Sin importar el resultado final que el tribunal fiscal electoral del Poder Judicial de la federación, emita en el tiempo legal que la constitución le asigna, la economía del país no resistiría hasta el inicio de septiembre, sin sufrir efectos que la afectarían. Cierto, los altos ingresos registrados por concepto de sobreprecios en la exportación de petróleo y los envíos de emigrantes mexicanos (que no por los aciertos de la política económica del gobierno foxista. Si no existieran estos eventos, la realidad económica sería de alto riesgo), permiten observar que el próximo gobierno de México tendrá importantes recursos financieros para el arranque de su sexenio.
Este año el precio promedio presupuestado para la mezcla mexicana de petróleo fue de 43 dólares por barril, siendo que el pasado viernes cerró en 62.86 dólares.
En mayo, los ingresos por exportaciones petroleras se ubicaban en 15 mil 410 millones de dólares, un 51 por ciento superior al registrado en enero-mayo del año pasado.
Aunque puede presentarse una caída en la actividad económica internacional por los altos precios del petróleo, es de esperar que los precios seguirán altos por lo menos otros dos años.
Po otra parte, las declaraciones conjuntas de Bush y Fox de que no será posible que en el resto del gobierno foxista se logre la ansiada ferorma migratoria, el temor de que se caigan las remesas financieras se disipa, y por el contrario, se espera que en el año 2006, rebasen los 20,mil millones de dólares. En el primer semestre la entrada de dólares por envío de emigrantes llegaron a 9 mil 300 millones.
Si el resultado final de la autoridad competente referido TEPJF, no es aceptado por los adversarios perdedores y sus seguidores; y permanecen los conflictos poselectorales con riesgos de descomposición social, como está creciendo el riesgo de que ello ocura,, los recursos económicos disponibles para el inicio de un nuevo gobierno, pueden verse afectados ante posibles caìdas en la paridad cambiaria y otros indicadores que generen mayor incertidumbre.
El llamado a la resistencia civil pacífica del candidato del PRD, tiene grandes riesgos de descontrol y escalamiento de un conflicto que puede afectar a México entero.
La resistencia a que se cuente nuevamente voto por voto, también implica esos mismos grandes riesgos.
En su columna de hoy, Estrictamente Personal de El Universal, Raymundo Riva Palacio nos ayuda a entender el proceso en el que estamos todos los mexicanos atentos e interesados:
“El juicio de inconformidad es un documento de más de 800 páginas que, por un lado, recoge todas las imputaciones que a lo largo de la campaña realizó López Obrador y el PRD. Añade sin embargo, elementos poco conocidos como el papel que jugó un panfleto llamado La Neta, distribuido en varias partes del país que se dedicó a difamar al candidato presidencial. Voluminoso, el documento se refiere muy puntualmente a la participación del presidente Vicente Fox a lo largo de la campaña, junto con la guerra de spots negativos que, afirman, modificaron la preferencia de voto en la urna. Aunque denuncia el cómputo del 2 de julio y presenta pruebas de casillas irregulares, el alegato no parece suficientemente sólido en esa materia. No así por lo que toca a la conformación de un cuadro de ilegitimidad en el proceso, tanto por la actuación de Fox, como del presunto uso de programas sociales en apoyo de Felipe Calderón, y de los spots del Consejo Coordinador Empresarial durante el mes previo a la elección. Con ello pretenden introducir la duda razonable en el TEPJF para que, o cuente todos los votos, o anule la elección.
No va a ser tan sencillo, desde el punto de vista jurídico. Aunque legalmente el TEPJF podría ordenar abrir todos los sobres de votos -que no es lo mismo que los paquetes electorales en los cuales se encuentran los sobres de votos-, hay una jurisprudencia que sintetiza la aforisma de que lo útil no puede ser viciado por lo inútil, por lo que no abren los sobres en forma indiscriminada. En esta lógica, se ve sumamente difícil que el TEPJF acepte abrir todos los votos en las más de 113 mil urnas presidenciales, pues bajo ese principio no lo haría con aquellos paquetes cuya acta no presenta alteraciones y coincide en resultados con las copias de las actas que tiene el presidente de la casilla y los representantes de los partidos.
El Partido de la Revolución Democrática dice que pedirá la apertura de 50 mil sobres de votos presidenciales, presumiendo irregularidades. Si el PRD en efecto demuestra irregularidad, el TEPJF no dudará en abrirlos, lo que tampoco significa necesariamente que ello pudiera modificar el resultado de la elección. Si en efecto se registran irregularidades se podría llegar a anular la elección pero el 20% de ellas en todo el país que se requiere para tal efecto, tiene un precio jurídico muy alto a ser pagado por el PRD para demostrar su dicho ante el TEPJF.
Con una representación en menos de 70% de las casillas, es altamente improbable que López Obrador y el PRD puedan aportar esa documentación. Lo saben perfectamente, y por eso el camino más consistente que tienen es la revisión de todo el proceso, antes del 2 de julio, para encaminar el juicio hacia la anulación de la elección por el principio de la nulidad abstracta, una norma creada por la tesis del magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, en el caso de las elecciones para gobernador de Tabasco en 2000. Esta tesis está influenciada por el finado jurista checo Hans Kelsen, quien sostenía que el auténtico control, o la garantía principal o más efectiva de la regularidad electoral, es la nulidad de aquellos actos irregulares de la normativa electoral, ya sea la constitucional o legal. Por esta razón, el juicio de inconformidad se ancla en buena medida en los artículos 41 y 69 constitucionales que se refieren a la legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y certeza que debe regir una elección, y presenta vasta documentación para probar la inequidad durante el proceso.
El caso de Tabasco, sin embargo, está lejos de repetirse en forma automática en esta elección. De hecho, el propio presidente del TEPJF, Leonel Castillo, declaró que no consideraba que habría bases para una anulación, generando un ruido innecesario dentro del tribunal, que no se ha comportado en forma homogénea en la materia: en las tres elecciones en donde ha procedido la anulación, Tabasco, Colima y Ciudad Juárez, el criterio ha sido por mayoría. En Tabasco, la mayoría la compusieron cuatro magistrados, incluido el finado presidente José Luis de la Peza, quien después admitiría haberse equivocado, y que jamás volvería a votar en ese sentido. Los magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Navarro, vistos como los más ortodoxos, conservadores y formalistas del tribunal, votaron en contra. Fernando Ojesto, un pragmático que suele ir con la mayoría, se excusó de votar en esa ocasión. Castillo y Reyes Zapata, que han sido más proclives a votar con el PRD, y Jesús Orozco Henríquez, del ala progresista, votaron a favor. El sustituto de De la Peza, Alejandro Luna Ramos, es parte de una familia de juristas y, también, formalista, aunque fue quien pidió al IFE que revisara inmediatamente los spots negativos contra López Obrador, creando norma sobre la marcha.
Lo que se avecina en el TEPJF es una fascinante lucha jurídica entre los equipos de abogados de López Obrador y Calderón, frente a los magistrados. En los próximos días se espera que el TEPJF emita una sentencia sobre lo que hará con el pretendido recuento de votos y discutan sobre si flexibilizan su criterio de que sólo revisan aquellas casillas impugnadas que son determinantes en el resultado, por abrir los sobres de votos en todas aquellas donde existan pruebas de irregularidad, con el aparente propósito de atemperar los ánimos despertados por López Obrador en la materia. Varias de las estratagemas que ha desarrollado, como la difusión de videos, es una película ya vista. Lo mismo hizo el perredista Félix Salgado Macedonio cuando contendió por la gubernatura de Guerrero. En este sentido, el TEPJF parecería estar blindado de presiones políticas y populares, como también sucedió en los casos de Zamora y Torreón, donde anuló las elecciones tras ser probado que el PAN organizó brigadas de "cazamapaches", argumentando que nadie puede hacerse justicia por su propia mano.
Los días por venir, serán de crecientes expectativas y especulaciones. Ningún apoyo es suficiente para convencer a los inconformes del resultado preliminar de la elección. Como tampoco será suficiente si el Tribunal competente, revierte el resultado que conocemos y es rechazado; los panistas rechazan anticipadamente la posible anulación de la elección, más rechazan que el resultado pueda revertirse en su contra.
La posibilidad de que se nombre a un presidente interino que convoque a nuevas elecciones, no puede descartarse; algunos nombres de mexicanos que están dispuestos a ofrecer sus servicios a la nación, se mecionan: Cuahutémoc Cárdenas Solórzano, Juan Ramón de la Fuente y estamos por saber de alguien más.
Distintos analistas advierten de los riesgos económicos, no para dentro de unos días, sino los efectos negativos que se vienen viviendo sin llegar a una verdadera crisis de alto impacto, que sería la siguiente fase en la que podríamos entrar en pocos días.
la desconfianza de los inversionistas extranjeros en los títulos de los poderosos corporativos que dominan el mercado bursátil mexicano se expresó con particular fuerza del 7 al 14 de julio recientes; es decir, durante la segunda semana posterior a la elección presidencial, con manifestaciones populares de descontento.
Informes de seguimiento sobre la evolución de los títulos de 11 de estos corporativos, que figuran en las preferencias de los inversionistas extranjeros, señalan que no hubo uno solo que no concluyera la segunda semana postelectoral con pérdidas en la cotización de sus acciones.
Las de Wal-Mart, subsidiaria de la estadunidense que en México posee la mayor cadena de tiendas autoservicio, bajaron 11.24 por ciento; los títulos de América Móvil (Telcel), del conglomerado forjado por Carlos Slim Helú, cayeron 10.41 por ciento; los de Televisa se abarataron 7.25; los de Alfa, 7.22, y los del Grupo Modelo, 7.65 por ciento.
Hasta las acciones de Fomento Económico Mexicano, controladora de las principales productoras de cocacolas, redujeron su precio 4.80 por ciento en los títulos de la serie UBD, y en 1.09 los UB. Los títulos de la tercera productora mundial de cemento, Cemex, vieron disminuir su cotización en 6.45 por ciento en la semana del 7 al 14 de julio.
Progresivamente los inversionistas extranjeros se deshacen de las acciones de los corporativos domiciliados en México, y esto se observa en la declinación de sus precios de mercado.
Las acciones B del minero Grupo México bajaron 2.40 por ciento; las de la papelera Kimberly Clark de México, presidida por el conspicuo empresario Claudio X. González, cayeron 5.30 por ciento en las nominativas A y 2.39 por ciento en las B; mientras los títulos L de Teléfonos de México disminuyeron 2.29 por ciento, y a la cabeza de todos figuraron las acciones de América Telecom, con un descenso acumulado de 13.42 por ciento en una semana.
Por ahora parece que las acciones del mercado bursátil mexicano no figuran en la preferencia de los inversionistas extranjeros por factores externos, pero también internos.
La baja mensual fue de 10.5% Retrocedió también la posesión de bonos del sector público en poder de extranjeros, indica el Banco de México Pérdidas en los principales corporativos
El saldo de La inversión extranjera en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró una caída de 12 mil 815.3 millones de dólares en mayo pasado, indican informes del mercado bursátil. Este descenso tendió a estabilizarse en junio, pero se ha profundizado sobre todo a partir de la segunda semana poselectoral de julio.
El más reciente reporte sobre el valor de las acciones en poder de extranjeros señala que el monto de sus inversiones se redujo de 122 mil 229.9 millones de dólares al término de abril pasado, a 109 mil 414.5 millones al concluir mayo, mes en el cual el Indice de Precios y Cotizaciones de la bolsa (IPC) alcanzó su último máximo histórico, pero también marcó el inicio del periodo más largo de deterioro bursátil de los últimos seis años.
Este descenso implicó una caída mensual de 10.5 por ciento en la inversión extranjera colocada en acciones de empresas con domicilio en México, pero no corresponde estrictamente a una salida de divisas del país en igual monto, porque parte de estos capitales pudieron haberse trasladado a la compra de bonos gubernamentales, pero sí refleja la indisposición de los inversionistas foráneos a mantener sus recursos en títulos de renta variable, ante la probabilidad de pérdidas a corto plazo.
Informes del Banco de México (BdM) indican, por su parte, que en mayo el saldo en circulación de valores del sector público en poder de extranjeros observó una reducción de 7 mil 247 millones de pesos, es decir, unos 652 millones de dólares.
Esto implica que, al menos ese mes, la inversión extranjera que se encontraba colocada en acciones de empresas domiciliadas en el país no se trasladó al mercado local de renta fija en bonos gubernamentales, el cual disminuyó 5 por ciento respecto a abril anterior.
Sin embargo, aun queda un margen de unos 2 mil millones de dólares por recorrer a la baja para que el saldo de la inversión extranjera en la BMV se coloque en el mismo monto que tuvo al término del año pasado, cuando su saldo era de poco más de 107 mil millones de dólares.
En fin, veremos si la capacidad de un grupo 7 de mexicanos desde el TEPJF, para invocar dentro del marco legal y el orden constitucional, logra que millones de mexicanos reconciliemos diferencias políticas y con armonía y la paz social que hoy están en riesgo grave de perderse, evitemos que la economía de nuestro país se afecte con una grave crisis que sería mayor a la de 1994 y la capacidad de respuesta y operación por parte del gobierno foxista sería casi nula.
Pues además de la falta de credibilidad, los dispendios y la corrupción siguen siendo graves problemas, que cancelan toda conciliación en manos del gobierno foxista.
Escribe Miguel badilo en su columna “Oficio de Papel” de este lunes: “ A escasos cuatro meses de que concluya el sexenio, miembros del gabinete de Vicente Fox buscan por todos los medios llenarse las bolsas con fondos públicos y borrar cualquier huella que los relacione con hechos de corrupción. Un análisis del consultor financiero Mario Di Costanzo informa que de acuerdo con datos contenidos en la Cuenta Pública de 2005, se observa que persiste el derroche de recursos públicos destinados a sufragar los gastos asociados a las percepciones de los “altos mandos” de las diversas secretarias de Estado.
De acuerdo con la propia Secretaría de Hacienda, para 2005 los sueldos y salarios que pagó el gobierno a la burocracia adscrita únicamente a las secretarias de Estado ascendió a 156 mil 337 millones de pesos, a estos gastos habría que añadirles 7 mil 739.9 millones que correspondieron a los servicios generales y 18 mil 488 millones que representaron las erogaciones destinadas a cubrir los servicios generales de las dependencias de la administración pública federal.
De esta manera, explica Di Costanzo, si añadimos a los gastos las erogaciones destinadas a cubrir las pensiones en cada secretaria de Estado, que ascendieron a 108 mil 488 millones de pesos y los subsidios y transferencias que cada secretaria le transfiere a las entidades de su sector y que ascendieron a casi 200 mil millones de pesos, resulta que el gasto corriente de la administración pública centralizada fue de 539 mil 67.2 millones de pesos, cifra que representa aproximadamente la tercera parte del gasto público total.
Agrega que es importante mencionar que si se revisan los componentes del gasto en servicios personales, se observa claramente que buena parte de ellos están conformados por tres conceptos que representan las prebendas que los funcionarios públicos de alto nivel mantienen y que incrementan en forma sustancial sus ingresos mensuales.
Así, por ejemplo, en el caso de la Presidencia de la República se observa que el pago de sueldos y salarios a 862 millones de pesos, de los cuales las partidas denominadas como “Otras prestaciones sociales y económicas”, las “Remuneraciones Adicionales y Especiales” y las “Cuotas de Seguridad Social y Seguros” ascendieron a 729 millones de pesos.
Mas aún en el caso de la SHCP se observó que mientras el gasto directo en sueldos a sus empleados fue de 2 mil 73 millones de pesos, los gastos por “otras prestaciones sociales y económicas” ascendieron a mil 124.8 millones de pesos, las remuneraciones “adicionales y especiales” se ubicaron en 216.2 millones de pesos y los gastos por concepto de “seguridad social y seguros” ascendieron a 254.3 millones de pesos. Este comportamiento se observa prácticamente en la totalidad de las Secretarias de Estado.
Qué pasará….
Veremos…
