sangre y sobre el dolor de esa mitad de mexicanos”.
Peor sería que sigamos perdiendo batallas por la mediocridad que pudiéramos aportar empresarios, ciudadanos y gobernantes que como usted y nosotros, tenemos la responsabilidad de impulsar cambios estructurales en México, como el combate Preventivo de la Corrupción. Usted lo mencionó así: "Y más atrás, cuántas batallas hemos perdido, cuánto territorio, cuánta mediocridad hemos aportado entre todos para hacer de este país enorme, bendito por sus recursos naturales, por su historia, por su identidad, uno más entre el ciento de países que pueden hacerlo, pero que no lo han hecho."
Señor Presidente. Millones de mexicanos como usted tenemos un grave compromiso, que nos será exigido por nuestros descendientes si no somos capaces de lograr … “Un México distinto al de la oruga docta que pontifica y se sube allá a su torre de marfil y que tarde o temprano queda convertida en pedestal de imbéciles…” como usted lo afirmó.
Señor presidente, “en este México, quebrado por el dolor de la injusticia y la desigualdad” como usted lo afirma en su mensaje ante supuestos líderes del país, urge que usted con sus actos, demuestre que no incurre, ni incurrirá (ni permitirá que sus colaboradores o familiares lo hagan) en los tres pecados que usted refiere de los 7 pecados sociales que definió Mahatma Ghandi, que se cometen en México: “hacer política sin principios, hacer comercio sin moral, hacer oración sin sacrificio”. Sin duda también se cometen los otros cuatro, por eso creo conveniente anotar los 7 pecados sociales que defibnió Mahatma Ghandi: Política sin principios; Economía sin moral; Bienestar sin trabajo; Educación sin carácter; Ciencia sin humanidad; Goce sin conciencia; Culto sin sacrificio.
Señor Presidente, yo como millones de mexicanos, no nos quedamos callados, ni atemorizados, acepto su llamado a ser “viviente” de la historia nacional y lo invito a que sea usted un protagonista de verdad en el Combate Preventivo de la Corrupción en nuestro amado México, en este que usted llama “un drama intenso que tiene muchos espectadores, pero muy pocos protagonistas de verdad”.
Yo lo llamo a usted, a ser un protagonista de verdad; a ser un autentico Líder en el Combate Preventivo de la Corrupción en México.
En apoyo a usted, para que cumpla el llamado que le hago, pongo en sus manos mi propuesta de Reforma al Artículo 115 Constitucional, que le he hecho llegar anteriormente, al igual que a su Secretario de la Función Pública; así como a distintos legisladores y gobernadores y de la cual le he hablado en entregas anteriores de esta columna Prospectiva Política.
En espera de su atenta y digna respuesta, espero que no evada la invitación que le hago respetuosamente, sin temores, para acabar con la mediocridad y la corrupción en nuestro amado México.
PROYECTO DE INICITIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION IX DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CIUDADANOS SECRETARIOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La consolidación de los avances en nuestra democracia, requiere urgentemente de la participación generosa y honesta de todos los mexicanos. Al margen de siglas partidistas, todos reconocemos que nuestro México es más grande que nuestras diferencias. Ante los acontecimientos recientes, los graves rezagos y la necesidad de seguir construyendo condiciones para que México avance en su desarrollo político, económico, social y humano, debemos asumir como imperativa razón de Estado, combatir preventivamente la corrupción, por ello debemos impulsar una nueva Cultura de la Transparencia en la Función Pública.
El sistema político Mexicano, requiere con urgencia actualizar sus mecanismos de control en el uso de los recursos públicos, así como ampliar la participación de los ciudadanos para combatir preventivamente la corrupción y hacer realidad la rendición de cuentas de los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno; Para fortalecer nuestro federalismo es insoslayable que los recursos públicos de origen federal, estatal y municipal tengan para siempre un claro origen y un transparente destino.
El Municipio, Célula Política, Económica y social de nuestro sistema confederado, en cuya jurisdicción territorial se viven de manera intensa las luchas de nuestros compatriotas por elevar sus niveles de vida, por combatir la pobreza extrema, por la defensa de los derechos humanos, evitar la marginación social de personas o de grupos, por reducir o evitar la emigración que provoca la desintegración familiar, por más educación, salud, vivienda, empleo y bienestar social; es la jurisdicción territorial donde el Gobierno de la República y la Sociedad, juntos debemos encontrar las formas, mecanismos e instrumentos jurídicos y prácticos para equilibrar los desajustes de la desigualdad social, producto del subdesarrollo que nos ha afectado durante tantos años.
El municipio libre requiere hoy de una reforma estructural que fortalezca su autonomía política y económica que le permita asumir la conducción de su desarrollo integral; una reforma estructural, que consolide el combate preventivo de la corrupción y la rendición de cuentas de cara a la sociedad, de todo el sistema de gobierno en sus tres niveles. Una reforma estructural que haga realidad la transparencia en el origen y destino de los recursos públicos, de los tres niveles de gobierno, desde los municipios.
Todos los partidos políticos han pagado diversos costos políticos y electorales por errores de malos funcionarios, representantes y/o dirigentes; nunca más debemos permitirlo y para evitarlo acabemos con la discrecionalidad, la corrupción, la complicidad y la impunidad.
Todos los partidos políticos debemos comprometernos a condensar y lograr la reforma del Estado Mexicano a favor de la sociedad. La Reforma del Estado que debemos llevar a cabo todos los partidos políticos, es necesaria y estratégica; hemos dado pasos firmes para corregir la pesada carga del centralismo y la concentración económica y de poder político; estamos avanzando con firmeza a superar los tiempos de los poderes fácticos. Las labores necesarias se han dificultado por la escasez de recursos y la atención de contingencias políticas, climáticas y de violencia que debemos superar teniendo como base nuestra pluralidad política y firme convicción de seguir fortaleciendo nuestra democracia.
A eso convocamos a todos los Legisladores de las distintas fracciones parlamentarias del país, a impulsar la nueva Cultura de la Transparencia en la Función Pública desde los municipios. Esta propuesta de Reforma Constitucional también fortalece el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática que contempla nuestra Carta Magna; es oportuno acordar una estrategia nacional de fortalecimiento municipal, basada en el combate preventivo de la corrupción, que fortalezca la gobernabilidad democrática desde los municipios.
El cambio en nuestra vida política, económica y social es indispensable. Es la demanda urgente de todos los grupos y sectores. En todas las regiones del País hay un ánimo nuevo, genuino de ampliar los límites que estrechan nuestra libertad individual y colectiva, sin ataduras a poderes fácticos. Nuestra vida política necesita recoger con más transparencia, con más efectividad, el consenso mayoritario sobre la dirección y las formas del cambio y, también, la conjugación de intereses y perspectivas de la compleja sociedad que ya somos.
Nuestra economía no puede permanecer en el estancamiento o amenazada por la inflación y la corrupción. La población actual y la que año con año se incorpora a la actividad económica demandan alimentación, educación, vivienda, salud, servicios, seguridad y un ambiente sano: en breve, un horizonte de progreso personal y familiar. Exigen, además, que no sea efímero. Reclaman que sea equitativo y atienda de manera prioritaria las necesidades de quienes menos tienen. Estado y Sociedad debemos cambiar para combatir preventivamente la corrupción, crear empleos, para erradicar la miseria, la injusticia, la ignorancia y la pobreza extrema, para que los mexicanos todos tengamos acceso a servicios de calidad, en un clima de libertades, concordia y seguridad.
Con esta propuesta de Reforma que presento a la consideración del Poder Legislativo, nos proponemos disminuir las diferencias sin paralizar nuestra acción integral. Por eso promovemos un amplio esfuerzo de concertación y un ejercicio honesto de la autoridad. Concertación, porque buscamos los consensos entre todos los factores sociales al tamaño de los retos que enfrentamos; porque propicia que el diálogo entre cada vez más mexicanos influyan sobre las acciones públicas que afecten las condiciones de su existencia, porque sin menoscabo de la participación y el acuerdo, no dejamos que el gobierno renuncie a sus responsabilidades de hacer prevalecer el interés general, mantener el Estado de Derecho y el Imperio de la Ley; y, de defender la seguridad y la paz públicas con respeto a las libertades y garantías que goza el pueblo de México.
En la concertación logramos conjugar esfuerzos individuales y de grupo mediante el reconocimiento de que cada uno tiene razones para sumar su colaboración a la de los demás con sentido de justicia y respeto. Por lo mismo la honestidad se opone al fuero y al privilegio, a los mecanismos que no respetan el mérito y el esfuerzo. Se opone también a las condiciones de pobreza extrema que hacen nugatorias las libertades y las oportunidades. La lucha contra la pobreza extrema, debe pasar por el combate preventivo de la corrupción.
La Reforma del Estado logrará sus propósitos en la fortaleza de una sociedad con ánimo por mejorar y rebasar los obstáculos a su desarrollo. En estas tareas no hay contribución pequeña ni esfuerzo redundante.
Las metas y razones predominan, no los hombres ni los grupos. En la concertación hay una base de respeto inconfundible que es el reconocimiento del otro, de los intereses sociales en juego, de lo que significa la aportación de cada cual para la tarea común. Por eso también, la concertación reconoce que las tareas o son compartidas o se desvirtúan y desvanecen. Propósito y compromiso es la fuerza que transforma al diálogo en realidades, la crisis en estabilidad, la estabilidad en recuperación.
Hoy, el ejercicio de la función pública favorece la búsqueda de una transformación en el ordenamiento territorial y la desconcentración de las actividades económicas, impulsando la oferta de los servicios urbanos y la capacidad municipal para propiciar su propio desarrollo.
Guía en nuestra planeación y en nuestra acción es el compromiso insoslayable de propiciar la creación de la riqueza socialmente producida, y vigilar que su distribución mantenga un equilibrio que beneficie a los menos favorecidos, a las clases populares, a los campesinos y trabajadores, a las mujeres, a los jóvenes y a los niños.
Ello precisa delimitar lo que como País hemos avanzado y lo que nos falta por avanzar, evaluar errores y aciertos; determinar las prioridades a partir de la magnitud relativa de carencias, del peso social de las demandas y de los recursos disponibles.
Aún luchamos por corregir la aguda escasez de recursos, la reducción de flujos de inversión, así como el pago del servicio de la deuda. Otros problemas estructurales añejos como el centralismo, la concentración del ingreso, y la dispersión de esfuerzos en la función pública seguirán minando nuestra capacidad de desarrollo, si no realizamos un esfuerzo social intenso por corregirlos. Junto con la ampliación de recursos para incrementar la inversión y la actividad productiva, debemos perseverar y redoblar el esfuerzo de modernización, ya iniciado en algunos aspectos, y llevarla a todos los campos de nuestra actividad; a cada uno de los sectores productivos; ámbitos sociales, culturales y niveles de gobierno.
La actualización política que estamos logrando juntos implica también la voluntad de dar plena vigencia a las facultades que la Constitución otorga a estados y municipios. Un pacto federal vigoroso no puede descansar simplemente en la voluntad del Gobierno de la República, sino que supone un firme compromiso de los gobiernos estatales y municipales por ello se ha fortalecido la concertación entre el Gobierno Federal y los gobiernos locales, con pleno respeto a sus relaciones internas para que los programas federales en sus áreas de jurisdicción sean diseñados y efectuados con su participación, al tiempo que se ha avanzado gradualmente hacia una mayor descentralización de recursos y responsabilidades.
Con prudencia y firmeza mantendremos el rumbo hacia una redistribución del poder de decisión y de la actividad económica, social y cultural, para que los estados y municipios puedan impulsar su desarrollo de manera concertada y autónoma.
La consolidación del municipio libre es condición indispensable para continuar avanzando en todos los órdenes de la vida nacional. El municipio como eje del desarrollo social y económico, además de asumir su papel en la asignación y localización de la inversión pública ha de convertirse en el núcleo que propicie la acción de los grupos sociales en materia de salud, educación, empleo, uso del crédito otorgado por la banca de desarrollo, producción vivienda, así como en el ordenamiento territorial y la conservación del medio ambiente.
En este sentido, hemos pugnado porque el gobierno, de manera constante, promueva que los funcionarios y empleados federales adquieran nuevas formas y actividades de trabajo. Impulsaremos también una labor semejante con servidores estatales y municipales, a fin de romper el círculo vicioso de incapacidad estatal–sustitución federal. En esta tarea no caeremos en apariencias descentralizadoras que en el fondo, acentúan la dependencia del centro. Como estrategia, la descentralización ha requerido de un proceso gradual que ha permitido un equilibrio dinámico que hace posible transferir decisiones y recursos en un marco global de congruencia; y significa la reformulación de la presencia federal en los estados y en los municipios, en términos de una nueva expresión de la unidad y cohesión nacional, un federalismo fortalecido.
La descentralización es un elemento esencial para reafirmar los vínculos entre Sociedad y Estado. Los gobiernos estatales y municipales son las instancias más cercanas a la comunidad, receptores inmediatos de las demandas. Por ello deben ser estimulados como impulsores del bienestar de la población. Una mayor autonomía local y municipal dará nuevo vigor a la política, a la economía y a la cultura; propiciará una mejor distribución de la población y un más justo y transparente reparto de la riqueza.
Ha llegado el momento de fortalecer los cauces de concertación con las diversas organizaciones de la sociedad civil en el ámbito municipal, es necesario legalizar la concertación en el ámbito de los municipios como función del gobierno municipal.
La política de gasto público debe fomentar la descentralización. La coordinación con las entidades federativas permite avanzar eficazmente en la consecución de este propósito al conjugar recursos federales, estatales y municipales en la realización de programas prioritarios.
Hace propicio crear un marco jurídico y práctico que permita el avance de nuestra democracia política, económica y social y promueve la asignación y redistribución del gasto federal como forma para estimular la aportación complementaria de recursos de los gobiernos y grupos sociales de las localidades en la atención de obras, proyectos y actividades prioritarias para el desarrollo.
El impulso al desarrollo regional y urbano, en concordancia con los objetivos del crecimiento económico, será posible a través de una estrategia de descentralización de decisiones, de desconcentración de la actividad económica y de desarrollo urbano y municipal, que apoye el esfuerzo de todos los sectores sociales en cada uno de los municipios del país.
La consolidación del municipio libre ocupa un lugar preeminente en la estrategia de desarrollo nacional. Debemos impulsar más, que sea en este nivel de nuestra organización política, económica y administrativa donde se decida, cada vez en mayor medida, la orientación del gasto público, donde se concrete la concertación social y la sociedad compruebe el buen uso, desde su origen y destino, de los recursos públicos.
El orden municipal, instancia social y política inmediata de la mayor parte de la ciudadanía del país, es de importancia fundamental para la difusión de las acciones del Estado en todo el territorio nacional. El Artículo 115 Constitucional establece las bases para revertir el centralismo y fortalecer el municipio. En este ámbito debemos elevar jurídicamente las facultades y responsabilidades esenciales para avanzar en la práctica en los objetivos de la planeación como son los de formular, aprobar y administrar programas anuales de desarrollo municipal, con plena identificación y conocimiento de la sociedad, de los montos de recursos públicos de origen municipal, estatal y federal.
Sin distingo de militancias seguiremos promoviendo el progreso de todos los municipios del país. Sin embargo, es propicio este momento histórico en que la dimensión de los recursos es rebasada exponencialmente por las necesidades sociales para que todos los mexicanos de todas las afiliaciones nos dispongamos a enriquecer los mecanismos e instrumentos jurídicos y operativos con que cuentan los municipios para promover la participación responsable de todos los segmentos de la sociedad para combatir preventivamente la corrupción.
Es por todos reconocido que el gran esfuerzo nacional por modernizar el País y elevar el nivel de vida de los mexicanos, ha generado la nueva conciencia social de corresponsabilidad entre Sociedad y Gobierno, que exige superar conductas burocráticas o corruptas y crear condiciones, mecanismos e instrumentos que definan reglas claras en la asignación de responsabilidades a los ciudadanos comunes y a los funcionarios públicos. A pesar de los grandes esfuerzos y avances en materia de descentralización justo es reconocerlo, no hemos logrado armonizar los resultados. Se requiere fortalecer más la descentralización en el uso de recursos, la toma de decisiones y la participación de la sociedad para seguir impulsando el desarrollo estatal y municipal. Por ello seguiremos exigiendo cuidar en extremo el destino del gasto, para que haya transparencia y rendición de cuentas de cara a la sociedad, desde los municipios.
Son los Presidentes Municipales, en opinión de todos los mexicanos, quienes tienen la responsabilidad de ser la primera instancia para la solución de los problemas más sentidos de la sociedad.
Sin embargo el contenido actual del Artículo 115 Constitucional no contempla la responsabilidad de los municipios en la producción, ni la participación corresponsable de la sociedad civil, ni la concertación para el desarrollo integral de los municipios.
La conformación jurídica actual del Artículo 115 de la Constitución debe ser fortalecida para responder a una sociedad que nos ha demostrado su interés por participar en la toma de decisiones. Por eso necesitamos ofrecer instrumentos y mecanismos de participación para los ciudadanos que conforman la sociedad mayoritaria que reconocemos en su expansión territorial en las colonias populares, los barrios en los asentamientos humanos contiguos a las grandes ciudades, en las clases medias que también participan con reclamos por la aparente falta de eficiencia y transparencia en la aplicación de los recursos que los tres niveles de gobierno ejercen para el desarrollo de su municipio dejando dudas en la calidad de la obra pública.
A esa sociedad, que en un importante segmento ha cambiado para estar más con los mexicanos, hay que responderle y bien. En este contexto de apertura democrática y participación ciudadana se inscribe la presente iniciativa, a partir de la concepción y lucha por las ideas que en ella hemos plasmado. Con amplio sentido político, entendemos que la realidad y el futuro inmediato nos plantean que la inversión pública y privada requieren también de constancia en los programas de desarrollo municipal, para invertir y ofrecer empleo a nuestros conciudadanos. No podemos excluir a ningún segmento de la sociedad que ha cambiado en pocos años. Esta propuesta, contiene la firme convicción de impulsar un cambio respetable y respetuoso de frente a las instituciones, para aportar y exigir total transparencia en el origen y destino de los recursos públicos.
En consecuencia, es determinante la definición de reglas claras en la asignación de responsabilidades, ampliar los mecanismos legales de la participación corresponsable de la sociedad civil y combatir con ellos la dispersión en la aplicación de los recursos para que haya un preventivo control en el seguimiento y la evaluación de programas específicos en beneficio de los municipios y no se afecten ni retrasen las metas del desarrollo nacional.
Es inaceptable que la corrupción, abulia y el exceso de burocracia de algunos funcionarios provoque duplicidad de funciones, simulación e irresponsabilidad, que se revierten en contra del Sistema de Gobierno al provocar como resultado el dispendio o desviación, irrecuperables de los recursos públicos.
Es un clamor constante en nuestro país, exigir el cumplimiento escrupuloso de las responsabilidades, claridad y transparencia en las acciones de todos los servidores públicos. La rendición de cuentas de cara a la sociedad debe ser una constante de todos los representantes de los tres órdenes de gobierno.
Para lograrlo, es necesario alentar mecanismos donde la sociedad se exprese y se pronuncie a favor o en contra de la calidad y eficiencia de la actuación de los funcionarios públicos y pueda evaluar la correcta conducción de los programas de desarrollo que le benefician o le afectan. Es necesario que en nuestro País dispongamos de un marco jurídico y práctico desde cada municipio, de medios efectivos para garantizar que los actos públicos cumplan los propósitos que la sociedad ha establecido. A la amplia libertad que existe en el País para expresar opiniones, ha de sumarse una mayor capacidad para influir en las decisiones de acuerdo con el interés de las mayorías.
Con respeto íntegro a la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios, se prevé la creación de un Consejo Ciudadano de Concertación en cada municipio.
La propuesta que se somete a la consideración del Congreso de la Unión, prevé que las legislaturas de cada estado establecerán la forma de integrar los mecanismos necesarios para su funcionamiento con la participación de los sectores público, social y privado en el seno de los Consejos Municipales de Concertación. De ser aprobada la presente iniciativa, cada Consejo que estará presidido por el correspondiente Presidente Municipal, tendrá por objeto que la formulación de los Programas Anuales de Desarrollo Municipal, puedan mantener una adecuada congruencia con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo, así como con los diversos programas de carácter sectorial, institucional, especial y regional derivados de dichos planes.
Para el mejor funcionamiento de los Consejos, se prevé que estos deberán celebrar sus reuniones en forma bimestral, lo que les permitirá dar un mejor seguimiento en la correcta evaluación de los Programas Anuales de Desarrollo Municipal.
Asimismo, se considera de especial relevancia señalar que en este Consejo Ciudadano de Concertación, de ser aprobado, corresponderá a los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, la responsabilidad de promover el desarrollo integral de su municipio, concertando con los representantes de los Gobiernos estatal y Federal, así como con las organizaciones más representativas de la sociedad civil, los apoyos que se requieran para alcanzar los objetivos y metas previstas en los Programas anuales de Desarrollo Municipal, así como la cabal atención de las prioridades municipales y el seguimiento del destino transparente de los recursos.
El funcionamiento de los mecanismos de corresponsabilidad entre la sociedad y el Sistema de gobierno en sus tres niveles, que proponemos a la consideración del Congreso de la Unión, no implica una interferencia de las facultades de las Legislaturas Estatales para la aprobación o fiscalización de las cuentas públicas municipales. Si en cambio, permitiría que no haya desfasamientos en los programas por causas de dispersión o falta de atención oportuna; por ejemplo, La oportunidad de programas carreteros y de obra pública, construcción de vivienda, aulas, calles, drenajes, caminos electrificación, etc., que son en ocasiones incompatibles con los tiempos de lluvias, o el caso de la entrega fuera de tiempo de los créditos que otorga la banca de desarrollo y fomento destinados a la producción agropecuaria que en sí ocasionan pérdidas de recursos irrecuperables en el ejercicio presupuestal que originalmente se tenía previsto para el desarrollo de cada municipio.
El objetivo principal no es el de integrar un presupuesto global pero sí el de identificar la obra pública y los recursos que en apoyo al municipio realizan y/o destinan el gobierno municipal, el estatal y el federal y tengan un seguimiento y evaluación oportuna y transparente, lo que evitará que se den por realizadas o terminadas obras que aún están inconclusas.
Lo anterior permitirá reglas claras en la asignación de responsabilidades y en el uso de los recursos, involucra a la sociedad en la solución de los problemas locales, en coordinación con el gobierno y sus representantes.
Generará confianza para que los inversionistas locales, nacionales y extranjeros promuevan todo tipo de inversiones que traerán a la vez, pequeñas y medianas empresas, lo cual redunda en la creación de fuentes de trabajo.
El Consejo Ciudadano de Concertación, permitirá dirimir y conciliar los conflictos o problemas que pudieran afectar el desarrollo municipal o regional y en algunos casos nacional. Por ejemplo, el desarrollo agropecuario, la producción de alimentos, el turismo, la operación de puertos, la contaminación, el uso del agua, el uso del crédito otorgado por la banca de desarrollo, el empleo, las obras de infraestructura urbana y rural para evitar desgracias por fenómenos climatológicos, etc.
Así por Derecho y de hecho, el Consejo Ciudadano, de Concertación sería la verdadera Contraloría social que vigile y haga contrapeso preventivamente a los representantes de las dependencias de gobierno y evitaría oportunamente, la desviación de los recursos procurando su aplicación transparente.
La transparencia en el uso de los recursos permitirá alcanzar una solución para lograr los objetivos reales y nobles de la descentralización, evitando el centralismo en capitales estatales o cabeceras municipales.
Nuestro proyecto político, económico y social como Nación nos exige crear y ampliar las condiciones para generar la riqueza que pueda tener una más equitativa distribución mediante la creación de nuevos empleos, acabando con paternalismos viciados.
Juntos Gobierno y Sociedad debemos procurar que todos los mexicanos desde cada municipio, participemos en la generación de la riqueza de que es capaz potencialmente nuestro gran País.
Esta adición que hoy proponemos a esta soberanía, es congruente respuesta a un reclamo nacional: combatir preventivamente la corrupción para que los beneficios de la descentralización lleguen a todos los pueblos y no se dispersen en beneficio de malos funcionarios. Con esta reforma haremos sistemática y permanente la rendición de cuentas de cara a la sociedad de todo el Sistema de Gobierno.
Esta propuesta es resultado de vivir intensamente una lucha junto a toda la sociedad civil de todas las afiliaciones, abstencionistas, críticos del sistema, intelectuales, medios de comunicación e interlocutores de la sociedad, por ampliar la democracia: expresión de ello es la Concertación Municipal que compromete a todos a actuar responsablemente y con sentido social en beneficio de su municipio, colonia o ranchería donde habiten y/o tengan sus bienes patrimoniales, para mejorar sus condiciones de vida, salud, educación, cultura, empleo, vivienda, energía eléctrica, agua, drenaje, pavimentación, caminos, etc.
Como consecuencia, tendremos un más fuerte federalismo, mayor confianza de la sociedad en nuestro sistema de Gobierno, mejores ciudadanos, mejores autoridades estatales y municipales sin condicionantes partidistas o de poderes fácticos municipales y/o regionales; también tendremos en cada municipio una más amplia gestión y solución a las necesidades sociales y una sociedad más consciente, convencida y comprometida con los programas de gobierno mediante su participación corresponsable ante la honesta administración de los recursos y el avance o éxito de las metas.
Es esta una adición que recoge e incorpora el gran sentido político que existe en todas y todos los mexicanos sin distingo de siglas o afiliaciones partidistas. En esta adición se reconocen con oportunidad las exigencias que la realidad demanda y mantiene dinámico el propósito estratégico de transformar positivamente la realidad en cada municipio con la aportación y participación de la sociedad civil en todos sus segmentos.
Es en el municipio, centro jurídico – territorial, económico, político, social y humano de nuestro sistema Democrático, donde se requiere con ánimo estadista y republicano, de un esfuerzo nacional, para consolidar los cambios, ampliar los mecanismos de concertación con todas las fuerzas políticas en la jurisdicción para que la participación de la sociedad, en corresponsabilidad con los representantes de los tres niveles de gobierno, sea cada vez mayor en la toma de decisiones que implican su desarrollo.
Por eso nos proponemos crear las bases para fortalecer la construcción entre Sociedad y Gobierno de una Nación más justa y democrática, más soberana y nacionalista, con la participación de todos los mexicanos. De ser aprobados por esta soberanía, los Consejos Ciudadanos de Concertación nos permitirán en el futuro inmediato contar con un eficaz instrumento para mantener el rumbo de nuestra estrategia de desarrollo, una política de amplio respeto en la relación Sociedad-Gobierno sustentada en una economía estable y con una amplia participación ciudadana en apoyo de la creación de fuentes de trabajo, en congruencia con las políticas y programas de conservación ambiental.
En estos tiempos, en que nuestro País lucha por alcanzar una estabilidad sostenida de la economía, la integración del sistema Nacional de Planeación debe darse desde la base y célula social, política y económica para definir con la participación de la sociedad, las prioridades de asignación de los recursos no sólo a los aspectos de atención a la pobreza extrema, sino también al desarrollo integral de cada municipio en que el sistema federal aplica recursos para la incorporación de servicios y elevar la producción de sus potencialidades.
Es por todos conocida la firme convicción de nuestra sociedad de no aceptar un Gobierno que la sustituya o que limite su participación; en síntesis, nuestra filosofía del Estado basada en nuestras leyes abre sus acciones a un Gobierno corresponsable junto con la sociedad en las decisiones políticas, económicas y sociales. Un Estado comprometido con la justicia social, con una mayor democracia participativa en la toma de decisiones.
Por eso reafirmamos nuestra convicción de formar parte de un Estado de Derecho en el que conduciremos el cambio en el marco de la ley.
Porque todos los mexicanos queremos una Patria libre frente al mundo, libre de corrupción, de miseria y del atraso; libre de impedimentos al ejercicio de los derechos constitucionales y libre de obstáculos a su desarrollo con estabilidad.
Queremos una Patria libre de egoísmos, envidias y mentiras en la función pública. Una patria llena de humanismo que promueva el bienestar de todos.
Por todo ello, que con el concurso de los sectores productivos se alcance el más alto interés de crear empleos y los mecanismos de transparencia en la aplicación de los recursos oficiales en los tres niveles de gobierno, para ofrecer a todos los mexicanos mejores oportunidades de vivir una vida digna con mayor libertad y justicia social.
Estamos claros que la modernización del País no está concluida, falta mucho por hacer, y en ello se necesita el consenso de todos porque todos estamos comprometidos a vivir en nuestro México con más y mejor democracia, con transparencia y rendición de cuentas para lograr más justicia social, más crecimiento, empleo y bienestar; en síntesis, más desarrollo humano con estabilidad política y económica permanente que nos permita a todos, Sociedad y Gobierno, actuar en armonía y conseguir el desarrollo respetando la Ley para beneficiar a los trabajadores del campo y la ciudad, a las clases medias, a las mujeres, a los jóvenes y a los grupos de ciudadanos que sin estar en la pobreza extrema viven en sus municipios comprometidos con su desarrollo integral que los arraiga y los motiva a aportar con orgullo un esfuerzo más para mejorar su forma y nivel de bienestar reduciendo la emigración creciente de los mexicanos.
Hoy en la modernidad, con la reforma estructural que se propone, los niveles de gobierno en corresponsabilidad con la ciudadanía buscarán en armonía la atención y la solución de las prioridades en cada municipio. En respaldo a las iniciativas locales para que los municipios sean cada vez más capaces de conducir y originar la energía y creatividad de la comunidad. Que el pueblo encuentre en los municipios el lugar donde definir sus necesidades prioritarias y también la forma de satisfacerlas.
Los Consejos Ciudadanos de Concertación que hoy proponemos ante esta soberanía, fortalecerán que los municipios sean la primera instancia legal donde se una la voluntad del pueblo con la del gobierno en realizaciones concertadas y tangibles.
Ante los grandes retos nacionales, nuestro federalismo, ligado al fortalecimiento municipal, debe delegar decisiones a los estados y a los municipios. Se trata de consolidar la democracia por medio de la descentralización y la transparencia, lo cual permitirá que México alcance un desarrollo más equilibrado entre las regiones y entre los sectores productivos y sociales.
Por ello, es necesario que ampliemos el marco jurídico de los municipios para que en consecuencia, también podamos ampliar las funciones económicas, políticas, financieras y administrativas que les permita a los municipios tener un mejor mecanismo para asumir en corresponsabilidad con la ciudadanía y en coordinación con los niveles estatal y federal, la definición de las prioridades y la transparente aplicación de los recursos disponibles para atenderlas.
Es bien sabido por todos, que los desequilibrios que genera la explosión demográfica, ante el limitado crecimiento de recursos económicos públicos para dar respuesta a las necesidades sociales, que naturalmente implica, no podrán ser superados si no fortalecemos a nuestros municipios para que sean fuertes, capaces y productivos, no podremos alcanzar un desarrollo regional que atenúe los flujos migratorios de los ya congestionados centros urbanos y hacia otros países.
No habrá en el corto ni en el largo plazo ciudades con suficientes y eficientes servicios si no corregimos la inercia de la macrópolis que ya de suyo venimos enfrentando, sin alcanzar a dar una satisfacción suficiente de las necesidades básicas. Ya no podemos permitir que en las ciudades aumenten los centros de miseria, sin intentar siquiera cambiar la inercia de la expulsión demográfica del campo a las ciudades.
Es urgente llevar a cabo un fortalecimiento de los municipios; en primer término, respaldando a la voluntad popular con voluntad política para que la definición de prioridades y aplicación transparente de los recursos en cada programa destinado a elevar su producción y su desarrollo integral, es decir, que surjan de los propios ciudadanos en los municipios las más importantes decisiones que los beneficien, reconociendo su conformación heterogénea y diversa y sin perder la unidad en los rasgos esenciales que los distinguen.
En segundo término, reforzando la formación de mecanismos de coordinación financiera y administrativa con los otros dos niveles de gobierno, que respeten las capacidades peculiares que distinguen a cada municipio y además incluya con claridad el papel de las organizaciones sociales que le dan sentido a la democracia municipal.
Sabedores de que las inercias de la burocracia han generado ineficiencias administrativas en las distintas instancias de la administración pública es determinante respetar y ampliar el reconocimiento a la democracia representativa, para que sea sustento legal y respetado, y se convierta cada vez más en una práctica legal, natural y cotidiana con el fin de que la comunidad organizada participe en la definición, seguimiento de la ejecución y control de las decisiones que afecten su vida.
Así los Consejos Ciudadanos de Concertación serán el instrumento dentro de un marco reglamentario para el fortalecimiento de la Transparencia y el municipio proponiendo a los gobiernos estatales la adecuación de sus normas administrativas, que dentro de la Planeación Democrática permitirá que los ciudadanos de cada municipio conozcan las obras municipales, estatales y federales que se llevarán a cabo en su jurisdicción. Este será un punto básico que permitirá no sólo el mejor desempeño del servicio público en los municipios, sino que será el mecanismo de retroalimentación tan indispensable que la Federación necesita en la evaluación de la función pública en sus tres niveles para una mayor fuerza de nuestro Pacto Federal que se signifique en la fortaleza de nuestra soberanía.
Es una firme convicción de los mexicanos, que el Gobierno dé respuesta a un reclamo ciudadano: que la corrupción no influya en las decisiones de funcionarios públicos que definan políticas públicas para el desarrollo municipal.
Es por ello, que juntos Federación, estados y municipios podremos convertir a la participación corresponsable de la ciudadanía en un verdadero Activo Social; en una gran vertiente de la política que se traduce en democracia al reasignar responsabilidades y recursos, lo que significa redistribuir el poder de decisión para la atención de sus prioridades.
Para redistribuir el poder de decisión, se requiere que los estados se propongan más que conducir el desarrollo, avanzar en el fortalecimiento de los municipios. La consecución de este objetivo exige alcanzar logros en la transparencia en el origen y destino de los recursos públicos, en la transferencia de funciones administrativas y de procesos más acabados de decisión que los podremos lograr con la puesta en marcha de los Consejos Ciudadanos de Concertación.
Condicionante de nuestro desarrollo ha sido el centralismo mismo que se ha contraído con la apertura a la participación de la sociedad en un proceso gradual como lo demuestra la Reforma del Estado, pero hoy es necesario redistribuir también las atribuciones relacionadas con la producción y el desarrollo integral, contrarrestar el centralismo burocrático con la colaboración de todos los sectores sociales y económicos, dando vigor a nuestra concepción mexicana de federalismo.
Afirmamos que en coordinación con los estados, es necesario establecer metas específicas y vigilar su cumplimiento, revitalizando el acuerdo en lo fundamental de nuestra Constitución Política, mediante la concertación de acuerdos y formulación de compromisos sociales que en las regiones y municipios atiendan adecuadamente las demandas de la sociedad.
Esto lo podremos conseguir con los instrumentos jurídicos y prácticos, en que juntos sociedad y gobierno en sus tres niveles habrá de convertir a los Consejos Ciudadanos de Concertación, mismos que nos permitirán poner cifras y tiempos de entrega en los acuerdos con las organizaciones sociales en cada municipio para conjuntar los de cada entidad que conforman el universo federal.
Estamos ciertos que al perfeccionar los instrumentos para coordinar la corresponsabilidad entre Sociedad y Gobierno, la acción pública se verá aceptada en programas útiles y tangibles apoyados y avalados por los directamente beneficiarios de los mismos o su disentimiento oportuno que nos evitará dispersión de los escasos recursos y actos de corrupción.
La participación de los mexicanos para combatir preventivamente la corrupción es un reclamo social que hemos escuchado a lo largo de nuestro país. Con la aprobación de esta soberanía los Consejos Ciudadanos de Concertación podrán ser los instrumentos que permitan identificar y proponer soluciones eficaces a las prioridades municipales que forman el conjunto de prioridades estatales, lo cual retroalimentará a la Federación evitando la selección de obras desarticuladas de la realidad social o que pudieran responder a intereses de terceros.
El establecimiento de los Consejos Ciudadanos de Concertación en el marco de la adición al Artículo 115 Constitucional que proponemos ante esta soberanía, será un gran paso para apoyar a los Ayuntamientos a enfrentar con mejores instrumentos jurídicos y prácticos la prestación de servicios públicos en coordinación y con el apoyo de las Dependencias Federales, estatales y en corresponsabilidad con la sociedad de cada municipio.
En este orden de ideas, los municipios estarán mejor preparados para asumir en definitiva la conducción de su propio desarrollo. Ayudando a que con madurez y en el marco de la ley, en la primera instancia del gobierno se viva la democracia representativa y participativa para la solución de muchos de los problemas mas sentidos del país, ejerciendo una aplicación transparente de los recursos del Sistema de Gobierno en sus tres niveles.
El espíritu de esa reforma estructural que se propone, es crear los instrumentos legales que permitan una solución y responder insoslayablemente al legítimo reclamo ciudadano de que la política económica adopte modalidades de ejecución municipal y que sea una realidad el combate preventivo de la corrupción en México, en sus tres niveles de gobierno.
En apoyo al espíritu contenido en esta propuesta es impostergable reformar nuestra Carta Magna, modificar las estructuras sectoriales para que estén en condiciones de responder a las necesidades de cada entidad partiendo de la concertación desde el nivel municipal.
A esto convocamos, a todos los partidos políticos, a trabajar juntos para modificar las Leyes Orgánicas y Reglamentarias correspondientes a efecto de que las de las Secretarías de Estado, Dependencias y Organismos se modifiquen y faculten a sus delegaciones y oficinas representativas en apoyo al buen funcionamiento de los Consejos Ciudadanos de Concertación, que impulsarán no sólo aspectos administrativos de la función pública en los municipios, sino también incorporarán aspectos productivos con una transparente aplicación de los recursos económicos, humanos y materiales para su desarrollo integral.
Prioridad nacional del presente y del futuro es que México recobre la dinámica de la actividad productiva, debemos continuar la descentralización, pero no meramente administrativa, sino la que pasa por la democracia representativa y participativa y acerca las decisiones a los ciudadanos, no sólo en los aspectos electorales o de programas especiales, sino en los distintos sectores de la producción y de la obra pública para fortalecer e impulsar al desarrollo integral de los municipios.
Este nuevo instrumento de participación ciudadana que proponemos, de ser aprobado, será el eje fundamental en lo político, económico y social para que la función del Estado alcance una reforma estructural desde la célula básica de su organización. Es por eso que sabedores que la gran tarea que tenemos enfrente, tenemos que crear un marco jurídico para la corresponsabilidad que la sociedad asumirá en esta lucha por recuperar la dinámica del crecimiento económico y una equitativa distribución de la riqueza nacional, se mantenga en armonía, con un manejo transparente de los recursos públicos para el desarrollo de la Nación.
La escasez de recursos económicos es un obstáculo muy concreto. Es por eso que valoramos la participación ciudadana como básica, para lograr el bienestar social. La corresponsabilidad entre sociedad y gobierno en los Consejos Ciudadanos de Concertación, será une efectivo contrapeso que anulará la discrecionalidad, la corrupción, la impunidad, así como la dispersión de recursos y, la desviación o el atraso injustificado de obras y programas que posteriormente tienen un costo elevado fuera de presupuesto y un consecuente impacto negativo en la función del gobierno, sea federal, estatal o municipal.
Los Consejos Ciudadanos de Concertación serán instrumentos eficaces en atención directa a las demandas de la sociedad para lograr juntos, Sociedad y Gobierno, empresas y trabajadores de todos los sectores productivos, una más equitativa generación y distribución del ingreso, una más amplia y efectiva posibilidad de llevar un justo reparto de riqueza desde los municipios, que genere más y mejores empleos y desarrollo de las potencialidades regionales, más expedita justicia social porque con la aplicación mas transparente de los recursos públicos, con una participación corresponsable de la sociedad, tendremos más calidad y oportunidad en la obra política y en la obra pública para elevar nuestros niveles de educación, comunicaciones, caminos, drenaje, uso del agua, salud, vivienda, alimentos a mejores precios y de calidad; una sana convivencia social y un fortalecimiento de la democracia política y económica para enriquecer y reforzar nuestra soberanía, nuestro desarrollo político, económico, social y humano, sustentado en un crecimiento armónico y sostenido de los principales indicadores de desarrollo, que sin duda alguna se traducirá en un combate preventivo, efectivo, sistemático y estratégico de la corrupción, la dispersión y la pobreza extrema.
El avance del proceso de construcción democrática en que hoy México se encuentra, nos compromete a transitar dentro de la Ley y fortalecer las instituciones para consolidarla en lo político, en lo económico, en lo social y en lo humano, contando con la alianza de la sociedad, para alcanzar mejores resultados con transparencia en la función pública municipal, estatal y federal.
Por lo anteriormente expuesto con fundamento en la Fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 57, 58 y demás aplicables al Reglamento para el Gobierno Interior del congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo dispuesto por el Artículo 135 de la propia constitución General de la República, nos permitimos someter a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la presente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION IX DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ARTICULO UNICO.- Se adiciona la fracción IX del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Articulo 115.-......................................................................................A VIII......................................................................................
IX. En cada municipio habrá un Consejo Ciudadano de Concertación, en el que participarán los sectores público, social y privado de conformidad con lo que establezcan las Legislaturas Locales. Cada Consejo estará presidido por el Presidente Municipal y Tendrá por objeto, participar en la formulación de los Programas Anuales de Desarrollo Municipal, procurando mantener congruencia con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo y con los programas derivados de éstos.
Para ello, los Consejos Ciudadanos de Concertación tienen facultades para participar en el diseño de las políticas públicas del desarrollo municipal y los propios programas federales y estatales, en sus respectivas áreas de jurisdicción, por lo que deberán conocer e informar a la sociedad, en su primera sesión, las cantidades de recursos públicos que el sistema de gobierno en sus niveles, federal, estatal y municipal destina anualmente para impulsar las potencialidades de crecimiento o desarrollo y/o subsidiar las limitaciones del respectivo municipio.
Sus reuniones deberán tener una periodicidad bimestral, como plazo máximo, para la correcta evaluación de los Programas Anuales de Desarrollo Municipal.
Los Consejos Ciudadanos de Concertación se integrarán en forma participativa en los términos que determinen las legislaturas locales, de conformidad con las siguientes bases:
a). Establecerán las funciones que correspondan a los propios Consejos respecto a la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o realización de acciones de desarrollo económico y social.
b). Establecerán los mecanismos de coordinación y concertación que permitan una adecuada supervisión y preventivo control de los recursos destinados a la inversión productiva y del cumplimiento de los programas.
c). Señalarán las reglas para la regulación conjunta y coordinada de desarrollo de los municipios dentro del mismo estado y en las zonas conurbadas.
En apoyo al buen funcionamiento de los Consejos Ciudadanos de Concertación, los Ayuntamientos serán responsables de promover el desarrollo integral de su municipio, concertando con los representantes de las dependencias y entidades de los gobiernos estatal y federal, así como con las organizaciones más representativas de la sociedad civil, los apoyos necesarios para el logro de los programas correspondientes, el estímulo de la producción, la atención de las prioridades municipales y el seguimiento del origen y destino transparente de los recursos.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados en el plazo de un año computado a partir de la vigencia de este Decreto, procederán a reformar y adicionar las leyes federales así como las Constituciones y leyes locales, respectivamente, para proveer el debido cumplimiento de las bases que se contiene en el mismo.
Reitero a ustedes CC. Secretarios las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
SUFRAGIO EFECTIVO. No-REELECCION.
México, D. F., a los ........ días del mes de .......... del 2007.
Señor presidente. Por el bien de México, de usted y de su familia, evite ser un Presidente Mediocre.
En México, nos URGE un Presidente que no sea corrupto
Señor Presidente
Si de verdad quiere anular la mediocridad en su mandato
Asuma el liderazgo en el Combate Preventivo de la Corrupción
En espera de su atenta y digna respuesta, espero que no evada la invitación que le hago respetuosamente para acabar con la mediocridad y la corrupción en nuestro amado México.
VEREMOS…
