Para presidentes municipales, legisladores locales y sociedad en general
El PRI reconoce corrupción en sus filas
El Pan reconoce corrupción en sus filas
El PRD reconoce corrupción en sus filas
El combate Preventivo de la corrupción, será prioridad de Estado

reynaldocastromelgarejo@hotmail.com
7 de octubre del 2007

“Las críticas que siempre se hicieron a los gobiernos emanados de mi partido, y reconocemos que en muchos casos no sin razón, fue el de la corrupción”. Sen. Carlos Lozano de la Torre.
“Revisa malas gestiones administrativas. Reconoce el PAN que hay corrupción en sus gobiernos.” “Por si fuera poco, se reconoció la existencia de corrupción en algunas administraciones y la falta de coordinación entre éstas y el instituto político.” La Jornada, 7 de octubre de 2007.
“Elección de dirigencia del PRD, en riesgo”. Alejandro Encinas Rodríguez

En solidaridad con los compañeros agredidos, por cumplir con su trabajo, en los hechos del lamentable accidente del subsecretario de gobierno del estado de Veracruz.
A la memoria de Anna Politkóvskaya, periodista rusa incasable luchadora en contra de la corrupción, a un año de su asesinato, que sigue sin esclarecerse.
Desde este modesto, expreso mi reconocimiento a todos los gobernantes, funcionarios federales, estatales y municipales, así como a la población en general, por los esfuerzos y buenos resultados en la protección civil de la población de todos los municipios afectados por los recientes fenómenos climatológicos.
El Partido Revolucionario Institucional, reconoce corrupción en sus filas y reclama los compromisos del Partido Acción Nacional en contra de la Corrupción.


Pasemos a los titulares de esta entrega. Tal vez en la reunión de gobernadores del sureste con el presidente Calderón se tenga que hablar de esa búsqueda de consenso para la aprobación y adopción las directrices de descentralización y fortalecimiento de las autoridades locales, tal vez, sea tema que tenga que esperar resultados en la Organización de las Naciones Unidas.

Por considerar de elevada importancia en su contenido y por los compromisos que se asumen desde las distintas instancias del Poder Legislativo y se solicita la aportación y participación del Poder Ejecutivo en compromisos internacionales sobre gobiernos locales; y toda vez que tales propuestas y compromisos tienen un efecto muy importante en los municipios del país, valoro conveniente compartirles la siguiente información:

El pasado Jueves, en la sesión ordinaria del Senado de la Republica, el Senador Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propuso un punto de acuerdo para citar a comparecer al nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, para que informe sobre el estado de los principales expedientes abiertos relacionados con supuestos actos de corrupción en la administración pública federal. Dicha propuesta se turnó a la Comisión de Gobernación para los efectos correspondientes.

Los argumentos del citado Senador de la Republica, están en el apartado de su “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS”, que a continuación les reproduzco:

“Hace unos días la organización Transparencia Internacional dio a conocer su informe 2007 sobre la corrupción a nivel mundial.

Conforme a los parámetros de esa organización, cuyas mediciones despiertan cada vez mayor interés como referente de la sociedad, México ocupa el lugar número 72 de 163 países considerados en este que podría considerarse un termómetro de la corrupción mundial.

Pero el dato preocupante no es solamente el lugar que ocupa nuestro país en esa medición internacional, sino que hemos retrocedido dos lugares respecto a la medición anterior de 2006 y ocho respecto al que ocupábamos en el 2001, cuando nos situábamos en el sitio 64.

Es decir que, durante el llamado gobierno del cambio y en el inicio del nuevo gobierno, no ha existido mejoría alguna en el tema de la corrupción y, por el contrario, observamos un notable retroceso.

El asunto es importante por sí mismo, pero destaca más porque una de las banderas de los últimos gobiernos federales emanados del blanquiazul ha sido la honestidad, misma que no ha sabido mantener en la prioridad que había ofrecido. No lo decimos nosotros, lo revelan los datos de un organismo internacional y el cúmulo de evidencias que día con día son mayores, comenzando por quien ocupó la Presidencia de la República el sexenio pasado, el señor Vicente Fox.

Las críticas que siempre se hicieron a los gobiernos emanados de mi partido, y reconocemos que en muchos casos no sin razón, fue el de la corrupción. Con esa bandera se hicieron promesas de un cambio de fondo y se sembraron grandes expectativas en la población sobre las ventajas que la alternancia en el gobierno podría traer en un funcionamiento mucho más eficiente, transparente y alejado de la corrupción, de la administración pública.

Hoy vemos que eso no es cierto y que esa aureola de honestidad ha sido abollada por los propios funcionarios públicos de las mal llamadas administraciones del cambio. Los casos que lo demuestran son muchos, tantos como las investigaciones en curso que no han tenido resultados en la dependencia encargada de atender esas cuestiones tan importantes para la buena marcha de la administración.

Esto viene a cuento porque precisamente cuando la Secretaría de la Función Pública anunciaba la firma de un convenio con Transparencia Internacional con el propósito de fortalecer el combate a la corrupción, según se dijo, tal firma debió posponerse ante la renuncia del Secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, que buscará, según lo dijo, la presidencia de su partido.

Que bueno que el joven funcionario panista tenga aspiraciones políticas y ejerza su derecho a contender por el máximo cargo del instituto político al que pertenece; pero que malo que con ello se mande una señal tan deplorable a quienes confiaron en que la decisión de este gobierno en atacar a fondo la corrupción iba en serio.

Nada más y nada menos que la Secretaría de la Función Pública como trampolín político en momentos en que la sociedad ve cómo se acumulan los casos de corrupción sin resolver y se postergan, bajo cualquier pretexto, las acciones para llegar al fondo de sonados casos que están a la luz del día.

Esa dependencia está rebasada. Los números no mienten. En este año sólo una investigación sobre evolución patrimonial, concerniente a un agente del Ministerio Público, derivó en una denuncia penal, de 43 indagatorias de ese tipo.

Mientras, están pendientes investigaciones de casos como el de la Megabiblioteca, la obra emblemática del gobierno foxista que tuvo que cerrar por los defectos en su construcción, pero pese a ello aún no se ha llegado al fondo del asunto; o bien, sobre las denuncias de irregularidades en el programa Enciclomedia, cuyo propósito de modernizar la enseñanza quedó perdido en un mar de irregularidades al que aún no se le conoce fin.

La renta de embarcaciones en PEMEX; los daños patrimoniales al Seguro Popular; el tráfico de influencias en el IPAB, merced a lo cual se adquirieron inmuebles a precios irrisorios que aún no se pueden explicar; el famoso caso ISOSA, fideicomiso mediante el cual se manejó dinero publico como si fuera privado; las múltiples irregularidades en aduanas, que salieron a flote con el sonado caso del ciudadano de origen chino Shen Lee Ye Gon y la denuncia que hiciera el propio Secretario de Hacienda sobre la amparada filtración del narcotráfico por las mismas; los estratosféricos costos y el prolongado tiempo de remodelación del aeropuerto; los extraños y cuantiosos contratos otorgados a un constructor que casualmente también fue el encargado de remodelar las cabañas presidenciales de Los Pinos y después el rancho de Vicente Fox; las ventas de bienes de parte del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) a valor inferior del catastral; la escasa o nula transparencia en los fondos, fideicomisos públicos y fondos de fomento autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; entre otros muchos casos conocidos por la opinión pública.

No es una cuestión de declaraciones de buena voluntad, ni de compromisos retóricos, sino de resultados que hoy por hoy no se ven y que hacen pensar si realmente tiene razón de ser la Secretaría de la Función Pública.

Por lo pronto lo que queda claro es que a su extitular le pareció más importante su proyecto político, o consideró que poco había que hacer en esa dependencia, salvo justificar las irregularidades de un gobierno emanado de su propio partido.

Es necesario hacer una reflexión profunda sobre esta situación. Como integrantes del Poder Legislativo no podemos desentendernos de lo que esta pasando y dejar que la inercia lleve por sí misma a la solución de los problemas. El trabajo de la Secretaría de la Función Pública reclama de una reestructuración a fondo, que debe ser exigida a su nuevo titular en este momento para que el relevo pueda ser provechoso y tenga algún sentido benéfico para el ciudadano común. No puede haber más dilaciones ni pretextos.

Por todo lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, solicita la comparecencia del C. Lic. Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública, para que informe sobre las acciones que emprenderá para agilizar el esclarecimiento de los casos pendientes de resolución en la dependencia a su cargo y las perspectivas de fortalecimiento o reestructuración de la misma, ante la exigencia social para que el país avance en la lucha contra la corrupción y en la eficiencia de la administración pública federal.

Firmada por el Senador Carlos Lozano de la Torre, del estado de Aguascalientes.”

El Partido Acción Nacional reconoce corrupción en sus filas

Distintos medios de comunicación del pasado domingo, registran que los panistas reunidos en su sede nacional, en su recién iniciado debate en camino a su Consejo Nacional, reconocen, además de la falta de claridad en sus estatutos, que su código de ética se ha quedado en pura teoría. Les es inevitable aceptar la realidad y las evidencias de la corrupción e ineptitud en gobiernos de AN, temas que serán debatidos en el Consejo Nacional. Cuestionan el nepotismo, salarios exagerados y afiliaciones corporativas, entre otros problemas de su realidad partidista.

“Corrupción en administraciones panistas, candidatos que saben ganar elecciones pero no gobernar, desacato al código de ética, afiliaciones lentas, burocráticas, complicadas y en algunos casos corporativas, así como falta de claridad en las infracciones por las que puede sancionarse a los militantes son algunos de los problemas que aquejan al PAN y que ayer fueron analizados en la primera sesión de su Consejo Nacional.” La Jornada 7 de octubre de 2008.

En el diagnóstico que distribuyó la dirigencia se mencionó también que algunos servidores desconocen el código. Por tanto, se consideró necesario crear un nuevo documento dirigido tanto a militantes como a funcionarios y elaborar mecanismos de castigo para quienes no lo respeten.

Por lo que hace a la relación con el gobierno, se aceptó la existencia de malas gestiones administrativas, que es frecuente que los panistas no logran incursionar en el gobierno debido a que los candidatos ganadores integran sus equipos de trabajo con personas que no participaron en la campaña o son ajenas al PAN, y que una fuente de conflicto con el partido son los casos de nepotismo y salarios exageradamente altos de los funcionarios.

Por si fuera poco, se reconoció la existencia de corrupción en algunas administraciones y la falta de coordinación entre éstas y el instituto político.

Los gastos de las comisiones parlamentarias serán fiscalizados

En nota de El Universal firmada por Andrea Merlos y Ricardo Gómez, este domingo 07 de octubre, se da cuenta del pacto entre los diputados federales para fiscalizar recursos de sus bancadas, no se descarta que pronto ocurra lo mismo en la Cámara de Senadores; este lunes será sometido a votación el acuerdo al que llegaron los coordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados, de crear la figura del contralor general de San Lázaro, que se encargará de fiscalizar los recursos millonarios que ejercen los grupos parlamentarios.

Actualmente en San Lázaro hay un contralor general que se encarga de las finanzas de todos partidos, y de recibir trimestralmente los reportes generales de los mismos, acompañados sólo de algunas facturas.

Los ocho partidos políticos recibieron más de 500 millones de pesos por subvenciones sólo en 2007, que se comprueban con un papel y una firma de los coordinadores.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política, cuya copia está en poder de EL UNIVERSAL, señala que la nueva plaza tendrá un rango de director general con un sueldo mensual de 151 mil 775 pesos.

De esta forma ganará más dinero que un secretario de Estado, que recibe 150 mil pesos al mes, y poco menos que el Presidente de la República, cuyo salario es de 152 mil 467 pesos.

En la iniciativa se afirma que una estructura administrativa interna de este tipo se justifica, y además existe la disponibilidad presupuestal para su creación.

La nueva plaza desahogaría la responsabilidad que tienen hoy en día las bancadas legislativas por administrar sus recursos.

Además, constatará con facturas y documentos los gastos que eroguen los partidos políticos, lo que permitirá un mayor control de las erogaciones que realicen.


En el No. 118, de la Gazeta oficial del Senado de la Republica, se publica una proposición del Senador Panista por el estado de Chihuahua, Ramón Galindo Noriega que les comparto por considerar de alto interés para su trabajo político y de servicio a nuestros municipios y a la sociedad en general.

Del Sen. Ramón Galindo Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar acciones a de lograr consenso para la aprobación y adopción de las directrices de descentralización y fortalecimiento de las autoridades locales, durante la 62va sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya apertura está programada para el 18 de septiembre próximo.

Del Sen. Ramón Galindo Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar acciones a de lograr consenso para la aprobación y adopción de las directrices de descentralización y fortalecimiento de las autoridades locales, durante la 62va sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya apertura está programada para el 18 de septiembre próximo. SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN

P R E S E N T E

El suscrito, en mi calidad de Senador de la República de la LX Legislatura integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE INSTRUYA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A IMPLEMENTAR ACCIONES CON EL FIN DE LOGRAR CONSENSO PARA LA APROBACIÓN Y ADOPCIÓN LAS DIRECTRICES DE DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES LOCALES, DURANTE LA 62VA SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, CUYA APERTURA ESTÁ PROGRAMADA PARA EL 18 DE SEPTIEMBRE PRÓXIMO. ASIMISMO, PARA QUE SE INFORME OPORTUNAMENTE AL SENADO DE LA REPÚBLICA SOBRE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN DICHA SESIÓN ; con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El año 2007 representa un momento histórico en la historia del mundo, ya que por primera vez la población urbana igualará a la rural con alrededor de 3,300 millones de personas.

Esto debería ser motivo de celebración, dado que desde tiempos inmemoriales las ciudades han sido centros económicos de crecimiento y creatividad cultural, pero la realidad es otra: el explosivo crecimiento demográfico, el acelerado proceso de urbanización y la incontrolada migración rural en busca de empleo, agudizaron la miseria urbana.

ONU Hábitat ha presentado un panorama nada optimista a nivel mundial: Alrededor de 1000 millones de personas no cuentan con una vivienda digna con los servicios básicos e incluso, muchas de ellas habitan en las calles.

Para el año 2025 se proyecta que habrá un aumento de la población urbana mundial en 60%, con lo que ésta alcanzará alrededor de 5,000 millones de personas, de un total de 9,000 millones a esa fecha. En América Latina la población se incrementará aproximadamente en 200 millones.

A nivel nacional, de los 105 millones de mexicanos, 75 se concentran en ciudades, de los cuales 15 millones se desarrollan en ambientes de marginación.

Los desafíos que plantean las cifras anteriores, dado que se prevé que la tendencia de urbanización continúe en crecimiento, han llamado la atención internacional, de instituciones como la ONU, la OCDE, el Banco Mundial, así como de múltiples gobiernos nacionales.

Actualmente se reconoce que gran parte de los problemas globales deben de enfrentarse desde lo local, y que difícilmente tendrán solución si no hay cooperación y diálogo entre los ámbitos de gobierno, pero específicamente con las autoridades locales, lo cual incluye a sus comunidades.

En este contexto, desde 1996 con la declaración de Estambul, Turquía, y en subsiguientes resoluciones aprobadas en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, México aprobó la operación del Programa Hábitat y su Agenda, así como los compromisos de la Declaración del Milenio.

El párrafo 177 del Programa Hábitat, hace énfasis en que en que el desarrollo de los asentamientos humanos sostenibles se puede lograr "mediante una descentralización efectiva de las responsabilidades y una asignación proporcionada de recursos a las instituciones más representativas de los sectores interesados de la población y más cercanas a ellas",

En cuanto a la declaración de la Agenda Hábitat, de la cual nuestro país es firmante, sobresalen los puntos en los que se establece que:

El municipio puede ser un socio efectivo en hacer que las comunidades sean viables, justas y sustentables, precisamente por ser el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía.

Los gobiernos nacionales deben reconocer el rol esencial de las autoridades locales para proveer servicios y darle poder a las personas, de manera que tengan un desarrollo económico promisorio, seguridad social y medio ambiente sano para sus comunidades.
Y se recomienda:

Establecer un proceso apropiado de coordinación y descentralización que defina con claridad las facultades y responsabilidades locales, junto con las políticas de desarrollo del proceso.

Hasta donde sea posible y apropiado, descentralizar autoridad y recursos, lo mismo que funciones y responsabilidades hacia el ámbito que sea más efectivo en la atención de las necesidades de la población en sus mismos lugares de residencia.

DIRECTRICES DE DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES LOCALES

Con base en las líneas directrices de la Carta Europea de la Autonomía Local, texto ratificado por 41 naciones del Consejo de Europa, asociaciones de autoridades locales junto con la Comisión para el Desarrollo de los Asentamientos Humanos de la ONU y otros organismos, iniciaron el proceso para la integración de un documento similar pero de carácter mundial.

Once años después, luego de una serie de consultas iniciadas precisamente en 1996, durante la reunión del Consejo de Gobierno de Hábitat-ONU, en Nairobi, Kenia, del 16 al 20 de abril, se aprobó la redacción final de las Directrices de Descentralización y el Fortalecimiento de las Autoridades Locales.

Este largo proceso culminará cuando el documento se someta a la aprobación de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, durante la 62va Sesión de la Asamblea General, cuya apertura está prevista para el 18 de septiembre próximo.

A continuación se establecen los puntos más importantes de las Directrices de Descentralización y Fortalecimiento de las Autoridades Locales:

Las Directrices de Descentralización y Fortalecimiento (un total de 59) se organizan en cuatro capítulos: "Gobernabilidad y democracia en el ámbito local -democracia representativa y participativa-", "Poderes y responsabilidades de las Autoridades Locales", "Relaciones administrativas entre Autoridades Locales y otros niveles de gobierno" y "Recursos financieros y capacidades de las Autoridades Locales".

Gobernabilidad y Democracia a Nivel Local
Democracia representativa y participativa.
Funcionarios electos y designados, funciones y ejercicio.

En el primero de ellos se destaca que la descentralización política en el ámbito local es un componente esencial de la democracia, el buen gobierno y la participación ciudadana, ya que viene a combinar de manera adecuada democracia representativa y democracia participativa. Insiste en que la participación de los ciudadanos ha de ser uno de los principios en la toma de decisiones; por ello, es responsabilidad de las Autoridades Locales garantizar la implicación de sus comunidades en todas las fases del proceso político. Paralelamente, los responsables locales han de contar con el derecho a desarrollar vínculos con los actores de la sociedad civil, así como a establecer las fórmulas de participación ciudadana que consideren más efectivas.

Este primer capítulo incluye un apartado específico para los técnicos locales en el ejercicio de sus funciones; además de otras consideraciones, las Directrices al respecto subrayan la importancia de que tanto este colectivo como el de políticos locales actúen con responsabilidad, integridad y transparencia. Apuestan también por que el personal técnico cuente con buenas condiciones de trabajo y remuneración, "como garantía de seguridad y buen gobierno en el ejercicio de sus funciones", y proponen la puesta en marcha de un Código de Buena Conducta para funcionarios públicos, así como de mecanismos que permitan a los ciudadanos el reforzamiento de este Código.

Poderes y responsabilidades de las autoridades locales
Subsidiariedad.
Acciones para incrementar la capacidad local.

En lo que se refiere a "Poderes y responsabilidades locales", las Directrices se orientan en dos líneas, por un lado, la subsidiariedad, y por otro, la acción impulsora. Sobre el principio de subsidiariedad, las Directrices reconocen que es el argumento imprescindible ante el proceso de descentralización, ya que supone que las responsabilidades públicas deben ser ejercidas por autoridades elegidas y desde el ámbito de gobierno más próximo a los ciudadanos. En consecuencia, se propone que las responsabilidades de los diversos niveles de gobierno -nacional, regional y local- queden plenamente clarificadas en textos legales.

Sobre la acción impulsora, las Directrices señalan que para asegurar una adecuada implementación del proceso descentralizador es preciso que el aumento de funciones de las Autoridades Locales vaya acompañado de un aumento de sus capacidades, así como de una mejora de los mecanismos de participación en los procesos de toma de decisiones en otros ámbitos de gobierno.

Relaciones administrativas entre autoridades locales y otras esferas de gobierno
Acción legislativa.
Poderes locales plenos.
Fiscalización y transparencia.

El tercero de los capítulos, "Relaciones administrativas entre Autoridades Locales y otros niveles de gobierno", las Directrices se mueven en tres líneas: acción legislativa, fortalecimiento de la autoridad local y supervisión y vigilancia. En materia legislativa, se propone que sea la normativa nacional la que reconozca a las Autoridades Locales la naturaleza de sus poderes, responsabilidades, deberes y funciones, de manera que éstas puedan ejercerlos sin limitaciones ni impedimentos por parte de autoridad alguna.

Por lo que se refiere a fortalecimiento, las Directrices insisten en que los poderes de las Autoridades Locales han de ser completos y exclusivos, y que su ejercicio no puede ser impedidos ni limitados por ninguna otra autoridad, salvo que lo reconozca la Ley; añade que las restantes esferas de gobierno deberían tener la obligación de consultar a la esfera local y a sus asociaciones siempre que se encuentren en fase de elaboración de normativas que afecten a las Autoridades Locales. Éstas, a su vez, deben ser asistidas por otros niveles de gobierno para determinar la política local y sus marcos estratégicos dentro de las políticas nacionales.

En cuanto a supervisión y vigilancia, la Directrices subrayan que la supervisión de las autoridades locales debe realizarse en base a lo establecido por la ley, y siempre a posteriori, para respetar la autonomía de la autoridad local.

Recursos financieros y capacidades de las autoridades locales
Recursos humanos
Recursos financieros

Finalmente, el cuarto y último capítulo de las Directrices, relativo a capacidades y recursos financieros, se centra en también en los recursos humanos de las Entidades Locales; en este sentido, destaca que la Administración Local ha de tener plena responsabilidad sobre sus trabajadores y determinar su propia estructura administrativa, e insiste en que las Autoridades Locales han de estar apoyadas en otras esferas de gobierno en el desarrollo de sus capacidades administrativas, técnicas y de gestión.

En materia estrictamente financiera, la Directrices subrayan que una descentralización efectiva implica una autonomía financiera adecuada; por tanto, si las Administraciones Central o Regional delegasen en la Local algún tipo de tarea o responsabilidad, han de delegar igualmente los recursos financieros necesarios para su ejecución. Además, las Autoridades Locales habrán de tener acceso a una variedad amplia de recursos financieros para llevar a cabo sus tareas y responsabilidades; y una parte de esos ingresos debería derivar de los impuestos locales.

Reitero como en otras ocasiones, que será imposible concretar el crecimiento y desarrollo económico con calidad de vida del ciudadano, si no se reconoce la importancia del municipio como eje de este complicado y seguramente largo proceso, el cual evidentemente debe involucrar a los más de 100 millones de mexicanas y mexicanos precisamente desde su lugar de residencia.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe somete a la consideración de este Honorable Pleno el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución:

PRIMERO. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a implementar las acciones pertinentes, con el fin de lograr consenso para la aprobación y adopción de las directrices de descentralización y fortalecimiento de las autoridades locales, durante la 62va sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya apertura está programada para el 18 de septiembre próximo.

SEGUNDO. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de que informe oportunamente al Senado de la República sobre los acuerdos adoptados en dicha sesión. Firma el SENADOR RAMÓN GALINDO NORIEGA.

Elección de dirigencia del PRD, en riesgo: Encinas

Alejandro encinas no confía en que la elección del nuevo dirigente nacional sea transparente y confiable.
La renovación de la dirigencia nacional del PRD está en riesgo ante la debilidad del padrón de militantes, el cual ha sido “rasurado” en otros procesos selectivos por la mezquindad y egoísmo de unas cuantas corrientes y dirigentes.

El Consejo Ciudadano para la Vigilancia del Buen Gobierno de Xochitepec, Morelos, enfrenta al alcalde del PRD, por corrupción con los recursos públicos.

En Jiutepec, Morelos, se dieron pronunciamientos en el sentido de que la renovación de la dirigencia nacional del PRD está en riesgo ante la debilidad del padrón de militantes, el cual ha sido “rasurado” en otros procesos selectivos por la mezquindad y egoísmo de unas cuantas corrientes y dirigentes, quienes han privilegiado sus intereses por encima de construir un proyecto de nación, alertó el candidato a la dirigencia nacional del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez.

En un recorrido de campaña en busca de la dirigencia nacional, el ex jefe de Gobierno del DF reconoció en este municipio ubicado a 15 minutos de Cuernavaca, que existen antecedentes de este tipo de actos ilegales realizados en los comicios internos del partido, “pero yo espero que la dirección nacional nos ayude a construir una elección plenamente democrática”, indicó.

Ante la presencia de aproximadamente 600 simpatizantes, Encinas Rodríguez afirmó que el padrón no acredita a los militantes en términos reales y prueba de ello fue la última elección interna, ya que por una omisión no participó entre entre el 20 y el 30% de un universo de 6 millones de afiliados a este instituto político.

Presuntas anomalías

Precisó que en el proceso de selección de delegados para el congreso extraordinario del partido del sol azteca de este año, en la mayoría de los estados del país se denunciaron diversas irregularidades, desde el robo de urnas, compra de votos, las cuales también se señalaron durante la designación del actual líder nacional, Leonel Cota Montaño, en el 2005.

Acompañado por Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Atención Ciudadana y Gestión Social de la jefatura de Gobierno del DF, aseguró que no va a alentar una contienda fratricida pero va a luchar para restituir a los perredistas sus derechos para elegir a sus dirigentes.

Con la participación de diputados, regidores, militantes y simpatizantes, Encinas Rodríguez hizo un llamado a su oponente, Jesús Ortega, integrante de la corriente denominada como Los Chuchos, para que la elección sea democrática, abierta y donde los militantes, y no la burocracia del dinero y las mala prácticas, designen al próximo presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Es innegable que la corrupción existe en las filas y gobiernos locales, estatales y fedferal de todos los partidos políticos. Lo que sigue es ver el verdadero compromiso que asuman todos ante el destino manifiesto de tener que aceptar el combate preventivo de la corrupción en México, desde los municipios, antes de que acaben con nuestro amado México y sus recursos públicos.

Es inevitable: El combate Preventivo de la Corrupción desde los municipios, será más pronto que tarde, una prioritaria razón de Estado.

VEREMOS….