El trafico de influencias, moda en el foxismo
La segunda parte de la corrupcion en Los Pinos...
Lamentablemente, para nuestro amado Mexico, las promesas de cambio y combate a la corrupcion, tanto de Fox, como antes de otros presidentes; al igual que gobernadores, presidentes municipales y legisladores federales y locales, han quedado en el olvido y mas lamentable, que la realidad demuestra que en muchos casos, quienes mas obligados estan y mas se comprometen con el pueblo a combatirla, son quienes aceptan o solapan el trafico de influencias y otros excesos, ya sea en sobreprecios,o en el otrogamiento de contratos que son pagados con recursos publicos, que es dinero del pueblo.
En ello radica mi interes de impulsar el Combate Preventivo de la Corrupcion en Mexico, en que nunca mas nos enganen con falsas promesas, Que Legalmente haya verdaderos y preventivos contrapesos a la desviacion o mala administracion de los recursos publicos, en todos los niveles de gobierno, desde los municipios.
Deciamos en el numero anterior que la corrupcion llego a Los Pinos para quedarse, no podemos negar que ademas de este sexenio, en otros anteriores y ojala, nunca mas, pero eso esta por verse...tampoco podemos negar, que lamentablemente la corrupcion esta en todos lados, partidos politicos y niveles de gobierno
En la mayoria de los hechos de corrupcion de los familiares de los encumbrados politicamente, detectados o filtrados a los medios de comunicacion, se observa el cinismo de recurrir a afirmar que son mentiras o que las operaciones cuestionadas, estan dentro de la Ley, aunque la realidad poco a poco o rapido, demuestra el trafico de influencias, que ya con eso resulta inmoral, aunque eso no les importe nunca.
En su columna "Serpientes y Escaleras", Salvador García Soto, el pasado 08 de junio de 2006, con el titulo de:"El cuñado que ensució las manos" , nos confirma el tipo de corrupcion que esta de moda.
"Por encima de la pirotecnia política lanzada por los candidatos en el segundo debate presidencial, el tema del "cuñado incómodo" de Felipe Calderón ,Diego Zavala , y de los contratos millonarios que su empresa Hildebrando, S.A., ha obtenido del gobierno federal, desnuda una vez más el tipo de corrupción que se puso en voga en el sexenio foxista: el del tráfico de influencias, los contratos otorgados a familiares de altos funcionarios o bien, la gestión indirecta de personas ligadas a servidores públicos para favorecer a ciertas empresas y obtener así beneficios económicos.
La corrupción panista es quizá más discreta y sofisticada, menos burda que la practicada en 70 años de gobiernos priístas, pero al final es lo mismo: corrupción que no sólo viola las leyes y enriquece a empresas privadas con recursos públicos, sino que confirma que seis años de ejercer el poder, bastaron para que el partido blanquiazul, que luchó 60 años contra el corrupto régimen del PRI e hizo de la honestidad y del cambio su principal bandera, terminó por corromperse, aunque eso sí, refinó e hizo menos evidentes sus prácticas de corrupción.
En las muchas denuncias por actos corruptos en la administración de Fox , es fácil identificar un patrón común: desde los hijos y hermanos de Marta Sahagún que, sin figurar personalmente, gestionan y piden contratos y asignaciones para empresas de sus amigos o para firmas privadas que les pagan sus servicios; hasta la manipulación de concursos y licitaciones declaradas desiertas en áreas como Pemex Refinación para que su ex director Juan Bueno Torio , hoy flamante candidato panista al Senado, favoreciera a ciertas empresas o bien, el conocido otorgamiento de permisos para casas de juego, hecho por Santiago Creel , con una legalidad bien aparentada, pero con un inmoral e interesado reparto a particulares a cambio de favores políticos.
Aunque ni el PRD ni Andrés Manuel López Obrador tienen todas las pruebas documentales de su denuncia, el caso de Diego Zavala , hermano de Margarita , la esposa de Calderón , encaja perfectamente en el esquema de la sutil y discreta, pero inmoral e ilegal corrupción azul .
Ayer dos paraestatales, Pemex y la CFE, se apresuraron a aclarar, con sospechosa premura, que ninguna de las dos empresas otorgó contratos a la firma Hildebrando "en el periodo comprendido entre el 2 de diciembre del 2003 y el 31 de mayo de 2004", es decir, en el lapso que Felipe Calderón fungió como secretario de Energía. Eso sí, ni Petróleos ni la Comisión informan si antes o después de esas fechas dieron contratos al cuñado de Calderón .
Pero contra la respuesta de Felipe , quien calificó de "mentira vil" las acusaciones contra su cuñado, la secretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda , aceptó ayer, ante los diputados y senadores, que la Sedesol sí otorgó contratos a la empresa Hildebrando.
Aranda justificó que la empresa del cuñado de Calderón "presentó la mejor de las propuestas técnicas y la mejor oferta económica" para manejar las bases de datos de los padrones de programas sociales, y dijo que los contratos se basaron en la Ley de Adquisiciones.
El dicho de la funcionaria confirma la sofisticación de la corrupción que proliferó en el sexenio foxista: por encima todo es legal, todo está basado en la ley y las empresas favorecidas con contratos aparecen como las mejores propuestas. Pero basta rascar un poco a los nombres de los socios de muchas de esas empresas para darse cuenta que, lo mismo en el arrendamiento o la compra de un moderno edificio para una dependencia, que en el manejo de bases informáticas de programas sociales, los intereses de la gran familia azul aparecen con un cinismo insultante.
Ese es el verdadero golpe para Calderón y su discurso de las "manos limpias". El candidato del PAN, como parte del gobierno foxista, conoció y se enteró de la corrupción que se estaba practicando en el régimen y muy lejos de oponerse o denunciarla, terminó por caer en las mismas prácticas que han hecho prosperar a muchas familias ligadas a este gobierno, desde la presidencial, hasta la que aspira a sucederla en Los Pinos". Hasta aqui el articulo de referencia.
Lamentablemente, no es posible, aceptar o creer que ese es nuestro destino manifiesto: Vivir para siempre en medio de la corrupcion.
Por eso es de preocuparse que el Procurador General de la Republica sea sometido a un juicio politico, por la comision de diputados federales que investigan las operaciones ilegales de los hermanos Bribiesca.
Dicha Comisión Especial que investiga el presunto tráfico de influencias de los hijos de la señora Marta Sahagún, formalizó la demanda de juicio político contra el Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, por el delito de violación a la Constitución y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Al acudir a la secretaría general de la Cámara de Diputados a entregar la demanda, el presidente de dicha instancia legislativa, Jesús González Schmal, recalcó que la denuncia presentada ante la PGR contra los hermanos Bribiesca y otros implicados, es por uso de influencias para generar un cuantioso daño al patrimonio público federal, el cual puede alcanzar cientos de miles de millones de pesos.
De igual forma, agregó, pretender a priori negar el derecho a los diputados de coadyuvar con el Ministerio Público y porque después de transcurridos 65 días no ha iniciado la integración de la averiguación previa, ni remotamente pretende llamar a comparecer a los denunciados.
En entrevista, a distintos medios de comunicacion, recalcó que ante la negativa del Procurador, los legisladores optaron por este camino porque es inútil seguir platicando con el funcionario, "lo que desde nuestro concepto concluimos, es que está encubriendo a los Bribiesca Sahagún, de tal manera que no tiene caso platicar con él".
El legislador de Convergencia apuntó que en el Partido Acción Nacional existe una parte que está a favor de los implicados, pero hay otra que se encuentra indignada con lo que están haciendo los hijos de la primera dama.
"Tendremos que accionar todas las instancias jurídicas y legislativas y tener esperanza de que haya sensatez y patriotismo para que esto proceda", declaró el diputado federal.
Adelantó que en la denuncia se cita que Cabeza de Vaca atentó contra "el buen despacho", de los asuntos a su cargo, al transgredir el artículo octavo de la constitución, y no dar respuesta a la denuncia que los legisladores le presentaron, así como negarles el derecho a la coadyuvancia con el Ministerio Público.
González Schmal mencionó que la demanda subraya que hasta el día de hoy, las autoridades denunciadas se han abstenido de girar los citatorios correspondientes para que comparezcan los presuntos responsables, ocasionando con ello una dilación injustificada en las actuaciones ministeriales.
Es decir, agregó, por no actuar en cumplimiento de su cargo, el Procurador es acreedor de juicio político, que por mandato constitucional debe instruir la Cámara de Diputados para salvaguarda del estado de derecho.
En su columna Oficio de Papel, de este 12 de junio, Miguel Badillo, nos ofrece la segunda parte de la Corrupcion en Los Pinos:
"La Auditoría 2015 arroja más irregularidades de Fox* Buscan en Los Pinos al culpable de filtrar expedientes* Silencio oficial en Presidencia y en la Función Pública
"Desde la Presidencia de la República buscan al responsable de filtrar el expediente en poder de la Secretaría de la Función Pública que contiene la auditoría confidencial 2015, clasificada como de seguridad nacional, y que involucra directamente al presidente Vicente Fox en la asignación irregular de contratos a las empresas Humberto Artigas y Asociados S.A. de C.V. y MYO S.A. de C.V., las cuales sirvieron para triangular los trabajos para la construcción de obras y adquirir bienes para la residencia oficial de Los Pinos y en esa intermediación ganaron el 200 por ciento más del costo total de dichos trabajos, es decir casi 45 millones de pesos.
A pesar de las evidencias de corrupción en la casa presidencial, en donde está envuelto el presidente Fox y su equipo de administración, la oficina de prensa de la Presidencia de la República se negó a explicar la actuación ilícita del jefe del Ejecutivo y se limitó a responder la petición de información como "no hay comentario alguno al respecto", con lo cual avalan las acusaciones que hizo desde el 2001 la Secretaría de la Contraloría, a cargo en ese entonces del panista Francisco Barrio Terrazas.
La misma respuesta negativa a la solicitud de entrevista con el director general de Auditoría Gubernamental la hizo la oficina de prensa de la Secretaría de la Función, que preside el panista Eduardo Romero Ramos, en donde dijeron que consultarían con el secretario la petición, pero ya no hubo respuesta alguna.
El nerviosismo y el miedo que hay en la cúpula gubernamental panista por este expediente que salió de los archivos confidenciales de la Secretaría de la Función Pública y que alcanza al presidente de la República por haber ordenado personalmente contratar a su amigo el arquitecto Humberto Artigas para remodelar, sin licitación de por medio, la residencia oficial de Los Pinos, incluidas las cabañas 1 y 2 que tanta nostalgia le causan a la primera dama Marta Sahagún, y que tuvieron un costo de 62 millones de pesos, así como la asignación directa de contratos a la empresa MYO S.A. de C.V. para la adquisición de enceres domésticos por más de 4 millones de pesos para hacer lucir bien las viviendas de la "pareja presidencial".
Duplicidad de contratos
Entre los cuatro contratos y dos convenios modificatorios asignados a la empresa Artigas y Asociados S.A. de C.V., como ya lo señalamos la semana pasada en esta misma columna, hay duplicidad de contratos y veamos porqué:Según el expediente integrado por la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría, ahora Secretaría de la Función Pública, hubo duplicidad en la suscripción del contrato de obra pública AD-269-00 para remodelar las cabañas 1 y 2, por un monto de 6 millones 336 mil 500.16 pesos, el cual fue firmado irregularmente en dos ocasiones, una el 15 de diciembre de 2000 y la otra el 20 de mismo mes con plazos de ejecución distintos; además se realizaron dos convenios adicionales con importes superiores al 25 por ciento, con lo cual se infringió, de acuerdo con la Contraloría, toda normatividad establecida.En el contrato del 15 de diciembre no se contó previamente con el oficio de inversión autorizado por la Secretaría de Hacienda, ya que éste fue emitido el 19 de diciembre y recibido el 21 del mismo mes.
El contrato suscrito el 20 de diciembre no cumplió con la calendarización para los pagos establecidos en el oficio de inversión, el cual programa erogaciones en los meses de marzo, abril, mayo, julio y diciembre de 2001; la emisión de facturas 345, 347 y 349 por 6 millones 297 mil 930.15 pesos, con fechas 15, 18 y 19 de diciembre, antes de la suscripción del contrato referido.
Derivado de ese contrato aludido, se celebró convenio modificatorio el 20 de diciembre de 2001 por la cantidad de un millón 552 mil 442.28 pesos por concepto de ampliación en el monto y el 22 de diciembre se suscribió otro convenio adicional por 632 mil 545 pesos, que suman 2 millones 184 mil 987 pesos más del presupuesto original y representan el 34 por ciento adicional al contrato original. Esto, dice la Contraloría, rebasa el 25 por ciento establecido en la normatividad.
Otra anomalía es que ambos convenios fueron suscritos por Alberto Ordóñez Benítez, coordinador de Adquisiciones de la Presidencia, cuando debió hacerlo el titular de la Dirección General de Administración, y tampoco se contó con la delegación de facultades correspondientes.
También hubo pagos anticipados
Otra irregularidad en los contratos orneados por Vicente Fox son los pagos anticipados que hizo la Presidencia de la República por 9.6 millones de pesos al contratista Humberto Artigas y Asociados, y lo más grave de estos anticipos es que se hicieron previamente a la suscripción del contrato de la obra AD-009-01 y de la facturación del anticipo, debido a que se trataba de un recomendado del presidente de la República.
En la adjudicación del contrato AD-009-01 a Humberto Artigas, suscrito el 13 de febrero de 2001 por un importe de 30 millones 88 mil 782.99 pesos, con plazo de ejecución del 14 de febrero al 16 de abril de 2001, se efectuaron los pagos anticipados en calidad de "préstamo" al contratosta Artigas, previamente a la fecha de suscripción del contrato y facturación del anticipo respectivo.
De la compulsa practicada a la empresa Humberto Artigas y Asociados, los auditores de la Contraloría descubrieron que el 25 de enero de 2001 se recibió el pago anticipado por un millón 700 mil pesos, cantidad considerada en el monto de las facturas 402, 407 y 408 del 22 y 28 de febrero, y 8 de marzo respectivamente, cuyo importe asciende a un total de 10 millones 982 mil 762.63 pesos.
Según se desprende de un escrito con fecha del 8 de febrero de 2001, elaborado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a la Dirección de Finanzas y por concepto de venta de cheque de caja con cargo a la cuenta 51-50001208-0, se efectuó otro pago anticipado por 7.9 millones de pesos, que de acuerdo con la compulsa y ficha de depósito de la empresa Humberto Artigas y Asociados, el importe referido fue cobrado el 15 de febrero de 2001, acreditándose en su estado de cuenta 001-3953101-7 de Bancomer; no obstante que la factura 402 correspondiente al anticipo es del 22 de febrero de 2001, es decir se emitió posteriormente al cobro de la cantidad referida entregada como préstamo.
El auditor agrega que la Dirección General de Administración de la Presidencia de la República mediante cuenta por liquidar certificada (CLC) número 02-0000211 del 28 de febrero de 2001, la cual registra como beneficiario la misma Dirección General de Administración, tramitó el pago por 9 millones 26 mil 634.88 pesos de la factura 402, correspondiente al 30 por ciento del anticipo del contrato en cuestión, es decir también posterior a los préstamos.
Mediante la compulsa se informó que previo al cobro mencionado ya se había entregado otro cheque, el número 006450 por 7.9 millones de pesos en días anteriores; sin embargo, éste había sido devuelto por el banco el 14 de febrero de 2000, según se advierte en estado de cuenta bancario que fue proporcionado en el acto de compulsa mencionado.
En su conclusión el auditor sostiene que la Presidencia de la República otorgó condiciones financieras a los contratistas fuera de normatividad, por la disposición de recursos financieros para el pago de obra sin estar regularizada documental y oportunamente.
En consecuencia, agrega, se dejó en estado de indefensión al gobierno federal al imposibilitarlo para efectuar reclamos que se susciten por incumplimientos, tanto en el inicio de la obra, fianzas de garantía de las entregas económicas por anticipado, lo que limita la aplicación de sanciones que se deriven de los trabajos ejecutados.
En este punto, la Contraloría recomendó que la Dirección General de Administración de la Presidencia de la República en coordinación con el Estado Mayor Presidencial deberían conciliar los préstamos otorgados al contratista y los reembolsos que se hayan realizado, derivados de los contratos de obra celebrados con la contratista Humberto Artigas y Asociados, y de existir saldos proceder a la recuperación o comprobación respectiva y a su vez requerir el costo financiero que corresponda.En las observaciones de la auditoría se indica que la empresa contratista Humberto Artigas informó que su plantilla de trabajadores y el organigrama de la empresa cuenta con solo 4 personas además de su presidente y apoderado legal: el vigilante, el mensajero y el de intendencia, únicos empleados que aparecen registrados en el IMSS según copia del pago correspondiente a mayo de 2001.
Por lo anterior, señala la auditoría, esa empresa no cuenta con la capacidad técnica ni financiera, tampoco su contratación se fundó en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, como se requiere para el ejercicio del gasto público federal.
Añade que en la adjudicación del contrato AD-009-01, Humberto Artigas subcontrató a otras empresas constructoras, lo cual no garantizó la confidencialidad de la información para el gobierno federal, por lo que necesariamente se debió efectuar licitación pública o procedimiento por invitación a cuando menos 3 contratistas en los términos del artículo 134 constitucional y 27, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios.También considera que faltó planeación de las necesidades de la obra y procedimientos de selección de las empresas a contratar. Debido al grueso expediente confidencial de la Presidencia de la República y que está también en poder de Oficio de Papel, la próxima semana continuaremos con el tema.
En medio de toda esta complicada circunstancia, tendremos elecciones de presidente de la Republica, que pueden derivar en conflictos de alto riesgo, ante cualquier resultado, lamentablemente...
VEREMOS..
