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Los jóvenes (supuestos) revolucionarios de ayer…
¿Son los represores de hoy?
Quisieron darnos sabadazo…
…pero los jóvenes salieron más respondones que cuando ellos fueron jóvenes.

“Como dije, no vengo a robar, simplemente a trabajar…” CB.


Aprueban fincar responsabilidades a funcionarios municipales que hagan uso indebido de Recursos Federales.


En solidaridad con Alberto Morales “Beto Gato” , Mario Chama y Miguel Ángel Carmona


Por Reynaldo Castro Melgarejo
25 de noviembre de 2009




¿Cuantos de ustedes?-con sus muy honrosas excepciones- solamente cobran los jugosos sueldos por ocupar, con sus nombres más no con su talento, los importantes puestos que forman parte de un gobierno, que “no sabe”, “no está informado” (cuando le conviene) o no ha sabido demostrar (sin recurrir al engaño, a la mentira, a la represión) que gobierna un estado tan importante como nuestro amado Veracruz.

Acaso creyó Reynaldo Escobar Pérez que la privilegiada protección que brinda Fidel Herrera Beltrán a sus errores, serían aceptados por los periodistas reprimidos por su perniciosa proclividad a tratar mal a quienes piensan diferente que él y se lo manifiestan, como es el caso de nuestros Amigos “Beto Gato” y Mario Chama y más reprobable, por el simple hecho de tomarle una fotografía en un estado de ánimo de enojo, sea motivo para atacar al compañero reportero gráfico Miguel Ángel Carmona, dueño de la agencia "FOTOVER", en pleno palacio de gobierno frente a casi todos los medios de comunicación de Xalapa. Así que no pregunten, menos nieguen que hay testigos.

Bien dice nuestro Amigo César Vázquez Chagoya, en su columna “Pasillos del Poder” del pasado 22 de noviembre: “Reynaldo Escobar Pérez, no tiene justificaciones para su conducta en contra de los periodistas por cuatro razones, que no admiten objeciones. La primera: Reynaldo es el presidente del órgano que protege a los periodistas en el estado de Veracruz.

La segunda, es que está poniendo el ejemplo a los demás políticos de que se puede agredir a cualquier periodista y no pasa nada, alentando la violencia hacia los comunicadores como los casos de Pánuco, Alvarado y Cosamaloapan, por mencionar algunos.

La tercera: ¿con qué cara Don Gerardo Perdomo Cueto pedirá justicia para un periodista agredido por unos funcionarios o edil, quienes replicarán porque la misma justicia no se le aplicó a Reynaldo Escobar Pérez.

Por último --ojala no suceda-- cuando maten a otro periodista y el estado pida que lo atraiga la Procuraduría General de la República, simplemente contestaran: "Don Fidel, el mal lo tiene en casa. Ahí tiene a su secretario que alienta la violencia en contra de los periodistas", así de fácil será la contestación.

No nos olvidemos que el estado está en la mira de los medios nacionales y que el caso de Jesús Sandalio Lechuga está documentado en la organización "Reporteros Sin Fronteras" con sede en Paris, Francia

¿Hasta cuándo, gobernador, le obedecerá el secretario de Gobierno?” Hasta aquí lo citado de la nota de Vázquez Chagoya.

Señor Gobernador…
¿Se investigará?
¿Se actuará conforme a Derecho?
¿Se respetarán los Derechos humanos y el Derecho a la Libertad de Expresión de nuestros Amigos y periodistas Alberto Morales, “Beto Gato”, Mario Chama y nuestro compañero, reportero gráfico Miguel Ángel Carmona?

Quisieron darnos sabadazo…
…pero los jóvenes salieron más respondones que cuando ellos fueron jóvenes.

¿Acaso creyeron que el pueblo estaría embelesado con la llegada de Cuauhtémoc Blanco y no le importaría el aumento al pasaje del servicio de transporte público?

Si no protestan los jóvenes que lo hicieron desde el momento en que se enteraron del aumento, nada habría hecho el gobernador para enderezar los efectos y reacciones populares del aumento autorizado, según dice el líder de los transportistas, por funcionarios del gobierno, supuestamente, aun sin estar enterado el gobernador.

Bien harán en repasar lo dicho por el mismo futbolista al cual apuestan el regreso del equipo Tiburones Rojos de Veracruz, a la primera división del futbol mexicano, según distintos medios en nota de la Agencia AP:

“Como dije, no vengo a robar, simplemente a trabajar, lo que siempre he hecho, con carácter, tratando de hacer un buen equipo y de subirlo a la primera división, porque la gente lo merece…''

“Vengo de jugar en canchas malísimas cuando era joven, de tierra, de lodo, de piedra, no me interesa, para mí los más importante es la humildad y la honestidad''.

El ex delantero del América y del Necaxa, entre otros equipos, consideró que a pesar de sus 36 años todavía se siente física y mentalmente bien para solventar una nueva temporada en Veracruz.

“Estoy muy bien mentalmente, como siempre lo he dicho, tendré 36 años pero el corazón, el espíritu, la mentalidad siempre la traigo y esto es lo importante'''', señaló. “. Hasta aquí la referencia de lo declarado por el futbolista de gran clase y compromiso profesional, además de ser honrado pues no viene a robar…

Bien harán en escuchar, meditar, valorar y actuar favorablemente a favor del pueblo quienes asumen “tirar el aumento y esconder la mano”; salir con el arrebato de amenazar en declaraciones sin efecto con requisar unidades o cancelar concesiones, cuando los mismos transportistas tenían documentos firmados, lo cual no detuvo los reclamos de jóvenes comprometidos con las demandas de la mayoría del pueblo en contra de los aumentos a los precios del servicio de transporte público en Xalapa, en Veracruz, en Boca del río, en Coatzacoalcos, en Minatitlán, la reacción del gobernador pareció más “estudiada” o fingida, igual que en muchos otros asuntos de relevancia y de otros de sencilla solución.

Apenas ayer, se aprobó una reforma constitucional que parece absurdo creer tanta omisión. Desde hace muchos años existía un enorme vacío de responsabilidad en el uso de los recursos públicos de orden federal para funcionarios municipales.

Con el Boletín B-0644, se da a conocer que legalmente se podrá fincar responsabilidades a funcionarios municipales que hagan uso recursos federales. Este martes, 24 de noviembre de 2009, se aprobó el Dictamen correspondiente:

El Senado de la República aprobó por unanimidad modificar el Artículo 108 de la Constitución, a fin de que se puedan fincar responsabilidades a los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos que administren de forma indebida fondos y recursos federales.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Desarrollo Municipal, presentaron ante el Pleno el dictamen, que establece un régimen legal eficaz en materia de responsabilidades de los servidores públicos, “imperativo fundamental de nuestro sistema democrático”.

El documento explica que uno de los mayores desafíos que enfrenta el país actualmente es garantizar el desempeño honesto y transparente de todos y cada uno los servidores públicos, así como erradicar la percepción ciudadana negativa y desfavorable del funcionamiento de las instituciones públicas.

Por ello, “el servicio público no debe en ningún momento ser usado para el beneficio personal y ningún funcionario debe anteponer sus intereses al interés público que está obligado a proteger”, sostienen las comisiones.

Asimismo, recordaron que la propuesta de reforma a la Constitución, presentada por el senador Ulises Ramírez Núñez, del PAN, señala que el fenómeno de la corrupción, del que ningún Estado está exento, es un inherente natural de la interacción social, que se da específicamente en el ejercicio de la función pública y la aplicación de los recursos económicos, por lo que la sociedad demanda mecanismos de control eficaces. El dictamen pasó a la Cámara de Diputados.

La noticia corre por distintos medios de comunicación nacionales y locales. En El Economista se da cuenta de que: “El Senado de la República avanzó en la aprobación de una reforma constitucional para hacer responsables jurídicamente a los presidentes municipales, regidores y síndicos por “administración indebida de fondos y recursos federales”.

A propuesta del senador panista Ulises Ramírez Núñez, se aprobó… el dictamen de reforma al Artículo 108 de la Constitución para incorporar a los presidentes municipales, regidores y síndicos como sujetos responsables de un eventual mal manejo de los recursos públicos, junto con los gobernadores, diputados locales, magistrados de tribunales superiores de justicia. Especifica que de incurrir en esos actos ilícitos, los funcionarios serán sancionados.

Establece que ningún estado está exento de la corrupción, y ningún funcionario público puede “anteponer sus intereses al interés público”, al llevar a cabo acciones tendientes al quebranto financiero del país.

La reforma pretende fijar que los presidentes municipales, regidores y síndicos no deben ser excluidos, como no lo están hasta ahora los gobernadores, diputados locales y magistrados de tribunales superiores de justicia.

"Lo anterior en virtud de que el modelo del federalismo que existe actualmente en nuestro país ha evolucionado” Hasta aquí la nota.

Cuantos años de corrupción e impunidad. Todavía faltan más reformas que se están ventilando, negociando y presentando en las respectivas Cámaras legislativas de la federación, como la relativa al Sistema Nacional de Planeación Democrática en la cual los municipios tendrán la responsabilidad y la atribución de participar en la definición de los planes de desarrollo en el contexto estatal y federal en lo correspondiente a sus territorios. Por lo que tendrán la atribución, ahora ignorada o negada o no reconocida, de firmar convenios con el gobierno federal; lo cual no deja de ser un simple apunte o parche adicional a tantos otros rotos y descocidos.

Lamentablemente muchos legisladores no entienden que urge definir el valor y el carácter preventivo que requiere tener para siempre el combate de la corrupción en México. Lo cu7al involucra tanto a la planeación como el origen y destino en el ejercicio de los recursos públicos de cada uno de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. Ya llegarán los tiempos en que eso sea inevitable, impostergable e irrenunciable.

Veamos la nota de Leonor Flores en “El Economista” del pasado 22 de noviembre:

”Sin controles, 13.9% del gasto”
“Se trata de los recursos no condicionados a cumplir criterios determinados

“Durante el 2010 se destinarán 441,579.2 millones de pesos a las participaciones federales a estados y municipios, según información de la Secretaría de Hacienda, basada en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado en la Cámara de Diputados.

Se trata de recursos de la mayor relevancia para las haciendas locales debido a que son de libre disposición, es decir, su ejercicio no está condicionado a cumplir criterios definidos ni destino.

Las participaciones también sirven como garantía de pago en emisiones de deuda que hacen las entidades federativas a través del mercado de valores o para solicitar créditos.

Gasto federalizado

El documento refiere que el monto total de gasto federalizado para el 2010 será de 934,656 millones de pesos.

Esta cantidad es superior a lo que se gastarán en su conjunto (787,346.5 millones de pesos) la Presidencia de la República, 18 secretarías de Estado, la PGR, los Tribunales Agrarios y de Justicia Fiscal, la Consejería Jurídica y Conacyt, con base en información proporcionada por la Secretaría de Hacienda.

También es casi cinco veces el presupuesto que tendrá la Secretaría de Educación Pública para el próximo año.

Adicionalmente, los estados y municipios recibirán 463,152.1 millones de pesos en aportaciones federales, para gastar el próximo año.

Este rubro de gasto contemplado en el Presupuesto se creó como parte del proceso de descentralización y se utilizan para atender necesidades en educación, infraestructura social y salud, entre otros.

También contarán con otros 29,925 millones de pesos para otros rubros.

Aunque el gasto federalizado presenta una ligera disminución de 0.4% con respecto al 2009, se mantiene el mismo nivel”. Hata aquí esta información de gran utilidad para argumentar la urgencia de impulsar reformas que fortalezcan el Combate preventivo de la corrupción en México, desde los municipios.

Habrá más y más reformas que se traducirán en simples parches, en lugar de ir a una reforma integral para cerrarle los caminos históricos y actuales, a la opacidad, la desviación de recursos, la discrecionalidad, la corrupción, la complicidad y la impunidad en los que se enredan o se han enredado funcionarios y empresarios proclives a la corrupción de las distintas dependencias de gobiernos municipales, estatales y federal, en el uso de recursos públicos desde los municipios de México.

La escasez de recursos públicos es creciente, las necesidades sociales básicas aumentan exponencialmente sin que exista una verdadera capacidad de respuesta del Sistema de Gobierno, en sus tres niveles, para generar de manera acelerada recursos económicos suficientes para atender con oportunidad y eficiencia las demandas más sentidas de los habitantes de cada municipio. Peor futuro espera a los estados y municipios con la bursatilización de recursos públicos a 15 o más años.

No obstante que vivimos un crecimiento de los ingresos públicos por el aumento de los precios del petróleo en los últimos 10 años, hoy estamos en un verdadero problema de falta de liquidez y será peor porque no mejorará la capacidad de generación de recursos propios en los estados y municipios, por lo que se verá más afectada negativamente la vida en los municipios si no se instrumentan mecanismos transparentes para que el ejercicio de los escasos recursos públicos se haga de manera congruente con las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno y que a su vez, éstas alcancen los mejores resultados posibles con la validación de los ciudadanos en todos los municipios del País, que será base fundamental para una equitativa generación y distribución de la riqueza nacional.

Los mecanismos de la generación y repartición de la riqueza nacional a través de las participaciones federales, no han alcanzado los resultados esperados, ya que, la mayoría de los estados y municipios no han logrado ser eficientes en la captación de recursos.

El reto como mexicanos para gobierno y sociedad, es lograr un federalismo más equilibrado, menos desigual y que esté a la altura de nuestros tiempos: al fortalecimiento municipal no lo podemos concebir sin el federalismo y al federalismo no lo podemos concebir sin municipios fuertes a cabalidad, por la irresponsabilidad de gobernantes o funcionarios en los tres niveles de gobierno con ideas atrasadas, proclives al centralismo y autoritarismo que propician más la corrupción.

En el Siglo XXI (ya vamos en el primer decenio) difícilmente podrá prevalecer la política centralista, del gobierno federal ni estatal. Esa es una de las exigencias nacionales expresada mayoritariamente por la sociedad civil el pasado 5 de julio del 2009. Inevitablemente la ciudadanía continuará exigiendo y actuando en reclamo, en tanto no se consolide dicho proceso de acabar con el federalismo simulado.

El Federalismo tiene raíces profundas en nuestra historia. Por ello, al vincular nuestra herencia histórica con nuestro porvenir como nación, un federalismo renovado, derivado de un proceso de verdadera integración nacional desde los municipios, es la forma de organización política más adecuada para México. En el marco de los propósitos del Gobierno Federal por un Nuevo Federalismo se establece el compromiso de consolidar al Municipio como el espacio privilegiado para la participación política y la búsqueda de soluciones a las demandas sociales, mediante el fortalecimiento de las capacidades de acción de los municipios y la vigorización de la participación ciudadana.

El Federalismo es, sin duda, la mejor organización política para lograr el desarrollo con justicia social. Es convicción del Gobierno Federal que el Federalismo es la mejor vía para la democracia; el Federalismo es la opción estructural para una Nación formada por una vasta diversidad cultural y una vigorosa pluralidad política. Fortalecer el Federalismo significa fortalecer a los gobiernos locales y municipales. Ello implica transferir competencias, recursos, autoridad y poder del Gobierno Federal a los otros órdenes de gobierno. Ello implica transferir el conocimiento sobre el origen y destino de los recursos públicos de cada uno de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Un sistema federalista esencialmente se caracteriza por la división o distribución de competencias entre la autoridad federal y las estatales, mismas que la ejercen de manera coordinada sin menoscabo de su autonomía, con el objeto de conciliar en un todo armonioso. El Estado Nacional, producto de la Unión, tiene como objeto central el de conducir a niveles superiores a los estados miembros, a los cuales se les garantiza su individualidad y potestad para regular y conducir su desarrollo interno. No obstante lo positivo de ello, históricamente ha faltado fortalecer a los municipios para consolidar el Federalismo.

Ya vendrán los días en que se impulsen las reformas correspondientes a los artículos 40 y 116 constitucionales para firmar un Nuevo Pacto Federal.

Por ello propongo que es urgente y conveniente un Nuevo Pacto Federal firmado por todos los municipios, a través de sus gobernantes o sean los presidentes municipales.

Al poder firmar convenios entre federación y municipios, como se está proponiendo con las reformas por aprobarse, la relevancia del Pacto Federal que reconozca la integración del territorio nacional a partir de sus municipios será inevitable.


Señor Gobernador…

¿Se investigará?
¿Se actuará conforme a Derecho?
¿Se respetarán los Derechos humanos y el Derecho a la Libertad de Expresión de nuestros Amigos y periodistas Alberto Morales, “Beto Gato”, Mario Chama y nuestro compañero, reportero gráfico Miguel Ángel Carmona?

¿Cuántos entenderán lo dicho por su futbolista estrella?

¿Cuántos funcionarios públicos municipales tendrán que enfrentar cuestionamientos o responsabilidades por el uso indebido de recursos públicos federales, estatales y/o municipales?

VEREMOS…

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Los Jóvenes…
…como héroes mitológicos, históricos y reales…
El V Parlamento Juvenil en Veracruz

Por Reynaldo Castro Melgarejo
28 de 0ctubre de 2009


“Los Jóvenes, como héroes mitológicos, históricos y reales: acabarán con las simientes de nuestra propia destrucción”. RCM.

Los Peligros que amenazan a los jóvenes Son peligros y Amenazas para todos los mexicanos.

¿Cómo encausar a los jóvenes a escuchar, encontrar, aceptar, practicar y tener muy presentes los valores humanos, morales y éticos en su vida diaria?

Es un gran reto que tenemos padres, madres y ciudadanos en general; autoridades y maestros; familiares y amistades. Es muy difícil aceptar que no podamos superarlo; por ello, desde este modesto espacio, comparto con mis lectoras y lectores un poco de estos valores espirituales y morales que pueden ser un apoyo para esa lucha diaria por tener en nuestras familias mejores seres humanos, empezando por nosotros mismos y continuando con nuestros seres queridos. Y tratándose de jóvenes, este contenido puede servir para motivar una mayor unión espiritual y familiar. Si a una sola persona le pudiera servir, me sentiré agradecido con Dios de haber contribuido en algo a mejorar la vida de mis semejantes; y de ser posible que fuera a más y a más jóvenes, mayor será mi alegría de que así sea.

El 28 de julio de 2008, escribí varias ideas y compartí con ustedes amables lectoras y lectores, información que está vigente y considero valioso releer, sobre los riesgos que atentan en contra de los jóvenes en México:

Los Peligros que amenazan a los jóvenes Son peligros y Amenazas para todos los mexicanos.

“En México, 54.6 por ciento de los jóvenes confiesan estar tristes y creer que su vida es un fracaso, 13.3 por ciento atentaron contra su vida y 8.8 por ciento han pensado en suicidarse…”
“Las entidades con mayores índices de depresión entre su población juvenil son Veracruz, con 60.6…”
“…de los 14 millones de fumadores que hay en México, 10 millones comenzaron a fumar antes de los 14 años...”
Sufren el 76% de jóvenes violencia en el noviazgo

Me siento motivado a invitar a todas y todos a seguir luchando por salvar a nuestros jóvenes de los peligros y amenazas que los acechan; esas mismas que pueden provocar reacciones y efectos o consecuencias que más pronto que tarde nos podrían alcanzar a todas y todos, si seguimos en ese “Valemadrismo”, Indiferencia, Ignorancia y/o Evasión que tienen su origen en la corrupción, la maldita cadena de complicidades y la impunidad, en gobernantes, ciudadanos, políticos y empresarios corruptos de ambos géneros, que tanto daño ocasionan a las sociedades en general y que se han convertido en las simientes de nuestra propia destrucción.

El valor humano de buscar por una y mil vías de encontrarnos y protegernos para conservar nuestra especie, es sin duda un gran e ineludible compromiso, responsabilidad y obligación de todos los seres humanos, sin importar edades, géneros, siglas partidistas; religiones, razas, niveles de estudios, de capacidades económicas y/o sociales. Ante este gran Reto, la realidad de nuestros espacios cercanos y lejanos, nos marcan, nos exigen, acciones urgentes para evitar la autodestrucción de todos; del planeta, de nuestra forma de vida y de nuestras reservas atmosféricas, ecológicas, biológicas y humanas. En medio de esas valiosas reservas se encuentran nuestros niños, adolescentes y jóvenes, que sin duda alguna, son el capital humano que debemos cuidar y fortalecer para que tenga siempre un sano crecimiento, una limpia y honesta formación y una distribución y reproducción que enriquezca moral y espiritualmente, además de lo económico, político, social y humano, a su misma especie; por ello, no es ocioso intentar por todos los medios a nuestro alcance continuar haciendo frente al compromiso y querer cumplirlo con responsabilidad y respeto para todas y todos, de impulsar una mejor atención a nuestros jóvenes, adolescentes y niños en general.

Los peligros que se ciernen sobre los jóvenes, los adolescentes y los niños, pueden, de no combatirlos contundentemente con la mayor prevención posible, causar verdaderos estragos en las generaciones de mexicanas y mexicanos de los próximos treinta años. Desde luego que en otros países existen los mismos peligros; pero ahora trataremos de motivar que exista conciencia en nuestras y nuestros lectores sobre estos riesgos; por lo que les compartiré datos de distintas fuentes para enriquecer nuestra cultura en este tema.

Cabe recordar que El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (o UNICEF) fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1950 para ayudar a los niños de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Primero fue conocido como UNICEF, acrónimo de United Nations International Children's Emergency Fund o (en español, Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia). En 1953, UNICEF se convierte en organismo permanente dentro del sistema de Naciones Unidas, encargado de ayudar a los niños y proteger sus derechos. Su nombre fue reducido a Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations Children's Fund), pero se mantuvo el acrónimo UNICEF por el que es conocido hasta ahora. Los logros alcanzados desde su fundación, permitieron que se le otorgara el Premio Nobel de la Paz en 1965 y el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 2006.

Según el UNICEF: “La adolescencia es esencialmente una época de cambios. Trae consigo enormes variaciones físicas y emocionales, transformando al niño en adulto. En la adolescencia se define la personalidad, se construye la independencia y se fortalece la autoafirmación. La persona joven rompe con la seguridad de lo infantil, corta con sus comportamientos y valores de la niñez y comienza a construirse un mundo nuevo y propio. Para lograr esto, el adolescente todavía necesita apoyo: de la familia, la escuela y la sociedad, ya que la adolescencia sigue siendo una fase de aprendizaje.

Según la misma fuente: ¿Cuál es la situación en México?

México (con cifras al 2008) cuenta con un total de 12.8 millones de adolescentes entre 12 y 17 años de edad, según el II Conteo de Población y Vivienda del 2005. Muchos de ellos enfrentan serios problemas para ejercer sus derechos, lo que se refleja en los valores del Índice sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia Mexicana (IDN) para jóvenes entre 12 y 17 años, que son más bajos que para los niños más pequeños.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en el 2004 casi 4 millones de adolescentes entre 12 y 17 años no asistían a la escuela. Del total de niños y jóvenes que no asistían a la escuela, correspondían a este grupo de edad 30% de hombres y 29% de mujeres. Dejar la escuela antes del tiempo establecido significa el riesgo de continuar el aprendizaje predominantemente en las calles. Con esto, las capacidades y oportunidades de los adolescentes se ven recortadas de manera drástica, y sus riesgos de salud aumentan.

La mayoría de ellos además estará condenada a vivir en situación de pobreza. Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, el 55% de los adolescentes mexicanos son pobres, uno de cada 5 adolescentes mexicanos tiene ingresos familiares y personales tan bajos, que no le alcanzan siquiera para la alimentación mínima requerida. Hay muchas razones por las que los adolescentes dejan de ir a la escuela, entre ellas la baja calidad de la educación, especialmente en las escuelas públicas; la discriminación que muchos jóvenes enfrentan, la falta de oportunidades y de oferta educativa, así como la necesidad de trabajar. Casi tres millones (aproximadamente uno de cada tres varones y una de cada ocho chicas) de este grupo de edad trabajan. Su bajo nivel de educación en muchos casos los obliga a aceptar trabajos mal pagados, peligrosos o incluso en condiciones de explotación. La explotación se torna aún más violenta cuando se trata de la explotación sexual comercial. Se estima que en México 16,000 adolescentes, en su gran mayoría niñas, son víctimas de este delito.

La falta de orientación y de oportunidades también se refleja en el alto número de adolescentes que mueren cada año en México por accidentes de tránsito, homicidios y suicidios. Según los datos oficiales, éstas son las tres principales causas de muerte entre los jóvenes de 12 a 17 años de edad en México. En el 2004, morían diariamente cuatro adolescentes por accidentes de tránsito; cada semana eran asesinados 12 jóvenes y 10 cometían suicidio. Otro impacto de la falta de orientación es el alto número de embarazos prematuros. Casi medio millón de mexicanas menores de 20 años dieron a luz en el año 2005.

La paternidad y la maternidad tempranas conducen a las niñas, de manera abrupta, a un mundo adulto para el cual no están preparadas, con efectos desfavorables sobre su vida y la de sus hijos. El embarazo prematuro además conlleva un alto riesgo para la vida y la salud de la madre y del bebé. La orientación callejera, la curiosidad y la presión social también propician que muchos adolescentes contraigan adicciones al alcohol, al tabaco y a los estupefacientes, lo que constituye un grave problema que es cada vez mayor en México.

Por ejemplo, de los 14 millones de fumadores que hay en México, 10 millones comenzaron a fumar antes de los 14 años. La difícil situación de muchos adolescentes en México también tiene que ver con el hecho de que la sociedad los considera muchas veces más como una amenaza que como lo mejor de si misma. No obstante, el número de adolescentes en conflicto con la ley no es más alto que en otros países: en el año 2005, de acuerdo con estadísticas del Consejo de Menores Federal, había 8,481 menores de edad infractores privados de libertad en centros de tratamiento. La mayoría de ellos se encontraban internos por haber cometido delitos del fuero común, como el robo y otros delitos no graves, que constituyen casi el 80% de los casos registrados. Información más actualizada, nos advierte de tendencias suicidas y las crecientes amenazas y peligros para estos segmentos de mexicanos.

El 22 de abril de 2008, distintos medios nos informaron de verdaderas amenazas a la vida de los jóvenes existentes en ellos mismos: Desean morir 5 mil jóvenes de Prepa: “Los niveles de violencia, discriminación y abuso entre los jóvenes hicieron que casi cinco mil estudiantes de bachillerato en México desearan morir y más de mil intentaran quitarse la vida. En la encuesta realizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) se encontró que en promedio la mitad de este grupo tiene altos niveles de estrés y depresión que los lleva a sentirse solos, tristes, temerosos y que ha fracasado su vida.

Al convocar a un foro para a atender el problema, analizar y escuchar a los llamados "emos", la SEP lo hizo sin la presencia de integrantes de ese grupo o de representación de grupos juveniles. Durante la presentación de los resultados de la encuesta, realizada entre 13 mil 104 estudiantes de bachilleratos dependientes del gobierno federal, estatal y de las universidades públicas, el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely Pardo señaló que entre 3 y 5 estudiantes de cada diez manifiesta expresiones discriminatorias, intolerantes e incluso de violencia en contra de quienes portan el virus del SIDA, son homosexuales, indígenas, con discapacidad, muestran ideas políticas diferentes, los pobres o por su color de piel.”

En La Jornada del 22 de julio de 2008, en nota de Karina Avilés se da cuenta que:

“Afecta la depresión a 54.6% de los estudiantes de bachillerato”
■ Más de 13% de los jóvenes han atentado contra su vida, revela encuesta nacional
■ Pensamientos de tristeza y frustración afectan más a las mujeres que a los hombres
■ En Oaxaca, la cuarta parte de las adolescentes han pensado en el suicidio.

“En México, 54.6 por ciento de los jóvenes confiesan estar tristes y creer que su vida es un fracaso, 13.3 por ciento atentaron contra su vida y 8.8 por ciento han pensado en suicidarse. Esto, de acuerdo con la primera Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia, realizada en bachilleratos públicos, en la cual se concluye que dicha problemática va en aumento.
Oaxaca, con 14 por ciento, y Tabasco, con 18.1 por ciento, son los estados en donde se reporta la mayor incidencia a escala nacional de jóvenes entre 15 y 19 años de preparatorias públicas que se han hecho daño con el propósito de quitarse la vida.

La investigación revela, además, que la población más vulnerable es la femenina, ya que 24.5 por ciento de las jóvenes oaxaqueñas desean perder la vida, mientras 21.7 por ciento han realizado algún acto para morir.

Con base en una muestra de 13 mil 104 alumnos de entre 15 y 19 años, el estudio confirma que la depresión es una problemática que afecta a gran parte de los muchachos. Y, bajo la perspectiva de género, son ellas, de nueva cuenta, las principales afectadas.

Síntomas como “ganas de llorar, no poder dejar de estar triste, sentirse solo, creer que la vida ha sido un fracaso y falta de apetito” afectan a 61.6 por ciento de las mujeres jóvenes y a 46.1 por ciento de los hombres.

Las entidades con mayores índices de depresión entre su población juvenil son Veracruz, con 60.6 por ciento; Puebla, con 60.3; el estado de México, con 60 por ciento, y Oaxaca, con 59.4 por ciento. Las 10 entidades donde se registra mayor número de jóvenes que han atentado contra su vida son las siguientes: Oaxaca, con 14 por ciento; Tabasco, con 12.7; Morelos, con 12.4 por ciento; San Luis Potosí, con 11.5; Durango y Guerrero, con 11 por ciento, cada uno; Tlaxcala, con 10.9 por ciento; Distrito Federal, con 10.7 por ciento, Jalisco y Chihuahua, con 9.8 por ciento cada uno. El promedio general por género es de 11.9 por ciento para las mujeres y de 5 por ciento para los hombres. Pero por entidad, Jalisco es el que tiene un mayor número de varones jóvenes (11.1 por ciento), y Oaxaca, de mujeres (21.7 por ciento) que se han hecho daño para terminar con su vida.

Y, en relación a las entidades con un mayor porcentaje de chavos que han pensado en suicidarse, destacan Tabasco, con 18.1 por ciento; Durango, con 16.9; Oaxaca, con 16.8 por ciento; Tlaxcala, con 16.5; San Luis Potosí, con 16.3 por ciento; Puebla, con 15.9; Guerrero, con 15.6, y Jalisco y Morelos, con 15.1 por ciento cada uno.

Crece la problemática: En el caso de la población femenina, el promedio general asciende a 16.8 por ciento, y en el de la masculina, a 8.5 por ciento. Sin embargo, 14 por ciento de los hombres jóvenes en Guerrero y 24.5 por ciento de las mujeres jóvenes en Oaxaca, han tenido pretensiones de suicidarse, lo que ubica a dichos estados con el mayor índice en esta problemática.

El 23 julio 2008 se dio a conocer el resultado de la Primera Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo. Efectuada durante el 2007 por el Instituto Mexicano de la Juventud IMJ y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística INEGI, en dicho estudio se concluye, que el 76 por ciento de los jóvenes mexicanos de entre 15 y 24 años ha sufrido episodios de violencia psicológica al menos una vez durante el noviazgo: "En este tenor, la primera solución es saberse afectado o afectada por actitudes de violencia que muchas veces no son perceptibles, máxime cuando entre víctima y victimario existe una relación más allá que la eventual", dijo Priscila Vera, directora del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), durante la presentación de los resultados. La encuesta revela también que 16.5 por ciento de los jóvenes han sido víctimas de violencia sexual y el 15 por ciento ha experimentado violencia física por lo menos una vez, ejercida sobre todo en contra de las mujeres.

En la clasificación por tipo de violencia física se destaca que en la considerada “leve” –empujones, arañazos, jalones de cabello y mordidas– los hombres son los más afectados, con 48 por ciento de los casos, contra 32.1 de las mujeres, cifra que se incrementa si se trata de violencia física “media”, donde 61.4 por ciento de los casos afecta a mujeres que sufren bofetadas, golpes, agresiones con objetos pesados, patadas o que rompan sus objetos personales, a lo que se suma la considerada “severa”, que incluye el riesgo de quemaduras, intentos de estrangulamiento y amenazas con cuchillo, navaja u otras armas.

Otra de las problemáticas que quedó de manifiesto fue la de la violencia intrafamiliar, pues el 9 por ciento de los encuestados aseguró que en su casa se registraban escenas en las que salían a relucir los golpes, en tanto que el 21.3 por ciento reconoció que había insultos, generalmente entre padre y madre.

Sobre el consumo de sustancias, los resultados de la encuesta muestran que el 59.2 por ciento de los jóvenes fuman y el 62.1 por ciento comenzó a hacerlo entre los 15 y los 19 años. Además, el 8.2 por ciento admitió haber consumido alguna droga.

Respecto a enfermedades de transmisión sexual, el SIDA es el único conocido por el 100 por ciento de los encuestados, mientras que el 94.6 por ciento de ellos dijo haber utilizado el condón. El estudio, aplicado en 18 mil hogares en todo el país, con representatividad en localidades urbanas y rurales, es el primero en su tipo en México y América Latina, aseguró Priscila Vera, directora del IMJ, quien destacó que se busca conocer la frecuencia y magnitud de la agresión en las relaciones de noviazgo, por lo que consideró como universo de estudio a la población de entre 15 y 24 años (14 millones 61 mil 802 jóvenes), de los cuales sólo 7 millones 278 mil 236 tuvieron al menos una relación sentimental en 2007.

De esta cifra, 90.7 por ciento afirmó que el primer motivo para relacionarse con su pareja fue que le gustaba mucho, mientras 4.9 aceptó el noviazgo porque le insistieron, y 2 por ciento por presión social. En 36 por ciento de los casos el encuentro con la pareja ocurre en la escuela, 18 por ciento en la calle y 14 por ciento en una fiesta.

Sobre los motivos que ocasionan el enojo con la pareja, 41 por ciento de los hombres respondió que se molesta por celos; 25.7 porque su pareja tiene muchos amigos y 23.1 dice que se su pareja se enoja de todo sin razón aparente. En tanto, 46 por ciento de las mujeres dijo que se molesta porque siente celos; 42.5 porque su pareja queda en algo y no lo hace y 35 por ciento porque considera que es engañada.

En cuanto a la violencia sexual, se destaca que si bien 16.5 por ciento de los jóvenes ha vivido al menos una experiencia de ese tipo, 8.1 por ciento de jóvenes de entre 15 y 24 años señaló que alguna vez han tratado de forzarlos a tener relaciones sexuales contra su voluntad, mientras que a 1.8 la obligaron a hacerlo. En ambos casos los principales agresores han sido novios, tíos y vecinos.

Respecto al consumo de alcohol, tabaco y drogas, se destaca que si bien hay menos violencia entre quienes no usan dichas sustancias, 59.2 por ciento de los encuestados afirmó que fuma, 23 por ciento bebe alcohol y 8.2 por ciento ha consumido alguna sustancia ilícita, como mariguana, cocaína o crack.” Hasta aquí la información compartida que nos hace más contundentes las advertencias de los riesgos para todas y todos.

Sin duda que no todos los jóvenes de México, sufren marginación o exclusión. Sin duda que existen millones de jóvenes exitosos y asertivos que caminan por la vida luchando por alcanzar sus aspiraciones, objetivos, metas y realización humana que les permite lograr titularse en una carrera profesional, avanzar en estudios de postgrado y conseguir niveles de ingreso basados en su trabajo honrado que se traducen en empleos bien pagados; en mejores niveles de bienestar, calidad de vida y prosperidad que también puede llegar a la formación de un patrimonio honrado y una pensión o jubilación bien ganada son muy merecidos y reconocidos.

Lamentablemente, la misma realidad inocultable y terca que nos exige tomarla en cuenta y no evadirla, no ocultarla o pretender ignorarla como lo han hecho los gobernantes desde hace más de medio siglo, se expresa día a día en todos nuestros caminos y por distintos medios de comunicación e información, se nos advierte que la cifra de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mencionados como adultos mayores o de la tercera edad que sobreviven, subsisten, padecen, sufren y mueren en la adversidad del desempleo; de la pobreza, de la pobreza extrema y en la miseria, que esas cifras y datos duros, se van a convertir en amenazas a las posibilidades de nosotros y los otros, de disfrutar nuestros o sus éxitos; en amenazas en contra de permitirnos disfrutar de la tranquilidad de una vida digna de paz y armonía social a la que tenemos derecho todas y todos, exitosos, fracasados o luchones; no todos los jóvenes alcanzaron o aspiran a realizar una carrera universitaria; los egresados de tecnológicos o de carreras técnicas también aspiran y tienen derecho a todos los bienes y satisfactores que les producen sus trabajos honrados. También aquellos que en la dignidad de una empresa familiar, el comercio, las artesanías, el taller o las ventas de servicios y productos, que con su trabajo honrado lo ganan y lo merecen.

Es innegable y muy lamentable, que nuestra sociedad no está preparada para ofrecer alternativas de atención, estudios, formación y empleo digno y bien remunerado a los jóvenes de las ultimas cinco décadas; es inevitable recordar los movimientos de 1968, que se iniciaron en el mes de julio, precisamente por los últimos días; los de 1970 que ocurrieron en el mes de junio el día 10 y que lamentablemente no alcanzaron los frutos reclamados de una vida mejor para todos. Por el contrario es inevitable reconocer que han aumentado la exclusión social que los afecta y nos afectará a todas y todos si no hacemos lo más posible y lo logramos, por redireccionar las políticas públicas integrales que permitan mejores oportunidades para las nuevas generaciones.
Como nunca en la historia de la humanidad, hoy en este primer decenio del siglo XXI, existen en los mercados nacionales e internacionales una enorme cantidad de bienes, servicios y satisfactores disponibles, sin que los puedan obtener de manera licita en la mayoría de los jóvenes; la economía informal, la piratería, el narcomenudeo, la delincuencia organizada, la corrupción, la maldita cadena de complicidades y la impunidad, no pueden ser el destino manifiesto de nuestra sociedad, de nuestro país; menos de nuestros jóvenes, adolescentes y niños.

Si no somos capaces de salvar a nuestros jóvenes de los peligros y amenazas que los acechan; serán los jóvenes y sus madres principalmente, de cualquier nivel económico o clase social sin recurrir a la vía de la violencia, (porque esa vía está agotada para mantener creciente la construcción de una democracia participativa), quienes inicien una revolución participativa; pacifica, de ideas y de conciencias por las vías de los foros y electorales, que los llevará a impulsar y a exigir cambios estructurales en las instituciones públicas, educativas, de salud, de gobierno y empresariales para que se respete y tener una verdadera responsabilidad social en la administración pública y transparencia en el origen y destino de los recursos públicos.

Los Jóvenes acabarán con las simientes de nuestra propia destrucción: la corrupción, la maldita cadena de complicidades y la impunidad, en gobernantes, ciudadanos, políticos y empresarios corruptos de ambos géneros, que tanto daño ocasionan a las sociedades en general.

Antes de que la corrupción acabe con las oportunidades de los jóvenes, y sus derechos a una vida digna, con decoro, con seguridad, en sus patrimonios, en sus personas y las de sus familiares, los jóvenes y sus madres por la vía pacífica, acabarán con los políticos corruptos y superarán los peligros y amenazas que hoy les acechan. “Los Jóvenes, como héroes mitológicos, históricos y reales: acabarán con las simientes de nuestra propia destrucción”.


El V Parlamento Juvenil en Veracruz

El pasado jueves 22 de octubre, rindió Protesta el Parlamento de la Juventud Veracruzana. Para tal efecto, se llevo a cabo la Sesión Solemne de la LXI Legislatura del Congreso del Estado. En dicha sesión se realizó la Instalación del 5º Parlamento de la Juventud Veracruzana, donde rindieron protesta de Ley los jóvenes parlamentarios representantes de los Distritos Electorales y plurinominales bajo el lema “Por el valor de ser Joven”. Integran la Mesa Directiva este Parlamento Juvenil el Lic. Sergio Alejandro César Laines (Presidente), Mónica Herrera Villavicencio (vicepresidenta), y Alberto Peña Nieves (secretario). El mismo propósito se realizó en distintas fechas en otros países y estados de la Republica mexicana,
30 jóvenes parlamentarios representantes de los Distritos Electorales y 20 plurinominales rindieron protesta de Ley como integrantes del Quinto Parlamento de la Juventud Veracruzana que se desarrolla bajo el lema "Por el valor de ser Joven".

Posteriormente, los nuevos legisladores eligieron en votación secreta a sus homólogos Sergio Alejandro César Laines, Mónica Herrera Villavicencio y José Ignacio Peña Nieves, como presidente, vicepresidenta y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la Sesión Ordinaria de este viernes 23 de octubre, donde habrán de debatir acerca de temas como identidad, familia y valores; salud y asistencia; cultura e identidad regional; participación social y política; empleo y capacitación; educación tecnológica y profesional; ecología y medio ambiente; inclusión educativa de los jóvenes con capacidades diferentes, entre otros.

Participan los jóvenes por los Distritos: I Pánuco, Miguel Ángel García Santiago; II Tantoyuca, Gibrahan Hernández Vicente; III Chicontepec, Norma Emilia Palomino Cruz; IV Álamo Temapache, Antonio Martínez Guerrero; V Tuxpan, Alba Areli Cobos Quiñones; VI Poza Rica, Ahyled Jayim Santos Herrera; VII Papantla, Alejandra Pérez Hernández; VIII Martínez de la Torre, Joana Marlen Bautista Flores; IX Misantla, Marco Antonio Domínguez Hernández; X Perote, Cheideny Magaly Olveros Castrejón; XI Xalapa, Urbano, Katia Larissa Ortíz Domínguez; XII Xalapa Rural, José Oreste Quintano Cabrera; XIII Coatepec, Antonio Díaz Hernández; XIV Huatusco, Yzamar Fernando Marroquín Rivera; XV Orizaba, María Silvia Moreno Sánchez; XVI Córdoba, José Ignacio Peña Nieves; XVII Tierra Blanca, Osiel Osorio Palacios; XVIII Zongolica, Erik Maurilio Cruz Cano; XIX La Antigua, Jorge Montiel Domínguez; XX Veracruz Urbano, Laura Abigail Alfonsín Ramírez; XXI Veracruz, Rural, Francisco Daniel Ramírez Santos; XXII Boca del Río, Alberto Rodríguez Álvarez; XXIII Cosamaloapan, Miguel Roberto Zamudio Zamudio; XXIV Santiago Tuxtla, Carlos Melesio de los Santos Orozco; XXV San Andrés Tuxtla, Manolo López Moreno; XXVI Acayucan, Juana María García Pérez; XXVII Cosoleacaque, Daniel Felipe Serrano Merlín; XXVIII Minatitlan, José Daniel García Díaz; XXIX Coatzacoalcos Urbano, Omar Alberto de Jesús Sánchez Rodríguez, y XXX Coatzacoalcos Rural, Leticia Ibette Bravo Mejía.

Jóvenes parlamentarios plurinominales: Yazmín Guadalupe Rosas, Guzmán Natalia Guadalupe Calleja Martínez, Héctor Guillermo Núñez Ramírez, Mónica Herrera Villavicencio, Eduardo Avilés Velásquez, Luis Enrique Ruiz Hernández, Karla Estefanía Palacios Javier, Javier Carmona Hernández, Juan Córdoba Tlaxcalteco, Galo Le Madec Beverido, Pedro Ernesto Rubio Castro, Daniela Quito Padilla, Mario Enrique Utrera González, Jesús Alberto Islas Aguilera, Carlos Alberto Núñez Herrera, Tizania Quijada López, Stephany Rosas Méndez, Alejandra Contreras Casso López, Christian Valeria García Hernández y Sergio Alejandro César Laines.

Ojala, que los jóvenes participantes en el V Parlamento juvenil en Veracruz, tengan interés en los problemas propios de sus compañeras y compañeros de generación y se organicen para superar esas amenazas que atentan en contra de sus elementales derechos a una vida mejor y una realización humana en convivencia familiar, social, política, económica y humana. Lamentablemente, tendrán que luchar mucho más por lograrlo y hay muchos millones de jóvenes más que están dispuestos a dar la vida porque se les respeten sus derechos.

De nada servirá que se reúnan en un parlamento; recinto Legislativo; Asamblea al aire libre o en las montañas, si nada bueno trae esa experiencia, para mejorar la vida de sus semejantes, jóvenes, niños y adultos, seres humanos de todas las edades y ambos géneros.

De nada; o muy poco servirán esos Parlamentos si no se compromete a cambiar los vicios de la corrupción, la larga cadena de complicidades e impunidad, que hoy, mañana y siempre serán serias amenazas para su integridad física, su futuro, sus aspiraciones legítimas y su realización humana y las de sus familiares.

VEREMOS…

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¿Justicia para periodistas?
¿Una nueva jurisprudencia…?
¿Justicia, equidad y libertad para medios de comunicación, sus dueños y representantes?

Por Reynaldo Castro Melgarejo



Antes de iniciar el tema de esta entrega, respetuosamente pido una sincera disculpa a mis ambles lectoras y lectores; ya que, causas ajenas a mi voluntad, limitaron mi salud y mis recursos, lo que me impidió estar con ustedes puntualmente. Aunque tampoco se han mejorado del todo ambas circunstancias; pero, medio recuperada la salud, con renovado entusiasmo, estoy comunicándome con todas y todos ustedes, desde este modesto espacio. Gracias por su comprensión y paciente espera.

Entremos en materia. Las siguientes semanas, lo próximos días, antes de fin del mes de octubre, serán de gran expectación para distintos y numerosos dueños, reporteros, columnistas y trabajadores de los medios de comunicación. El presidente del Poder Judicial de Jalisco y el titular de PEMEX tienen un plazo de 15 días para dar respuesta a la recomendación de la CNDH.

¿Será verdad? …que una nueva jurisprudencia que apenas ha salido a la luz pública, reorientará o cancelara el ejercicio patrimonialista, personal y abusivo en la mayoría de los casos de los dineros del pueblo con el cual se pagan los servicios de comunicación social o difusión de proyectos, programas, logros y éxitos de un gobierno.

¿Será verdad? que empezarán a cambiar las relaciones entre los medios de comunicación de propiedad privada con los representantes de los gobiernos de los tres ordenes, federal, estatal y municipal, sin duda habrán de valorarse las recientes decisiones y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en sus determinaciones cuestiona el recurso de gobernantes y funcionarios de negar la contratación de publicidad pagada con recursos públicos a dueños o representantes de medios de comunicación escrita, electrónica o virtual, por no someterse a sus voluntades, intereses o proyectos de dominio y control, que en muchos casos cae en la distorsión del valor de las personas y la violación de sus derechos elementales para conservar su seguridad personal, la de sus familiares, así como la de sus colaboradores y amigos.

No obstante que los recursos públicos (se han usado desde siempre y hasta ahora, no parece que pronto cambie), han sido y son manejados, en la casi totalidad de los casos, en apego a los intereses políticos y de ambiciones personales de personajes del Poder político, parece que desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha iniciado un “CRUZADA” que se orienta al cambio en esas prácticas viciadas por la falta de transparencia en el origen y destino de los recursos multimillonarios que son del pueblo y que cada año se gastan en publicidad, no siempre justificada en la promoción de argumentos de gobierno.

Apenas el pasado 21 de septiembre los medios de comunicación daban cuenta de las determinaciones de la Comisión Nacional de Derechos humanos sobre el juicio que la Revista Contralinea, inició en contra de responsables de dependencias públicas por las distintas razones que les impedía obtener mediante su trabajo, la generación de ingresos mediante la venta de publicidad al gobierno federal.

“Emite CNDH recomendación por caso Contralínea” Razones de ser Lunes 21 de Septiembre de 2009. http://www.razonesdeser.com/vernota.asp?d=21&m=9&a=2009&notaid=66684

Inédito pronunciamiento por acoso judicial y veto publicitario

“• Por primera vez en su historia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una Recomendación contra el gobierno federal por el veto publicitario a un medio de comunicación como represalia a su línea editorial.

• Violaron PEMEX y Poder Judicial derechos humanos de los periodistas de la revista Contralínea

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una inédita recomendación que alude el acoso judicial contra un medio de comunicación como una forma de judicializar la libertad de expresión y el veto publicitario del gobierno federal como un método de castigo a los medios de comunicación por su línea editorial.

En la Recomendación 57/2009, “Sobre el caso de los señores Agustín Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza e integrantes de la revista Contralínea”, dirigida al Magistrado Celso Rodríguez González, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos, la CNDH acredita que el Poder Judicial y el Ejecutivo, a través de Petróleos Mexicanos (PEMEX), violaron en perjuicio de los periodistas de la revista Contralínea los siguientes derechos:

“Los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos 1°, párrafo tercero, 6°, párrafo primero, 7°, párrafo primero, y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1,2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. De igual manera, lo previsto por el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como por el principio 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión como instrumento de interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, ni por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones, que los inhiba a difundir sus ideas o informaciones”.

El 12 de septiembre de 2008, los periodistas de Contralínea presentaron un escrito de queja ante la CNDH por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y del personal de la empresa que edita las revistas Contralínea y Fortuna, Negocios y Finanzas, en la que denuncian que de noviembre de 2004 a agosto de 2008 realizaron investigaciones y publicaciones periodísticas que involucran en irregularidades en la asignación de millonarios contratos a funcionarios de alto nivel del sector energético y la Presidencia de la República, y contratistas de Petróleos Mexicanos.

Con motivo de la publicación del trabajo periodístico, comenzaron a recibir amenazas y acoso por parte de funcionarios de Petróleos Mexicanos y de los directivos y abogados de empresas del Grupo Zeta, involucradas en algunos de los reportajes publicados, consorcio de gas licuado de petróleo presidido por Jesús Alonso Zaragoza López, quien amenazó a los periodistas con presentar 80 demandas en su contra, una por cada una de sus empresas.

Así, Zaragoza López demandó a los periodistas ante el Juzgado Cuadragésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, expediente 757/2007; el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, expediente 905/2007; el Juzgado Quinto de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, expediente 383/2008; el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, 393/2008, en todos por supuesto daño moral.

Con motivo de dichas demandas judiciales, el pasado 16 de enero el periodista Miguel Badillo fue arrestado por orden del Juez Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco. Posteriormente, emitió una orden judicial para acceder el 1 de febrero de 2009, a los archivos de la revista Contralínea.

A raíz de la revelación en Contralínea –el 15 de febrero de 2008– de los contratos que firmó Juan Camilo Mouriño con PEMEX, en su dualidad de funcionario público y contratista de gobierno, el 17 de abril de 2008, el gerente de Comunicación Social de PEMEX, Carlos Ramírez Fuentes, amenazó a la periodista Ana Lilia Pérez de que no permitiría que los funcionarios de PEMEX otorgaran entrevistas a la revista y que por su línea editorial la paraestatal no le contrataría publicidad.

En resolución al expediente de la queja número CNDH/5/2008/4462/Q, el pasado 14 de septiembre, la CNDH resolvió: “Esta Comisión Nacional acreditó que fueron vulnerados los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la igualdad y a la libertad de expresión, en agravio de Ana Lilia Pérez Mendoza, Miguel Badillo e integrantes de la revista Contralínea”.

La judicialización de la libertad de expresión

En su recomendación, la CNDH acreditó que el Poder Judicial de Guadalajara incurrió en una serie de hechos irregulares en beneficio de Jesús Zaragoza y el Grupo Zeta, tales como el acreditar la existencia de un tercer denunciado (Abraham Rodríguez Ortega) para radicar la demanda contra los periodistas en Guadalajara, donde acreditó la supuesta notificación de Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez con documentos apócrifos para después llevar el juicio “en rebeldía”. Sentenció a los periodistas sin que ellos tuvieran conocimiento siquiera de que había una demanda y un juicio en su contra y, posteriormente, ordenó el arresto de los periodistas consumándose en la detención de Badillo, quien fue recluido en el Centro de Sanciones Administrativas del Distrito Federal (El torito).

La CNDH documentó que en su resolución el juez introdujo cuestiones ajenas a la litis en agravio de los periodistas, para reclamarles prestaciones que ni el mismo Zaragoza planteó.

La CNDH señala: “Se acreditó que el juzgador violó en perjuicio de los codemandados lo previsto en el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que señala que las sentencias deberán ser congruentes con las pretensiones deducidas oportunamente, condenando o absolviendo al demandado.

“Este mismo criterio es compartido por el Juez Décimo Tercero de lo Civil quien, al rendir el informe correspondiente a esta Comisión Nacional, señaló que en el procedimiento civil resulta aplicable el principio de congruencia y petición de parte, lo que no aconteció en el presente caso, toda vez que en la sentencia definitiva no se hizo ninguna valoración o razonamiento de índole jurisdiccional por el cual se ordenó condenar a los codemandados Agustín Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza a cumplir una prestación que nos les fue demandada”.

Por ello, la CNDH acreditó “que dichas irregularidades adjetivas vulneran las garantías a la legalidad y seguridad jurídica que debe revestir el procedimiento judicial civil instaurado en contra de los demandados Agustín Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza”.

Respecto de las irregularidades administrativas en los juicio presentados por el contratista de PEMEX, Jesús Alonso Zaragoza López, en su recomendación, la CNDH destaca: “Esta Comisión Nacional acreditó que los agraviados fueron objeto de violaciones a sus derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que se transgredieron los artículos 14.1 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que imponen la obligación al Estado mexicano de respetar el derecho al debido proceso, a la legalidad y a la seguridad jurídica”

Aunado a las irregularidades administrativas, refiere: “Respecto del acoso judicial manifestado por los quejosos, se advierte también que, con relación al expediente 393/2008 de medios preparatorios a juicio radicado ante el Juez Décimo Tercero de lo Civil en Guadalajara, Jalisco, promovidos por Thermogas, S.A. de C.V., en contra de Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V., en el que se decretó llevar a cabo una revisión a la contabilidad de la empresa editorial, esta Comisión Nacional advierte que carece del emplazamiento correspondiente por parte de la autoridad judicial a la citada empresa editorial, lo cual fue observado por el Juez Cuarto de Distrito en materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 604/2008, en el que determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V., por lo que ordenó dejar insubsistente todo lo actuado, ya que no se respetó la garantía de audiencia a favor de la empresa en contra de la cual iban dirigidos los medios preparatorios a juicio”.

Dentro de sus indagatorias, la CNDH documentó que posterior a la demanda de Guadalajara, la familia Zaragoza presentó nuevas demandas contra los periodistas en otras entidades. Una de ellas es la que se promovió contra Badillo –juicio ordinario civil 348/2009– ante el Juzgado Tercero de lo Civil en Mazatlán, Sinaloa, el cual se encuentra en trámite, y en el que se solicita la reparación de daño moral e indemnización, entre otras, por la publicación de una fotografía de Miguel Zaragoza Fuentes.

En este sentido, destaca el organismo de derechos humanos: “No pasa inadvertido para esta Comisión Nacional que las diversas demandas promovidas por particulares y empresas ligadas a un mismo grupo empresarial y aceptadas por distintas instancias judiciales, aunado a las irregularidades administrativas detectadas, pueden constituir un medio indirecto para coartar la libertad de expresión, como consecuencia del trabajo periodístico de los quejosos. Lo anterior cobra relevancia ante las amenazas señaladas por los quejosos, emitidas por parte de los abogados de las empresas demandantes en contra de Agustín Miguel Badillo Cruz y Ana Lilia Pérez Mendoza, en el sentido de que promoverían hasta 80 demandas, una por cada una de las empresa del corporativo “Grupo Zeta”, lo cual fortalece la convicción de este organismo nacional respecto de la presión que se está ejerciendo en contra de los agraviados”.

En este sentido, refiere la CNDH, “en la declaración conjunta emitida por el Relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de Naciones Unidas, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos de fecha 18 de diciembre de 2003, señalaron que ‘los trabajadores de los medios de comunicación que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas no deben ser blanco de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo”.

Por ello, la CNDH resolvió que “el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 136 y 148, fracción XXXII de la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado de Jalisco, lleve a cabo una investigación respecto de la tramitación del expediente 905/2007, relativo al juicio civil promovido por Multigas, S.A. de C.V. en contra de Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V., Agustín Miguel Badillo Cruz y Ana Lilia Pérez Mendoza (…) radicado ante el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, y en su caso, se emitan las medidas disciplinarias que correspondan”.

Discrecionalidad en asignación de publicidad

El uso direccional que hace el Poder Ejecutivo de las partidas presupuestales destinadas a la publicidad como método de premio o castigo para los medios de comunicación por su línea editorial es por primera vez motivo de una recomendación de la CNDH, ya que constituye una violación a los convenios internacionales en materia de derechos humanos y de libertad de expresión.

En su Recomendación 57/2009, la CNDH acreditó que el gobierno de Felipe Calderón, a través de Petróleos Mexicanos, vetó a la revista Contralínea como castigo por ventilar supuestos actos irregulares y asuntos de corrupción que involucran a funcionarios de alto nivel de su gobierno (incluido el fallecido Juan Camilo Mouriño; el hoy presidente nacional del PAN, José César Nava Vázquez, y el mismo Felipe Calderón).

Al respecto, “del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja, con relación a los agravios atribuibles a funcionarios de Petróleos Mexicanos, esta Comisión Nacional acreditó violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la igualdad, seguridad jurídica y a la libertad de expresión, en agravio de los señores Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza y periodistas de la revista Contralínea”.

La CNDH detalla que derivado de la queja presentada por Contralínea, el gerente Corporativo de Comunicación Social de PEMEX, Carlos Ramírez Fuentes, rindió un informe, en el cual, dice la CNDH, “fue posible acreditar que Petróleos Mexicanos no cuenta con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios para la contratación de publicidad oficial”.

Detalla que “del análisis realizado a los informes rendidos por la paraestatal a esta Comisión Nacional, no se desprenden otros elementos o criterios objetivos y definidos que justifiquen la suspensión en la contratación de la publicidad oficial con la revista Contralínea. De hecho, de la información obtenida se observa que la contratación de publicidad en los últimos 2 años otorgada a diversas revistas cuyo perfil de lectores es parecido al de Contralínea, de acuerdo con los datos públicos del Padrón Nacional de Medios Impresos Certificados de la Secretaría de Gobernación, no ha disminuido.

“En este sentido, en la información proporcionada a esta Comisión Nacional, no se deduce que la suspensión en la contratación de publicidad oficial a la revista Contralínea tenga como justificación legal una disminución general en la contratación de publicidad a todos los medios de comunicación con un formato similar al de la revista Contralínea, o que dicha suspensión obedezca a la observancia de otros criterios como serían los de cobertura, circulación o periodicidad”.

Por ello, dictaminó la CNDH, “se desprende que la suspensión en la contratación de publicidad con la revista Contralínea puede ser consecuencia de su línea editorial, si se considera, como ha quedado acreditado ante esta Comisión Nacional, a partir de las evidencias e información que se allegó, que dicha suspensión no se genera a partir de algún impedimento legal o característica específica de la publicación, como podría ser el perfil de audiencia, la cobertura geográfica, el tiraje o circulación de la revista, o de una reducción en general de la contratación de publicidad por parte de la paraestatal con revistas similares”.

Así que, “sí es posible acreditar plenamente la falta de procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios por parte de Petróleos Mexicanos en la contratación de publicidad oficial, lo que puede alentar a sus funcionarios a utilizar discrecionalmente los recursos públicos dirigidos a la comunicación social de la paraestatal para premiar o castigar a los medios de comunicación por su línea editorial, lo cual vulnera los derechos a la igualdad, a la seguridad jurídica y por supuesto a la libertad de expresión en agravio de los periodistas y directivos de los medios de comunicación, en este caso de la revista Contralínea”.

Por primera vez, la CNDH habla de la falta de regulación en materia de contratación de publicidad del gobierno federal. No existen, dice “procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios para la contratación de la publicidad oficial, que puedan garantizar la igualdad de oportunidades entre los diversos medios que buscan contratarla, entre ellos la revista Contralinea”.

Lo anterior, advierte, “deja abierta la posibilidad de incurrir en prácticas discrecionales afectando no sólo al pluralismo informativo y el debate público, elementos ambos esenciales de una sociedad democrática, sino también vulnerando el derecho a la igualdad si se considera que ante supuestos de hecho iguales se aplican consecuencias jurídicas desiguales, sin que exista, por lo menos en el caso que nos ocupa, una suficiente justificación legal que acredite tal diferencia, como ha quedado acreditado en este documento”.

Analiza además que ello implica la no observancia a los acuerdos internacionales en materia de Libertad de Expresión signados por el Estado mexicano. Refiere incluso los señalamientos que a este respecto ha hecho la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su informe anual de 2003 señala el veto publicitario como una forma de coartar la libertad de expresión:

“El asesinato de periodistas investigadores, el cierre de un periódico por el Estado, expresiones de violencia contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad o la negativa a permitir que salgan al aire ciertos programas de televisión, son todos ejemplos elocuentes de violaciones directas del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, detrás de estas violaciones flagrantes, existen formas indirectas más sutiles y a veces más efectivas por las que el Estado coarta la libertad de expresión. Debido a que estas violaciones indirectas son con frecuencia obstrucciones oscuras, impuestas silenciosamente, no dan lugar a investigaciones ni merecen una censura generalizada, como ocurre con otras violaciones más directas.”

En su recomendación 57/2009 contra Petróleos Mexicanos, la CNDH enuncia “que los derechos consagrados por los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen como criterio indiscutible la no-discriminación y, en ese sentido, resultaría una forma indirecta de coartar la libertad de expresión cualquier medida que discrimine a un medio de comunicación de recibir publicidad oficial a causa de su línea editorial o crítica hacia la administración pública”.

Asimismo, que “el Principio 13 de la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión, que funge como criterio de interpretación de la Convención Americana, señala que la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial con el objeto de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales en función de sus líneas informativas atenta contra la libertad de expresión y debe ser prohibida por ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente, siendo el rol principal del Estado facilitar el más amplio, plural y libre debate de ideas, y que cualquier interferencia que implique restringir la libre circulación de ideas debe estar expresamente prohibida por la ley, por lo que presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

La falta de estos criterios en la contratación de publicidad, dice la CNDH, “puede generar incertidumbre jurídica en los medios que buscan contratarla, en este caso la revista Contralínea, vulnerando con esto la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema jurídico normativo coherente y permanente, dotado de certeza y estabilidad, y que defina los límites del poder público frente a los titulares de los derechos subjetivos”.

En resolución a la queja presentada por los periodistas de Contralínea, concluyó que “la falta de procedimientos y criterios claros, objetivos, transparentes y no discriminatorios por parte de Petróleos Mexicanos para la contratación de publicidad oficial, deja abierta la posibilidad de incurrir en prácticas discrecionales para la distribución de recursos públicos con el objeto de premiar o castigar a los medios según su línea editorial, lo que afecta no sólo al pluralismo informativo y el debate público, ambos elementos esenciales de una sociedad democrática, sino también se violan los derechos humanos a la igualdad, seguridad jurídica y a la libertad de expresión”.

Determinó que los funcionarios de PEMEX violaron “los artículos 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impone la obligación a todos los servidores públicos de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad; 7 y 8, fracciones I y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; así como las demás disposiciones legales analizadas en el presente capítulo, con lo que se violó, en agravio de los periodistas de la revista Contralínea, los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, derechos previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14.1, 17.1, 17.2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 8.1, 11.1, 11.2, 11.3 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Así mismo, “se violaron en perjuicio de los periodistas de la revista Contralínea los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos 1°, párrafo tercero, 6°, párrafo primero, 7°, párrafo primero, y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1,2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

“De igual manera, lo previsto por el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como por el principio 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión como instrumento de interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, ni por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones, que los inhiba a difundir sus ideas o informaciones”.

La CNDH resolvió que Juan José Suárez Coppel deberá instruir a que la paraestatal “cuente con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios, en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial a favor de los distintos medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos”.

La CNDH resolvió que en el ámbito de sus atribuciones, las autoridades y dependencias administrativas deberán investigar los agravios en contra de los periodistas para aplicar las sanciones conducentes y subsanar las irregularidades. Instó también a que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial ponga en práctica las medidas necesarias “para evitar que en el ejercicio de un derecho pueda generarse un medio indirecto, como podría ser el acoso judicial, para atentar contra la libertad de expresión”.

¿Será el inicio de una obligada apertura y mayor transparencia en los gastos en comunicación social en muchas dependencias de los tres niveles de gobierno?

¿Será el inicio de litigios que se basaran en estas determinaciones para reclamar sus legítimos derechos a vivir con honestidad de la profesión de periodistas o de sus empresas que son medios de comunicación?

¿Será el inicio de mejores relaciones institucionales entre medios de comunicación y gobierno en sus tres niveles?


¿Justicia para periodistas?
¿Una nueva jurisprudencia…?
¿Justicia, equidad y libertad para medios de comunicación, sus dueños y representantes?



VEREMOS…

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¿Y el Impuesto de la Corrupción? Señor Presidente…
¿Y el Subsidio a la Impunidad? Señor Presidente…

Por Reynaldo Castro Melgarejo



Señor Licenciado Felipe Calderón Hinojosa
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Presente.


Señor Presidente, las Reformas que a México le ¡URGEN! Son:

• El Combate Preventivo de la Corrupción desde los Municipios y
• La transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios

Señor Presidente los impuestos o subsidios que el pueblo de México rechaza son:

El Impuesto de la Corrupción y,
El Subsidio a la Impunidad

Señor Presidente, difícilmente tendría usted el apoyo de gobernadores, funcionarios públicos y presidentes municipales, para impulsar y hacer realidad el Combate Preventivo de la Corrupción en México, desde los municipios; por eso le propongo que se atreva a hacer alianzas con los ciudadanos; respetuosamente le planteo: aléjese de esos acartonados formatos de encuentros con ciudadanos preseleccionados y no desperdicie la oportunidad histórica de impulsar un cambio estructural que acabe con la mediocridad, con la corrupción, con la larga cadena de complicidades y con la impunidad, como lo exige el pueblo de México.

Señor presidente, respetuosamente, sin importar siglas partidistas, por el bien de México, yo le digo como hacerlo. Para que sea una realidad que tengamos un México mejor, transparente y sin corrupción, porque lamentablemente hasta ahora, sus políticas públicas en esta materia han fallado y lo propuesto por la SHCP, en su paquete fiscal para 2010, en nada corresponde a las aspiraciones de la sociedad, al proponer más impuestos sin eliminar los subsidios a la impunidad y el impuesto de la corrupción.

Señor Presidente, respetuosamente, nuevamente me dirijo a usted para conminarlo a valorar y aceptar, la urgencia e impostergable responsabilidad y oportunidad que usted tiene de impulsar reformas constitucionales para combatir preventivamente la corrupción en México desde los municipios. Con ello, hacer realidad un Nuevo Pacto Federal en el que se incluya como firmantes del mismo, a los municipios.

Señor Presidente. Sus propuestas de crear nuevos impuestos, como el del 2% para combatir la pobreza, y quitar subsidios, tendrán más credibilidad y aceptación por parte de la sociedad en general, si asume con firmeza y compromiso quitar el impuesto y los subsidios (a) o de la corrupción e impunidad que nos imponen la discrecionalidad de funcionarios y gobernantes, sin responsabilidad que la ciudadanía valide preventivamente; sin rendición de cuentas y sin transparencia verdadera y confirmada en la Función Pública; sin el contrapeso efectivo de la sociedad en cada jurisdicción territorial en donde se realiza o invierte el gasto público de nivel federal, estatal y municipal, los municipios.

De nada servirá la eliminación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la creación de una Contraloría dependiente de usted, si no se combate preventivamente la corrupción. Como tampoco serán suficientes los recursos posibles a obtenerse de la eliminación de la SFP y de las otras dependencias federales. No debemos aceptar el endeudamiento público, o la bursatilización de los recursos públicos a futuro, sin combatir preventivamente la corrupción y acabar con la impunidad.

Como usted sabe Señor Presidente, el Valor del Producto Interno Bruto de México, siempre es una base de referencia que debe ser tomada en cuenta por los funcionarios y legisladores federales, así como por los mismos gobernadores y legisladores locales, para instrumentar políticas públicas.

Con base en la información difundida por El INEGI (1), el Producto Interno Bruto Nominal (PIBN), esto es a precios corrientes, alcanzó 11.401 billones de pesos en el segundo trimestre de 2009.

Con base en un estudio del Banco Mundial, Francisco Barrio Terrazas, responsable del combate a la corrupción en el gobierno federal (2000), se refirió a sus efectos graves y las enormes pérdidas de dinero que provoca: “ La corrupción cuesta a México 9.5% del Producto Interno Bruto (PIB), calculado en 5 billones 237 mil millones de pesos...”, según publicación de La Jornada del pasado 14 de noviembre del 2000; aunque anunció que para combatirla, propondrá un plan que mejorará la administración publica, el desarrollo de recursos humanos, la participación de la sociedad y la defensa de los usuarios de servicios públicos, nunca cumplió sus promesas. El 23 de enero de 2001, Francisco Barrio Terrazas (2), el entonces Secretario de la Contraloría de la Federación, “… Explicó que de acuerdo con documentos del Banco de México, el costo de la corrupción ha llegado a niveles equivalentes al 9.5 por ciento del Producto Interno Bruto, en comparación al 6 por ciento del PIB destinado a educación.
Como bien entiende usted, a valores actuales, con base en el PIB que da a conocer el INEGI y el costo de la corrupción reconocido por el exresponsable de combatir la corrupción y exsecretario de la precedente Secretaría de la Contraloría de la Federación, la ahora en vías de desaparecer SFP, ha subido a más del 50%, según la cifras oficiales de referencia, esto es que el impuesto de la corrupción en México es en promedio del 9.5 del PIB y alcanza montos mayores a los 100mil millones de pesos; si consideramos que el déficit, que usted quiere cubrir con deuda pública es de 60mil millones de pesos en promedio; de combatirse preventivamente la corrupción sería posible reducir los montos de deficit y elevar los recursos disponibles para programas sociales. En Cuanto a los subsidios a la Impunidad derivada de la corrupción, aunque no están valorados oficialmente, podemos estimar un 5% del PIB, que como bien sabemos, se expresan en la discrecionalidad, complicidades e impunidad, con la que actúan funcionarios y gobernantes de cualquier nivel de gobierno, que permiten o promueven la desviación de recursos públicos para actividades familiares, personales, de grupo o partidistas, lo cual, usted debe comprometerse a desaparecer para siempre; comprendiendo que bien vale la pena dejar esa huella imborrable de ser congruente en sus dichos con sus hechos para impulsar cambios estructurales con el apoyo de la sociedad en general de todos los municipios.
Como usted bien lo sabe Señor Presidente (también lo decía su Amigo Germán Martínez, ex secretario de la SPF, el 040707) (4):

“Esta suerte de impuesto institucional afecta en mayor proporción a las familias de menores ingresos, en la medida en que su dependencia de bienes y servicios públicos es mayor o por cuanto tienen menores posibilidades para satisfacer sus necesidades a través de actividades económicas formales.

De acuerdo con el índice de resultados de corrupción y buen gobierno, para los hogares con ingresos de hasta un salario mínimo, este impuesto regresivo lo que pagan por corrupción las familias más pobres del país es del 24 por ciento del total de su ingreso, una cuarta parte de su patrimonio las familias más pobres mexicanas lo dedican a corrupción.

Los mexicanos más pobres tienen que pagar pues para obtener bienes y servicios a los que deberían de tener sin reservas legítimo derecho.

Asociado a la merma patrimonial que producen los mexicanos más pobres, la corrupción afecta también la capacidad del Estado en satisfacer las necesidades básicas de esas personas, pues desincentiva el pago de impuestos y en consecuencia obstruye los esfuerzos institucionales para aumentar la recaudación.

Los contribuyentes dejan de pagar impuestos debido a que perciben que los dineros públicos se mal gastan o se desvían a fin de que no redunden en beneficios sociales o bien incurren en inpago en la expectativa que pueden evitar las sanciones mediante actos de corrupción.

En este sentido no es posible abatir la banca rota de la educación, el mal funcionamiento de los hospitales, la incapacidad del Estado para dotar de vivienda digna o la insolvencia gubernamental generada de generar una infraestructura que vertebre al país, si no se combate formalmente y frontalmente la corrupción. “

Continúa diciendo su Amigo Germán Martínez:

“La calificación que ha alcanzado históricamente el índice de percepción de corrupción construido por transparencia internacional, sitúa a México en niveles indicativos de corrupción estructural o sistemática.

Desde 1995 México ronda en los 3 puntos de una escala de 0 a 10, en los que 10 es altamente transparente y 0 altamente corrupto. En el ejercicio del 2006 México ocupó el lugar 75 de un lugar de 163 países evaluados. Aparecen como menos corruptos países como Perú, Siria, Bolivia, Irán y Haití, pero más transparentes por supuesto Finlandia, Canadá, Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Cuba.

La corrupción sistemática afecta a la competitividad de la economía en razón de que introduce costos adicionales a la producción y a las transacciones.

En la medida en que altera las condiciones de competencia entre los agentes económicos beneficiando a los que tienen más recursos o cuentan con mayores nexos con el gobierno, la economía en un contexto de corrupción sistemática no retribuye la creatividad empresarial o la iniciativa y el mérito personal, sino aquello que dispone de la capacidad para adquirir beneficios o privilegios fuera de la ley.

La corrupción atentan contra la expansión de la economía nacional, fundamentalmente por dos razones.

En primer lugar, por la percepción de altos niveles de corrupción, ahuyenta la inversión y por tanto termina por limitar las posibilidades de generar nuevos empleos.

El índice de percepción de corrupción sirvió como insumo para un estudio realizado por la revista "The Economist" y en dicho estudio se identificó que hay una fuerte correlación negativa entre el flujo de inversión directa extranjera por persona y el índice de transparencia.

De manera tal que a mayor percepción de corrupción, menor confianza de los inversionistas.

En los últimos cinco años el 35 por ciento de la inversión extranjera que decidió no entrar a México lo hizo basado precisamente en la percepción de corrupción o la opacidad de nuestros negocios.

De acuerdo con este estudio el nivel de opacidad de México se traduce en un costo implícito para las empresas, equivalente a un impuesto del 15 por ciento.

Asimismo, debido al nivel de opacidad, México paga 3.08 por ciento adicional al tipo de interés del mercado de deuda, como una sobre tasa de la llamada prima de riesgo.

Nuestra deuda como país, es 3.08 más cara por la opacidad y por la corrupción.

Solo dos países no tienen que pagar prima de riesgo por su nivel de opacidad, Singapur y los Estados Unidos.

Como se puede apreciar la percepción de corrupción desincentiva a la entrada de inversión en México y la colocación de deuda a los mercados internacionales; desalienta además a la iniciativa privada y el ánimo emprendedor de las personas debido a que para hacer negocios es necesario garantizar ganancias suficientes para atemperar el impacto económico de la corrupción.

En segundo lugar, la corrupción impacta a la competitividad de la economía en la medida en que provoca una fuga en los ciclos de reinversión de las ganancias de los agentes económicos, en tanto costo implícito a la producción y al consumo, la corrupción distrae recursos que pudiera destinarse a la ampliación de actividades económicas, es decir; a nuevos horizontes de inversión, a la conversión tecnológica, al aumento de la productividad, o bien a hacer más eficientes nuestros procesos internos productivos.

La corrupción profundiza la desigualdad y la pobreza. En contextos de corrupción sistemática no se puede realizar una actividad económica o acceder a bienes y servicios públicos sin pagar un soborno.

Esta suerte de impuesto institucional afecta en mayor proporción a las familias de menores ingresos, en la medida en que su dependencia de bienes y servicios públicos es mayor o por cuanto tienen menores posibilidades para satisfacer sus necesidades a través de actividades económicas formales.

En democracia los ciudadanos deben conocer sistemáticamente no sólo los resultados en la aplicación de las políticas públicas y los programas, sino además la forma en que han impactado estos resultados en la consecución misma de los objetivos del Estado, es decir, el gobierno debe enraizarse en pilares institucionales de profunda legitimidad, pero a la vez estar siempre a la vista pública y en proceso permanente de rendición de cuentas. “

Hasta aquí, la referencia a un interesante discurso de su Amigo German Martínez que lamentablemente, también quedó en pura retórica, en mero discurso.

Señor Presidente.

La aspiración de bienestar y desarrollo humano debe ser atendida con convicción y visión de un federalismo más equitativo, para que en la generación y distribución de la riqueza nacional se fortalezca el ahorro interno, se cancelen la evasión fiscal, el contrabando que provoca competencia desleal y la autorización de importaciones que dañan a los productores nacionales; sean más concientes los contribuyentes en el pago de impuestos y eficiente la recaudación fiscal; se eleve el respeto a los Derechos Humanos y la convivencia entre los géneros; se combata con eficacia al crimen organizado y se aleje de los vicios a nuestros jóvenes; para que todos los ciudadanos, prioritariamente los débiles y marginados, gocemos de nuestros derechos constitucionales con la efectiva protección del Estado en personas y bienes a través de honestas instituciones de seguridad pública e impartición de la justicia.

La fuerza de la acción corresponsable entre sociedad y gobierno reconocida constitucionalmente en la concertación municipal, dará paso a nuevas instituciones que harán vigente para siempre, desde los municipios, la transparencia en la función pública y rendición de cuentas de cara a la sociedad.

La legitimidad democrática y la eficacia del gobierno en cualquiera de sus tres niveles encausará la gobernabilidad democrática, basada en mejores resultados de las políticas públicas.

Con el apoyo constante de estas nuevas herramientas y Activos Sociales, en el ejercicio del gobierno se dará certeza y confianza a los inversionistas desde los micro, pequeños y medianos, hasta los de mayor capacidad económica, nacionales y extranjeros que puedan desarrollar su talento y creatividad agropecuaria, industrial o comercial para instalar empresas productivas en el campo y en la ciudades de todos los municipios de México, con ello podremos enfrentar con mayor fortaleza la Globalización económica en la que ya estamos inmersos.

El reto es enorme, los recursos, cada vez más escasos. Las necesidades sociales básicas crecen exponencialmente, los más de sesenta millones de mexicanos en pobreza extrema, tienen prioridad. Las soluciones se derivarán de acciones conjuntas, ya no de la fuerza de un solo hombre en cada nivel del gobierno, ni de los partidos políticos o de los grupos de interés, sino de una sólida
Alianza entre sociedad y gobierno desde la célula básica de nuestra organización política, económica y social que es el municipio.

Reformar el Artículo 115 Constitucional para crear los Consejos Municipales de Concertación y la transparencia en el origen y destino de los recursos públicos de los tres niveles de gobierno, ciertamente es una necesidad para alcanzar el verdadero federalismo, enriquecer a México y su crecimiento y desarrollo económico. La acción concertada y corresponsable entre gobernantes y gobernados, habrá de consolidar y fortalecer nuestros valores familiares y sociales para actuar con honestidad, sensibilidad política y transparencia, con lo cual, antes de un cuarto de siglo, habremos de lograr nuestro anhelo histórico, de que México sea un Estado-Nación, un Estado de Derecho, un País de Leyes que ofrezca para todos oportunidades, protección de la justicia, equidad en el bienestar y realización humana.

Señor Presidente, ¿está usted dispuesto a pagar los costos políticos y a lograr las ganancias sociales y humanas que implican las Reformas que a México le ¡URGEN!? Que Son:

• El Combate Preventivo de la Corrupción desde los Municipios y
• La Transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios

Señor Presidente está usted dispuesto a comprometerse para acabar con los impuestos o subsidios que el pueblo de México rechaza que son:

El Impuesto de la Corrupción y,
El Subsidio a la Impunidad

VEREMOS…

En espera de su atenta respuesta

Atentamente

Lic. Reynaldo Castro Melgarejo







(1) En:
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/pibcorr.asp,
(2) En:
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=11828&tabla=nuestromundo
(3) En:
http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/100702soc_costos_corrupcionmx.html
(4) Conferencia: Democracia, Estado De Derecho Y Corrupción, Impartida Por Germán Martínez Cazares, Secretario de la SFP, durante los trabajos del Seminario Internacional “Ética En La Gestión Pública y la lucha contra la Corrupción”, efectuado en el Auditorio del edificio sede de la SFP. http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/conferencia_1_040707



















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Municipios Fallidos
“Garantes de la impunidad”


Al borde del colapso más de 2,400 municipios
Para diciembre habrán dejado de percibir 50 mil millones de pesos
Los recursos que recibirán los municipios serán menos durante lo que resta de 2009 y todo 2010:SHCP
Un Gobernador en contra de la Corrupción en serio
Alcaldes detenidos en Estados Unidos por Corruptos
Garantes de la impunidad



Reynaldo Castro Melgarejo
4 de agosto de 2009


Los municipios mexicanos están al borde de la quiebra financiera. De ocurrir tan riesgosa posibilidad, podrían desencadenarse otros conflictos de índole política, social y económica. La falta de recursos, La falta de Liquidez ha hecho que las distintas organizaciones o asociaciones de municipios mexicanos, sin importar siglas partidistas, asuman una posición uniforme y sugieren crear un fondo de emergencia, pretendiendo que con ese fondo, podrán enfrentar crisis económica. Según distintas notas periodísticas, los munícipes estiman que tienen un déficit de 33 millones de pesos por los recortes al gasto público.

La Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM) propuso al gobierno federal la creación de un fondo de emergencia para que los ayuntamientos enfrenten la crisis económica en la que se encuentran.

"Los servicios de recolección de basura, alumbrado, atención ciudadana, vigilancia de las calles, son cosas que no se pueden dejar de hacer", advirtió el presidente municipal de Naucalpan, José Luis Durán Reveles. En tanto, el alcalde de Ecatepec, José Luis Gutiérrez Cureño, dijo que el problema financiero que enfrentan los ayuntamientos se puede solucionar con menos de uno por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación. "Que nos repongan lo que se había calculado y programado. Es injusto que mientras se reporta que la recaudación ha caído 20 por ciento los recortes sean el doble; que no sean los municipios los que paguen los platos rotos, porque son los que menos recursos manejan", sostuvo.

En tanto, el alcalde de Zacatecas, Cuauhtémoc Calderón Galván, estimó que para diciembre los municipios habrán dejado de percibir 50 mil millones de pesos, por lo que carecerán de recursos para cumplir obligaciones como el pago de salarios y la prestación de servicios públicos. Por ello, hay que evaluar cuánto disminuiría la recaudación y la participación federal "de aquí a que termine el año, para analizar de cuánto puede ser ese boquete" y al final cumplir los compromisos contractuales y de proveedores, "que tenemos a la orden del día", subrayó.

Según nota de Leticia Robles del 30-Julio-2009: “Piden salvavidas para estados”:
“Con base en el reporte de la Secretaría de Hacienda sobre la distribución de dinero a las entidades federativas durante el primer semestre del año, entregado la semana pasada, al Congreso de la Unión, se observa que las finanzas de los 31 estados, el Distrito Federal y los dos mil 500 municipios de todo el país entraron en una fase de crisis con el recorte en 27 por ciento del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, mientras que los ingresos por participación de los beneficios petroleros se derrumbaron 50 por ciento en los primeros seis meses de 2009. Los estados de Campeche, Puebla, de México, Aguascalientes y Guerrero son los más perjudicados, pues sus ingresos se redujeron de 24.4 por ciento, como son los casos de los dos últimos, y hasta 28 por ciento, como ocurrió con el primero. Y los municipios más lastimados financieramente fueron los ubicados en el Estado de México, los cuales vieron caer sus ingresos por el Fondo de Fomento Municipal en 66.4 por ciento; los de Guerrero, que redujeron esa participación en 54 por ciento, y los de Nuevo León, que obtuvieron un 52.2 por ciento menos de dinero proveniente de ese Fondo federal.



Los 125 alcaldes electos del Estado de México fueron advertidos ayer de la crisis que por falta de presupuesto enfrentarán al menos los dos primeros años de sus tres de gobierno.Reunidos en el Seminario para Presidentes Municipales Electos, los ediles fueron asesorados en materia hacendaria y programas sociales por funcionarios federales y estatales. José Antonio Meade Kuribreña, subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Hacienda, les advirtió que los recursos que recibirán los municipios serán menos durante lo que resta de 2009 y todo 2010, sobre todo si se comparan con el aumento registrado los dos años anteriores. "Se prevé una caída de recursos y se da después de que en 2008 hubo un incremento, pues se alcanzó la cifra histórica de participaciones de 423 mil millones de pesos, 91 mil pesos más que en 2007.

"Comparado con esta cifra, durante 2009 y 2010 serán años apretados... ajustarse a menos recursos es todo un reto e implica un trabajo complicado y en equipo", aseguró el Subsecretario, Meade.

En el estado de Guerrero, Ediles priístas evalúan acciones ante recorte. El alcalde de Acapulco, Manuel Añorve, asegura que algunos ayuntamientos han optado por cerrar sus inmuebles y despachar en comunidades para el ahorro de energía, teléfono y otros gastos. Los efectos de la crisis económica del país y los recientes recortes presupuestales que la Federación anunció, del orden de los 50 mil millones de pesos, han puesto en jaque a los presidentes municipales priístas de la entidad. Los ediles han convocado a una reunión en los próximos días, a fin de definir estrategias para soportar el golpe financiero, ya que la mayoría de los municipios dependen de las participaciones federales. El alcalde de Acapulco, Manuel Añorve, dio a conocer que su homólogo de Chilpancingo, Héctor Astudillo, ha convocado a una reunión a los alcaldes priístas para determinar estrategias que puedan blindar a sus municipios de un inminente golpe financiero producto de los recortes presupuestales. Agregó que en algunos ayuntamientos han optado por cerrar sus inmuebles y despachar en comunidades para el ahorro de energía, teléfono y otros gastos. "Pero no sabemos todavía el destino de los municipios, porque esos 50 mil millones todavía no se sabe en qué rubros va a impactar, y es lo que a través de la Asociación Nacional de Municipios le estamos pidiendo al secretario de Hacienda, que nos diga dónde va a golpear para medir nuestro impacto y nuestras metas", indicó. "Ya hay municipios que tienen problemas para pagar sus quincenas, hay problemas financieros, porque Guerrero vive 90% en sus municipios de lo que le da el gobierno federal, nosotros porque tenemos una recaudación que hemos mantenido equilibrada".

Un Gobernador en contra de la Corrupción en serio

Lo ocurrido en Newark, Estados Unidos el pasado 22 de julio, parece haber pasado desapercibido para muchos. Sin embargo es de destacarse a unos días, porque la autoridad estatal, o sea el gobernador del estado, ha dispuesto medidas contundentes para frenar la corrupción detectada como resultado de una investigación que ha llevado más de diez años. Distintas fuentes de información agencias de noticias como Reuters y otras, así como páginas de Internet de distintos periódicos nacionales y extranjeros, registran el pasado 23 de julio que el FBI una de las mayores redadas en la historia de Nueva Jersey, concluye con la aprehensión de 44 personas. En esa red de corrupción en EU arrestaron a políticos y rabinos.

Una importante red de corrupción fue desmantelada este jueves en Nueva Jersey por agentes federales estadounidenses, que detuvieron a 44 personas entre los que figuran tres alcaldes, un diputado, un presidente del consejo de gobierno global, cinco rabinos y decenas de funcionarios de este estado. Los cargos presentados incluyen extorsión, soborno, lavado de dinero y tráfico de órganos humanos, que según el fiscal general Ralph Marra demuestran “la naturaleza persistente de la corrupción pública en ese estado”.

Fueron detenidos los alcaldes de las ciudades de Hoboken, Secaucus y Ridgefield, el adjunto del alcalde y el presidente del consejo municipal de Nueva Jersey, dos miembros de la Asamblea estatal y varios políticos, indicó la fiscalía.

“Los políticos se vendían deliberadamente”, dijo Marra. Además, “responsables religiosos ocultaron su extensa actividad criminal detrás de una fachada de rectitud”, agregó en referencia a los cinco rabinos.

La redada contra las prominentes figuras y altos funcionarios estatales se desarrolló a primeras horas de la madrugada del jueves, precisaron las autoridades.

La televisión local mostró imágenes de la FBI y otros agentes federales escoltando en la ciudad de Newark a los sospechosos esposados, incluidos los rabinos con su vestimenta religiosa ortodoxa judía.

La redada es una de las más grandes jamás realizada en ese estado. El desmantelamiento de la red fue el desenlace de una investigación realizada durante casi 10 años.

“La escala de corrupción que estamos viendo es escandalosa y no puede ser tolerada”, dijo el gobernador demócrata de Nueva Jersey, Jon Corzine, en un comunicado. “Cualquier tipo de corrupción es inaceptable, en cualquier lugar, en cualquier momento y en quién sea”, enfatizó.

La red de lavado de dinero al parecer se extendió de Nueva Jersey y Nueva York a Suiza e Israel, y los políticos explotaron deficiencias de la ley estatal para disfrazar sobornos como contribuciones de campaña.

Pese a que Nueva Jersey es famosa como centro de operaciones de la mafia de origen italiano, en la red desmantelada el jueves el clero judío desempeñó un papel central.

Los agentes efectuaron redadas en varias sinagogas y entre los detenidos figura el principal rabino de los judíos sirios en Estados Unidos.

Uno de los rabinos, Levy Izhak Rosenbaum, fue inculpado por conspiración para vender un riñón humano destinado a un trasplante de órganos.

Marra dijo que el negocio de Rosenbaum “consistía en convencer a gente vulnerable de ceder un riñón por 10 mil dólares, que luego vendía por 160 mil dólares”. Presuntamente, el rabino vendió riñones durante una década.”

La orden terminante del gobernador de ese estado(apenas el pasado 2 de agosto de este año) ha sido la de congelar proyectos de municipios con alcaldes acusados de corrupción. La Orden Ejecutiva exige que todos los departamentos y autoridades estatales revisen de forma inmediata los proyectos en las áreas donde los alcaldes han sido acusados de corrupción pública y suspender cualquier acción en solicitudes pendientes.

El gobernador de New Jersey, Jon Corzine, firmó este lunes una Orden Ejecutiva que exige la suspensión inmediata de cualquier solicitud pendiente en un proyecto de desarrollo que se realizan en los municipios donde los alcaldes fueron acusados de corrupción pública.
"No vamos a tolerar ninguna irregularidad, o incluso la apariencia de deshonestidad, en relación con la conducta de los funcionarios electos en New Jersey," dijo el Gobernador Corzine. "Si los funcionarios bajo sospecha se niegan a actuar responsablemente y renunciar, entonces debemos tomar medidas para proteger la gestión pública y los mejores intereses de los contribuyentes".

La Orden Ejecutiva exige que todos los departamentos y autoridades estatales revisen de forma inmediata los proyectos en las áreas donde los alcaldes han sido acusados de corrupción pública y suspender cualquier acción en solicitudes pendientes. Asimismo, la Orden Ejecutiva exige que los departamentos de estado luego realicen un examen para "garantizar la ausencia de influencias" y "el pleno cumplimiento de la ley" en relación con las solicitudes pendientes.

De ser requerido, la revisión podría incluir la participación del Fiscal General, Contralor del Estado, o Inspector General.

"El mantenimiento de las normas éticas más elevadas ha sido, y sigue siendo, una prioridad de esta administración", dijo Corzine. Hasta aquí la información de el gobernador Corzine.

“Garantes de la impunidad”

En México, es muy difícil que veamos pronto, acciones contundentes en el combate de la corrupción. El Combate Preventivo de la Corrupción tendrá que ser aceptado, más temprano que tarde, como una salida viable a tanta impunidad, complicidades y corrupción en los tres niveles de gobierno. La lucha es muy ardua, ya que la cadena de complicidades está estructurado de tal manera que la mismas leyes garanticen esa posibilidad. Veamos el artículo de Ernesto Villanueva en la Revista proceso en,
http://www.proceso.com.mx/opinion_articulo.php?articulo=71050:

“El diseño institucional del Estado mexicano está confeccionado para que la corrupción sea impune y para dejar sin sanción conductas que deben ser objeto de castigo. Este principio hace que las campañas para el combate a la corrupción, incluida la retórica figura de los testigos sociales de las licitaciones y compras de los distintos órdenes y niveles de gobierno, cumplan sólo un cometido testimonial para dejar las cosas como están. De la cúspide a la base puede documentarse cómo el sistema legal genera incentivos perversos para que México sea “un país sin consecuencias”.

Primero. Las leyes de transparencia han sido un logro para ejercer mayores espacios de escrutinio público que en el pasado inmediato. También, sin embargo, han dado vida al cinismo de la autoridad que, frente a las pruebas de que varias cosas andan mal, no hace absolutamente nada. Muchas denuncias públicas debidamente documentadas que en un país medianamente democrático generarían estupor, indignación y la aplicación de la ley, en México sólo generan simulación, apostando a la falta de memoria de la comunidad. Peor todavía, los órganos internos de control y las contralorías internas funcionan más para intentar dejar sin rastros el uso indebido de recursos públicos que para ser efectivamente garantes del combate a la corrupción. El único pecado que no se perdona es la falta de complicidad, dice el adagio de la política mexicana que se aplica –ese sí– con puntualidad.

Segundo. Los órganos de control operan inadecuadamente porque han sido creados precisamente para que cumplan sus funciones de manera acotada. Los ejemplos saltan a la vista. De entrada, la Auditoría Superior de la Federación carece de autonomía legal. Se trata de una entidad que forma parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y una de las causales de revocación del titular que nombra la Cámara de Diputados es “obtener una evaluación del desempeño poco satisfactoria sin justificación, a juicio de la Comisión (de Vigilancia de la Auditoría de la propia Cámara), durante dos ejercicios consecutivos”, según el artículo 92, fracción VII de la “vanguardista” Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

En las entidades federativas las cosas están igual y en muchas de ellas peor. En el Distrito Federal, por ejemplo, la Asamblea Legislativa del DF se autoasignó atribuciones que ofenden la inteligencia de las personas. Y es que tiene facultades para ordenar a la Contaduría Mayor de Hacienda dónde puede realizar visitas o auditorías. Ello se presta, por supuesto, a negociaciones políticas para castigar o premiar a los regulados, según los vaivenes de la política.

Tercero. Los órganos internos de control de los distintos niveles y órdenes de gobierno están todavía peor. Se trata de entidades donde los responsables son nombrados y removidos libremente por superiores a los que debe vigilar. ¿Se imagina alguien que el titular del órgano interno de control o auditor interno va a sancionar a quien le debe el cargo y lo puede despedir en cualquier momento?

En el gobierno federal, el titular de la Secretaría de la Función Pública es designado de forma discrecional por el presidente para que el Poder Ejecutivo se vigile a sí mismo. Ese absurdo sólo lo aceptamos porque siempre han prevalecido este tipo de fórmulas y creemos que así deben continuar. El sistema está diseñado para realizar la tomadura de pelo perfecta. El órgano interno de control prepara, arregla y sistematiza la información susceptible de ser auditada para que el órgano superior de fiscalización dé su visto bueno o advierta errores menores para guardar un poco las formas.

Cuarto. Para evitar comparaciones con los países más desarrollados, lo hago con aquellos que están en el lado opuesto. En términos generales se puede señalar que en esta materia se han dado muchos pasos adelante en relación con México. Baste mencionar algunos ejemplos para acreditar mis palabras.

En Guatemala, la Contraloría General de Cuentas es un órgano autónomo constitucional, y en la designación de su titular intervienen, por mandato de la Constitución, universidades y colegios académicos. En El Salvador, la Corte de Cuentas de la República tiene participación de la Corte Suprema de Justicia, pero deja fuera al Legislativo y al Ejecutivo. En Nicaragua, la Contraloría General de la República es “un organismo independiente sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes”, según el artículo 156 de su Constitución. En Nigeria, el auditor general de la Federación es un órgano autónomo constitucional nombrado por el presidente de una terna enviada por el Consejo Ciudadano del Servicio Civil de Carrera y aprobado por el Senado. Y en Haití, la Corte Superior de Auditoría es también un órgano autónomo constitucional.

En México el camino para una efectiva rendición de cuentas pasa necesariamente por un nuevo entramado legal que genere incentivos para que la transparencia, el combate a la corrupción y el fin de la impunidad puedan nacer.

Lo demás es pura demagogia.” Hasta aquí el artículo de Villanueva.


¿Habrá reconocimiento de Municipios Fallidos?
¿Dejarán de ser Garantes de la impunidad?
¿Saldrán de ese gran riesgo en que se encuentran al borde del colapso más de 2,400municipios?
¿Será verdad que Para diciembre habrán dejado de percibir 50 mil millones de pesos?
¿Será verdad que los recursos que recibirán los municipios serán menos durante lo que resta de 2009 y todo 2010?

Veremos…

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¿Será verdad que quieren bursatilizar la Corrupción?
¿Qué estado de la República se declarará en Quiebra?
¿Quienes administrarán las Quiebras en los Municipios?

¿Guerrero? ¿Nuevo León? ¿San Luís? ¿Veracruz? ¿Durango? Tlaxcala?¿

¿Cuando podremos conocer evaluaciones del CONEVAL de los programas de los gobiernos estatales?


Por Reynaldo Castro Melgarejo
28 de julio de 2009



Ante la abundancia cuando existe; o ante la crisis económica y la Pobreza y miseria extrema de más de 40 millones de mexicanos, la corrupción existente es inaceptable hoy y siempre. Más hechos de corrupción. Más razones que confirman la justificación para impulsar El Combate Preventivo de la Corrupción en México desde los Municipios.

Apenas este Lunes 27 de julio de 2009, se hacía público lo que desde hace muchos años sabemos que existe en los tres niveles de gobierno con programas asistenciales y de todo tipo; la nota de Ignacio Alvarado Álvarez y Evangelina Hernández, en El Universal, titulada: “Saquean Procampo durante 15 años” es apenas un asomo de lo peligroso que es, el que siga dominando la corrupción en el ejercicio de los recursos públicos. Dice la nota:

“Políticos del PRI y del PAN, gobernadores, diputados, funcionarios federales y locales, grandes empresarios y hasta narcos se han beneficiado del programa insigne del gobierno mexicano. SIN FRUTOS. La pobreza actual de millones de campesinos es mayor a la que había en 1993, cuando se creó el programa que ayudaría a corregir la inequidad. La inyección de fondos por 171 mil millones de pesos ejercidos a través de Procampo e Ingreso Objetivo fracasó en su propósito de fortalecer a productores de granos y oleaginosas ante la apertura total de la frontera para la importación de alimentos, 15 años después de firmarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Esa es la conclusión a la que han llegado investigadores y analistas del programa.

La repartición desigual del dinero es una de las causas por las que se falló: mientras que 20% de los productores con mayor extensión de tierras recibieron 80% de los recursos, la inmensa mayoría de campesinos debió conformarse con un subsidio menor a 700 pesos anuales, revela un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Tal condición volvió en los hechos a Procampo un programa asistencial, con el que millones de personas sobrevivieron a través de tres lustros, reconoce el Consejo Nacional Agropecuario. Entre los que más han recibido ayuda con dinero público figuran gobernadores, diputados, grandes empresarios y narcotraficantes, según puede leerse en la página de internet subsidiosalcampo.org.mx, elaborada por Fundar Centro de Análisis e Investigación AC.

Fue el pasado 23 de julio en el periódico La Jornada en nota de Claudia Herrera Beltrán, en que se publicó la declaración del Presidente Felipe Calderón precisamente con integrantes de Fundar, sobre lo importante de la fuerza de la sociedad para tener un Estado Fuerte: “…En el contexto del debate sobre la permanencia de programas sociales, Calderón señaló que es medular pasar de la cultura paternalista a una de responsabilidad personal y social, que sea verdaderamente solidaria y subsidiaria, ya que "un Estado fuerte sólo es posible donde hay una sociedad fuerte". Explicó que su gobierno está convencido de que la gente del campo no pide limosnas, caridades ni dádivas; reclama con todo derecho oportunidades de superación para salir adelante con su propio esfuerzo y dignidad.” Lastima que la realidad no permita que esto se haga realidad. Veamos.

Ese mismo día, en nota de Angélica Enciso, en La Jornada misma, el titulo de la nota era contundente, basada en los análisis sobre 2008 realizados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval):

“Ni diagnóstico ni planeación en programas de la Sedeso: Coneval

“!Los programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) carecen de un diagnóstico adecuado para solucionar los problemas que buscan atender y la población potencial no está definida ni cuantificada… Un examen de los programas de la Sedeso –la mayoría de combate a la pobreza– indica que no cuentan con planeación estratégica de mediano y largo plazos ni con metodologías para definir y establecer metas e indicadores para su medición.

Entre 2007 y 2008 las dependencias y entidades realizaron evaluaciones de consistencia y resultados, así como en cuanto a diseño de los programas sujetos a reglas de operación con el fin de contar con un diagnóstico sobre su capacidad institucional, organizacional y de gestión.

Se evaluaron 91 programas de 11 dependencias federales, en los cuales se encontraron 930 aspectos que podrían mejorarse; de ellos, 73 por ciento se concentran en tres dependencias: 33 por ciento corresponden a la Secretaría de Educación Pública, 24 por ciento a la Sedeso y 16 por ciento a la Secretaría de Hacienda, señala el Informe de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora de programas federales 2008.

Uno de los problemas más comunes de los programas es la falta de identificación y cuantificación de la población potencial y objetivo, es decir, aquella que enfrenta el problema que se busca atender en determinado periodo. Esto, agrega el análisis, impide “una focalización adecuada y coordinada de los recursos de los programas, una correcta planeación en su cobertura y va en detrimento de sus resultados”.

El informe considera que para mejorar el diseño de los programas sociales, antes de su creación deberán tener un diagnóstico claro del problema o necesidad al cual van dirigidos y “buscar acciones de política pública de probada efectividad para el diseño”. También indica que “se debe dar una reasignación de programas entre secretarías y dependencias para hacer más eficiente y eficaz los recursos financiero y humano”.

Recomienda en el área de educación mejorar la calidad de los servicios educativos, fortaleciendo programas dirigidos a la población en pobreza y a la indígena, así como mejorar la cobertura de educación media y superior.

En cuanto a salud plantea que se deben desarrollar estrategias de monitoreo de la calidad de los servicios en el país, así como asegurar la atención universal de salud de las mujeres durante el parto y el puerperio, y de los niños menores de un año para reducir la mortalidad materna e infantil. Añade que se deben focalizar en zonas de alta desnutrición, especialmente indígenas, estrategias efectivas de mediano y largo plazos para mejorar el estado de desnutrición y fortalecer la disponibilidad de alimentos.

De igual forma, explica, se debe desarrollar una política efectiva para prevenir la obesidad, con especial atención a la infancia. Por último propone que se presenten de manera sistemática indicadores que muestren que las políticas y programas de desarrollo social están resolviendo el problema para el cual fueron diseñados.” Hasta aquí la nota de Angelica Enciso.

Hoy en día, los hechos superan a lo imaginable, en muchos casos y temas de interés nacional, estatal y municipal. Los retos son mayores de la capacidad de respuesta demostrada por los representantes populares y los gobernantes y presidentes municipales que ganan elecciones y peor aún, de los que tienen que entregar el Poder a sus adversarios políticos partidistas o a sus compañeros de partido.

Sirva un tema vital de referencia. El Agua. En los mantos acuíferos, hoy tenemos menos volúmenes de agua en las presas; la recuperación de los mantos freáticos naturales, cada día son menores, por distintas causas de deforestación y sobreexplotación. No existe la suficiente capacidad o volumen para satisfacer las necesidades prioritarias de las comunidades, colonias, rancherías, municipios y ciudades y en inevitable aceptar lo que distintos estudiosos han advertido; que ya empezó “La guerra del Agua”.

Hoy la empresa Coca-Cola concentra la explotación de pozos acuíferos. Según la información difundida en una estación de radio, actualmente México cuenta con 653 acuíferos, de los cuales 101 están sobre explotados lo que origina una pérdida en la reserva de agua subterránea de 6 kilómetros cúbicos por año.

Ayer, en W radio, se dio a conocer lo que desde hace muchos años, antes de que gobernara el PAN el país ya venía ocurriendo; Diputados federales afirmaron que, en medio de la crisis por la escasez de agua que vive el Distrito Federal y varios municipios mexiquenses, en México empresas como Coca-Cola y Grupo Modelo concentran la explotación de pozos y manantiales. (El Economista)

El legislador priísta, Roberto Cerezo Torres afirmó que de acuerdo con una investigación, de los 310 millones de litros de agua purificada, Femsa Coca-Cola se apropia de 49.1%, mientras que Grupo Modelo concentra 36.4%; Pepsico 5.9%, Nestlé 4.9% y Danone 3.6 por ciento.

El también secretario de la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos Sociales de Acceso a Agua agregó que tan sólo Femsa y Grupo Modelo tienen concesiones que van de los cinco a los 50 años sobre propiedad de pozos y manantiales.

Además, el legislador priísta cuestionó el origen del agua que se vende embotellada por parte de esas empresas, así como el tipo de líquido que utilizan y el monto que pagan por los derechos del mismo, sobre todo en zonas de gran escasez donde los pozos están sobreexplotados.

Roberto Cerezo propuso por tanto un punto de acuerdo para que el director de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, rinda un informe sobre el negocio que dichas empresas han hecho con las concesiones y explotación de agua superficial y acuífero destinados al envasado o comercialización de agua, así como el nombre de todos los beneficiarios que explotan el líquido.

La lucha política, electoral por detentar el Poder Político y económico que representan los puestos de elección popular, va siendo cada vez más difícil de enfrentar o vivir en un ambiente de Paz Social. El camino de la contienda estará lleno de peligros, guerras sucias en lo estatal y en lo municipal y sin duda, también en las congregaciones. En el gran reto que representa para los partidos políticos la elección de 13 gubernaturas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, en la elección de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos. Coahuila para la elección de Gobernador y Diputados Locales y más de mil municipios, las circunstancias serán cada día más amenazantes, no solo por el peligro del crimen organizado, sino porque los gobernadores saben que sus posibilidades de imponer a sus sucesores, también pasa por los intereses políticos partidistas de quienes podrían llegar a gobernar el país en el año 2012. Los priistas que ahora definen estrategias para lograrlo, también están atentos a los procesos locales en el año 2010.

Lejos, muy lejos en la historia y en nuestros recuerdos, han quedado los tiempos en que las elecciones eran muy competidas y peleadas con pasión, sin que dejaran, los resultados, de permitir negociaciones y acuerdos políticos que redundarían en el reinicio de otro ciclo político en cierta calma que permitía trabajar y hacer negocios a la mayoría de los funcionarios públicos, sin dejar de reconocer las muy honrosas excepciones que en la historia de los pueblos y municipios ha existido y sin duda seguirán existiendo.

En la lucha por el poder de los puestos de elección popular como las presidencias municipales, Durango arrastra déficit de alcaldes por miedo a la mafia. (El Universal Martes, 30 de junio de 2009) en http://www.eluniversal.com.mx/estados/72300.html:

“DURANGO, Dgo.— En junio del año pasado, cuando desapareció el alcalde de Topia, Manuel Angulo Torres, el suplente, su tío Eduardo, declinó porque lo habían amenazado de muerte. El primer regidor, Ascensión Félix, también se negó, y el segundo, Martín Corral, les aventó el puesto. El tercer regidor, Martín Gandarilla, terminó por aceptar, pero un pueblo donde los niños ya crecidos cambiaron las mochilas por un cuerno de chivo, no es fácil de gobernar. Ahora, Gandarilla quiere renunciar. En la entidad ya nadie quiere ser alcalde. Luis Carlos Ramírez, un mecánico, se atrevió para 2010 porque tenía el respaldo del cacique del municipio de Ocampo. Lo mataron en su casa el pasado 1 de junio. Ahora nadie quiere ocupar su lugar. El 8 julio de 2004, al candidato panista José Manuel Soto Ortiz le despedazaron la cabeza con una piedra apenas electo en Ocampo. No alcanzó ni a recoger su constancia de mayoría.

Optan por el autoexilio

En Canelas, donde se casó Joaquín El Chapo Guzmán Loera, a Francisco Cárdenas le dieron el gusto de terminar sus tres años y días después de entregar la alcaldía a Armando Beltrán su enemigo político, fue baleado y mal herido. Le fue peor a Reynaldo, quien fue su secretario de ayuntamiento: un día desapareció y hasta la fecha no ha regresado. “Pancho” optó por el destierro y se fue a la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. De Otaez, región de Las Quebradas, el alcalde Claudio Reyes Núñez fue levantado en la ciudad de Durango el pasado 5 de febrero y 12 horas después su cadáver estaba envuelto en una cobija. Con él se ahorraron plomo: lo ahorcaron.

Sin alternativas

Ser alcalde en Durango dejó de ser negocio. Quizá el munícipe de Tepehuanes, Alfonso Peña, tenga razón: si los denuncian, los cuelgan; si le entran, también. Algunos dicen que eso el alcalde de Topia nunca lo supo y ahora su familia no tiene cadáver a quién rezarle. Los hermanos de Manuel Angulo Torres, dueños de unos casonones en Topia, no salen sin cargar su cuerno de chivo. Se volvieron hoscos en esa tierra caliente de la sierra donde la gente es muy abierta.” Hasta aquí la nota de El Universal.

En el periódico Reforma de hoy, en nota de J. Guadalupe Pérez, Manuel Vázquez, Criselda Farías y Gerardo Romo, la evidencia de la tendencia a la Bancarrota de municipios del país en distintas entidades federativas es evidente:

“México Termina jauja; sufren Alcaldes”

“Disminuyen sus ingresos por la baja en el precio del petróleo. Algunos municipios deben recortar personal, suspender actividades y dejar de pagar deudas. Tras varios años con las arcas públicas llenas, los ayuntamientos del País ahora se las están viendo negras. Algunos Alcaldes han tenido que cerrar sus palacios de Gobierno, dar "vacaciones" obligadas y recortar personal, además de enfrentar deudas con proveedores y créditos sin pagar.

Durante la última década, los municipios recibieron crecientes ingresos de la Federación como producto de los mayores precios del crudo. Por ejemplo, entre 2000 y 2008, el llamado Fondo de Fomento Municipal creció 64 por ciento en términos reales y llegó el año pasado a 16 mil 558 millones de pesos, la cifra más elevada de la historia.

Pero, debido a la crisis, en los primeros cinco meses de este año se revirtió la tendencia, y hay una caída de 29.2 por ciento en términos reales, lo que ha obligado a algunos municipios a detener gastos, pues los recursos de la Federación fueron empleados principalmente en gasto corriente, según opinión de especialistas.

En San Luis Potosí, la mayoría de los municipios reportaron al Congreso del Estado problemas incluso para pagar la nómina.

"Urge resolver el grave problema financiero por el que atraviesan 40 de los 58 ayuntamientos y que pondrá en serios aprietos económicos a las administraciones entrantes que podrían quedarse sin recursos para los primeros tres meses de Gobierno", dijo el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, Enrique Trejo.

En Guanajuato, nueve alcaldías tienen serios problemas financieros. Uno de ellos, Romita, se declaró en quiebra y, desde hace tres semanas, no tiene recursos para pagar el sueldo de sus 200 empleados, la luz ni los servicios de recolección de basura.

En Monclova, Coahuila, el Ayuntamiento le dio 15 días de "vacaciones" obligadas a todos sus empleados, con lo cual estima ahorrar un millón 200 mil pesos al no usar gasolina, energía eléctrica, teléfono ni equipos de oficina.

Con excepción de Juárez y Chihuahua -en los que se anunció que habrá recorte a los gastos administrativos en un 10 por ciento-, ningún otro ayuntamiento ha anunciado medidas de austeridad para hacer frente a la crisis.” Hasta aquí la nota de Reforma.

En Veracruz, sirva la nota de Manuel Rosete Chávez de su Columna Política Apuntes titulada: “COMUNAS QUEBRADAS, A CORRER PERSONAL”, del periódico Marcha en http://www.marcha.com.mx/columna.php?id=313&idc=8:


“COMUNAS QUEBRADAS, A CORRER PERSONAL”


La mayor parte de los 212 municipios del estado están enfrentando la peor crisis económica de los últimos tiempos.

Sin importar tamaño o filiación partidista de los alcaldes (Xalapa, priista y Boca del Río panista, por ejemplo), están ante la encrucijada de prescindir de los servicios de una buena cantidad de empleados o de pedir al Congreso autorización para endeudar más a sus comunas para cumplir con el pago de las nóminas y los compromisos de fin de año que requieren fuertes cantidades de dinero.

Y es que los recortes a los presupuestos que les ha venido aplicando la Federación en el presente año no han dejado de estar presentes mes con mes. Los tesoreros dan cuenta cuando les transfieren sus fondos de las sustanciales disminuciones que hace la Federación, hecho que los pone contra la pared para poder cumplir con los compromisos contraídos, como es la culminación de obras iniciadas desde el año pasado o en el actual, las cuales se han visto paralizadas ante la falta de dinero para el pago a las constructoras.

En municipios como Cosautlán, el problema de la crisis económica es grave, les deben a los trabajadores municipales siete meses de sueldo y previendo complicaciones con su personal, el de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, ya anunció recortes; mientras tanto el de Poza Rica, Pablo Anaya Rivera, se queja de que le han recortado el ¡cuarenta por ciento! de sus participaciones y ha tenido que despedir personal porque no le alcanza para el pago de la nómina y el de Naranjos, Andrés Ovando Torres, además de haber despedido a personal, el que logró quedarse está condicionado a ganar sólo un cincuenta por ciento del sueldo que venía percibiendo. Es tan grave la situación que varios presidentes municipales están considerando la posibilidad de pedir licencia y retirarse del cargo antes de endeudarse, temiendo que ello les traiga consecuencias posteriores cuando venga el relevo.

Frente a todo este desastre económico (quiebra de las finanzas municipales), el secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, Salvador Sánchez, se declara también “sin recursos”, argumentando que con la Ley de Austeridad de la administración estatal por el recorte de las participaciones federales, el gobierno tiene contemplados sólo gastos mínimos de cada dependencia y el pago de nómina, o sea, están igual que los municipios. Pero Sánchez Estrada no deja desprotegidos a los alcaldes, él les recomienda que “vayan saneando sus pendientes o soliciten una línea de crédito, como ya lo han hecho algunos”.

¿Es la crisis que vino de fuera?, como lo ha dicho el presidente Felipe Calderón; ¿es el fracaso de la política económica del gobierno federal que nos hundió en una recesión que quién sabe hasta dónde nos va a llegar?, o son vendetas del felipismo contra estados priistas como Veracruz, donde electoralmente no pudieron ganar suficientes distritos electorales federales? No sabemos, lo cierto es que los municipios están en banca rota, muchos ya despidieron personal, otros planean hacerlo, otros no les han podido pagar, algunos recurren al endeudamiento y otros de plano quieren pedir licencia.

¿Ya estarán tomando en cuenta esta situación los aspirantes a las presidencias municipales que tendrán que invertir en sus campañas electorales para llegar a administrar la quiebra?
Poco alentador el panorama, ¿no?



¿Cuando podremos conocer evaluaciones del CONEVAL de los programas de los gobiernos estatales?
¿Qué estado de la República se declarará en Quiebra?
¿Quienes administrarán las Quiebras en los Municipios?


¿Será verdad que quieren bursatilizar la Corrupción?

VEREMOS…

(*)http://eleconomista.com.mx/notas-online/politica/2009/07/28/coca-cola-concentra-explotacion-pozos-acuiferos-pri

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¿La Definición del Futuro de México?
Queremos Un México sin Corrupción…
Queremos un México sin Municipios o Ayuntamientos en Quiebra.
No es creíble, ni aceptable, que ese grupo defina el futuro de México

Más elementos que justifican el Combate Preventivo de la corrupción en México.
“Corrupción electoral, presente en todos los partidos: diputados”.


Por Reynaldo Castro Melgarejo
21 de julio de 2009



Recientemente el Banco Mundial afirmó que en México, La gobernabilidad se desploma. Fue en notas del pasado 30 de junio en distintos medios de comunicación en que este organismo financiero internacional afirmaba que México, reprueba en estabilidad, estado de derecho, control de la corrupción y participación ciudadana.

En ese informe, también difundido por Reforma en nota de Ulises Díaz, en la fecha citada, se afirma que: “…la capacidad del Gobierno mexicano fue reprobada en cuatro de seis rubros, según el Indicador de Gobernabilidad Global 2009 del Banco Mundial (BM), que reporta datos hasta 2008. El organismo evaluó al País junto a otras 211 naciones. En una escala del 1 al 100 (donde 100 es la calificación máxima), en estabilidad política y ausencia de violencia, México recibió 24.4 puntos en 2008; 27, en 2007, y 45, en 2004. En este rubro, el País está por debajo del Congo, país africano que sufrió durante varios años una guerra interna y donde más de la mitad de la población vive en pobreza, y de Serbia, que también sufrió un conflicto armado, y muy lejos de Estados Unidos y Canadá, así como de Chile y Costa Rica.

En estado de derecho, México recibió una calificación de 29.7 puntos en 2008 contra 36.2 el año previo y 42.4 en 2004. El indicador evalúa la habilidad de hacer que las leyes sean respetadas, donde el País está al nivel de Kosovo y Libia, nación que, hasta hace unos años, tuvo un embargo económico por parte de la ONU.

En rendición de cuentas y participación ciudadana, donde se mide, entre otros factores, la libertad de expresión, incluidas la de prensa y de asociación y la posibilidad de elegir al Gobierno sin presiones, el País obtuvo 50.5, una calificación superior a la del año anterior, cuando tuvo 49.5, pero muy por debajo de su rango de 2004, que fue de 58.2.

En control de la corrupción, se alcanzaron 49.8 puntos, un ligero avance respecto a años previos, pero todavía con calificación reprobatoria. La evaluación se basa en las respuestas de 35 fuentes de agencias y organizaciones internacionales y consultoras privadas.

"Las percepciones importan porque los actores toman sus decisiones con base en impresiones. Si los ciudadanos creen que las cortes son ineficientes y la Policía corrupta, es improbable que recurran a sus servicios", advierte el informe.

"De manera similar, las empresas toman sus decisiones de inversión -y los votantes, el sentido de su voto- basándose en el desempeño del gobierno y el clima de negocios".

Los dos únicos indicadores en los que el País aprobó, aunque de "panzazo", son los de calidad regulatoria y efectividad de Gobierno. En el primero, el BM mide la calidad del servicio burocrático, y en el segundo, la capacidad para formular e implementar políticas y reglas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado. Sin embargo, según el indicador, la calidad regulatoria del País es inferior a la de las islas caribeñas de Aruba, Barbados, Antigua y Bahamas.” Hasta aquí la nota de Ulises Díaz.

En el contexto de la realidad mexicana, me parece difícil de aceptar que los organizadores, asistentes y ponentes, a lo que llaman el primer Foro Regional de Prospectiva, asuman que se comprometen a acabar con la cultura del Reparto. A acabar con la corrupción, con la negligencia, con la cadena de complicidades y con la impunidad.

Aceptable, el mediano esfuerzo de todos los organizadores, asistentes y ponentes de lo que será el llamado Primer Foro Regional de Prospectiva, a realizarse los días 24 y 25 de julio, supuestamente, (aunque me parece ostentoso el lema, hay que anotarlo): “para la Definición del Futuro de México”. Dicho evento, otra vez supuestamente, tiene como objetivo “despertar la conciencia de los actores políticos, sociales, empresariales y académicos para diseñar las nuevas estrategias y vislumbrar prospectivamente al País para los próximos 20 años, desde las regiones”…no obstante que me parece una más de las puntadas del gobierno de la fidelidad, la participación de los ponentes y la actitud de los organizadores, dejará espacios para el análisis y para valorar la verdadera disposición a respetar las posibles aportaciones de quienes asistan y otros que sin asistir pueden ofrecer ideas y propuestas que debieran merecerles interés, si de verdad fuera cierto que tienen voluntad y compromiso en que tengamos un mejor México; porque eso de que “para definir el futuro de México desde las regiones” es un exceso; pues es comprensible que ni los organizadores, ni los asistentes, ni mucho menos los ponentes, representan a todas las regiones de México; ni mucho menos, a los que en todo caso podrían ser beneficiados o perjudicados con los alcances de su propuestas de llegar a ser aceptadas.

No puede esperarse de ese ejercicio mediático, un verdadero ejercicio de prospectiva para definir el futuro de México desde sus regiones; sin duda existe el temor de que participen voces que no se asumen como sumisas y se han expresado cuestionando con seriedad decisiones erradas del gobierno estatal y en distintos momentos del federal y de los municipales.

Poco creíble resulta creer que el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, o alguno de sus colaboradores o empresarios preferidos, asumirá un compromiso de impulsar cambios estructurales para acabar con la corrupción en México en los tres niveles de gobierno, desde los municipios; no es creíble que los asistentes, ponentes y organizadores asuman compromisos por acabar con la corrupción en los partidos políticos y en los gobiernos municipales, estatales y federal, así como en los sectores empresariales.

Debemos asumir y cumplir el compromiso de llegar al año 2010 año del Bicentenario de la Independencia, como una República integrada en la que nuestra base estructural sean federación, estados y municipios, lo cual no está contemplado en nuestra carta magna y es una demanda de las organizaciones sociales y municipales, así como de la ciudadanía; lo cual, de llevarse a efecto, hará del federalismo mexicano una Unión más fuerte e integral.

Cabe observar que los temas y problemas reales en todo el país que impiden los mejores avances posibles y la solución a tantos problemas nacionales de urgente atención y solución con los recursos públicos son la corrupción y la falta de transparencia en el origen y destino de los recursos públicos en los tres niveles de gobierno. Respecto a la corrupción, Edmund Phelps, Premio Nobel de Economía 2006, aseguró que ésta frena la economía mexicana por la distribución inequitativa del ingreso y por la economía informal. Phelps aconsejó incrementar la transparencia en la creación de nuevas instituciones económicas. Añade que “el síntoma más importante de una economía sana es que los trabajadores sonrían al final de su jornada laboral y hablen de sus satisfacciones, además de que sus ingresos mejoren, según el especialista.”

En materia de federalismo, es impostergable atender un reclamo social histórico, para que el Estado mexicano en su estructura jurídica y normativa tenga como resultado el cambio de la realidad actual de sus regiones, estados, municipios y zonas metropolitanas; para que el sistema de gobierno, en sus tres niveles, sin importar siglas partidistas, garantice el bien común y el desarrollo humano sustentable. Un Estado mexicano en el que el bienestar social y el bienestar de las familias sean una realidad en el desarrollo político, económico, social y humano de los mexicanos.

Ante la realidad nacional que queremos transformar por la falta de transparencia en el origen y destino de los recursos públicos, y ante la percepción nacional e internacional sobre la corrupción en nuestro país, no podemos evadir el tema, menos ignorar o negar sus efectos nocivos en la pérdida de recursos públicos, en la sociedad y en las instituciones del sistema de gobierno sin importar siglas partidistas.

Es innegable que urgen reformas que modernicen y consoliden las estructuras institucionales en materia de transparencia en el origen y destino de los recursos públicos para tener un federalismo transparente, que tenga la validación de la sociedad en el desarrollo político, económico, social y humano de las entidades federativas firmantes del pacto federal y su expresión en el desarrollo de los municipios, las regiones y las zonas metropolitanas.

Como resultado de mi trabajo de investigación en el tema de la transparencia en el uso de los recursos públicos, para combatir preventivamente la corrupción y la falta de transparencia, he presentado en distintos foros distintas propuestas para que con un enfoque de verdadera Prospectiva y con una orientación preventiva, construyamos un mejor futuro para México, alejado de la corrupción. He presentado esta propuesta, para ser incluida en la parte final del primer párrafo de las reformas al artículo 115 constitucional:

“ Los ayuntamientos tienen facultades para participar en el diseño de las políticas públicas del desarrollo municipal y los propios programas federales y estatales, en sus respectivas áreas de jurisdicción, por lo que deberán conocer e informar a la sociedad, desde su primera sesión de cabildo en el año, el origen y destino de los recursos públicos con transparencia, con ello se respetará el derecho de la sociedad a ser informada sobre las cantidades de recursos públicos que el sistema de gobierno en sus niveles, federal, estatal y municipal destina anualmente para impulsar las potencialidades de crecimiento o desarrollo y/o subsidiar las limitaciones del respectivo municipio”.

Es urgente que las reformas estructurales que sean impulsadas en estas materias tengan el referente de una verdadera política de Estado. Una prioridad que se exprese en políticas públicas integrales para lograr nuestras aspiraciones de tener en México un federalismo incluyente, funcional, eficiente y transparente.

Tenemos que pasar y superar para siempre el nivel de políticas tradicionalistas en estas materias. No podemos dejar de reconocer y prepararnos para superar el impacto diferenciado en las regiones del país del modelo globalizador en el que estamos inmersos. Tenemos el gran reto de enfrentar y superar los fuertes desequilibrios en las regiones y la incapacidad demostrada de las mismas para desarrollar ventajas competitivas.

Otra propuesta para impulsar la participación ciudadana como efectivo contrapeso en el ejercicio de los recursos públicos que he presentado en distintos foros tiene el objetivo principal de COMBATIR PREVENTIVAMENTE LA CORRUPCION EN MEXICO, para evitar que los recursos públicos queden en manos o bolsillos de malos funcionarios públicos, de cualquier partido político.

Con ello tendremos más y mejores recursos para dar mejores y creíbles resultados en materia de Justicia, respeto a los derechos humanos, en Seguridad Pública; combatir preventivamente el delito, la delincuencia organizada, el narcomenudeo, el analfabetismo e impulsar la atención de la salud, la educación, vivienda, la creación de empleos y más oportunidades para los mexicanos en nuestro propio territorio.

Algunas razones de peso son:

1. En el contexto internacional hay una mayor exigencia de gobiernos, socios comerciales y organismos financieros y políticos, como el FMI, la OCDE, el BID, OEA, la ONU y UE entre otros, de transparentar los procesos económicos y políticos en México y lamentablemente debemos reconocer la añeja falta de transparencia, y que existe atraso en la rendición de cuentas, pues como se hace es “a toro pasado” y debe hacerse preventivamente.

2. Para contener la emigración, combatir la pobreza extrema y la miseria en que millones de mexicanos se encuentran, debe asumirse como imperativa razón de Estado: Combatir Preventivamente la Corrupción en México.

3. El uso transparente en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios, permitirá impulsar en territorio mexicano: el arraigo de millones de mujeres y hombres de todas las edades, el crecimiento del mercado interno; el desarrollo económico político, social y humano de los mexicanos desde la estructura municipal; para generar riqueza aprovechando las potencialidades de los pueblos y lograr una equitativa generación y distribución del ingreso nacional. En consecuencia, tener una mejor posibilidad de competir en la globalización.

4. Es inobjetable que ante enormes sub-ejercicios del gasto federal desde antes de que gobernara el Partido Acción Nacional y ahora que gobierna al país, así como ocurre desde siempre en los gobiernos estatales y algunos municipales; a lo que se suman escándalos de corrupción en distintos partidos políticos, en varios estados y en el mayor número de municipios del país, está plenamente justificada la urgencia de que tanto la sociedad como el gobierno, debemos impulsar reformas estructurales para hacer obligatorio el combate preventivo de la corrupción, para lograr verdaderamente la transparencia en la función pública de los tres ordenes de gobierno, desde los municipios.

5. Debemos urgentemente, dar pasos firmes para evitar que el desaliento y la decepción de millones de mexicanos, deriven en las opciones y graves riesgos que conducen a la emigración o a la violencia, como en distintos momentos históricos se ha demostrado.

6. Mi firme convicción de impulsar esta iniciativa en México, es para contribuir a generar un enfoque serio basado en la Prospectiva para generar consensos entre los mexicanos, que permitan impulsar y lograr reformas estructurales que beneficien y arraiguen a la población mexicana en su propio territorio; permitan una mejor relación con nuestros socios comerciales, sin presiones migratorias y den certidumbre jurídica y transparencia en la función pública para inversionistas nacionales o extranjeros; funcionarios y ciudadanos en los niveles municipal, estatal y federal.

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción IX del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115.-.....................................................................................
a VIII...............................................................................................

En cada municipio habrá un Concejo Ciudadano de Concertación, en el que participarán los sectores público, social y privado de conformidad con lo que establezcan las legislaturas locales. Cada Consejo estará presidido por el Presidente Municipal y tendrá por objeto la formulación de los Programas Anuales de Desarrollo Municipal, procurando mantener congruencia con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo y con los programas derivados de éstos.
Para ello, los Concejos Ciudadanos de Concertación tienen facultades para participar en el diseño de las políticas públicas del desarrollo municipal y los propios programas federales y estatales, en sus respectivas áreas de jurisdicción.
Teniendo en sus reuniones una periodicidad bimestral, como plazo máximo, para la correcta evaluación de los Programas Anuales de Desarrollo Municipal.
Los Concejos Ciudadanos de Concertación se integrarán en forma participativa en los términos que determinen las legislaturas locales, de conformidad con las siguientes bases:
a). Establecerán las funciones que correspondan a los propios Concejos respecto a la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o realización de acciones de desarrollo económico y social.
b). Establecerán los mecanismos de coordinación y concertación que permitan una adecuada supervisión y preventivo control de los recursos destinados a la inversión productiva y del cumplimiento de los programas.
c). Señalarán las reglas para la regulación conjunta y coordinada de desarrollo de los municipios dentro del mismo estado y en las zonas conurbadas.
En apoyo al buen funcionamiento de los Concejos Ciudadanos de Concertación, los Ayuntamientos serán responsables de promover el desarrollo integral de su municipio, concertando con los representantes de las dependencias y entidades de los gobiernos estatal y federal, así como con las organizaciones más representativas de la sociedad civil, los apoyos necesarios para el logro de los programas correspondientes, el estímulo de la producción, la atención de las prioridades municipales y el seguimiento del destino transparente de los recursos.”


Más elementos que justifican el Combate Preventivo de la corrupción en México.

Desde hace más de tres cuartos de siglo, en México, en medio de las adicciones al tabaco, al alcohol y a las drogas, silenciosa y escandalosamente, ha crecido la adicción a la corrupción. Lo más lamentable, es que en los últimos 50 años, la adicción a la corrupción está presente en la gran mayoría de las personas que dirigen o participan en distintas instituciones, de interés público y privado. En los partidos políticos y en las decisiones de gobierno que benefician a empresas privadas y a funcionarios públicos y/o sus familiares o protegidos y recomendadas de ambos géneros.

Es innegable que la adicción a la corrupción existe en mujeres y hombres de distintas edades: “El que no tranza no avanza”, era el lema de algunos jóvenes estudiantes en una prestigiada universidad privada en México, hace no menos de tres décadas. Era una expresión; hoy, es presente y continua entre ricos y pobres; entre preparados e impreparados; entre tecnócratas y políticos.

La adicción a la corrupción, corroe las entrañas de la sociedad que grita fuertemente en la voz de sus mujeres, de sus niños, de sus jóvenes, de sus adultos y de sus ancianos: ¡YA BASTA! De corrupción, de complicidades y de impunidad.

La adicción a la corrupción destruye anhelos presentes y futuros de realización humana. La adicción a la corrupción, lastima la vida de millones de seres humanos que no tienen otra alternativa más que abandonar sus aspiraciones de estudio, de preparación y de progreso en el conocimiento, la ciencia, la razón y hasta en la fe, para someterse a la perversidad de los corruptos y tratar de sobrevivir en los inframundos de la delincuencia organizada y de la delincuencia llamada de cuello blanco, que desde distintas empresas comerciales, financieras o de servicios, se encuentran incrustadas en la economía formal e informal de nuestro México; en la delincuencia organizada fuera y dentro de los distintos niveles de gobierno, que tanto dañan a nuestros pueblos.

La adición a la corrupción es la misma adicción al Dinero. Sin duda es preocupante esa ambición desmedida por obtener dinero ilícitamente, sin que les importe el desprestigio personal, profesional o familiar.

Ejemplos sobran. El éxito de los hijos de personajes de la política, hijos, hijas, yernos, suegros y consuegros; así como afectos preferentes clandestinos; igual ocurre con los dueños, testaferros o prestanombres de las empresas que han obtenido el incremento de su riqueza bajo el amparo de las decisiones y concesiones de gobierno. Lamentablemente, se han convertido en ejemplo para las nuevas generaciones de jóvenes mujeres y hombres. Ese es un gran peligro para todos.

La emigración de millones de mexicanas y mexicanos, con la consecuente desintegración familiar, el riesgo y pérdida de miles de vidas humanas cada año y el crecimiento de los riesgos de que se eleven las adicciones y otros riesgos de salud pública, son consecuencia de la adicción a la corrupción en México, de funcionarios públicos, políticos y empresarios de distintos niveles de gobierno y económico.

Políticos y empresarios, que a la sombra de las complicidades, desde el Poder, logran permanecer en la impunidad, sin que los enormes robos a la nación o al erario público en los estados y municipios, se puedan recuperar y reintegrar para ser utilizados a favor de las y los mexicanos más necesitados.

Entenderán que aun estamos a tiempo y que nunca es tarde para redireccionar lo que desde hace muchos años es un mal incurable para toda la nación: la adicción a la corrupción; que además de empresarios, también incluye, con muy honrosas y respetables excepciones, a Legisladores, funcionarios, políticos y gobernantes. Lamentablemente los legisladores, gobernantes y funcionarios públicos no garantizan la defensa de los derechos y valores democráticos de nuestro país, son de paso y responden a los intereses personales y de grupo político o económico al que pertenecen o buscan someterse, al cambiarse de partido político, para encontrar protección e impunidad a sus propias trayectorias y ambiciones de poder.

Entenderán que urge el apoyo de todas y todos los mexicanos para evitar que la corrupción acabe con nuestros pueblos y valores. Empresarios, Políticos y Funcionarios adictos a la corrupción, han hecho apología de esa mala práctica que ha llevado a sistematizar y a identificar a los mexicanos desde fuera y desde dentro de nuestras fronteras, como una sociedad de cínicos y corruptos, con sus verdaderas y honrosas excepciones, entre las cuales difícilmente podemos aceptar que esté un político de cualquier partido o un empresario que se ha beneficiado de las decisiones y concesiones de su puesto público o del Poderoso Gobernador de algún estado o del mismo, Poderoso Presidente de la Republica.

Urge legislar en México para que la sociedad participe como efectivo contrapeso político y legal, con el reconocimiento constitucional que le permita cuidar y conservar lo que avancemos como naciones en corresponsabilidad cultural, comercial, económica, política, social y en pleno humanismo, para evitar que gobernantes corruptos en México, o dirigentes de cualquier partido político, abusen de la falta de transparencia en el origen y destino de los recursos públicos, de orden federal, estatal o municipal y que por su adicción a la corrupción se enriquezcan con el patrimonio del pueblo y cancelen las vías que nos lleven a ser audaces en la esperanza de recuperar nuestros sueños de bienestar y el de las nuevas generaciones, por lo que sería vergonzoso que no seamos capaces en el presente y en el futuro, de alcanzar los mejores resultados concretos a favor de nuestros pueblos.

Un referente contundente más. Sirva de referencia la nota que publica el Universal en su página de Internet, firmada por Juan Arvizú Arrioja y Andrea Merlos, este día martes 21 de julio, sobre la corrupción existente en los procesos electorales y que se ejerce o se practica desde distintos niveles de autoridad.

“Corrupción electoral, presente en todos los partidos: diputados”

“La comisión que vigiló el uso de recursos públicos en las elecciones intermedias advierte que gobiernos de estados y municipios tienen presupuestos que ejercen sin comprobar. La comisión de diputados que vigiló las elecciones intermedias concluyó que en el proceso electoral tuvo fuerza la subcultura de la corrupción, de "echarle la mano" al candidato amigo o al partido preferido y comprar votos con recursos públicos.

Todos los partidos tienen la práctica de la corrupción aplicada a los procesos electorales, dijo el presidente de la Comisión Especial Encargada de Vigilar el Correcto Uso de los Recursos Públicos en el Proceso Electoral de 2009, Antonio Soto Sánchez (PRD). En febrero pasado, el pleno de los diputados ordenó el funcionamiento de la comisión que encabezó Soto, con la encomienda de denunciar ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), casos de desvío de recursos públicos en beneficio de candidatos.

En el Palacio Legislativo, Soto Sánchez y dos legisladores más -la mayoría de los integrantes de la comisión desertó al tomar licencia--cerraron el acopio de denuncias y dieron a conocer un adelanto del informe final que entregarán a la Comisión Permanente. El diputado Ascensión Orihuela (PRI) comentó que se presentaron 20 denuncias a la comisión, de las cuales 13 estuvieron acompañadas con elementos de prueba. Subrayó la importancia de que se fortalezca la participación cívica de los ciudadanos, más que poner candados en la ley para dificultar abusos.

A su vez, la diputada Larisa Montiel (PAN) destacó la imparcialidad con la que actuó la comisión, cuyo trabajo tuvo la intención de alentar el respeto a la ley. Los diputados presentaron 13 denuncias ante la Fepade y en algunos casos a la SFP, por lo que "el balón está en la cancha del Ejecutivo, que al revisar las denuncias y si encuentra elementos persiga a quienes hayan violado la ley.

El caso más relevante de los que presentó la comisión especial fue de ofertas del director de la Lotería Nacional, entonces Miguel Ángel Jiménez, a un medio periodístico para que publicada anuncios del PAN en Campeche y que facturara al organismo público. El asunto fue desechado por la Fepade, y al momento no ha habido respuesta de la SFP, explica el informe de los diputados. Tras recibir de la Fepade una notificación de no ejercicio de la acción penal contra Miguel Ángel Jiménez, la comisión de diputados que encabeza Soto Sánchez interpuso un escrito de inconformidad ante la PGR del cual se espera aún la respuesta.

Hay denuncias que involucran a los gobiernos de los priistas Enrique Peña Nieto (estado de México), Fidel Herrera (Veracruz), Andrés Granier (Tabasco), Mario Marín (Puebla), Miguel Ángel Osorio (Hidalgo) e Ismael Hernández Deras (Durango). Hay acusaciones contra los panistas Emilio González Márquez (Jalisco), y señalamientos de uso de recursos públicos para la campaña del ex secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.

Contra el PRD no se formalizaron denuncias, aunque hubo dos acusaciones, una contra el DIF del Distrito Federal, que no llegó a la fase de las pruebas, y otra que involucraba al gobierno perredista de Michoacán, por obsequio de cemento por votar por el PRD, que tampoco siguió adelante.

Diversas acusaciones se enfilan hacia alcaldes de Teoloyucan y Ecatepec, Estado de México; San Agustín Loxicha y Pochutla, Oaxaca; Catemaco y Tlalixcoyan, Veracruz.
Soto Sánchez hizo hincapié en que "en los estados y municipios hay partidas presupuestales que permiten el manejo de recursos, son comprobar, de los que se dispone como cajas chicas".

Los cinco meses de seguimiento de las campañas, reflejan que es necesario fomentar una cultura de la legalidad, pues la corrupción, como el crimen organizado, "no reconoce fronteras partidarias", expresó el perredista Soto Sánchez.” Hasta aquí la nota citada.

¿La Definición del Futuro de México?

No es creíble, ni aceptable, que ese grupo defina el futuro de México. Tampoco es creíble que se comprometan a luchar porque tengamos un México sin corrupción.

Difícil de aceptar que los organizadores, entre ellos el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, asistentes y ponentes, a lo que llaman el primer Foro Regional de Prospectiva, asuman que se comprometen a acabar con la cultura del Reparto. A acabar con la corrupción, con la negligencia, con la cadena de complicidades y con la impunidad.

VEREMOS…


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