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* El Influyentismo de Martha
* La corrupción en los negocios de Manuel Bribiesca
Además de millones de mujeres y hombres de todas las edades, que sufren la corrupción y las malas decisiones del gobierno de Vicente Fox Quesada, grupos económicos y de religiosos expresan su decepción por el mal gobierno en manos de un representante del Parido Acción Nacional.
Distintos medios de comunicación nos informan que la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS) repartirá a todas las diócesis, un libro que servirá como agenda para el trabajo social de la Iglesia católica, en dicho documento, lamenta el fracaso de la transición democrática, el incremento de la pobreza y la descomposición de los partidos políticos.
En el Directorio para la Pastoral Social en México, la CEPS pide que se realice una amplia reforma a la Constitución y se aprueben las reformas estructurales.
La Pastoral Social se pronuncia en el libro, de 144 páginas, por modificar el sistema económico, ampliar la reforma indígena, impulsar la economía autogestiva y preservar el derecho de huelga y estabilidad del trabajo en una eventual reforma laboral.
En el aspecto eclesial, la CEPS pide una vuelta a la Teología de la Liberación, la opción preferencial por los pobres y la transparencia en el manejo de las decisiones y finanzas de la Iglesia.
"Los partidos políticos experimentan un descrédito generalizado. Las pugnas internas, los intereses de grupo, así como los altos niveles de corrupción, los alejan de representar los intereses de los electores", afirma.
Hasta la elaboración del texto, la CEPS estaba presidida por el Arzobispo de Xalapa, Sergio Obeso Rivera, quien renunció la semana pasada por motivos de salud, y en su lugar la 80 asamblea ordinaria de la CEM eligió a Carlos Talavera.
"La sociedad se manifiesta silenciosamente ante el pobre espectáculo de los partidos políticos a través del abstencionismo en los procesos electorales. La gobernabilidad se ve amenazada por la polarización política que, en muchos casos, responde a intereses de grupos que han privilegiado su deseo de acceder al poder a costa de detener la marcha del País", afirma.
Para la Pastoral Social, la transición democrática ha arrojado resultados pobres, principalmente en el ámbito legislativo.
"Con preocupación constatamos que los cambios que el País requiere tardan en llegar, lo que ha traído consigo un cierto desencanto en la población", afirma el texto.
En el aspecto legislativo, la CEPS sostiene que las reformas aprobadas en el foxismo, como la Ley de Acceso a la Información, la Ley del Servicio Civil y las reformas indígenas son insuficientes.
"No han dejado satisfechos a muchos de los que esperaban una reforma profunda del complejo entramado institucional y legal; además, desde la identidad de nación que debe llevar al País a defender y ejercer su soberanía, se requiere que se definan y se implementen las reformas estructurales urgentes para favorecer la transición democrática en México", señala.
La Pastoral Social protagonizó en abril pasado una polémica, al publicar el documento "Por una nueva convivencia política", en donde condenaba el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. La Pastoral Social expresa que el sistema económico vigente perdió ya su razón de ser.
Para la comisión episcopal, "la violencia en México se generaliza" en las calles, los hogares y las comunidades. "Especialmente, lastima la violencia generada por el crimen organizado en sus múltiples expresiones: el narcotráfico, el secuestro, el robo, el comercio ilegal, el tráfico de personas y la explotación sexual contra menores", agrega.
El desfalco en el FONDEN
Más razones para que los mexicanos estemos decepcionados, las encontramos en las manipulaciones que desde el Poder político se ha hecho con los recursos públicos en general; entre ellos, el desfalco en el Fondo Nacional de Desastres, llamado FONDEN, en donde para evitar que quede impune, como pretende el gobierno foxista, el fraude por más de mil 300 millones de pesos al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), senadoras del Partido Revolucionario Institucional interpondrán una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), paralela a la denuncia que ya presentaron ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Las senadoras Martha Tamayo y Noemí Guzmán Lagunes señalaron que es obvia la intención del gobierno de Vicente Fox de dejar correr el tiempo, a fin de que concluya el sexenio y no se ejerciten acciones contra la coordinadora nacional del Sistema de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Carmen Segura Rangel, y del ex titular de la dependencia Santiago Creel Miranda.
Según las denunciantes, existe responsabilidad directa en ese fraude de Creel Miranda, ya que la mayor parte de las irregularidades hasta ahora detectadas se dieron entre 2001 y 2004, justo durante su gestión. "El Organo de Control Interno de la propia Secretaría de Gobernación, dio cuenta desde el principio de las ilegalidades en que incurría la coordinación a cargo de Segura Rangel".
Hay reportes de ese órgano de la realización de compras sin licitar, adjudicaciones directas a empresas "fachada" o fantasmas, a las que el Sistema de Protección Civil compró a sobreprecios, de hasta 50 por ciento, medicamentos, colchonetas, agua y otros productos, "de manera indiscriminada".
Sin embargo, "Creel Miranda pasó por alto los señalamientos de su propio órgano de control y el fraude fue creciendo", agregó Guzmán Lagunes. "Por ello protegió siempre a Segura Rangel, e impidió que compareciera ante el Congreso, fue hasta su salida cuando la funcionaria acudió al Senado, donde no pudo explicar todas las irregularidades en el Fonden.
En ese contexto y para evitar "que sigan dando largas al asunto y así se lo lleven hasta el fin del sexenio, las senadoras del PRI insistiremos por varias vías. Una es la ASF, a la que ya hemos acudido; otra es la denuncia penal en la PGR, y en la Secretaría de la Función Pública".
Hizo notar que en la Cámara de Diputados se citó ya a comparecer al titular de esa dependencia, Eduardo Romero, a fin de que explique "de una vez por todas por qué no ha fincado responsabilidades en este fraude en el Fonden. Hasta ahora los desvíos no se han subsanado, por lo que las sanciones ya no sólo pueden ser administrativas, sino penales".
El Influyentismo de Martha
La revista Proceso, da cuenta en su numero de esta semana del influyentismo de la esposa de Vicente Fox: “Sobre el escritorio del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, apareció una carta enviada por la oficina de Marta Sahagún. A diferencia de otras, en ésta gestionaba la recuperación de dos inmuebles perdidos por una persona –a consecuencia de un crédito no pagado– que se hallaban bajo la custodia del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
La misiva, dirigida al secretario particular de Gil Díaz, Lorenzo Hernández, dice:
Para conocimiento del C. Secretario, me permito enviarle la copia del escrito de... (el nombre fue omitido por la protección de datos personales) dirigido a la Sra. Marta Sahagún de Fox, esposa del Presidente de la República, en la cual solicita su intervención con objeto de que se brinden facilidades a su hermano para negociar con el IPAB la compra de dos inmuebles de su propiedad, los cuales se encuentran como garantía de un préstamo bancario que le fue otorgado.
Al respecto, le agradecería que, de no existir inconveniente, nos comunicara la resolución adoptada, citando el número de oficio. Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atte. Lic. Omar Saavedra Boddy
Secretario Particular
Ésta es una de las miles de cartas enviadas por la Oficina de Apoyo a la Esposa del C. Presidente, desde la Residencia Oficial de Los Pinos, a prácticamente todas las secretarías de Estado y otras instancias del gobierno federal. Proceso obtuvo alrededor de 3 mil 500 copias de dichas misivas, donde consta cómo esa unidad sui generis, sin respaldo del marco legislativo de la república, asumió funciones de gestoría que lo mismo canalizaba pedidos para crear negocios particulares y conseguir exenciones de impuestos, que para realizar obras comunitarias y lograr preliberaciones e indultos de reos sentenciados por la comisión de delitos federales.
Nada quedaba fuera del alcance de Marta Sahagún. Durante dos años, en su oficina trabajaron alrededor de 38 personas y se calcula que la operación de la misma costó al país más de 20 millones de pesos, pese a que, recientemente, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) dictaminó que no había ninguna reglamentación que limitara sus funciones y permitiera verificar el uso de los recursos públicos que se le asignaran.
E inclusive en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2003, los legisladores destacaron que «la cónyuge del jefe del Ejecutivo federal no es servidora pública y, al no ejercer funciones, no puede entonces darse el carácter de oficial a un acto público y solemne en el que participe».
En Aduanas, en la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y en todas las dependencias Federales. Y es que, desde la oficina de Marta Sahagún, se lanzaban al gabinete todo tipo de peticiones, sin que alguna dependencia o funcionario canalizara formalmente, por los conductos establecidos, los oficios que, casi invariablemente, como en el caso de Hacienda, se dirigían a los secretarios particulares.
Las solicitudes eran recibidas tanto por las secretarías de la Defensa Nacional, de Gobernación, Economía, Desarrollo Social y Comunicaciones y Transportes, que por instituciones como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la Procuraduría General de la República.
Así quedó de manifiesto en la revisión que Proceso hizo de las 3 mil 500 cartas que obtuvo luego de que hizo a la administración pública nueve peticiones para el efecto, conforme a la Ley Federal de Transparencia.
Un antecedente de lo que pueden originar las gestiones de los centros relacionados con la primera dama fue registrado en Proceso 1509, donde se dio a conocer que una carta de 10 líneas con el logotipo de Vamos México –fechada el 16 de junio de 2004– motivó una investigación y averiguación previa en torno a ciertas sospechas que se difundieron sobre la Lotería Nacional y organizaciones cercanas a Marta Sahagún.
Dicha carta, dirigida al entonces procurador Rafael Macedo de la Concha, ocasionó que durante dos meses se realizara una intensa movilización de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), así como de agentes del Ministerio Público en las oficinas centrales y en ocho delegaciones estatales de la PGR. Y uno de sus resultados fue que, en los archivos de la delegación metropolitana de la PGR, se guarde hasta la fecha como reservada gran parte de la indagatoria solicitada por Vamos México.
La corrupción en los negocios de Manuel Bribiesca
Más decepcionante y ofensivo resulta la nota del pasado domingo en La Jornada en donde informa que, el hijo mayor de Martha Sahagun, Manuel Bribiesca Sahagún obtuvo millonarios créditos del Gobierno Federal para construir o remodelar casas con un valor de 162 millones de pesos. Y no sólo eso: gracias a las ventas de las viviendas habría recibido por lo menos 546 millones de pesos en ganancias.
Estas cifras se desprenden de la documentación —obtenida por Proceso— que entregaron la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a la comisión de la Cámara de Diputados que investiga el posible tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún de Fox
Al enriquecimiento de su hijo mayor y del socio de éste no sólo contribuyó el gobierno foxista, sino también intermediarios o benefactores como Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego; Banco del Bajío, cuyo principal accionista, Salvador Oñate Barrón, es amigo del presidente Vicente Fox, y los padres de algunos de los amigos de escuela de Manuel Bribiesca, como Emilio Cano Barragán, padre de Mauricio Cano, dueños del edificio Nissan ubicado en León, Guanajuato.
Las transacciones comerciales del hijo mayor de la primera dama son tan intrincadas como las operaciones realizadas por la asociación Amigos de Fox para financiar la campaña de Fox a la Presidencia de la República.
La documentación fue entregada a la comisión investigadora a lo largo de diversas fechas. Por ejemplo, los documentos que en octubre pasado entregó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que coinciden con los que previamente había entregado un denunciante, refieren la venta a la empresa Construcciones Prácticas —propiedad de Miguel Khoury Siman y de la que Bribiesca Sahagún es proveedor de material de PVC— de mil 700 casas en Acapulco, Puebla, Veracruz, Tepic, Los Cabos y Monterrey por 6 millones de pesos. Es decir, cada vivienda tuvo un costo de 3 mil 500 pesos.
Otro documento en poder de la comisión es un informe de ocho cuartillas, entregado por el ISSSTE el 19 de octubre pasado, donde se detalla el total de créditos que a través del Fovissste otorgó el instituto a diversas familias para que adquirieran casas construidas y/o promovidas por Construcciones Prácticas y Grupo Inmobiliario Kilate, empresa propiedad de Manuel Bribiesca Sahagún y Miguel Khoury Siman.
Finalmente, el tercer grupo de documentos lo constituyen más de 30 archivos que fueron entregados por Guillermo Babatz Torres, director de la Sociedad Hipotecaria Federal, organismo gubernamental que se encarga de tramitar créditos hipotecarios para la construcción de casas-habitación.
Con todos esos argumentos en la sociedad y en la Iglesia católica, además de los grupos económicos afectados, como los mismos integrantes de la industria del calzado, sobran motivos para estar decepcionado de un Presidente representante del Partido Acción Nacional, que lamentablemente está dejando más razones para sentirse decepcionado.
Lo que queda es preguntarnos ¿hasta donde llega? la impunidad, la cadena de complicidades y la permanencia de la corrupción en quienes tienen la responsabilidad de conducir a un país.
Veremos…
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