Los recientes conflictos internacionales del presidente de Venezuela tienen su origen en distintas razones que marcan diferentes contradicciones. Por un lado, el presidente Hugo Chávez reclama a los representantes del gobierno español las intervenciones en su contra en un fallido golpe de estado, según Chávez, orquestado desde la embajada española en años recientes. En el actual conflicto surgido con el gobierno de Colombia, aparece la figura de Chávez exigiendo reconocimiento a su permanencia como negociador de un conflicto interno colombiano, en el cual el presidente Álvaro Uribe, desautoriza la participación del mismo Chávez por dudar que actúe con la imparcialidad que valora conveniente para lograr la paz y no un escalamiento del conflicto.
Pero la visión intervencionista del presidente de Venezuela Hugo Chávez en contra de México, aparece muy precisa en documentos oficiales que a continuación les comento.
La preocupación del mexicano Ricardo Medina Macías sobre la posible intromisión del gobierno de Hugo Chávez en México debe interesarnos a todos. Después de confirmar en la red de Internet las fuentes de información que refiere, creo interesante que quede registro en este modesto espacio y para la posible difusión en todos los niveles de gobierno y regiones del país, de que el conflicto entre Venezuela y Colombia, puede alcanzar a México. Veamos qué antecedentes existen:
El Presidente de Venezuela Hugo Chávez en su documento llamado “LÍNEAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA NACIÓN 2007-2013”, firmado y fechado en Caracas, Venezuela en Septiembre de 2007, que puede consultarse en
http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias-view/shareFile/lineas_generales_de_la_nacion.pdf, va más lejos de lo que creemos en su decisión de intervenir en la política mexicana.
Veamos. En el apartado llamado “Áreas de Interés Geoestratégicas”, se afirma que: “Son zonas geográficas definidas de acuerdo al interés estratégico nacional, tomando en consideración las características, el nivel de las relaciones y la afinidad política existente, con la finalidad de orientar la política exterior venezolana en función de la construcción de nuevos polos de poder”.
“i. América Latina y el Caribe. Se propone la consecución de los siguientes objetivos:
i. Participar en la construcción del nuevo MERCOSUR hacia la conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, sobre la base de evaluación, revisión y reorientación de los contenidos de la integración.
ii. Consolidación del eje de liderazgo Cuba –Venezuela -Bolivia para impulsar el ALBA como alternativa a ALCA y a los TLC.
iii. Fortalecer el esquema de integración suramericana, a través de la Comunidad Suramericana de Naciones, ampliando y consolidando las relaciones políticas, económicas y culturales en general con el Caribe. Entre los aportes del país para la cooperación y la complementación, están las experiencias transitadas en el combate a la pobreza y la inclusión social.
iv. Fortalecer los movimientos alternativos en Centroamérica y México en la búsqueda del desprendimiento del dominio imperial.
v. Neutralizar la acción del imperio fortaleciendo la solidaridad y la opinión pública de los movimientos sociales organizados.
vi. Fortalecer la alianza Venezuela, Suramérica y el Caribe.”
…
Esto nos dice don Ricardo Medina Macías:
“Habiendo tantos defensores vehementes de la soberanía de México, me pregunto por qué nadie ha dicho una palabra respecto del propósito explícito del gobierno de Hugo Chávez —plasmado en su plan de desarrollo 2007-2013— de “fortalecer los movimientos alternativos en Centroamérica y México en la búsqueda del desprendimiento del dominio imperial”. Aquí, en China o en Venezuela eso se llama injerencia. Y hasta donde me quedé, la Constitución y las leyes mexicanas son enfáticas: condenamos y no permitimos la intromisión de gobiernos extranjeros en nuestra política interna. Pero nadie dice nada, nadie hace nada… estamos muy ocupados —envueltos en la bandera nacional— buscando cómo prohibimos la inversión extranjera en telefonía fija, cómo controlamos los contenidos políticos en los medios de comunicación, cómo evitamos la entrada de maíz extranjero más barato, cómo protegemos a industrias y productores ineficientes y abusivos de la “perniciosa” competencia y de los “peligros” de la globalización, cómo ideamos trabas a la apertura comercial…
Lo leí en la columna de Andrés Oppenheimer y no lo podía creer. Pero es cierto. Es un documento oficial del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Es el equivalente venezolano al Plan Nacional de Desarrollo de México. Se llama “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013” y puede leerse en el sitio oficial del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información: http://www.minci.gob.ve , está fechado en Caracas, septiembre de 2007, y está firmado por el “Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías”. Se divide en siete grandes “directrices”: 1. Nueva Ética Socialista, 2. La Suprema Felicidad Social, 3. Democracia Protagónica y Revolucionaria, 4. Modelo Productivo Socialista, 5. Nueva Geopolítica Nacional, 6. Venezuela, Potencia Energética Mundial y 7. Nueva Geopolítica Internacional.
En esa última directriz, que se propone crear “nuevos polos de poder que representen el quiebre de la hegemonía unipolar”, entran los buenos propósitos de Hugo Chávez para México y dice así: “Fortalecer los movimientos alternativos en Centroamérica y México en la búsqueda del desprendimiento del dominio imperial”. ¿Qué parte de ese propósito imperialista e intervencionista no entendieron nuestros vehementes defensores de la soberanía para que se las explique?
Hasta aquí el comentario de don Ricardo Medina Macías.
Inevitablemente estaremos atentos a las reacciones de gobernantes y Legisladores federales principalmente, sin descartar posibles pronunciamientos de gobernantes y legisladores locales.
¿El presente del país en manos de corruptos?
La afirmación del presidente Calderón de que: “El futuro del país no quedará en manos de criminales”, al encabezar la ceremonia con motivo de la entrega de condecoraciones de perseverancia, mérito deportivo y ascensos a elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, el pasado 20 de los corrientes, motiva a reflexionar que para llevar a cabo tal propósito, es obligado, arrancar al país en el presente, de las manos de los corruptos.
En un comunicado de prensa la organización no gubernamental FUNDAR, informa que El Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria tiene como objetivos el análisis y evaluación del grado de transparencia en los procesos presupuestarios en organizaciones en países de América Latina, bajo la premisa de que esto permitirá el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la consolidación del Estado de derecho y la articulación de canales efectivos de comunicación y retroalimentación entre la sociedad y sus gobernantes.
En 2007 participaron 15 organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas en diez países de la región: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.
El citado informe del pasado 21 de noviembre se presentó simultáneamente en 10 países el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2007. En esta evaluación, México disminuyó su calificación respecto de 2005, ubicándose en 50 puntos. Se ubica así a la zaga de los países con mejores prácticas, en cuarto lugar entre los nueve países evaluados, detrás de Guatemala, Perú y Costa Rica.
En México, a pesar de que el marco legal es prácticamente el mismo o ha mejorado, la confianza declina. Los aspectos críticos son la ausencia de mecanismos para promover la participación ciudadana, la falta de contrapeso del poder Legislativo en las decisiones de modificación del presupuesto durante el ejercicio –especialmente a la luz del elevado monto de ingresos excedentes, que han permitido al Ejecutivo federal contar con cientos de miles de millones adicionales y una creciente falta de confianza en el órgano de control interno (la Secretaría de la Función Pública), que se puede explicar en parte por la falta de acciones concretas de combate a la corrupción y en parte por el limitado marco legal con el que opera, y el hecho de que sus facultades legales de sanción directa son limitadas.
Los tres países en los que se realiza el ejercicio por primera vez están mal o muy mal evaluados: Venezuela con 33 puntos, Ecuador 40 y Bolivia 42. Destaca especialmente Venezuela, por estar tan lejos del resto de los países, y de la media. Colombia con 38 puntos, es el segundo país peor evaluado, tras registrar una caída de 20 puntos.
Costa Rica, en contraste, obtuvo 67 puntos en la calificación general, obteniendo así la única calificación aprobatoria. Guatemala, a pesar de haber subido también 7 puntos, sólo llega a los 50. Nicaragua y Perú se mantienen estables.
“La ciudadanía no confía en sus procesos presupuestarios, y a cuatro ediciones del estudio las brechas entre países persisten” comentó Jorge Romero León, Director Ejecutivo de Fundar, organización civil que ha coordinado el estudio desde su primera edición en 2001. Señaló que “hay países en los que no hay indicios de cambio, o bien persiste la desconfianza. Ello sugiere la falta de voluntad política por parte de los gobiernos con las calificaciones más bajas para llevar a cabo acciones estructurales e institucionales concretas encaminadas a abrir los procesos presupuestarios.”
Según el estudio los principales retos de estos países son: abrir más espacios para la participación ciudadana en el establecimiento de prioridades y en el reflejo de éstas en los presupuestos; mejorar las condiciones de control presupuestario, ya que en general las contralorías internas son percibidas como organismos poco confiables en la mayor parte de los países (contrasta la persistente mejor evaluación de los órganos de control externo); ampliar el detalle y mejorar la calidad de la información presupuestaria, y garantizar que ésta se presente de manera oportuna.
Las áreas más transparentes a nivel regional son la presentación de supuestos macroeconómicos en el proyecto de presupuesto del Ejecutivo; las atribuciones del Poder Legislativo en la aprobación del presupuesto; y la capacidad de incidencia del legislativo en los cambios realizados durante el ejercicio de recursos. A pesar de ello, es de destacar que las calificaciones en la mayor parte de los países son consistentemente reprobatorias.
En México, en especial, destaca la confianza en la Auditoría Superior de la Federación, que registró un avance positivo de 17 puntos porcentuales con relación al año 2005. Cabe observar que el responsable de esta dependencia, Arturo González de Aragón, ha sido cuestionado por tener conflicto de intereses en el desempeño de su trabajo y ha quedado en entredicho en distintos momentos y casos especiales de investigación. En contraste, la confianza en la Secretaría de la Función Pública registró un decremento de 10 puntos porcentuales y falta que se actualice la evaluación en el primer año de gobierno en el cual ya lleva dos titulares, sin grandes logros.
La evaluación de las leyes de acceso a la información, en función de su aportación a las condiciones de transparencia presupuestaria, va de 14 a 43 por ciento. Esto quiere decir que las leyes de acceso a la información no bastan para mejorar la valoración de las condiciones de transparencia presupuestaria, ya sea porque no garantizan acceso oportuno, o bien porque no establecen por sí solas, donde existen, mejores condiciones de sanción ni incentivos para promover la participación o mejorar los procesos de control. En México la evaluación de la ley de acceso es de 37 por ciento.
A propósito de la corrupción en PEMEX y la referencia que se hace del Senador Juan Bueno Torio, el destacado comentarista de El Universal Roberto Rock L. nos comparte, en su columna “Expedientes abiertos” del pasado 19 de noviembre de 2007
“El tesoro de la familia”
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Nadie en Petróleos Mexicanos sabe quién acuñó la frase. Se le atribuye al ex director Raúl Muñoz Leos, pero éste niega su autoría. Sin embargo, “El tesoro de la familia” fue la figura creada para aludir a la construcción de un patrimonio clandestino de la familia Fox, alimentado por la asignación de contratos a empresas cercanas a Los Pinos.
Datos aportados a este espacio permiten confirmar que el eje más evidente de esta operación en Pemex fue el actual senador panista Juan Bueno Torio, designado en enero de 2003 director de Pemex Refinación por órdenes presidenciales, transmitidas a Muñoz Leos por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Ramón Muñoz.
Bueno Torio fue removido a finales de 2005, cuando tanto el entonces director de Pemex, Luis Ramírez Corzo, como los secretarios de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y de la Función Pública, Eduardo Romero, exhibieron a Fox pruebas contundentes, que eventualmente habían sido verificadas por el entonces director del Cisen y actual procurador de la República, Eduardo Medina Mora. Bueno Torio fue arropado después por el PAN y tuvo bajo perfil durante meses, hasta que fue lanzado como candidato a senador por Veracruz, cargo que detenta actualmente.
Pero datos en control de esta columna revelan que la nómina de los constructores del “tesoro de la familia” incluyó a los abogados Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia; a miembros de la familia Fox, como José Luis Fox, e incluso a parientes de Lilian de la Concha, primera esposa del ex presidente Vicente Fox.
Un recuento al que se tuvo acceso de la agenda personal desahogada por el ex director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, da cuenta de que José Luis Fox se reunió en privado con aquél al menos en seis ocasiones distintas, presumiblemente para promover negocios diversos. Fuentes cercanas a Muñoz Leos confirmaron estas reuniones y que durante las mismas se habló de negocios, pero aseguraron que de las mismas no se derivó ningún tipo de acuerdo concreto.
José Luis Salas Cacho, un político-empresario de larga trayectoria en el PAN —quien dice haber sido el “cerebro” de la campaña foxista en el 2000—, aparente conexión entre los capitales regiomontanos y la asignación de negocios desde el gobierno, aprovechó a conciencia un modesto cargo de asesor externo de la Dirección General de Pemex para sostener reuniones privadas, girar órdenes, presionar e incluso amenazar a funcionarios altos y medios en la paraestatal.
Salas Cacho es hoy miembro del Consejo de Administración de la empresa naviera TMM, propiedad de la familia Serrano, una corporación que ha sido capaz de extender su influencia entre apellidos claves tanto del PRI como del PAN. En este último caso es público el acercamiento durante el pasado sexenio con Marta Sahagún, con José Luis Fox y su esposa, Luz María Lozano Fuentes.
Un reporte obtenido por solicitud de acceso a la información revela que Pemex Refinación otorgó a TMM, entre 2000 y 2007, contratos por más de 219 millones de dólares; los más cuantiosos, durante la gestión de Bueno Torio. En ese mismo periodo, la compañía PMI obtuvo contratos por apenas 128 millones de dólares, pese a ser filial de Pemex mismo.
Funcionarios de la entidad y empresarios competidores de TMM dieron testimonio a este espacio sobre cómo Diego Fernández de Cevallos ejerció presiones para que dicha compañía recibiera más contratos e incluso que licitaciones perdidas fueran canceladas para ser reasignadas en favor de la primera.
Otra empresa privilegiada fue Mexlub, producto de una singular sociedad en la que Pemex tiene 49% y su socio, el señor Salvador Martínez Garza, posee 51%, lo que le da derecho a controlar la administración de la compañía, un virtual monopolio en la distribución de lubricantes en las gasolineras de todo el país.
En 2005, al iniciarse el último tramo de la administración foxista y con Luis Ramírez Corzo en la dirección de la paraestatal se inicia un proceso judicial en contra de Mexlub, por presunta administración fraudulenta, pues nunca ha presentado cuentas del manejo de la supuesta sociedad. Una docena de demandas fueron a dar a los juzgados. Bueno Torio; el entonces secretario de Energía, Fernando Canales Clariond; abogados como Antonio Lozano Gracia, y al menos uno de los empresarios favoritos del régimen, se ofrecieron como intermediarios en busca de una solución amistosa, imposible de lograr salvo componenda de por medio. El sexenio terminó sin arreglo, y al parecer así sigue.
Información disponible arroja evidencias de que Bueno Torio no sólo fue un leal colaborador de estas causas, sino que también vio por los suyos.
Quien conversa con directivos o con líderes gremiales de Pemex se topa pronto con dos escándalos ligados entre sí. El primero habla de una concesión otorgada por Bueno Torio al señor Juan Antonio Beltrán Mata para la distribución de lubricantes en el noreste del país, específicamente en Tamaulipas. Su socio es el señor Luis Bueno Torio, hermano de nuestro personaje de hoy.
Singularmente, en Tamaulipas, y precisamente en Tampico, autoridades federales y de Pemex investigan desde hace años el tráfico ilegal de combustibles, incluso adulterados. En la paraestatal se asegura que con Bueno Torio se logró desviar la atención hacia la supuesta “ordeña” de ductos, cuando el robo real de combustibles se basa en el nulo control de los volúmenes que las refinerías entregan a las 77 terminales de almacenamiento en todo el país.
El señor Beltrán Mata, quien preside una organización de distribuidores de lubricantes, demandó a Pemex por 288 millones de pesos, en un caso donde la contraparte era la oficina de Bueno Torio. ¿Quién cree usted que ganó el juicio? Adivinó.
Esta historia exhibe mucho mayor calado, y ameritará nuevos acercamientos. Quede hasta ahí por ahora, como un expediente abierto.
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La migración sigue creciendo…la corrupción la sigue impulsando
Mientras tanto, el destino de millones de mexicanos de ambos géneros, estará en emigrar a otros países como lo reconoce el Consejo Nacional de Población (CONAPO) organismo del gobierno federal mexicano que reconoce que: “continuará medio millón de mexicanos migrando a EU anualmente”.
Dicho flujo se mantendrá en los próximos 15 años, señaló Elena Zúñiga, al anunciar la puesta en marcha del Observatorio de la Migración Internacional. México. El Consejo Nacional de Población aseguró este domingo que durante los próximos 15 años se mantendrá el nivel actual de medio millón de mexicanos emigrando anualmente hacia Estados Unidos en busca de trabajo.
Las cifras oficiales señalan que, hasta 2005, el número de mexicanos residentes en el país vecino superaba los 11 millones, o sea, casi el 10 por ciento de la población total de la nación y el 3.7 por ciento de la estadounidense.
La secretaria general del Consejo, Elena Zúñiga, destacó esos datos al hablar en la reunión de enlace con las entidades federativas vinculadas con el tema, donde se anunció la puesta en marcha de un Observatorio de la Migración Internacional.
Durante las últimas semanas, la represión contra los emigrantes por parte de las autoridades estadounidenses constituyó preocupación de todo el país ante las denuncias de los encarcelamientos y atropellos contra mexicanos indocumentados.
De acuerdo con una investigación realizada por la Universidad Veracruzana, se descubrió que gran parte de la alta migración de cortadores de caña que se registra en Veracruz es debido a la corrupción en el manejo de los apoyos económicos.
El coordinador del proyecto del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Carlos Garrido, reveló que la corrupción de autoridades estatales y federales es el principal detonante de la migración de agricultores del sector cañero.
Parte de la investigación se basó en la realización de más de 2 mil encuestas en las regiones cañeras de del norte (Martínez de la Torre, Tempoal), centro (Córdoba, Yanga, Potrero, Cuitláhuac), zona costera (Cardel, Úrsulo Galván, Actopan) y zona sur (Cosamaloapan, Carrillo Puerto, Chacaltianguis), donde se generan más de 100 mil empleos directos y más de 50 mil indirectos.
Según los primeros resultados del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial 2007, este problema se presenta en municipios con actividades eminentemente rurales, entre ellos los cañeros. De acuerdo con del Consejo Nacional de Población (Conapo), cada año se tiene una migración de 70 mil veracruzanos que se concentran en Chicago, Los Ángeles, Austin, Houston y Nueva York.
¿Habrá conflicto entre Venezuela y México?
¿La corrupción en el pasado, en el presente y en el futuro, seguirá dominando la política en México?
¿La emigración seguirá creciendo por la corrupción dominante?
VEREMOS…
