YA NO BASTA, EL ¡¡¡YA BASTA!!!
reynaldocastromelgarejo@hotmail.com
11 de agosto de 2008
Es innegable que la violencia junto con la inseguridad, la mediocridad y la ineficiencia; unidos a la corrupción, las complicidades y la impunidad, son los factores principales de la deslegitimación de las instituciones. Los costos en términos de vidas humanas, económicos, políticos y sociales de esos factores, siguen siendo muy altos en todo el país; en Veracruz y en todo México.
¿Qué se puede hacer cuando el sistema de justicia no funciona adecuadamente?
Ante las crecientes desconfianza e irritación social:
• Todos, sociedad y gobierno, debemos actuar con seriedad para salir de la mediocridad y exigirnos eficiencia en todos los niveles de gobierno, en garantizar los derechos constitucionales de los mexicanos.
• Es imposible negar que el sistema de justicia y los cuerpos policíacos no están funcionando; que son ineficientes.
• Ante esto, el Estado mexicano debe actuar en congruencia con sus obligaciones, en coordinación con la sociedad y con las organizaciones internacionales.
• Necesitamos que nos den garantías de que la policía funcione y los tres poderes del Estado mexicano y sus tres niveles de gobierno, deben concertar, convenir, acordar y aprobar las iniciativas legislativas que sean necesarias.
• La sociedad en general exige respeto a sus vidas, las de sus familiares y a su patrimonio.
• ¿Qué ofrece el gobierno? Sin importar siglas partidistas...nada confiable.
• Los sistemas de inteligencia y los mecanismos de control de sus elementos no han logrado buenos resultados. Son ineficientes y mediocres.
• ¿Qué ofrece la sociedad? Toda su comprensión y apoyo a medidas drásticas o de avanzada tecnología que funcionen a favor de su seguridad personal, familiar y de su patrimonio. E incluso también a favor de la seguridad de las vidas de los policías y los funcionarios de todos los niveles.
• ¿Qué ofrecen los medios de comunicación? Una apertura total a apoyar a la sociedad y al gobierno, en este orden, para recuperar la armonía y paz sociales.
• ¿Qué ofrecen las corporaciones policíacas públicas de los tres órdenes de gobierno como las ministeriales, de seguridad pública, las municipales y las privadas? Nada que sea confiable.
• ¿Los seguros antisecuestros? En nada ayudan. Ni a quienes los pueden pagar; las aseguradoras que ofrecen este seguro, son empresas extranjeras que han encontrado una fuente de recursos y obligan a los contratantes a no denunciar ante las autoridades un secuestro.
• Es innegable que elementos y jefes policíacos que han sido identificados como delincuentes y se ha comprobado que se han involucrado en los secuestros, superaron exámenes físicos, de conocimientos, psicométricos, pruebas de confianza y tests de personalidad y que llegan a ser seleccionados entre cientos de aspirantes sin que eso sea ninguna garantía de probidad moral, lealtad a las instituciones y cumplimiento de sus responsabilidades con la sociedad. No podemos seguir desconociendo que nos engañan a todos.
• Los responsables de combatir los secuestros en las dependencias oficiales en su mayoría, son funcionarios sin experiencia, que no son capaces de pasar un examen de confianza, pero que siguen ahí porque a sus jefes les conviene mantenerlos
• Existen infinidad de referencias sobre la probable participación de policías capitalinos, estatales, municipales y federales en las bandas de delincuentes. Estos elementos de tropa o comandantes, dominan tácticas policiales y sus integrantes organizan retenes y se apoyan en delincuentes que simulan ser policías para consumar distintos delitos como el secuestro.
Necesitamos de políticas públicas integrales que cancelen estructuras de corrupción, complicidades e impunidad. Que acaben con la mediocridad e ineficiencia.
• ¿La Pena de muerte? No es recomendable. Sería una respuesta insuficiente y generadora de polémicas y divisiones; así como mayores riesgos de una aplicación pervertida de la misma y grandes temores en la sociedad de ese posible riesgo.
• ¿La cadena perpetua? No es una solución integral; aunque es positiva, también es insuficiente.
Se requiere proponer acciones que la sociedad valide previamente.
Académicos, juristas y organizaciones coinciden en que, para eficientar el combate al secuestro y a la delincuencia en general, se necesita más coordinación interinstitucional, mejores salarios y más controles de confianza a los policías, lo cual resolvería el problema organizacional.
• Se requiere una reforma estructural en los sistemas de inteligencia y los mecanismos de control de los elementos de seguridad, tanto pública como privada. Una reforma estructural, que sea preventiva en combatir la corrupción, las complicidades y la impunidad, que atienda las causas y que sea muy precisa y transparente en el ¿Cómo?, se depuraran en serio a las corporaciones policíacas y ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con cuánto? y ¿Con quiénes?, la policía protegerá a los ciudadanos.
• Se requiere proponer sistemas de control efectivos que tengan alcance preventivo permanente, para evitar la comisión de delitos por parte de los elementos de seguridad pública y privada a nivel federal, estatal y municipal; y la reincidencia de los mismos delincuentes en prisión o que obtienen su libertad bajo fianza o definitiva.
• Se requiere proponer medidas que ataquen el fondo del problema, que está en las instituciones policíacas, que permiten que los policías no sean profesionales, simulen sus funciones, se corrompan y construyan círculos de protección que les dan impunidad.
• Se requiere proponer medidas que ataquen el fondo del problema de la discrecionalidad con la que se comportan los elementos y los Jefes de las corporaciones de seguridad pública y privada.
• Se requiere impulsar y promover Reformas Constitucionales y de Leyes secundarias que sean validadas por la sociedad, los medios de comunicación, la Comisión Nacional y las comisiones estatales de Derechos Humanos
• Se requieren urgentemente de acciones y reformas que trasciendan en cambios estructurales en el combate a la corrupción, las cadenas de complicidades y la impunidad en los tres niveles de gobierno y de la administración de la función pública y en la procuración e impartición de Justicia.
• Acciones que pueden llevarnos a estados de excepción, por un tiempo definido para enfrentar con toda la fuerza del Estado los graves problemas que más lastiman a la sociedad y han puesto en crisis la credibilidad de los ciudadanos en el Sistema de Gobierno y de partidos, sin importar las siglas partidistas a que pertenezcan los gobiernos federal, estatal y municipal.
• Se requiere de programas que incluyan mayor control en los elementos de las policías, como también mejores ingresos; más altos seguros de vida, atención médica y mayores prestaciones para su seguridad familiar y niveles de bienestar.
• Formulación de políticas cada vez más adecuadas a las necesidades de la sociedad y de las ciudades del país.
• Formulación de políticas y medidas que permitan comprobar que inhiben el delito.
Renunciemos a los efectos negativos de la incompetencia de otros.
Tenemos que atrevernos a cambiar las leyes que sean necesarias para poner orden en el país.
Enfrentemos con seriedad y talento, la etapa que México vive de una severa crisis de confianza en las instituciones; no se puede negar, debemos reconocer y corregir la realidad en materia de seguridad pública, aceptando que las estructuras de seguridad pública y privada están secuestradas y/o infiltradas por elementos nocivos para todos. Para recuperar la confianza en nuestras instituciones de seguridad y para ofrecer y prestar el servicio al que estamos obligados como Estado, el de garantizar la vida y patrimonio de los ciudadanos y habitantes de nuestra Nación. Sociedad y gobierno; medios de comunicación y opinión pública; todos, tenemos que actuar y apoyar medidas que pueden requerir, de ser necesario, aceptar un estado de excepción.
Los mismos legisladores, gobernadores y presidentes municipales; titulares de las dependencias del Ejecutivo Federal y del Poder Judicial, por su seguridad personal y en una muestra contundente de su total compromiso para impulsar y llevar a cabo reformas estructurales en el sistema de investigación de los delitos, procuración e impartición de justicia, seguridad pública; y demostrar que no están coludidos con delincuentes o policías corruptos, podrían ofrecer que se someterán a los mismos mecanismos de control, para que en el plazo que se considere conveniente, queden libres de todas sospechas de que pueden tener contacto con delincuentes o policías corruptos.
La llamada del presidente Calderón a darle prioridad de Estado al combate a la delincuencia y a la violencia tiene distintas reacciones; nada está resuelto por ese anuncio. Como un primer avance podemos considerar el llamado de la CNDH a un acuerdo de Estado en favor de la seguridad. La agencia Notimex, a través de distintos medios nacionales e internacionales, este domingo 10 de agosto, informa que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció por un verdadero acuerdo para mejorar la seguridad pública y propuso, entre otras cosas, una estricta reingeniería institucional contra la impunidad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció por un verdadero acuerdo de Estado para mejorar la seguridad pública y propuso, entre otras cosas, una estricta reingeniería institucional contra la impunidad
"El ambiente de inseguridad que, en un nuevo episodio de una prolongada crisis afecta a la sociedad mexicana, demanda medidas plenamente coordinadas entre los gobiernos federal, estatales y municipales -verdaderos acuerdos de Estado- que permitan cumplir con el deber de brindar una adecuada seguridad pública", indicó.
En un comunicado, presentó sus consideraciones y propuestas luego de la convocatoria presidencial para que los distintos órdenes de gobierno, los poderes de la Unión, los medios de comunicación y la sociedad civil colaboren en la construcción de un verdadero frente nacional contra la delincuencia y el crimen organizado.
En el mismo sentido estando en Villahermosa, Tabasco, se pronunciaron los presidentes de las cámaras de Senadores, Santiago Creel Miranda y de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado, quienes pidieron un pacto político para enfrentar el crimen en el país, además de medidas complementarias a una eventual aplicación de la cadena perpetua.
Por su lado, Creel Miranda manifestó que el problema de la inseguridad en México es la impunidad, y que la eventual instauración de la cadena perpetua para los secuestradores es una de otras posibles medidas.
"La impunidad se da en muchas partes, en las policías, en las cárceles, en los ministerios públicos, por los jueces, entonces lo que tenemos que hacer es ir abordando cada uno de estos problemas desde el aspecto de su legislación", señaló.
Recordó que de acuerdo con la reforma constitucional en materia de justicia, lo que se hizo, entre otras cosas, fue transformar juicios escritos en orales, por lo que todo eso ayudará a que en el mediano plazo se vean menores índices de inseguridad en el país.
A su vez, Zavaleta Salgado propuso un pacto político en todo el país para el combate a la delincuencia organizada.
Pidió a todos los sectores políticos y sociales quitarse la camiseta del color que sea para poder enfrentar al crimen en los estados donde se ha incrementado la inseguridad.
"Tenemos que hacer un plan estratégico para todo el país y un pacto político, sobre todo combatir al crimen donde lo haya. En el caso de la cámara, como presidenta, si me convocan, asistiré a alguna reunión de planeación respecto de la cuestión de inseguridad", expuso.
Precisó que su partido, tanto en Tabasco como en el resto del país, debe unirse con todos los actores políticos para combatir los problemas que hay en cada entidad.
Los legisladores acudieron en Villahermosa al informe del diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Gerardo Priego-Tapia, quien en su intervención señaló que la seguridad es el tema donde pueden tener grandes coincidencias todos los gobiernos.
Anuncian 'candados' a agentes antiplagio
Veremos si lo que anuncian las autoridades sobre el establecimiento de unidades especiales antisecuestro en el DF y en cinco estados con índices altos del delito, logran verdaderos resultados confiables en el corto plazo. Es innegable que han fallado. Nos informan que los 300 agentes federales que conformarán a partir de este lunes 11 de agosto, las unidades especiales antisecuestro están calificados en control de confianza para combatir el delito, según el coordinador de Inteligencia para la Prevención de la Policía Federal, Luís Cárdenas Palomino quien aseguró a distintos medios de comunicación, que se trata de una medida en la que los agentes tendrán todo el respaldo de la Policía Federal para actuar. Los candados referidos son de control de confianza, el psicológico, toxicológico y de entorno social.
También se informó que la Secretaría de Seguridad Pública alista unidades especiales que coadyuvarán con las autoridades de las 32 entidades para investigar y reaccionar denuncias por secuestro, las cuales tendrán su base en el Distrito Federal y en cinco estados con índices altos del delito.
Cárdenas Palomino explicó que el programa busca además del apoyo de los agentes, brindar a las entidades información sobre modus operandi, retratos hablados y fichas de secuestradores registradas en los 32 estados del País.
Recientemente, la SSP anunció la entrada en funciones para el 11 de agosto, de las nuevas unidades antiplagio que tendrán atención las 24 horas del día, los siete días de la semana, contarán con aeronaves y vehículos terrestres que les permitirán tener una reacción inmediata.
Además, la SSP informó del acuerdo de las 32 entidades para compartir una base de datos común sobre secuestro llamada "Plataforma México".
Lo anunciado por la CNDH, los legisladores y las autoridades, sin duda son esfuerzos que merecen nuestra confianza. Esperamos que pronto sean avances verdaderos; medibles, por las corporaciones para combatir los delitos; y comprobables y validados por la sociedad en el corto plazo.
La credibilidad en las instituciones no se logra con anuncios. Las exigencias de organizaciones de la sociedad civil, incluidas algunas de las que en 2004 encabezaron la marcha contra la inseguridad, convocaron este domingo en el Ángel de la Independencia a una manifestación el sábado 30 de agosto a las 7 de la noche, en señal de protesta por la ola de violencia en el país.
La ruta del reclamo no termina, ni terminará si permanecen la violencia junto con la inseguridad, la mediocridad y la ineficiencia; unidos a la corrupción, las complicidades y la impunidad, que bien sabemos, son los factores principales de la deslegitimación de las instituciones. Los costos en términos de vidas humanas, económicos, políticos y sociales de esos factores, siguen siendo muy altos en todo el país; en Veracruz y en todo México.
Representantes de 11 agrupaciones ciudadanas anunciaron ayer domingo que la marcha "Iluminemos México", que se realizará el 30 de agosto, se extenderá a nivel nacional.
VEREMOS…
