¿Políticos Fantoches…?

Debe ser preventiva la participación de la sociedad
Promete AMLO abatir corrupción. Asegura que frenará a 'políticos fantoches'
El fracaso económico de Fox

reynaldocastromelgarejo@hotmail.com

"Vamos a mandar muy lejos a los políticos fantoches, prepotentes, mediocres y ladrones, que tanto daño le han hecho a nuestro país" AMLO.

Sin importar nuestras preferencias electorales, la semana próxima, tendremos nuevo Presidente de la República, seguramente esta frase, puede quedar como gran referente o como un apunte para el olvido.

Sin embargo, quienquiera que sea el que gane la elección del 2 de julio, no podrá ignorar la realidad del hartazgo que existe en la sociedad mexicana por la mediocridad y corrupción en la mayoría de los políticos de todos los partidos.

Ante la manipulación política y criminal de los problemas sociales, ante la denunciada manipulación de los observadores electorales; ante la inseguridad para pobres y ricos; ante la agresión y violencia para empresarios y empleados; ante la creciente pobreza extrema y miseria en trabajadores, campesinos e indígenas de todas las etnias; ante el sufrimiento de padres y madres de familia por la falta de oportunidades para sus hijas e hijos en universidades y escuelas públicas; ante la creciente emigración y desintegración familiar por necesidades de sobrevivencia o mejorar el bienestar personal y familiar; ante carencias graves en programas de salud pública; ante tanta injusticia en la procuración e impartición de Justicia; ante crímenes ordenados por autoridades o exautoridades municipales, como en Coyutla, Minatitlan, las Choapas y en otros municipios de Veracruz y todo México; ante gobernantes que en lugar de gobernar administran los graves problemas de su responsabilidad y flotan en medio de charcos de sangre y delincuencia, como sucede en Veracruz, Tamaulipas, Yucatán, Michoacán, Baja California, Guerrero y otros estados; ante una elevada cantidad de políticos fantoches que presumen de talento y ante la responsabilidad de apoyar a su jefe, informándole incluso que está equivocado, prefieren flotar para seguir sobreviviendo en el puesto negociado.

El ejemplo de Oaxaca, no tiene desperdicio, nadie advirtió a su jefe de la torpeza de usar la fuerza pública en contra de los maestros.

En Veracruz, las advertencias y recomendaciones de su jefe, de que ya no chillen y se pongan a trabajar, son contundentes. Los excesos de varios colaboradores de primer nivel son inaceptables; el caso de Reynaldo Escobar Pérez, es rechazado por propios y extraños y extrañamente permitido por el gobernador.

Ante la inevitable expresión de la condición humana en los políticos fantoches de Veracruz y de México, de todos los partidos políticos en los que se encuentran, que cifran su actuar en la ambición de otro puesto en el futuro inmediato, en lugar de cumplir a cabalidad el que ahora desempeñan y los daños a la sociedad, no les interesan.

Ante una creciente corrupción en el uso de los recursos públicos en los municipios, estados y la federación, una evasión fiscal que rebasó los 730mil millones de pesos en el año 2005, el tráfico de influencias, la cadena de complicidades y tanta impunidad; la presencia de ciudadanos distinguidos y representantes de la iglesia católica para aportar soluciones al conflicto magisterial en Oaxaca, es un apunte mínimo de lo que debe ser la participación de la sociedad, de los ciudadanos en la atención y solución de los problemas que afectan o las posibles soluciones que beneficien a la población en general; es inevitable pensar que la estructura municipal tendrá que ser respetada para dar contexto a la participación ciudadana con una clara y legal participación preventiva.

Por ello llama la atención que funcionarios de la Junta Local del IFE, a cargo de Carlos Fabián Flores Lomán excluya a observadores electorales para los comicios federales del próximo domingo, como lo denunció el experimentado observador electoral y director general del programa “Observación Electoral”, José Luis Mancilla Martínez. Publicándose en distintos medios locales, electrónicos e impresos.

Entrevistado, por Marcha, el también presidente de la asociación civil “Ambiente, Vida y Equilibrio” acusó que los integrantes de esta agrupación quedaron excluidos de la elección del dos de julio, pues no fueron acreditados para participar en ese ejercicio democrático.

Y es que externó que pese a que cumplieron con los requisitos dispuestos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), la Junta Local del IFE no acreditó a los miembros de “Ambiente, Vida y Equilibrio” para participar como observadores electorales en el próximo proceso federal electoral.

Esto --dijo-- contrapone lo que establece el Cofipe en su artículo quinto, dejándolos excluidos de la observación electoral a pesar de haber presentado en tiempo y forma (con fecha 10 de mayo del año en curso) la solicitud de registro y acreditación bajo la figura de observadores electorales.

Mancilla Martínez recordó que en anteriores procesos electorales esta agrupación participó con más de 300 activos como observadores electorales y a diferencia de aquellas ocasiones, agregó, esta vez sólo lo harán 26.

En ese sentido, señaló que la Junta Local del IFE en todo momento mostró cerrazón a esa petición y faltó a los formas de notificación para exponer las causas del por qué no podían participar como observadores el dos de julio.

“En primera instancia, 58 miembros a través de la presidencia de la agrupación expusimos la inquietud de participar como observadores electorales, cumpliendo con lo que mandata el Cofipe y con todos los requisitos; sin embargo, se nos negó la participación”, dijo y continuó: “entregamos nuestras solicitudes a tiempo y teníamos para subsanar cualquier faltante de documentos o firmas hasta el 31 de mayo. Empero, la autoridad electoral local nos notificó de algunos requisitos que nos faltaban hasta el 15 de junio, lo que nos dejó sin posibilidad de subsanar antes del término”.

Y es que, añadió, según el IFE “28 de los 56 que buscábamos acreditar en primera instancia no reunían todos los requisitos que señala el resolutivo CG193/2005 (…) nos lo notificaron en un documento fechado el 22 de mayo, pero que nos fue entregado hasta el 15 de junio”.

De allí que Carlos Fabián Flores Lomán violentó el Cofipe, toda vez que nos imposibilitó subsanar algunos requisitos que no se habían cumplido, acusó el presidente de “Observador Electoral”.
Asimismo, denunció otros “bloqueos” de parte de la Junta Local del IFE, quien a destiempo entregó información relativa a la actual distritación federal para el Estado de Veracruz, así como ejemplares del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales Federales (Cofipe) a fin de proporcionárselos a los capacitadores de la citada asociación civil “Ambiente, Vida y Equilibrio”.

Igualmente, el incumplimiento de algunas obligaciones que tiene el Vocal Ejecutivo Carlos Flores Lomán, como la de invitar a las sesiones de la Junta Local del IFE a los observadores electorales de esta agrupación.

Por otra parte, en favor de la participación ciudadana, la Iglesia Católica sostiene que México debe transitar de la democracia representativa hacia la democracia participativa; sin esta última, la primera quedaría trunca, enfatizando que todo proceso electoral y democrático deberá desembocar en un proyecto al servicio de la nación “y no de los intereses de los partidos y grupos políticos”.

Esta es la esencia del mensaje de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), al pueblo mexicano ante la ya muy próxima jornada electoral del domingo 2 de julio.

Se advierte en este texto que hay numerosas iniciativas y propuestas de pactos y acuerdos que circulan hoy entre los mexicanos. “Los obispos seguiremos insistiendo en que fortalecer la democracia es reconstruir la confianza ciudadana y el tejido social, es promover y organizar la sociedad para la participación política de todos los sectores sociales en los distintos niveles de gobierno”.

Lamentablemente no incluyen en las razones de la participación ciudadana, el combate preventivo de la corrupción…más pronto que tarde, será inevitable y será una exigencia de los ciudadanos, mujeres y hombres de todas las edades.

Promete AMLO abatir corrupción

Los compromisos adquiridos por el candidato del PRD, sin duda van más allá de lo que muchos imaginamos. Es innegable que ahora son palabras y promesas, veremos si es verdad que gana, las lleva a cabo.

El pasado 20 de junio, desde Puebla, donde desgobierna el llamado "Gober precioso", Andrés Manuel López Obrador prometió que de llegar a la Presidencia de la República erradicará la corrupción y frenará el crecimiento de las "camadas de ricos".

Frente a un Zócalo lleno –al que asistieron 15 mil personas, según los organizadores-, el aspirante de la coalición “Por el Bien de Todos” puso especial énfasis en condenar las conductas ilegales de los funcionarios públicos que viven a todo lujo.

"La corrupción no sólo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción, tenemos que parar esa sangría.

"Ya no es posible que se sigan enriqueciendo cada tres o seis años nuevas camadas de ricos, eso se tiene que terminar en nuestro país, eso es lo que más ha dañado a México, la deshonestidad de los gobernantes", expresó.

Frente al grito constante de sus seguidores que demandaban la caída del Mandatario estatal, Mario Marín, el tabasqueño sostuvo que la selección se su gabinete será realizada con extremo cuidado, para garantizar que tenga principios y convicciones.

"Vamos a mandar muy lejos a los políticos fantoches, prepotentes, mediocres y ladrones, que tanto daño le han hecho a nuestro país", aseveró frente a un creciente coro de "duro, duro, duro".

"Aquí sí, fuera Marín", sentenció ante la mirada atenta del alcalde priista Enrique Doger, quien observaba el mitin desde la Presidencia Municipal.

"Voy a tener mucho cuidado con la selección del gabinete", cerró.

Como lo ha hecho en la última semana, López Obrador sostuvo que ni sus hijos, hermanos o cuñados, tendrán injerencia en las decisiones de su eventual Gobierno.

Insistió además en calificar de lacras de la política al amiguismo y el influyentismo.

El fracaso económico de Fox

El gobierno del presidente Vicente Fox llega a las elecciones presidenciales con un absoluto fracaso económico: el PIB apenas creció 1.8 por ciento en promedio en el sexenio, y la evasión fiscal llegó a por lo menos 800 mil millones de pesos, monto superior en 70 mil millones a lo que se recaudó en 2005, afirmó Genaro Aguilar Gutiérrez, investigador y catedrático del IPN y Premio de Investigación Económica Jesús Silva Herzog. Agregó que la ineficiencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la complacencia de la Secretaría de Hacienda son evidentes.

No hay duda, insistió, en que la política económica del gobierno que concluirá en diciembre fue un fracaso, porque el ingreso por habitante sigue siendo el mismo que hace seis años. A esta problemática hay que sumar un desempleo creciente, que se refleja en la economía informal que asfixia principalmente a las grandes ciudades del país.

Las promesas, en su mayoría, agregó, fueron incumplidas y la más importante fue aquella de que la economía crecería 7 por ciento, y ahora se cierra la administración sexenal con un estancamiento económico. Es un sexenio perdido para la mayor parte de la población.

El autor del libro Desigualdad y pobreza en México ¿son inevitables?, dijo que apenas un pequeño sector representado por 10 por ciento de la población, que es el que detenta la riqueza en México, ha sido beneficiado. El resto, 90 por ciento de los habitantes, vio empeorada su situación económica.

En entrevista con La Jornada afirmó que el panorama económico nacional se ha sumido en movimientos financieros especulativos a unos días de la elección presidencial, y lo más grave es que no ha quedado claro con detalle cuál será la política económica de quien gane los comicios.

En materia de política fiscal ninguno de los tres principales candidatos ha planteado cómo reducirá la evasión, que es mayor a la recaudación fiscal, la cual en 2005 fue de 730 mil millones de pesos. México, recalcó, es el país con la recaudación más baja del mundo y no se ha dicho qué se hará para incrementarla.

La evasión fiscal federal, estatal y municipal es de unos 800 mil millones de pesos cada año. Los municipios y los estados no se ocupan de recaudar la parte que les corresponde en materia predial; tampoco lo que corresponde al impuesto sobre nómina, que muestra una evasión enorme.

Aguilar Gutiérrez manifestó que los movimientos especulativos que se han presentado en las últimas semanas podrían constituirse en algún problema si el candidato ganador no define con claridad que orientación tendrá su política económica para los próximos seis años.

Por lo pronto, puntualizó, ''llegamos a las elecciones del domingo con muchas promesas incumplidas en materia de educación, investigación tecnológica, empleo y, en general, de distribución de la riqueza. Su programa de changarros, tampoco funcionó y ahora tenemos un gobierno fracasado''.

Las cifras, agregó, no mienten. Por lo menos hay 70 millones de mexicanos en condiciones de pobreza, cada vez es mayor el número de habitantes que dejan el país para buscar mejores condiciones de vida en Estados Unidos, y las remesas que envían no se dedican a impulsar la infraestructura, sino a paliar la pobreza en que se encuentran sus familias.

Si gana las elecciones López Obrador, subrayó, el país tendrá mejores oportunidades para impulsar el desarrollo, porque los indicadores macroeconómicos están bajo control. Se puede tener un piso para arrancar, pero todo dependerá del equipo que tenga para emprender verdaderos programas que impulsen la economía.

En el caso de que llegue Felipe Calderón, enfatizó, es claro que el ahorro nacional se quedará como está. Las reservas internacionales que tiene el Banco de México se utilizarán para pagar la deuda. Con Madrazo su política económica será de corte conservador, inyectará las inversiones, y el avance será lento.

Dice el investigador, que el programa económico que propone López Obrador es el más aceptable, concluyó, porque la política social de ingreso directo hacia los más pobres es mucho más efectiva que la política social que proponen los otros aspirantes a la Presidencia de México.

Los riesgos de descomposición de la elección en Veracruz, como en todo México, no pueden ignorarse, ojala que la manipulación de la presencia de los observadores electorales, sea sancionada.

¿Será verdad que de ganar AMLO, tendrá mucho cuidado con la selección de su gabinete?

Gane o no gane AMLO, es urgente acabar con los políticos fantoches.

VEREMOS…

El trafico de influencias, moda en el foxismo
La segunda parte de la corrupcion en Los Pinos...

reynaldocastromelgarejo@hotmail.com

Lamentablemente, para nuestro amado Mexico, las promesas de cambio y combate a la corrupcion, tanto de Fox, como antes de otros presidentes; al igual que gobernadores, presidentes municipales y legisladores federales y locales, han quedado en el olvido y mas lamentable, que la realidad demuestra que en muchos casos, quienes mas obligados estan y mas se comprometen con el pueblo a combatirla, son quienes aceptan o solapan el trafico de influencias y otros excesos, ya sea en sobreprecios,o en el otrogamiento de contratos que son pagados con recursos publicos, que es dinero del pueblo.

En ello radica mi interes de impulsar el Combate Preventivo de la Corrupcion en Mexico, en que nunca mas nos enganen con falsas promesas, Que Legalmente haya verdaderos y preventivos contrapesos a la desviacion o mala administracion de los recursos publicos, en todos los niveles de gobierno, desde los municipios.

Deciamos en el numero anterior que la corrupcion llego a Los Pinos para quedarse, no podemos negar que ademas de este sexenio, en otros anteriores y ojala, nunca mas, pero eso esta por verse...tampoco podemos negar, que lamentablemente la corrupcion esta en todos lados, partidos politicos y niveles de gobierno

En la mayoria de los hechos de corrupcion de los familiares de los encumbrados politicamente, detectados o filtrados a los medios de comunicacion, se observa el cinismo de recurrir a afirmar que son mentiras o que las operaciones cuestionadas, estan dentro de la Ley, aunque la realidad poco a poco o rapido, demuestra el trafico de influencias, que ya con eso resulta inmoral, aunque eso no les importe nunca.

En su columna "Serpientes y Escaleras", Salvador García Soto, el pasado 08 de junio de 2006, con el titulo de:"El cuñado que ensució las manos" , nos confirma el tipo de corrupcion que esta de moda.

"Por encima de la pirotecnia política lanzada por los candidatos en el segundo debate presidencial, el tema del "cuñado incómodo" de Felipe Calderón ,Diego Zavala , y de los contratos millonarios que su empresa Hildebrando, S.A., ha obtenido del gobierno federal, desnuda una vez más el tipo de corrupción que se puso en voga en el sexenio foxista: el del tráfico de influencias, los contratos otorgados a familiares de altos funcionarios o bien, la gestión indirecta de personas ligadas a servidores públicos para favorecer a ciertas empresas y obtener así beneficios económicos.

La corrupción panista es quizá más discreta y sofisticada, menos burda que la practicada en 70 años de gobiernos priístas, pero al final es lo mismo: corrupción que no sólo viola las leyes y enriquece a empresas privadas con recursos públicos, sino que confirma que seis años de ejercer el poder, bastaron para que el partido blanquiazul, que luchó 60 años contra el corrupto régimen del PRI e hizo de la honestidad y del cambio su principal bandera, terminó por corromperse, aunque eso sí, refinó e hizo menos evidentes sus prácticas de corrupción.

En las muchas denuncias por actos corruptos en la administración de Fox , es fácil identificar un patrón común: desde los hijos y hermanos de Marta Sahagún que, sin figurar personalmente, gestionan y piden contratos y asignaciones para empresas de sus amigos o para firmas privadas que les pagan sus servicios; hasta la manipulación de concursos y licitaciones declaradas desiertas en áreas como Pemex Refinación para que su ex director Juan Bueno Torio , hoy flamante candidato panista al Senado, favoreciera a ciertas empresas o bien, el conocido otorgamiento de permisos para casas de juego, hecho por Santiago Creel , con una legalidad bien aparentada, pero con un inmoral e interesado reparto a particulares a cambio de favores políticos.

Aunque ni el PRD ni Andrés Manuel López Obrador tienen todas las pruebas documentales de su denuncia, el caso de Diego Zavala , hermano de Margarita , la esposa de Calderón , encaja perfectamente en el esquema de la sutil y discreta, pero inmoral e ilegal corrupción azul .

Ayer dos paraestatales, Pemex y la CFE, se apresuraron a aclarar, con sospechosa premura, que ninguna de las dos empresas otorgó contratos a la firma Hildebrando "en el periodo comprendido entre el 2 de diciembre del 2003 y el 31 de mayo de 2004", es decir, en el lapso que Felipe Calderón fungió como secretario de Energía. Eso sí, ni Petróleos ni la Comisión informan si antes o después de esas fechas dieron contratos al cuñado de Calderón .

Pero contra la respuesta de Felipe , quien calificó de "mentira vil" las acusaciones contra su cuñado, la secretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda , aceptó ayer, ante los diputados y senadores, que la Sedesol sí otorgó contratos a la empresa Hildebrando.

Aranda justificó que la empresa del cuñado de Calderón "presentó la mejor de las propuestas técnicas y la mejor oferta económica" para manejar las bases de datos de los padrones de programas sociales, y dijo que los contratos se basaron en la Ley de Adquisiciones.

El dicho de la funcionaria confirma la sofisticación de la corrupción que proliferó en el sexenio foxista: por encima todo es legal, todo está basado en la ley y las empresas favorecidas con contratos aparecen como las mejores propuestas. Pero basta rascar un poco a los nombres de los socios de muchas de esas empresas para darse cuenta que, lo mismo en el arrendamiento o la compra de un moderno edificio para una dependencia, que en el manejo de bases informáticas de programas sociales, los intereses de la gran familia azul aparecen con un cinismo insultante.

Ese es el verdadero golpe para Calderón y su discurso de las "manos limpias". El candidato del PAN, como parte del gobierno foxista, conoció y se enteró de la corrupción que se estaba practicando en el régimen y muy lejos de oponerse o denunciarla, terminó por caer en las mismas prácticas que han hecho prosperar a muchas familias ligadas a este gobierno, desde la presidencial, hasta la que aspira a sucederla en Los Pinos". Hasta aqui el articulo de referencia.

Lamentablemente, no es posible, aceptar o creer que ese es nuestro destino manifiesto: Vivir para siempre en medio de la corrupcion.

Por eso es de preocuparse que el Procurador General de la Republica sea sometido a un juicio politico, por la comision de diputados federales que investigan las operaciones ilegales de los hermanos Bribiesca.

Dicha Comisión Especial que investiga el presunto tráfico de influencias de los hijos de la señora Marta Sahagún, formalizó la demanda de juicio político contra el Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, por el delito de violación a la Constitución y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Al acudir a la secretaría general de la Cámara de Diputados a entregar la demanda, el presidente de dicha instancia legislativa, Jesús González Schmal, recalcó que la denuncia presentada ante la PGR contra los hermanos Bribiesca y otros implicados, es por uso de influencias para generar un cuantioso daño al patrimonio público federal, el cual puede alcanzar cientos de miles de millones de pesos.

De igual forma, agregó, pretender a priori negar el derecho a los diputados de coadyuvar con el Ministerio Público y porque después de transcurridos 65 días no ha iniciado la integración de la averiguación previa, ni remotamente pretende llamar a comparecer a los denunciados.

En entrevista, a distintos medios de comunicacion, recalcó que ante la negativa del Procurador, los legisladores optaron por este camino porque es inútil seguir platicando con el funcionario, "lo que desde nuestro concepto concluimos, es que está encubriendo a los Bribiesca Sahagún, de tal manera que no tiene caso platicar con él".

El legislador de Convergencia apuntó que en el Partido Acción Nacional existe una parte que está a favor de los implicados, pero hay otra que se encuentra indignada con lo que están haciendo los hijos de la primera dama.

"Tendremos que accionar todas las instancias jurídicas y legislativas y tener esperanza de que haya sensatez y patriotismo para que esto proceda", declaró el diputado federal.

Adelantó que en la denuncia se cita que Cabeza de Vaca atentó contra "el buen despacho", de los asuntos a su cargo, al transgredir el artículo octavo de la constitución, y no dar respuesta a la denuncia que los legisladores le presentaron, así como negarles el derecho a la coadyuvancia con el Ministerio Público.

González Schmal mencionó que la demanda subraya que hasta el día de hoy, las autoridades denunciadas se han abstenido de girar los citatorios correspondientes para que comparezcan los presuntos responsables, ocasionando con ello una dilación injustificada en las actuaciones ministeriales.

Es decir, agregó, por no actuar en cumplimiento de su cargo, el Procurador es acreedor de juicio político, que por mandato constitucional debe instruir la Cámara de Diputados para salvaguarda del estado de derecho.

En su columna Oficio de Papel, de este 12 de junio, Miguel Badillo, nos ofrece la segunda parte de la Corrupcion en Los Pinos:

"La Auditoría 2015 arroja más irregularidades de Fox* Buscan en Los Pinos al culpable de filtrar expedientes* Silencio oficial en Presidencia y en la Función Pública

"Desde la Presidencia de la República buscan al responsable de filtrar el expediente en poder de la Secretaría de la Función Pública que contiene la auditoría confidencial 2015, clasificada como de seguridad nacional, y que involucra directamente al presidente Vicente Fox en la asignación irregular de contratos a las empresas Humberto Artigas y Asociados S.A. de C.V. y MYO S.A. de C.V., las cuales sirvieron para triangular los trabajos para la construcción de obras y adquirir bienes para la residencia oficial de Los Pinos y en esa intermediación ganaron el 200 por ciento más del costo total de dichos trabajos, es decir casi 45 millones de pesos.

A pesar de las evidencias de corrupción en la casa presidencial, en donde está envuelto el presidente Fox y su equipo de administración, la oficina de prensa de la Presidencia de la República se negó a explicar la actuación ilícita del jefe del Ejecutivo y se limitó a responder la petición de información como "no hay comentario alguno al respecto", con lo cual avalan las acusaciones que hizo desde el 2001 la Secretaría de la Contraloría, a cargo en ese entonces del panista Francisco Barrio Terrazas.

La misma respuesta negativa a la solicitud de entrevista con el director general de Auditoría Gubernamental la hizo la oficina de prensa de la Secretaría de la Función, que preside el panista Eduardo Romero Ramos, en donde dijeron que consultarían con el secretario la petición, pero ya no hubo respuesta alguna.

El nerviosismo y el miedo que hay en la cúpula gubernamental panista por este expediente que salió de los archivos confidenciales de la Secretaría de la Función Pública y que alcanza al presidente de la República por haber ordenado personalmente contratar a su amigo el arquitecto Humberto Artigas para remodelar, sin licitación de por medio, la residencia oficial de Los Pinos, incluidas las cabañas 1 y 2 que tanta nostalgia le causan a la primera dama Marta Sahagún, y que tuvieron un costo de 62 millones de pesos, así como la asignación directa de contratos a la empresa MYO S.A. de C.V. para la adquisición de enceres domésticos por más de 4 millones de pesos para hacer lucir bien las viviendas de la "pareja presidencial".

Duplicidad de contratos

Entre los cuatro contratos y dos convenios modificatorios asignados a la empresa Artigas y Asociados S.A. de C.V., como ya lo señalamos la semana pasada en esta misma columna, hay duplicidad de contratos y veamos porqué:Según el expediente integrado por la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría, ahora Secretaría de la Función Pública, hubo duplicidad en la suscripción del contrato de obra pública AD-269-00 para remodelar las cabañas 1 y 2, por un monto de 6 millones 336 mil 500.16 pesos, el cual fue firmado irregularmente en dos ocasiones, una el 15 de diciembre de 2000 y la otra el 20 de mismo mes con plazos de ejecución distintos; además se realizaron dos convenios adicionales con importes superiores al 25 por ciento, con lo cual se infringió, de acuerdo con la Contraloría, toda normatividad establecida.En el contrato del 15 de diciembre no se contó previamente con el oficio de inversión autorizado por la Secretaría de Hacienda, ya que éste fue emitido el 19 de diciembre y recibido el 21 del mismo mes.

El contrato suscrito el 20 de diciembre no cumplió con la calendarización para los pagos establecidos en el oficio de inversión, el cual programa erogaciones en los meses de marzo, abril, mayo, julio y diciembre de 2001; la emisión de facturas 345, 347 y 349 por 6 millones 297 mil 930.15 pesos, con fechas 15, 18 y 19 de diciembre, antes de la suscripción del contrato referido.

Derivado de ese contrato aludido, se celebró convenio modificatorio el 20 de diciembre de 2001 por la cantidad de un millón 552 mil 442.28 pesos por concepto de ampliación en el monto y el 22 de diciembre se suscribió otro convenio adicional por 632 mil 545 pesos, que suman 2 millones 184 mil 987 pesos más del presupuesto original y representan el 34 por ciento adicional al contrato original. Esto, dice la Contraloría, rebasa el 25 por ciento establecido en la normatividad.

Otra anomalía es que ambos convenios fueron suscritos por Alberto Ordóñez Benítez, coordinador de Adquisiciones de la Presidencia, cuando debió hacerlo el titular de la Dirección General de Administración, y tampoco se contó con la delegación de facultades correspondientes.

También hubo pagos anticipados
Otra irregularidad en los contratos orneados por Vicente Fox son los pagos anticipados que hizo la Presidencia de la República por 9.6 millones de pesos al contratista Humberto Artigas y Asociados, y lo más grave de estos anticipos es que se hicieron previamente a la suscripción del contrato de la obra AD-009-01 y de la facturación del anticipo, debido a que se trataba de un recomendado del presidente de la República.

En la adjudicación del contrato AD-009-01 a Humberto Artigas, suscrito el 13 de febrero de 2001 por un importe de 30 millones 88 mil 782.99 pesos, con plazo de ejecución del 14 de febrero al 16 de abril de 2001, se efectuaron los pagos anticipados en calidad de "préstamo" al contratosta Artigas, previamente a la fecha de suscripción del contrato y facturación del anticipo respectivo.

De la compulsa practicada a la empresa Humberto Artigas y Asociados, los auditores de la Contraloría descubrieron que el 25 de enero de 2001 se recibió el pago anticipado por un millón 700 mil pesos, cantidad considerada en el monto de las facturas 402, 407 y 408 del 22 y 28 de febrero, y 8 de marzo respectivamente, cuyo importe asciende a un total de 10 millones 982 mil 762.63 pesos.

Según se desprende de un escrito con fecha del 8 de febrero de 2001, elaborado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a la Dirección de Finanzas y por concepto de venta de cheque de caja con cargo a la cuenta 51-50001208-0, se efectuó otro pago anticipado por 7.9 millones de pesos, que de acuerdo con la compulsa y ficha de depósito de la empresa Humberto Artigas y Asociados, el importe referido fue cobrado el 15 de febrero de 2001, acreditándose en su estado de cuenta 001-3953101-7 de Bancomer; no obstante que la factura 402 correspondiente al anticipo es del 22 de febrero de 2001, es decir se emitió posteriormente al cobro de la cantidad referida entregada como préstamo.

El auditor agrega que la Dirección General de Administración de la Presidencia de la República mediante cuenta por liquidar certificada (CLC) número 02-0000211 del 28 de febrero de 2001, la cual registra como beneficiario la misma Dirección General de Administración, tramitó el pago por 9 millones 26 mil 634.88 pesos de la factura 402, correspondiente al 30 por ciento del anticipo del contrato en cuestión, es decir también posterior a los préstamos.

Mediante la compulsa se informó que previo al cobro mencionado ya se había entregado otro cheque, el número 006450 por 7.9 millones de pesos en días anteriores; sin embargo, éste había sido devuelto por el banco el 14 de febrero de 2000, según se advierte en estado de cuenta bancario que fue proporcionado en el acto de compulsa mencionado.

En su conclusión el auditor sostiene que la Presidencia de la República otorgó condiciones financieras a los contratistas fuera de normatividad, por la disposición de recursos financieros para el pago de obra sin estar regularizada documental y oportunamente.

En consecuencia, agrega, se dejó en estado de indefensión al gobierno federal al imposibilitarlo para efectuar reclamos que se susciten por incumplimientos, tanto en el inicio de la obra, fianzas de garantía de las entregas económicas por anticipado, lo que limita la aplicación de sanciones que se deriven de los trabajos ejecutados.

En este punto, la Contraloría recomendó que la Dirección General de Administración de la Presidencia de la República en coordinación con el Estado Mayor Presidencial deberían conciliar los préstamos otorgados al contratista y los reembolsos que se hayan realizado, derivados de los contratos de obra celebrados con la contratista Humberto Artigas y Asociados, y de existir saldos proceder a la recuperación o comprobación respectiva y a su vez requerir el costo financiero que corresponda.En las observaciones de la auditoría se indica que la empresa contratista Humberto Artigas informó que su plantilla de trabajadores y el organigrama de la empresa cuenta con solo 4 personas además de su presidente y apoderado legal: el vigilante, el mensajero y el de intendencia, únicos empleados que aparecen registrados en el IMSS según copia del pago correspondiente a mayo de 2001.

Por lo anterior, señala la auditoría, esa empresa no cuenta con la capacidad técnica ni financiera, tampoco su contratación se fundó en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, como se requiere para el ejercicio del gasto público federal.

Añade que en la adjudicación del contrato AD-009-01, Humberto Artigas subcontrató a otras empresas constructoras, lo cual no garantizó la confidencialidad de la información para el gobierno federal, por lo que necesariamente se debió efectuar licitación pública o procedimiento por invitación a cuando menos 3 contratistas en los términos del artículo 134 constitucional y 27, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios.También considera que faltó planeación de las necesidades de la obra y procedimientos de selección de las empresas a contratar. Debido al grueso expediente confidencial de la Presidencia de la República y que está también en poder de Oficio de Papel, la próxima semana continuaremos con el tema.

En medio de toda esta complicada circunstancia, tendremos elecciones de presidente de la Republica, que pueden derivar en conflictos de alto riesgo, ante cualquier resultado, lamentablemente...
VEREMOS..

reynaldocastromelgarejo@hotmail.com

...para la residencia Miguel Alemán se pagaron 30 millones ...

En la pagina de internet de la revista Proceso, desde hace varios dias, tienen una encuesta con la siguiente pregunta y opciones:

¿Cómo acabarán los hijos de Marta Sahagún?

a) Libres de culpa
b) Procesados
c) Impunes

El sondeo tiene resultados continuos y el mayor porcentaje se centra en que quedaran impunes, lo cual confirma la desconfianza de la sociedad en las autoridades para combatir la corrupcion. Las investigaciones de la comison legislativa sobre diversos negocios de los Bribiesca siguen, la deteccion de dano patrimonial rebasa los cientos de millones de pesos, el activismo empresarial a la sombra del Poder politico de los Fox y los Sahagun no cesa.

Los reportajes de esta semana en la revista Proceso son contundentes, lamentablemente para la inmensa mayoria de mexicanos, la corrupcion impera en Los pinos. Uno de ellos se titula: Hotelería foxista, por Verónica Espinoza, en su introduccion precisa que:En una operación que podría alcanzar los 9 millones de dólares, el famoso Parador San Javier de Guanajuato será vendido a inversionistas entre los cuales se hallarían los hijos mayores del presidente Fox, Vicentillo y Ana Cristina. En la inversión intervienen dos amigos de ambos, con el respaldo financiero de un poderoso amigo de Marta Sahagún, Olegario Vázquez Raña. Y aunque tales versiones han sido denegadas, testimonios de empleados del establecimiento las confirman...

Miguel Badillo, en su pagina de internet Oficio de Papel, de este 5 de junio, ofrece referentes oficiales de una auditoria cuyos resultados no han sido publicados, ni menos corregidos...veamos de que se trata:


La Auditoría 2015 a la residencia oficial de los PinosConfirma la Contraloría corrupción en la PresidenciaFox ordenó las obras irregulares por casi 70 millones
La cuenta regresiva para dejar la Presidencia de la República ha iniciado y con angustia su titular Vicente Fox trata de cubrir todas las irregularidades cometidas durante su administración, pero sobre todo aquellas en donde él mismo participó y también en donde su familia se ha visto involucrada.

Como es sabido los hijos de Marta Sahagún, esposa del presidente, serán los primeros en enfrentar la justicia y, seguramente, alguno de ellos si no es que todos, pisará la cárcel. Pero las huellas de corrupción no se quedan sólo en la familia política del presidente, llegan hasta la misma residencia oficial de Los Pinos y es directamente Vicente Fox quien, según documentos confidenciales de la Secretaría de la Contraloría elaborados en junio de 2001, habría ordenado la asignación de contratos directos para obras, servicios y bienes sin licitar para beneficiar a sus "amigos" contratistas que sólo eran intermediarios y que incumplieron con los trabajos recomendados para la remodelación de la casa presidencial, además de inflar los costos de las obras.

Consultadas sobre esos documentos secretos que guarda la Secretaría de la Función Pública (SFP) en sus archivos confidenciales y que revelan las corruptelas ordenadas por Fox para cumplir los caprichos de su esposa Marta Sahagún y que ocasionaron daños patrimoniales e irregularidades en el manejo presupuestal de casi 70 millones de pesos, las oficinas de prensa de Los Pinos y de la SFP se concretaron a informar que después de consultar con sus superiores "no tenían comentarios al respecto", es decir que dan por buena esta información que acusa a la Presidencia de la República de actos de corrupción en beneficio de contratistas y de la "familia presidencial".

Al inicio de su primer semestre en el poder, el "gobierno del cambio" lo primero que hizo fue ordenar la remodelación de Los Pinos y la compra de muebles y enceres domésticos por un monto cercano a los 70 millones de pesos que, según la entonces Secretaría de la Contraloría, ocasionó un despilfarro, un abuso y una violación a las leyes de Obras y de Responsabilidades, en una clara muestra de lo que sería todo el sexenio y, sobre todo, contrario a lo que había prometido Vicente Fox de ejecutar un gobierno honrado y transparente.

En aquel año de 2001 la reportera Anabel Hernández dio cuenta en el diario Milenio del caso conocido como El Toallagate , en donde puso al descubierto el dispendio con que arrancaba el gobierno de Vicente Fox, pero eso era sólo la punta del iceberg que cubriría los actos ilícitos que marcarían la asignación del gasto público durante la administración foxista.

En medio de una fuerte campaña contra la corrupción - su principal promesa de campaña y pilar de su programa de gobierno -, Fox favoreció a un grupo de empresarios "amigos" con obras por más de 66 millones de pesos y cuya asignación fue calificada como irregular, deshonesta y violatoria a las normas y leyes en la materia por la entonces Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, a cargo en ese momento del panista Francisco Barrio Terrazas, quien después intentaría la candidatura presidencial por el PAN .

El grueso expediente que mantiene bajo reserva la Secretaría de la Función Pública (SFP) con el argumento de "confidencialidad y seguridad nacional", comprueba los actos de corrupción cometidos en Los Pinos para favorecer con contratos de obras, servicios y bienes a empresas y particulares recomendados directamente por el presidente Vicente Fox, según declararon los propios contratistas.

En sus afirmaciones ante los auditores responsables de la investigación al manejo financiero de Los Pinos, los representantes de las compañías beneficiadas responsabilizan a Fox de las contrataciones irregulares por 66 millones 540 mil 795.07 pesos, pues según declararon fue directamente el presidente de la República quien ordenó asignarles los contratos sin licitar y esto ocasionó fraudes, daños patrimoniales, subcontrataciones e incumplimientos en perjuicio de la Presidencia y del erario público.

Consultada sobre estas graves acusaciones de corrupción en Los Pinos, la Presidencia de la República por conducto del coordinador de prensa Carlos Enrique Garza Falla informó, después de "consultarlo" con sus superiores, que la Presidencia no tiene opinión alguna sobre los señalamientos al presidente Fox ni tampoco sobre los resultados de esa auditoría.En la Secretaría de la Función Pública su área de comunicación social también explicó que consultarían para determinar si harían algún comentario, pero nunca hubo respuesta.

La Auditoria 2015 revela que en el primer semestre del gobierno de Vicente Fox se adjudicaron de manera directa cuatro contratos de obra y dos convenios adicionales para la remodelación de Los Pinos, lo que ocasionó daños patrimoniales, desvío de recursos públicos, subcontrataciones, sobreprecios, pago de anticipos irregulares, omisiones, negligencias y violaciones a normas, reglamentos y leyes de Obras Públicas y de Responsabilidades.

Guardada con gran sigilo en los archivos confidenciales de la SFP , la Auditoría 2015 se realizó a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia por órdenes del director general de Auditoría Gubernamental, Roberto Muñoz Leos, hermano de quien fuera director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, y que fue destituido por abusos en el uso de fondos públicos y la asignación de contratos a los hijos de la esposa del presidente.

Las onerosas "cabañas"

La remodelación de las cabañas 1 y 2, así como la adquisición de mobiliario, equipo y enseres para las mismas, fueron las obras que sirvieron como pretexto para iniciar la asignación de contratos directos y que ocasionaron diversas irregularidades que se detallan en ocho observaciones.

En el informe general de resultados de dicha investigación, con fecha del 28 de junio de 2001, se hacen señalamientos directos y recomendaciones al entonces director general de Administración de la Presidencia de la República, ingeniero Joaquín José Cortina y López Negrete, en los rubros de obra pública y adquisiciones.

La auditoría a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República se llevó a cabo en sólo un semana, entre el 20 y 28 de junio de 2001, y se analizaron selectivamente las operaciones realizadas en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2000, cuando arranca el gobierno de Vicente Fox, al 31 de mayo de 2001.

¿El resultado? , se violaron de manera consistente las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios, así como la Ley Federal de Responsabilidades.

Los auditores encontraron irregularidades en el procedimiento de adjudicación de contratos y pagos de los mismos.

El principal responsable y beneficiado de todas esas anomalías fue el contratista Humberto Artigas, amigo de Vicente Fox, cuya empresa del mismo nombre fue sometida a una minuciosa compulsa luego de descubrir serias anomalías en la asignación de contratos y en el cumplimiento de los mismos, por ejemplo para la remodelación de las cabañas 1 y 2 se gastaron 8 millones 521 mil 487.44 pesos; para la residencia Miguel Alemán se pagaron 30 millones 88 mil 782.99 pesos; las obras exteriores de Los Pinos fueron por 14 millones 667 mil 631.10 pesos, y la remodelación de la casa anexa de la residencia oficial por 8 millones 617 mil 997.34 pesos.

Vulnerada la Seguridad Nacional

El supuesto carácter de confidencial que debían mantener estas obras, razón por la cual se asignaron los contratos de manera directa para beneficiar al amigo de Fox, fue violado, pues la Dirección General de Auditoría Gubernamental concluyó que los contratistas beneficiados por el presidente subcontrataron a sus vez las obras, los bienes y servicios a otras empresas particulares, lo que vulneró la secrecía y la seguridad nacional con la que según la administración de Los Pinos y el Estado Mayor Presidencial debían ejecutarse este tipo de obras en la Residencia Oficial.
Paradójicamente, para adjudicar de manera directa estos contratos Vicente Fox esgrimió la confidencialidad y la seguridad nacional, objetivo que "se desvirtúa por la subcontratación", pues la remodelación de Los Pinos se asignó a la empresa Humberto Artigas y Asociados, Sociedad Civil, por un monto de 61 millones 895 mil 898.87 pesos, "debiendo realizar licitación pública, de acuerdo con los montos de actuación, sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados".

El director general adjunto de Auditorías Directas de la entonces llamada Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública), contador Javier Cervantes Martínez, dice de los contratos asignados a Humberto Artigas: "se adjudicaron directamente al contratista sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, ya que el argumento esgrimido de confidencialidad y seguridad se desvirtúa por la subcontratación de las obras, por lo que debió efectuarse licitación pública o cuando menos invitación a tres contratistas en los términos del artículo 134 constitucional y 27, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas".

El amplio expediente confidencial de la Contraloría precisa que "el contratista Humberto Artigas y Asociados subcontrató las cuatro obras que le adjudicó la Presidencia de la República, conforme al resultado de la compulsa que se realizó con dicho contratista, quien declaró que efectuó la subcontratación con las empresas: Técnicas Avanzadas de Promoción Inmobiliaria S.A. de C.V.; Construcciones y Destajos Especiales S.A. de C.V.; Aicon S.A. de C.V.; Arq. Jorge Conde Guzmán; Grupo Valerio S.A. de C.V.; Aurelio Rojas; MYO S .A. de C.V.; BM Arquitectos, y GBI ."Pero dichas empresas subcontratadas sólo cobraron por las obras 23 millones 833 mil pesos, cuyas facturas que entregó Artigas a los auditores de la Contraloría así lo comprueban, por lo cual según los auditores se contravino el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios, que en el penúltimo y último párrafo establece que no se podrán ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que deriven de los contratos.Es decir que mientras Humberto Artigas cobró a la Presidencia de la República casi 62 millones de pesos, sólo presentó facturas por obras y servicios por 23.8 millones, lo que podría significar un daño patrimonial y desvíos por otros 39 millones de pesos.

Además, los montos asignados por la Presidencia de la República en las obras a Los Pinos rebasan los rangos de adjudicación para efectuar una licitación pública de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En las observaciones de la auditoría se afirma que entre los efectos negativos por la asignación directa de los contratos "se posibilita la contratación de obras con empresas que no cuenten con infraestructura y capacidad técnica y financiera para el desarrollo de los trabajos y que no se garantiza las mejores condiciones al Estado en cuanto a precio, calidad y demás circunstancias pertinentes".
Sostiene que estas adjudicaciones al contratista Humberto Artigas se hicieron al margen de disposiciones normativas, con lo cual se afectó la transparencia de las contrataciones realizadas y se incurrió en sobreprecios innecesarios al no cumplir con procedimientos normativos que permitan la adecuada selección de las empresas. Por falta de espacio y debido a lo voluminoso del expediente de la Contraloría, continuaremos con esta historia de corrupción el próximo lunes.

La corrupcion llego para quedarse en los Pinos desde las primeras decisiones de Vicente Fox...faltan nuevas versiones y la segunda parte de la entrega de Miguel Badillo.

Veremos...